Víctimas del 9-N en Cancún, revictimizadas con el olvido y la impunidad
Necesariamente Incómoda
Durante los últimos años, Quintana Roo ha sido ejemplo a nivel nacional e internacional por casos emblemáticos de violación a derechos humanos, como fueron las agresiones sufridas por personas periodistas y activistas el 9 de noviembre de 2020, frente al palacio municipal de Benito Juárez (Cancún) o el asesinato a manos de policías municipales en Tulum de Victoria, una mujer de nacionalidad salvadoreña, entre otros casos que han quedado en la impunidad por negligencia gubernamental, sin aceptar que esas omisiones afectan la imagen de los destinos turísticos de la entidad.
La violencia que se vive a diario en Cancún, Playa del Carmen o Tulum, poco importa a las autoridades, más en este periodo de transición, cuando tienen el pretexto de echarse la bolita, pero ahora más que nunca, las personas servidoras públicas en funciones deben tomar cartas en el asunto y dejar concluidos los casos, haciéndole justicia a las víctimas. Dar carpetazo a los expedientes de violaciones a derechos humanos en nada ayuda a la imagen internacional de Quintana Roo, porque tarde o temprano volverán a salir a la luz pública, con lo que se demostrará que la impunidad es una forma de gobernar en este país.
De allí la trascendencia de no hacer oídos sordos a los reclamos de las víctimas del 9-N, que han sido retomados por organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Comité de Víctimas 9N, las cuales, este 14 de julio, han expresado su profunda preocupación, desconcierto y rechazo, ante la decisión del gobierno de Quintana Roo, manifestada por el subsecretario de Derechos Humanos, Elías Antonio Prado Laguardia, de no firmar el acuerdo de reparación integral del daño para las personas que fueron víctimas de represión policial.
Representantes de estos organismos civiles hicieron un enérgico llamado a que el gobierno estatal cumpla con sus obligaciones y con los acuerdos concretados en las mesas mensuales de trabajo conjunto, pactadas desde el 8 de abril de 2022.La propuesta del acuerdo de reparación integral del daño se enviaría el lunes 8 de agosto de 2022 a las autoridades que participan en el proceso de reparación integral del daño en representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, como la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Seguridad Pública; la Subsecretaría de Derechos Humanos; la CEAVEQROO y su Dirección de Asuntos Jurídicos y Titular de UTAIyPDP; así como a la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, el Subsecretario de Derechos Humanos manifestó la decisión del gobierno de Quintana Roo de “no firmar el acuerdo durante la mesa de trabajo que se realizó de manera virtual el 11 de julio de 2022, bajo el argumento de que ya se había efectuado una reparación del daño”.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Estatal dio por cumplida la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II que emitió sobre el caso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, recuerdan las organizaciones referidas. El Comité de Víctimas 9-N y la CMDPDH (que litiga el caso) promovieron un recurso de amparo, así como un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque dicha recomendación no cumple con los estándares establecidos en materia de reparación integral del daño por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la cual comprende, cinco tipos de medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, establecen la obligación de las autoridades de incorporar activamente a las víctimas en todas y cada una de las decisiones y acciones relativas a la reparación integral del daño.
En estos instrumentos jurídicos se establece que las víctimas serán tratadas con respeto a su dignidad y a su derecho a acceder a los mecanismos de justicia, verdad y reparación integral del daño, a efecto de lograr que las medidas sean genuinamente reparadoras y transformadoras.
Amnistía Internacional, la CMDPDH y el Comité de Víctimas 9-N, hicieron “un respetuoso y enérgico llamado al actual gobierno del Estado de Quintana Roo a cumplir con sus obligaciones y con los acuerdos concretados en las mesas de trabajo conjunto”.
En el mismo sentido se dirigieron a la recién electa gobernadora del Estado de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, a su gabinete, a las personas titulares de la Fiscalía General del Estado, de la CEAVEQROO y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y a la próxima Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, para resarcir la deuda que se tiene con las personas del Comité de Víctimas 9N, quienes son víctimas de violaciones a derechos humanos y violencia institucional.
Urgieron a dar continuidad a las mesas de trabajo conjunto con el Comité de Víctimas 9-N, Amnistía Internacional y la CMDPDH, así como a la concreción efectiva de los acuerdos derivados, a fin de garantizar el acceso de las personas titulares de derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.
El 9 de noviembre de 2020, colectivas de mujeres que se manifestaron en la explanada de la Presidencia Municipal de Cancún, para protestar contralas desapariciones, la violencia de género y los feminicidios especialmente el caso de Alexis, fueron reprimidas por policías. Una de las manifestantes, Wendy Galarza, recibió dos impactos de bala; varias mujeres detenidas fueron víctimas de tortura y otras sufrieron violencia sexual por parte de los agentes policiacos. Los detalles de la acción policiaca quedaron registrados en el informe de Amnistía Internacional: México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, se recuerda en un comunicado de las organizaciones demandantes.
El caso de Wendy Galarza fue incluido en la campaña global de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos 2021. De esta forma, el 7 de abril de 2022, el Senador Emilio Álvarez Icaza, representantes de Amnistía Internacional, Lizbeth Lugo, asesora jurídica victimal convocante a la protesta 9N a las 2:46AM del 9 de nov del 2020 (“Hola! Perdonen la hora se está convocando 09 de noviembre 5pm a una manifestación simultánea en las fiscalías correspondientes de cada municipio de Quintana Roo para exigir justicia por y para todas, hoy fue Alexis, mañana aunque cueste pensarlo podemos ser nosotras, las invito a que asistan a la fiscalía a las 5pm, en playa, Cancún. Tulum, Carrillo puerto habrá esta movilización. Vestidas de negro y con velas, cubrebocas obligatorio.
X favor ayúdenos a difundir, sino pueden asistir están las redes sociales para hacer visible esta horrible situación. #justiciaparaAlexis #QuintanaRooFeminicida”) y el Comité de Víctimas 9-N, se reunieron con el Fiscal General del Estado de Quintana Roo para entregarle más de 435 mil 179 firmas de personas -provenientes de 40 países- recabadas en el marco de dicha campaña, para que se hiciera justicia a las mujeres que fueron reprimidas el 9N de 2020.Gracias a la suma de esfuerzos del Senador Emilio Álvarez Icaza, de Amnistía Internacional, el Comité de Víctimas 9-N, y la asesora jurídica victimal, en la fecha señalada se estableció con el Fiscal General de Justicia del Estado la realización mensual de mesas de trabajo técnico y mesas de trabajo estratégico y de seguimiento, con el fin de agilizar las carpetas de investigación abiertas sobre el caso.
En otra reunión, efectuada el 8 de abril de 2022, efectuada por Amnistía Internacional, la CMDPDH y el Comité de Víctimas 9-N, con representantes de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la CEAVEQROO y la Fiscalía General del Estado se acordó realizar mesas de trabajo mensuales para tratar lo relacionado con la reparación integral del daño para las personas titulares de derechos del Comité de Víctimas 9N.A estas mesas se sumaron las personas titulares de la Secretaría General, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún.
En estas mesas de trabajo se estableció trabajar para la concreción del acuerdo de reparación integral del daño que se firmaría ante notario público, esto con la finalidad de garantizar que el gobierno del Estado de Quintana Roo, como es su obligación institucional, diera continuidad al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño para el Comité de Víctimas 9-N, en el marco del cambio de administración derivado de las elecciones del 5 de junio de 2022. Hay que recordar que los derechos humanos no se negocian, solo se garantizan y
