El PVEM sigue con su proyecto de quedarse con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
La comisión legislativa de Derechos Humanos le apuesta a seguir con el proceso viciado de la anterior Legislatura para elegir a la persona que presidirá el organismo defensor de los derechos humanos de la sociedad quintanarroense.
Necesariamente Incómoda
El pueblo de Quintana Roo, así como sus visitantes requieren de una cultura sólida de los derechos humanos, pero quienes deben educar con el ejemplo es la clase política gobernante, la cual prefiere subyugar los intereses de los gobernados a los acuerdos de la misma clase política en lo que no existe el respeto a los derechos humanos, a pesar que están consagrados en la Constitución local, en la Federal y en los tratados internacionales suscritos por México.
Es cuestionable que el Congreso del Estado, a través de su Comisión de Derechos Humanos, esté en espera que “se caiga” un amparo de la justicia federal promovido por un grupo de la ciudadanía en contra del amañado proceso de elección de la persona que presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con ello se busca dejar intacto y darle continuidad al proyecto político de la XVI Legislatura para que sea el Partido Verde Ecologista de México el que se quede con ese organismo público autónomo defensor de los derechos humanos de la sociedad quintanarroense.
Recordemos que la exdiputada local, Hora comadre de la gobernadora, de reciente ingreso al partido verde, Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso avaló las reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y elaboró a modo la convocatoria para el relevo en la presidencia de ese organismo, con el propósito de que ella fuera designada presidenta, acto seguido se inscribió como contendiente.
Si el grupo de ciudadanas y ciudadanos que optamos por el recurso de amparo para impedir ese atropello a la sociedad hubiéramos desistido legalmente como lo pretendieron desde diversos nivel del poder político en la entidad, ese atropello a la ciudadanía quintanarroense ya se hubiera consumado.
Desde un principio, las personas involucradas en esta demanda le advertimos a la sociedad quintanarroense que daríamos la batalla legal como nos lo permite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo y que serían las instancias respectivas del Poder Judicial de la Federación las que tendrían la última palabra, hoy reitero que si no tenemos otro recurso legal aceptaremos el fallo de la segunda instancia, pero eso no implica que estemos de acuerdo con que se violenten los derechos de la ciudadanía quintanarroense contemplados en el Artículo Primero Constitucional en materia de Derechos Humanos.
Por lo tanto, no se trata que en segunda instancia perdamos el juicio de amparo, sino que la actual Legislatura corrija lo que tiene que corregir; deben recordar que se les propuso que el amparo podría quedar sin efecto y que incluso podríamos desistirnos del recurso presentado si las reformas se revertían y se elaboraba una ley de avanzada en materia de derechos humanos en la entidad que garantice, autonomía y libertad en beneficio de la ciudadanía y no dependencia del ejecutivo en turno.
Ahora vemos que la Legislatura le apuesta a que el Poder Judicial de la Federación le de la razón a la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo para que se haga realidad el proyecto del Partido Acción Nacional y del Verde Ecologista de México quedarse con el órgano de referencia, como una cuota de su poder político, de esta manera seguiría el proceso donde quedó suspendido y avanzar con las siguientes fases hasta nombrar a Rodríguez Villanueva como la presidenta de la Comisión o en otro caso, el mismo Guillermo Brahms, actual presidente de la comisión legislativa podría ser designado, porque la ley, así como se hizo a modo para beneficiar a Rodríguez Villanueva, ahora lo puede beneficiar a él, son chistocitos nuestros legisladores de pacotilla…..De lo que se trata es que el Partido Verde Ecologista se quede con esa institución.
La decisión del Poder Judicial de la Federación tendrá sus argumentos, los cuales como ciudadanía y las personas expertas en Derecho de Amparo, podremos estar de acuerdo o no con ellos, pero esa instancia tendrá la última palabra y será entonces cuando estemos vigilantes del proceder de la actual legislatura. Esperar que solo “se caiga” el amparo para darle la razón a la anterior Legislatura es un despropósito para Quintana Roo. ¿Entonces donde esta el cambio que ofrecieron quienes integran la XVII Legislatura durante su campaña electoral?
Otro asunto que incumbe a la comisión legislativa de Derechos Humanos es el de la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuya Ley fue abrogada por la XV Legislatura por intereses políticos y económicos, lo que dejó en estado de indefensión a estos sectores de la población, quienes nos encontramos en grave riesgo de inseguridad por la actividad profesional que desarrollamos.
El Congreso ya tiene el antecedente de la Ley que se abrogó, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la iniciativa en calidad de ciudadanos que presentamos organizaciones de periodistas, la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional (PAN), el último día de la XVI Legislatura, así como la iniciativa presentada recientemente por el Partido Movimiento Ciudadano.
El trabajo ya está hecho, solo les falta poner a trabajar a sus expertos en técnica legislativa.
Desde que se abrogó la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, han sido asesinados cinco periodistas, un defensor de derechos humanos y decenas de periodistas han sido agredidos físicamente y otros tantos amenazados de muerte, muchos se han visto obligados a desplazarse de la entidad, otros viven en la incertidumbre, a pesar que algunos tienen escoltas del Mecanismo de Protección del gobierno federal.
Ejercer el periodismo o el derecho a defender derechos humanos con medidas de protección e incluso con guardias se seguridad es una afrenta a la democracia en la que nos dicen que vivimos en Quintana Roo.
