Es momento que el Poder Ejecutivo de Quintana Roo envíe elabore una iniciativa de ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Ante el silencio que se guarda en el Congreso del Estado de Quintana Roo en torno a la elaboración del dictamen de la Ley de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que en poco tiempo conocerá el pleno, es necesario llamar la atención de la gobernadora de la entidad Mara Lezama sobre este tema y solicitarle públicamente que haga suya la iniciativa ciudadana que un grupo de personas periodistas entregamos en tiempo y forma a la XVI Legislatura para reponer la ley que abrogó la XV Legislatura al obedecer la consigna del Poder Ejecutivo, lo que se convirtió en una flagrante violación al principio de no regresividad en materia de derechos humanos.
El Poder Ejecutivo Estatal tiene la oportunidad de enviar al Congreso una iniciativa de ley sobre protección a personas defensora de derechos humanos y periodistas que aglutine los intereses de ambos sectores de la población a los cuales se les ha querido invisibilizar en un estado que por su actividad turística se ha convertido en la ventana de México para el mundo.
Las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso Estatal acordaron llevar al pleno un dictamen elaborado con base a la iniciativa que el último día del mes de agosto de 2022 envió la exdiputada panista Kira Iris, y que como ya se demostró es una copia fiel de la ley vigente en el estado de México.
Si bien es cierto, la referida ley es una de las mas actuales en el país, tomando en cuenta que la elaboraron un grupo de periodistas de aquella entidad y expertos en los derechos de periodistas, así como personas defensoras de derechos humanos, tiene varios artículos qué de aprobarse, así como están en la iniciativa se convertirán en trabas para la operatividad de la ley, como es el número de integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección.
Los intereses políticos y económicos que se defienden desde el Congreso del Estado harán naufragar la voluntad de proteger a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, además, se requiere un análisis con enfoque de derechos humanos y una diversidad de perspectivas, habilidades que hasta el momento no se le han visto a los asesores de las diputadas y diputados.
Si la referida ley no se aprueba antes que se someta al pleno y se apruebe el presupuesto de egresos para el año 2023, todo intento de aprobarla en días o semanas posteriores no servirá para nada, porque carecerá de presupuesto para operar el Mecanismo de Protección y otros rubros que permitan la capacitación, profesionalización y apoyos sociales para quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
URGE LEGISLAR PARA PROTEGER A QUIENES DEFIENDEN DERECHOS HUMANOS Y EJERCEN EL PERIODISMO
De allí la urgencia de que sea el Poder Ejecutivo, la instancia que retome la iniciativa ciudadana y la adecue a las condiciones sociales y presupuestales de la actual administración, siempre preservando los derechos plasmados en el referido documento.
Otra opción es que se retomé el contenido de la ley que se abrogó por la XV Legislatura y se adecue a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida luego de atender la Acción de Inconstitucionalidad que presentó en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa ley abrogada fue resultado de más de tres años de trabajo de un grupo de organizaciones civiles de Quintana Roo, mismo que fue desestimado por grupos políticos que defendieron intereses ajenos al gremio periodístico y a las organizaciones defensoras de derechos humanos de la entidad.
El Poder Ejecutivo Estatal también puede elaborar una iniciativa con los aportes de la iniciativa ciudadana presenta por periodistas, la ley que estuvo vigente, así como la legislación vigente en la mayoría de los estados del país, retomar las experiencias de la operación de los diferentes mecanismos de protección, incluyendo al federal, que depende la Secretaría de Gobernación así como el resolutivo de la SCJN.
Es de suma importancia retomar aspectos que se incluyeron en la exposición de motivos de la iniciativa ciudadana, los cuales hacen referencia a que el catorce de agosto de dos mil quince fue publicada la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo.
Dicha exposición de motivos dice que la ley contemplaba contenidos y apartados que estaban dirigidos a la creación de medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentran en situación de peligro por el ejercicio de su actividad; “de la misma manera creaba órganos como la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y la Secretaría Ejecutiva; los cuales se erigieron como el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se encargaban de dar seguimiento y resolución a las solicitudes de protección. Aunado a ello, se incluía la observancia de distintos principios en materia de derechos humanos como el principio pro persona, no restricción de derechos, buena fe, idoneidad, concurrencia, eficacia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad entre otros”.
ABROGACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN UN ACTO DE IGNORANCIA EN MATERIA DE DDHH DE PARTE DE LA XV LEGISLATURA DE QUINTANA ROO
Se recuerda que el 13 de diciembre de 2017 “la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura del Estado, presidida por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar; y la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la misma Legislatura, presidida por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, mediante dictamen abrogaron esta ley estatal, argumentando de manera vaga y sin conocimiento alguno de la situación de peligro crítico que vivimos los periodistas y de personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, que al encontrarse establecido un Mecanismo Federal de Protección resultaba innecesario expedir una Ley estatal que mantuviese similitud con el mismo; de la misma manera sostuvieron que el Gobierno del Estado (2010-2016) en aquel entonces no instaló ninguno de los órganos de dirección, ni expidió el reglamento correspondiente y por lo mismo el ordenamiento legal de protección vigente en dicho periodo no produjo efecto jurídico alguno.
Lo anterior, solo propició la total desprotección de los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en virtud de la completa ignorancia y pasividad de los Diputados de la Decimoquinta Legislatura, ante esta situación que lacera fuertemente los derechos humanos y que ha costado vidas.”
Tanto personas periodistas como defensoras de derechos humanos hemos quedado en medio de disputas de la clase política quintanarroense, incrementando el riesgo a nuestras vidas e integridad física, al quedar en estado de indefensión porque decidieron borrar por una decisión política, los derechos que nos reconocía una ley, la cual fue estigmatizada por haberse aprobado en un periodo gubernamental contrario a quienes estuvieron en el poder entre 2016 y 2022.
Si bien es cierto que la ley se aprobó durante el gobierno de Roberto Borge y por la XIV Legislatura, fue elaborada por organizaciones civiles en calidad ciudadana, en beneficio de dos sectores de la sociedad quintanarroense.
Ante el estado de indefensión en que nos encontramos las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se apela a la congruencia política e ideológica de la actual administración y haga suya nuestra iniciativa ciudadana.
