Cárceles de Quintana Roo, reciben buena calificación de acuerdo a la CNDH
Así es, el sistema penitenciario de Quintana Roo alcanzó una calificación de 7.0 dentro del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, y es la tercera ocasión que aprueba esta revisión que cada año realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Para este ejercicio, visitadores de la CNDH acudieron a 113 establecimientos penitenciarios del país, y fue “sui géneris” por los distintos semáforos epidemiológicos que se iban presentando en los estados, la protección de servidores públicos que participaron en las supervisiones, de las personas privadas de la libertad y del personal de cada centro de readaptación, además de las recomendaciones sanitarias debido al Covid-19.
Según los resultados, el sistema penitenciario de Quintana Roo muestra una tendencia al alza, pues en 2019 aprobó esta revisión con un 6.44, en 2018 por primera ocasión recibió una evaluación positiva al alcanzar 6.10, en 2017 consiguió un 5.03, en 2016 recibió 4.69 y en 2015, 4.43.
Los dos centros evaluados en esta ocasión fueron el de Cancún y el de Playa del Carmen, a diferencia de otros ejercicios donde el personal que lleva a cabo el diagnóstico había visitado los Ceresos de Chetumal y Cozumel.
El establecimiento de Cancún recibió una evaluación de 6.81 y, de acuerdo con el organismo, en donde debe existir una mayor atención es en el hacinamiento, la sobrepoblación, las deficiencias en servicios de salud, alimentación y en las condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
No hay una adecuada separación entre procesados y sentenciados, insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas, la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas, y en adultos mayores es deficiente.
Existe una apropiada atención en programas para la prevención y atención de incidentes violentos, supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, capacitación del personal penitenciario, inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos), y se cuenta con un procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.
También se mantiene una vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad, hay una adecuada atención a personas indígenas, de la comunidad LGBTTTI, e implementación de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. El Centro de Playa del Carmen obtuvo calificación de 7.19, no obstante, se debe mejorar la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, atender la sobrepoblación, la alimentación, son deficientes las condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
