Monopoliza proveedor alimentos en cárcel de Playa del Carmen
El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y en Solidaridad este proverbio cae como anillo al dedo, pues la administración de la alcaldesa panista Lili Campos, sigue beneficiando con millonarios contratos a presuntos empresarios ligados con la familia Beristain Navarrete.
De acuerdo con una denuncia realizada a LA CHISPA Quintana Roo, la alcaldesa Lili Campos, que pese a las constantes denuncias de corrupción busca la reelección como presidenta municipal de Solidaridad, adjudicó el contrato DPM/LP/ADQ/004/2023 a la empresa Comercializadora Peninsular para el Desarrollo Local SA de CV para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos de las personas privadas de la libertad del centro de retención municipal para todo el Ejercicio 2023 por un monto de 24 millones 662 mil 508 pesos.
Lo extraño es que la empresa fue constituida apenas el 20 de septiembre de 2021, 11 días antes que Lili Campos tomara posesión como alcaldesa de Solidaridad. El Notario Público No 24, Víctor Manuel Santín Coral, de Playa del Carmen, fue el responsables de inscribir a la empresa en el RPC de Solidaridad.
Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que uno de los socios en la empresa Comercializadora Peninsular para el Desarrollo Local SA de CV es José Luis Galaz Valdez, quien en el trienio de Laura Esther Beristain Navarrete obtuvo contratos como persona física con actividad empresarial, que en su momento fueron denunciados por medios locales; Ramón Alberto Pérez Silván, ligado a la CTM, sería el otro socio de la razón social.
Del contrato se sabe poco, pues no aparece ningún link o apartado donde se el Ayuntamiento de Solidaridad publique los alcances, tan solo se sabe que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre y el Portal Nacional de Transparencia ni siquiera aparece la dirección de la empresa.
Se sabe, que José Luis Galaz Valdez comparte domicilio fiscal con un salón de fiesta llamado Los Girasoles, que se ubica en la Av. Andrés Quintana Roo, entre calle 55 y 60, col. Pedregal, Mz. 10 Lt. 6, en Playa del Carmen.
CONTRATOS A JOSÉ LUIS GALAZ VALDEZ
Como se menciona, no es el primer contrato que Galaz Valdez ejerce en el municipio de Solidaridad, según la denuncia, en enero de 2020, había firmado el contrato DPM/ICTP/ADQ/001/2020 por un monto de $2,883,000 pesos para la adquisición de insumos alimenticios destinados a personas cautivas en proceso de readaptación social.
Posteriormente, el 24 de marzo de 2020, a través del contrato número DPM/LP/ADQ/002/2020, el gobierno municipal de Solidaridad adjudicó al proveedor “José Luis Galaz Valdez” los servicios de adquisición de insumos alimenticios destinados a personas cautivas en proceso de readaptación social por un monto de $16,817,000 pesos.
El 10 de febrero de 2021 firmó el contrato DPM/LP/ADQ/003/2021 por un monto máximo a ejercer de $16,493,454 pesos. Estos tres contratos fueron durante la administración de Laura Beristain Navarrete, supuestamente con la complicidad de Juan Carlos Beristain Navarrete, quien era el que tenía el negocio de los alimentos en la cárcel de Playa del Carmen, asegura la denuncia.
Ya en la administración de Lili Campos, pese a que supuestamente ya se había constituido la empresa Comercializadora Peninsular para el Desarrollo Local, SA de CV, la persona física José Luis Galaz Valdez firmó en enero de 2022 el contrato DPM/AD/ADQ/006/2022, con una vigencia hasta el 31 de marzo de 2022 y un monto máximo a ejercer de $4,932,501 pesos.
El 19 de noviembre de 2022, firmó el contrato DPM/AD/SER/190/2022 y un monto de 508 mil pesos para el servicio integral de preparación de alimentos y adquisición de insumos de coffee break en la secretaría de la presidencia municipal de Solidaridad.
Y por último, en febrero de 2023, ya como empresa Comercializadora Peninsular para el Desarrollo Local, SA de CV firmó el contrato DPM/LP/SER/005/2023por $1,360,000 pesos para el servicio de alimentos empacados para el personal institucional de la dirección de bomberos de la Secretaría de Protección Civil, prevención de riesgos y bomberos, para el ejercicio fiscal 2023.
