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Preocupación e incertidumbre de hoteleros en Quintana Roo ante ley de acceso a las playas

Preocupación e incertidumbre de hoteleros en Quintana Roo ante ley de acceso a las playas

Preocupación e incertidumbre de hoteleros en Quintana Roo ante ley de acceso a las playas

+Ven complicado la libertad total de los accesos a las playas en todos los hoteles.

+Un gran reto que puede traer sorpresas y consecuencias a la economía y al turismo en Quintana Roo.

+La ley, si se aprueba en el Senado, entrará en vigor en 2026, equilibrando turismo y equidad en un estado donde el 40% de la población depende del sector.

Por Silvia Hernández Martínez

Preocupa y se ve complicado para los hoteleros los efectos e impactos que traerá la reformada Ley de Acceso Libre a las Playas; que es un reto a descifrar por las consecuencias económicas y turísticas que no se descartan se den al abrir accesos a las playas; sobre todo que no todos los hoteles tienen accesos.

Crece la incertidumbre que ante la ambigüedad, desconocimientos del ciudadano se den diferencias y mal entendidos y sus reacciones sociales puedan provocar un “desplome” en el arribo de turistas a los distintos destinos para descansar o divertirse, los hoteleros de Quintana Roo enfrentan “inquietudes o incoherencias” ante la ley de acceso a las playas que los mantiene a la expectativa ante circunstancias adversas que dicen habrá tanto para el turismo como para ellos como prestadores de servicios.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Rodrigo de la Peña, considera que, a reserva de conocer a fondo la iniciativa, que ya fue aprobada por los diputados federales, se antoja “complicado” que se deba abrir accesos a las playas en todos los hoteles.

No todos los hoteles tienen acceso directo a la playa

Rodrigo de la Peña reconoce que hay varios hoteles que no tienen acceso directo a las playas “entonces es un reto importante. Por supuesto, la playa sí es zona federal y todo el mundo puede transitar ahí libremente, pero accesos en todos los hoteles eso lo veo complicado, pero bueno, vamos a analizar cómo viene la iniciativa y de ahí, yo creo que lo correcto sería tener varios accesos, pero no se puede en todos los hoteles”.

Así, en esos términos definió la opinión que priva en la mayoría de los hoteleros ante la falta de certeza sobre las disposiciones que traerá la nueva ley, aunque tan solo con la infraestructura que ellos han creado para sus hoteles, la mayoría desconoce si podrán cumplir con estas nuevas disposiciones.

El presidente de los hoteleros de Cancún ve retos logísticos; el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano la ve como una oportunidad para mejorar accesos públicos en destinos como Tulum, pero todos señalan que será difícil cumplir con esta nueva disposición.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, advirtió que abrir accesos en todos los hoteles sería «complicado», especialmente en propiedades sin salida directa a la playa.

“La playa es zona federal y todos pueden transitar libremente, pero accesos en todos los hoteles es un reto; vamos a analizar la iniciativa para proponer varios accesos compartidos”, confió el hotelero.

Temen impactos en la privacidad y seguridad de huéspedes

En general, el sector hotelero, que genera 1.2 millones de empleos en el estado, teme impactos en la privacidad y seguridad de huéspedes, por lo que De la Peña propone “accesos controlados” para evitar congestiones.

En Tulum, donde el 90% de playas son privadas, la reforma podría generar 20 nuevos accesos públicos en 2026, según Profepa.

Algunos ven beneficios por la parte social

Pese a la cierta desconfianza que hay en la mayoría de hoteleros, otros ven algunos beneficios como David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, quien ve la reforma como positiva para resolver el reclamo social de accesos públicos.

“En Tulum, la falta de planeación ha limitado el acceso; esta ley ayudará sin responsabilizar solo al sector privado, ya que los municipios deben garantizarlo”.

Asimismo, recordó que el 80% de playas en la Riviera Maya carecen de entradas públicas seguras según datos de Semarnat.

Rechazo al impacto por la ley

La ley impactará el 60% de hoteles costeros, obligando a crear accesos o compartirlos, con multas de hasta 4,000 UMAs (unos 450,000 pesos) por incumplimiento.

La gobernadora Mara Lezama respaldó: “Es un derecho constitucional; impulsaremos accesos públicos sin afectar el turismo sostenible”, afirmó.

Respalda Mara el acceso libre a playas

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con el General Tonatiuh de Grupo Mundo Maya para reforzar acciones y asegurar el acceso libre a las playas de Tulum y coordinarse entre instituciones de los tres órdenes de gobierno para asegurar el acceso libre a las playas de Tulum.

La Gobernadora destacó que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la conservación y el acceso equitativo a los recursos naturales, así como con la promoción de un turismo responsable y sostenible.

Ante representantes de instituciones estatales y federales, incluyendo el INAH, la Conanp y autoridades del Grupo Mundo Maya, así como secretarios y funcionarios de diversas dependencias del Gobierno de Quintana Roo, quedó establecido que con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para que los espacios naturales de Quintana Roo estén al alcance de todas y todos, fortaleciendo el desarrollo social y turístico de la región.

Desafíos y oportunidades

El sector hotelero, que genera 1.2 millones de empleos en el estado, está inquieto ante los impactos en la privacidad, seguridad y calidad de las vacaciones de huéspedes, pero Ortiz Mena ve beneficios, dice que mejorará la imagen de Quintana Roo como destino inclusivo.

De la Peña propone accesos controlados para evitar congestiones. En Tulum, donde el 90% de playas son «privadas», la reforma podría generar 20 nuevos accesos públicos en 2026, según Profepa.

En redes, #PlayasLibres genera debate: “Por fin accesos para todos”, tuiteó un activista, mientras hoteleros responden: “Seguridad primero”.

La ley, si se aprueba en el Senado, entrará en vigor en 2026, equilibrando turismo y equidad en un estado donde el 40% de la población depende del sector. Quintana Roo, cuna de playas icónicas, podría convertirse en modelo de acceso inclusivo.

Argumentos en contra

Los argumentos en contra de la ley de acceso libre a las playas a menudo se centran en preocupaciones económicas, la viabilidad de la implementación y la protección ambiental. Entre los argumentos se encuentran la posible degradación de ecosistemas sensibles, la falta de recursos para gestionar el acceso público y las posibles implicaciones económicas para negocios privados que dependen del control del acceso a sus propiedades en la playa.

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El impacto ambiental: sostienen que la mayor afluencia de público podría causar un daño ecológico irreversible a los hábitats de playa, afectando la flora y fauna locales.

La gestión y seguridad: por la falta de infraestructura y personal puede dificultar la gestión de grandes volúmenes de visitantes, lo que podría generar problemas de seguridad, limpieza y control de actividades.

Las implicaciones económicas para empresas privadas: inversiones privadas en la costa (como hoteles o fraccionamientos) podrían perder competitividad o verse afectadas si se eliminan los cobros o se restringe el control sobre los accesos a la playa, que a menudo se utilizan como un servicio o beneficio para sus clientes.

Los costos de compensación: ya que la ley contempla la posibilidad de que los propietarios reciban compensación por la servidumbre de paso, lo que implica un costo para el estado y podría ser un punto de conflicto.

Argumentos a favor de la ley de acceso libre a las playas

El derecho público: las playas son bienes nacionales y, por lo tanto, su acceso debe ser un derecho público inalienable, garantizado por ley.

El acceso libre permite a la ciudadanía el disfrute de espacios naturales sin restricciones, fomentando el turismo y la recreación.

La ley busca evitar que la playa se privatice de facto, asegurando que los bienes nacionales sean de uso público y no estén restringidos a un grupo selecto de personas.

Establece que el acceso libre y franco a las playas podría ayudar a combatir la corrupción y el abuso de poder que ha permitido la privatización de accesos en el pasado.

Cuidar contaminación y corrupción

La contaminación de las costas limita la posibilidad de utilizar las playas con fines económicos, recreativos y estéticos.

Por su parte, David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, consideró positivo que la forma en la que finalmente fue propuesta esta iniciativa de ley ayudará a generar una mejora en este añejo reclamo social.

“Particularmente, por ejemplo, en Tulum, hemos visto cómo faltan accesos públicos a la playa derivado de la falta de planeación”.

Recordó, sin embargo, que la responsabilidad de garantizar el libre acceso a las playas recae en los municipios, por lo que “la reforma nos va a ayudar a mejorar los accesos a la playa y un anhelo social, sin responsabilizar únicamente al sector privado”.

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