La inequidad en la promoción de imagen pública
Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
La pasada entrega le expliqué sobre los “actos anticipados de campaña” y hoy permítame comentarle sobre la inequidad electoral con la promoción de la imagen de las y los que aspiran a un cargo en el 2022, no solo a la gubernatura, sino también a una diputación local.
Aunque el espíritu de la Ley es que exista “piso parejo” para todas y todos, en la práctica es completamente diferente, pues las y los que están al frente de un Ayuntamiento, Secretaría, Senaduría o Diputación, tienen la mayor oportunidad de máxima publicidad bajo el pretexto del ejercicio en el encargo.
Habría que preguntar si los recursos con los que promocionan su imagen con miras al posicionamiento en la mente del elector son suyos o tomados de la hacienda pública; tendríamos que ver las facturas en gastos de publicidad, cosa que es imposible, pues aunque sea solicitada por medio del portal de Transparencia, lar argucias legales le permiten exentar la entrega de dicha información.
Pero en su ponencia “Equidad electoral y actos anticipados de campaña”, el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, nos explica que el principio constitucional de equidad electoral está diseñado y sustentando en la igualdad de condiciones que deben gozar todas las personas que contienden a un cargo público.
Sin embargo, entre las inequidades que suelen existir en los procesos electorales está el posicionamiento de forma anticipada a las etapas electorales de los aspirantes a cargos de elección popular. Esto es, los actos anticipados de campaña, que consisten en aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducirle simpatía, e incluso se ha considerado que pueden desplegarse antes del inicio del proceso electoral. Por lo que debe estimarse que su denuncia puede presentarse en cualquier tiempo.
De la Mata Pizaña explica que los actos anticipados se consideran una infracción porque las diversas fuerzas políticas que pretenden acceder al poder público por vía del voto, con esos actos, vulneran las condiciones de equidad en la contienda, y no se ajustan sus conductas con las etapas que comprenden el proceso electoral, donde la campaña es el periodo establecido para buscar el voto ciudadano.
En el caso de Quintana Roo, la XVI Legislatura decidió que el proceso electoral 2021-2022 diera inicio la primera semana de enero del próximo año, cuando en las otras cinco demarcaciones donde habrá elección a Gobernador, el proceso ya dio inicio. Sin embargo, para las y los aspirantes a la gubernatura del Estado, los tiempos no son problemas, disfrazan su promoción por medio de actividades propias de su encargo y unos más por su actividad empresarial, aunque tengan dislexia para comunicar.
Indiscutiblemente, solamente los que están en algún cargo público son las y los únicos con ventajas para posicionar su imagen anticipadamente al proceso electoral; las y los demás tendrán que echar mano de la creatividad y aprovechar las lagunas legales para estar vigentes en la mente del elector.
SASCAB
Muy importante el estudio de los problemas que enfrentan los solidarenses, realizado por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C. (Iapqroo), que arrojó que en septiembre pasado fueron dos: Inseguridad y corrupción.
El estudio, arroja más de 157 problemas públicos en Solidaridad, de un total de 236 alertas de problemas públicos en ese período; así, los problemas públicos en los que hay que concentrar la atención en estos primeros meses de esta nueva administración que tiene a su cargo Lilí Campos Miranda, por ser del ámbito competencial del Estado y del Municipio, son: inseguridad y corrupción, con 76 problemas de los 157 reportados en este período, esto es, el 49% del total. Particularmente las ejecuciones y la actuación de las personas servidoras públicas.
Como segundo problema que hay que resolver, está el Desarrollo Económico Ordenado y Sostenible, con 61 problemas del total de problemas públicos del mes vinculados a la reactivación económica, comunicaciones y transporte federales y, agua potable y alcantarillado.
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