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Aplicar la Ley 3 de 3

Aplicar la Ley 3 de 3

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Aplicar la Ley 3 de 3
Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias

La recién aprobada Ley 3 de 3 que prohíbe a deudores alimentarios y violentadores de la familia ocupar un cargo público, podría aplicarse por primera vez en Quintana Roo, de manera especifica en el Ayuntamiento Benito Juárez, a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, Paola Moreno Córdova.

¿Por qué? Porque está acusada por Daisy Sarai Toboada de ejercer violencia contra ella y su menor hija, debido a un problema derivado de terceras personas, o sea, en el proceso de separación que tiene Paola Morena y el exdiputado Emiliano Ramos Hernández.

La ley 3 de 3 señala que “se les suspenderán sus derechos a quienes tengan una sentencia firme por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.”

Aplicar la Ley 3 de 3

Pues bien, en el proceso de divorcio, los bienes acumulados por el entonces matrimonio Ramos-Moreno, deben ser divididos en partes iguales (50-50) y en una de las propiedades que le corresponden a Paola, vivía la hija menor de edad de Emiliano que tuvo con Daisy Sarai, y sin respetar el Derecho Superior de la Niñez, mandó a desalojarla.

La madre de la menor acusó que el proceso está viciado, tan es así, que el pasado 30 de mayo, la funcionaria acompañada por policías municipales llegaron a la vivienda para iniciar el desalojo. Su hija y ella fueron amenazadas por los policías y la propia funcionaria, quien argumenta que necesita la casa porque ella vive en una propiedad pequeña donde duerme en una misma cama con sus tres hijas.

Ante estos hechos, Ludivina Menchaca Castellanos, presidenta del colectivo “50+” respaldó la denuncia de Daisy Taboada y su hija, adelantando que pedirá a la alcaldesa Ana Patria Peralta, que aplique la Ley 3 de 3, en la cual prohíben que violentadores y deudores alimentarios participen en la función pública.

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Martín G. Iglesias
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