Sociedad civil organizada de papel y de discurso en Quintana Roo
Necesariamente Incómoda
Ese clásico refrán que dice que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, desafortunadamente se podría aplicar en Quintana Roo en circunstancias que predomina la apatía, la indiferencia ciudadana, el conformismo colectivo, así como la hipocresía, la doble moral y la conveniencia de intereses de la llamada sociedad civil organizada, salvo contadas excepciones, la mayoría de organizaciones civiles, colectivos y organizaciones de facto, solo buscan defender sus intereses personales, se han convertido en agencias de colocaciones y le sirven de comparsa a los gobiernos en turno.
Ahora que desde el Congreso del Estado se está fraguando “un golpe de Estado” a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y en si el embate es directamente a los Derechos Humanos de los y las Quintanarroenses, este emblemático organismo público defensor de los derechos humanos está a horas de ser secuestrado por la clase política quintanarroense, al menos durante los próximos cuatro años, las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos brillan por su ausencia, se han quedado calladas en espera del nombramiento de la diputada local con licencia, Judith Rodríguez Villanueva, como titular de la referida comisión, para ir a negociar puestos de trabajo u otro tipo de favores.
En Quintana Roo existen diversos grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad que van desde las mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, desempleados, entre muchos más y si revisamos el directorio de organizaciones civiles que han recibido estímulos fiscales del gobierno del estado para actualizar sus actas constitutivas vemos que rebasan las 300, más aquellas que se dedican a la protección del medio ambiente, en particular de la flora, la fauna y los recursos naturales en general de Quintana Roo, pues rebasan el medio millar.
A todas estas organizaciones civiles legalmente constituidas hay que agregar a los colectivos que de facto surgen en la entidad con el objetivo de defender uno o más de los derechos humanos, Los municipios en donde supuestamente operan más organizaciones civiles son Benito Juárez, Chetumal y Solidaridad.
Muchas de las personas que encabezan estas organizaciones viven de los recursos que obtienen a través de programas gubernamentales o fundaciones privadas nacionales o internacionales, así como de organismos multilaterales.
Desde hace muchos años en Quintana Roo la creación de organizaciones civiles se han convertido en un gran negocio, pero no es necesario que se constituyan legalmente, porque basta con encabezar una inconformidad de la sociedad, aparecer en medios de comunicación, presionar y después viene la negociación, obtienen las ganancias esperadas y después desaparecen olvidándose de las víctimas, de los grupos sociales que confiaron en su interlocución.
Pero ahora que se está cometiendo un atropello en contra de quienes en verdad ejercen su derecho de defender derechos humanos, al secuestrar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, no se ve en donde están esos cientos de organizaciones civiles que viven del discurso de los derechos humanos.
Se les hizo un llamado para que recurrieran a la protección de la justicia federal para evitar el atropello por parte del Congreso del Estado, y solo unas cuantas aparecieron y muy pocas se preocuparon por presentar en tiempo y forma las demandas de amparo respectivas y los dedos de la mano me sobran para contar a quienes en verdad se comprometieron con el asunto.
Es lamentable que en Quintana Roo haya tantas organizaciones civiles que dicen que defienden derechos humanos, pero en la realidad no las he visto. Por ejemplo, desde hace casi nueve años diez años empezamos a construir la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en la XIV Legislatura y abrogada en la siguiente, pero al grupo promotor de periodistas nos dejaron solos, las organizaciones de derechos humanos no aparecieron, ni para elaborar la ley, mucho menos para defenderla cuando la abrogaron.
En los próximos días, la clase política de Quintana Roo se apropiará de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para su propio beneficio y en contra de los Derechos Humanos de la ciudadanía, como resultado de un proceso viciado de origen, porque las diputadas y los diputados han sido juez y parte, a tal grado que quien avaló las reformas a la Ley de la Comisión, presidió la comisión legislativa de Derechos Humanos y elaboró la convocatoria para relevar a la persona que preside el referido organismo, ahora participa en el proceso de selección, el cual ha resultado una farsa, porque el cargo ya se lo dieron a ella, me refiero a Judith Rodríguez Villanueva, la diputada con licencia, que se negó en todo momento a legislar para darle vigencia a una nueva Ley de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A esta llamada sociedad civil organizada le corresponde asumir un roll de defensora de los derechos humanos, ser la que vigile a la clase gobernante para que proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos, pero si la gran mayoría se han convertido en cómplices de quienes violentan los derechos humanos, quien más podrá proteger a las víctimas, a quienes a diario se les violentan sus derechos, a esas personas que viven la violación sistemática de sus derechos humanos por personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno.
El comportamiento de quienes dirigen y operan organizaciones civiles o colectivos con el objetivo de defender derechos humanos en Quintana Roo dista mucho de lo que ocurre en otros estados de México, donde el compromiso social, político e ideológico es real en beneficio de las víctimas del delito, de violaciones de derechos humanos y del poder.
En la defensa real de los derechos de las mujeres en Quintana Roo, de las personas adultas mayores, del derecho a vivir en un medio ambiente sano, en la defensa de los derechos de periodistas, hemos comprobado directamente que la mayoría de esas organizaciones solo dicen que defienden derechos humanos porque así lo dice el papel de su acta constitutiva o porque es motivo de sus discursos, pero a la hora de actuar, solo priorizan la presencia mediática y la negociación.
Con la actitud de quienes viven de las organizaciones civiles en Quintana Roo y de quienes integran la XVI Legislatura, se le dará un golpe mortal a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y durante los próximos cuatro años, estará al servicio de lo que tengan el poder y para proteger a los que ya hayan cumplido con su encargo, pero tendrán la garantía de que la Comisión no le dará seguimiento a los expedientes de queja que se han ido acumulando durante los últimos años.
En marzo de 2020, Daniela Aurora Méndez Contreras, estudiante de la licenciatura en Derecho del CIDE, escribió para Derecho en Acción, un órgano de difusión de esa institución de educación superior qué en México, la protección a los derechos humanos está en crisis. Desde hace más de una década el país está sumido en una situación sistemática de violencia. Este preocupante panorama tiene como características desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia y la alarmante situación que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos que temen por su vida.
Ante este contexto, la sociedad mexicana ha hecho innumerables intentos para mejorar la situación; desde organizar movilizaciones masivas para visibilizar una demanda social hasta logar la promulgación de leyes fundamentales para el país como, en 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que ha realizado la sociedad civil, la violencia en el país continúa.
Agrega Méndez Contreras que en este sentido, la garantía a derechos humanos fundamentales como a la vida, la libertad y la seguridad personal son vulnerados diariamente en el territorio mexicano. Por ello, es pertinente preguntarse ¿cómo puede la sociedad civil mexicana mejorar la protección de derechos humanos en México? La hipótesis que defiende este ensayo es que, para mejorar la protección de derechos humanos, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) estén coordinadas para poder combatir la impunidad, advierte la autora.
Pero en Quintana Roo aún no se ve que está haciendo la sociedad civil organizada, pues se niega a defender, para sí, su derecho a la defensa de los derechos humanos, al permitir que la clase política se apropie de una institución que fue creada con autonomía y con una óptica de participación ciudadana, y no con apéndice del mismo poder.
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