Solidaridad entre la violación a derechos humanos y la reelección de su alcaldesa.
La ciudadanía del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, así como las personas que hacen turismo en ese territorio se encuentran en estado de indefensión cuando no les es posible confiar en la Policía Municipal de Solidaridad para que les garantice su seguridad, porque son sus directivos y demás miembros los que se encargan de violar sistemáticamente sus derechos humanos.
Desde luego que la primera responsable de esta situación es la presidenta municipal Roxana Lili Campos Miranda, militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien prioriza sus aspiraciones políticas e intereses económicos, al pretender buscar la reelección para el año 2024 porque considera que ha desarrollado un buen papel al frente del Ayuntamiento, sin escuchar a la sociedad, la cual la señala de corrupción y falta de capacidad para resolver los asuntos más sentidos de todo el municipio, particularmente de Playa del Carmen.
Quienes viven en Playa del Carmen y en el resto del municipio ya no le creen a esta señora, porque en el año 2021, durante su campaña electoral y durante las primeras semanas de su administración dio a conocer que metería a la cárcel a su antecesora Laura Beristain del Partido Morena porque tenía pruebas de un desfalco de 575 millones de pesos.
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Con este discurso se ganó al 33 por ciento del electorado, pero no cumplió, dejó que pasaran los tiempos legales para iniciar las investigaciones pertinentes y se olvidó del asunto, con ello convirtiéndose en cómplice del gobierno morenista que también saqueó las arcas municipales y se dedicó a traficar con permisos y licencias municipales e incluso, ese equipo de trabajo que operó al lado de la expresidenta municipal aún sigue en el gobierno municipal, pero ahora trabajando bajo las órdenes de Lili Campos Miranda.
Los agravios del gobierno municipal de Playa del Carmen a la ciudadanía son diversos porque muchos trámites que se realizan en oficinas de obras públicas, comercios, sanidad, protección civil, terminan como verdaderas extorciones porque para todo cobran, independientemente de los derechos e impuestos municipales que marca la ley.
La Policía Municipal de Solidaridad, durante el año 2022 acumuló 169 quejas por violaciones a Derechos Humanos ante el ombudsperson quintanarroense, pero en el presente año ya llegó a las 12 quejas, de las 38 quejas recibidas en contra de las diferentes corporaciones policiales de la entidad, lo que la ubica como una de las policías municipales más violentas del país, ya que la mayoría de las quejas fueron presentadas por detenciones arbitrarias.
El tercer visitador del organismo público defensor de los derechos humanos, Ángel Salvador Contreras Mis, considera que se trata de una situación preocupante, ya que tiene la misma tendencia que el año pasado.
El servidor público manifestó su preocupación por lo que sucede en el municipio de Solidaridad con la actuación de su policía municipal, porque este año “…se han generado unas 12 quejas contra la Policía Municipal (…) seguimos con la misma incidencia. Lo que mayor se violan son los derechos de la libertad personal vistas en detenciones arbitrarias, con la privación de la libertad; son detenciones arbitrarias, malos tratos, amenazas, quejas por robos”,
Lili Campos, cuando anduvo haciendo campaña y al rendir protesta como presidenta municipal se comprometió a defender los derechos de la ciudadanía, a garantizar sus derechos humanos, pero durante los últimos 18 meses en que ha gobernada ha hecho lo contrario, violentar los derechos de la ciudadanía.
Una de las detenciones arbitrarias mas sonadas es la que se registró durante la primera semana del mes de marzo en agravio del activista Antonio Ramos Pérez, reconocido por sus constantes protestas al denunciar actos de corrupción en la administración municipal, tanto en este gobierno, como en los anteriores, lo que motivó que el día 6 de marzo, se realizara una manifestación frente al palacio municipal, luego de recorrer la céntrica y concurrida Quinta Avenida.
La víctima de violación a sus derechos humanos declaró: “Nuestro rechazo, nuestro repudio hacia la Policía Municipal que es la que nos debe de cuidar, de proteger y es la que nos debe de garantizar la libre vía en nuestras calles y es cosa que hasta el momento no sucede. Quizá mucha gente diga que no le ha pasado, como yo hasta la semana pasada, cuando me arrestaron por tomar una foto”.
Recordó que el pasado martes 28 de febrero, manejaba su bicicleta en la colonia Ejidal cuando notó una detención en raras condiciones. Se acercó para tomar fotografía y video y también fue detenido sin ningún motivo.
Al ser subido a la batea de la patrulla recibió una serie de insultos. También, los elementos policiacos lo amenazaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad para que borrara las imágenes que quedaron en su celular.
Las protestas ciudadanas en contra de las arbitrariedades policiacas en Playa del Carmen se han incrementado ante el silencio y complicidad de la presidenta municipal. Cada día, la inconformidad ciudadana crece por la desconfianza que se le tiene al gobierno municipal de Lili Campos Miranda. En Playa del Carmen, los homicidios dolosos, los feminicidios, las extorsiones, los cobros de piso, los asaltos a manos armada y las desapariciones de personas ya forman parte de la cotidianidad.
Los paquetes turísticos y los seguros de viaje, ya deben incluir el alto riesgo que corren los turistas al venir de vacaciones a Playa del Carmen.
