Veda electoral del 01 de marzo al 29 de mayo en Quintana Roo
María Salomé Medina Montaño, Consejera y Presidenta de la Comisión Jurídica, anunció la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación durante el periodo electoral en Quintana Roo, comprendido del 01 de marzo al 29 de mayo, de no cumplirse, la ley establece sanciones administrativas por parte del Instituto Electoral.
Medina Montaño informó que durante el periodo electoral federal y local en Quintana Roo, la medida de suspensión a la difusión de toda propaganda gubernamental es obligatoria para los poderes federales, estatales, municipales y otros entes públicos, esta medida se extiende hasta la conclusión de la jornada comicial y su objetivo es garantizar la imparcialidad en el proceso electoral próximo del domingo, 2 de junio.
La consejera y presidenta destacó que esta disposición, derivada del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y busca garantizar que la propaganda gubernamental tenga un carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social, sin promover la imagen personalizada de servidores públicos. También Indico que durante la veda electoral, que además incluye los 3 días previos a la elección 30, 31, 1 de junio y el día de la jornada electoral, también se restringe la propaganda gubernamental.
Además comento que en caso de incumplimiento, el artículo 400 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo establece sanciones administrativas por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Indicó que los medios pueden difundir campañas de información de
*Autoridades electorales.
*Servicios educativos.
*Servicios de salud.
*Servicios de Protección Civil (en caso de ser necesarios)
Con respecto a los programas sociales, Medina Montaño advirtió que utilizar recursos públicos con fines electorales puede constituir un delito electoral, sujeto a sanciones penales, pero aclaró que los programas sociales deben continuar su operación normal, sin entregas masivas que puedan interpretarse como acciones con fines electorales.
Por último indicó que los servidores públicos tienen derecho a participar en actividades proselitistas fuera de su jornada laboral y días hábiles, siempre y cuando no utilicen recursos públicos para ello.
