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Gobierno de Quintana Roo con focos rojos en proceso de entrega – recepción

Gobierno de Quintana Roo con focos rojos en proceso de entrega – recepción

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El cambio de administración está sacando los trapitos al sol, en el proceso de nueva estafeta



Gobierno de Quintana Roo con focos rojos en proceso de entrega – recepción en un especial del medio de Luces del Siglo expone que la nueva Gobernadora Mara Lezama enfrentará anomalías.

Por ejemplo, que desde el 15 de septiembre de 2021, el contralor Rafael del Pozo Dergal ha venido ejerciendo el cargo de forma ilegal al mantener en secreto la sanción por inhabilitación de diez años para ocupar cargos públicos, así como una pena económica por la cantidad de 330 mil pesos (IVA incluido) dictada por la Secretaría de Función Pública.

Es decir que a partir de entonces, cualquier documento oficial firmado por el titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Quintana Roo y encargado del proceso de entrega-recepción al nuevo gobierno de Mara Lezama Espinosa puede ser impugnado a través de un juicio de nulidad por carecer de legalidad, lo que pone en riesgo este proceso de entrega-recepción.

Entre otras responsabilidades atribuidas a Rafael del Pozo consistieron en que presuntamente infringió lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuando se desempeñó como Subgerente Administrativo de la Delegación Regional Huatulco en el Fonatur Mantenimiento Turístico S.A. de C.V. (ahora Fonatur Infraestructura S.A. de C.V), hasta el 21 de septiembre de 2017 en que se oficializó su cargo en el gabinete del gobernador Carlos Joaquín.

Del Pozo fueron sancionados también Mauricio Humberto Zebadúa Santos, Martha Eugenia Soto López, Jorge Humberto Rodríguez Tapia y Gilberto García Gallegos, quienes acumulan una serie de irregularidades que van del “incumplimiento a cabalidad del principio de eficiencia, así como la inadecuada administración y coordinación eficiente de los recursos financieros del Contrato de Obra Pública HUDM-GSOP6/16-0-01, lo que generó un presunto daño patrimonial por 1,294,091.84 (un millón doscientos noventa y cuatro mil noventa y un pesos 84/100 M.N) más IVA”.

Lo anterior ocasionó que Fonatur Infraestructura S.A. de C.V., de acuerdo con el informe, dejara de percibir por concepto de indirectos, financiamiento y utilidad de cada uno de los conceptos mencionados, un monto de 347 mil 651 pesos más IVA.

Además, Rafael del Pozo infringió lo dispuesto en la fracción I del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, “en virtud de que al firmar de autorizado la adquisición de los insumos del pedido H1P160031 se rebasó el monto presupuestado y cobró al cliente por el suministro de los insumos con Código SISDIFUCIÓN1, SISDIFUSIÓN3 y MATPURGAD por lo que no optimizó los recursos materiales y financieros que MANTENIMIENTO tuvo para dar cumplimiento a los trabajos del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HUDM-GSOP6/16-O-01 y no cumplió con las actividades encomendadas”.

Igualmente infringió lo dispuesto en la fracción II del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en virtud que no llevó un control del gasto presupuestado y programado en la adquisición de los insumos SISDIFUSIÓN1, SISDIFUSIÓN3 Y MAT-PURGAD, para dar cumplimiento a los conceptos de trabajo con clave CPTEQZRA049, CPTEQZRA049C y CPTEQZRA056 respectivamente.

En este caso al cliente se le cotizó por dichos suministros la cantidad de 1 millón 405 mil 977 pesos, mientras que el entonces subgerente autorizó el pedido por importe de 2 millones 700 mil pesos, registrando un incremento en su costo por 1 millón 294 mil pesos más IVA.

Adriana Solis Davlos


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