Grupo Sunset, impone la ley del ‘billetazo’
Denuncian tráfico de influencias para imponer medidas cautelares contra Comercializadora Time Share International S.A de C.V., por un pago de 126 mdd, y favorecer a los hermanos Orlando Sabas y Romárico Daniel Arroyo Marroquín, este último ex titular de Sagarpa con Ernesto Zedillo
Hace casi un año, un diario nacional destapó un escándalo de presunto tráfico de influencia que involucra al emporio hotelero Grupo Sunset, de los socios Orlando Sabas y Romárico Daniel Arroyo Marroquín, con el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales; hoy, todos esos temores se hicieron realidad cuando se habrían dictado medidas cautelares contra Comercializadora Time Share International S.A de C.V., por un pago de $126,972,445 dólares.
De acuerdo con el oficio 2962/2022, girado por Teresa Isabel López Aguilar, ciudadana juez de control adscrita a los juzgados de control y tribunales de juicio oral penal de primera instancia del distrito judicial de Cancún, que señala que dentro de la carpeta administrativa número 655/2021, instruida en contra de la persona moral Comercializadora Time Share Internacional, S.A. de C.V. representada por Alejandro Torres Tafoya, cometido en agravio de Promotora Beach club S.A. de C.V., Promotora y Comercializadora y Promotora Beach Club S.A. de C.V., Promotora Cancún, Sunset S.A. de C.V., Grupo Sunset S.A. de C.V., Club Lagoon Caribe S.A. de C.V. y Ecoturismo Tres Ríos S.A. de C.V. con fundamento en el artículo 19 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, 76, 307, 313, 315 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó auto de vinculación a proceso a persona jurídica en contra de Comercializadora Time Share Internacional, S.A. de C.V. por el delito de fraude procesal, ilícito previsto y sancionado en el artículo 221, en relación al 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 18 bis fracción I, todos del Código Penal vigente para el Estado
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Asimismo, señala, que se hace del conocimiento que le fue ordenada a la persona moral Comercializadora Time Share Internacional, S.A. de C.V. las medidas cautelares establecidas en el numeral 155 en su fracción I y 423 párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la primera tendrá como duración el mismo tiempo que dure el proceso penal, sin que pueda exceder de dos años; tal y como lo señala el numeral 165, del Código Nacional de Procedimientos Penales; computable a partir del día 12 de abril del año 2022 y con fecha de fenecimiento tentativo el día 12 de abril del año 2024, en cuanto a la segunda por una temporalidad de un año a partir del día 12 de abril del año 2022 y con fecha de fenecimiento tentativo el día 12 de abril del año 2023 consistentes en: la exhibición de una garantía económica, consistente en la cantidad de 346,063,398.84 (son: trecientos cuarenta y seis millones sesenta y tres mil trecientos noventa y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos moneda nacional) derivada del 15% de la cantidad de USD 126,972,445.00 (son: ciento veintiséis millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares americanos), al tipo de cambio de 18.17 pesos (son: dieciocho pesos con diecisiete centavos moneda nacional), vigente en el mes de febrero de 2016.
También se informa la suspensión de actividades de manera provisional de la persona moral denominada Comercializadora Time Share internacional, S.A. de C.V.
De acuerdo con documentos oficiales, Comercializadora Time Share internacional, S.A. de C.V. es una razón social cuyo objeto es emitir títulos de créditos, acciones y otros títulos de valor expedidos en México o en el extranjero, así como otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros.
Las razones sociales Solintad Resorts SA de CV y Grupo Impulsor ROSSEL S de RL de CV, forman parte del grupo accionario de Comercializadora Time Share Internacional.
COMERCIALIZADORA TIME SHARE DEMANDA POR CORRUPCIÓN
Según la demanda presentada el año 2021 por representantes de Comercializadora Time Share International, lo anterior es el resultado de la manipulación de expedientes, pruebas, documentación y tráfico de influencias, donde se señala como responsable al propio Óscar Montes de Oca, para ayudar a los empresarios Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, este último exsecretario secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de 1998 a 2000 con Ernesto Zedillo Ponce de León.
En la misma querella se incluye a parte de su equipo, entre ellos el vicefiscal especializado, Carlos Maya Girón; el coordinador de fiscales del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, Alfonso Díaz Pauli; la juez tercero de lo mercantil María del Rosario Pérez Basto, y quienes resulten responsables de los probables hechos constitutivos de delito.
Hace más de cinco años, la empresa Comercializadora Time Share International S.A de C.V. presentó un juicio mercantil por un pago de más de 126 millones de dólares (unos 2 mil 520 millones de pesos) a Grupo Sunset y sus filiales: Promotora Sunset Beach Club S.A. de C.V., que en la maraña de corrupción del grupo hotelero tiene como accionistas a la razones sociales Administradora JORPA S.A de C.V., CONTREC S.A de C.V., México Lindo Properties S.A de C.V. y Promociones ABACAN S.A de C.V., entre otras, de las que no hay registros públicos; Promotora y Comercializadora y Promotora Beach Club S.A. de C.V., Promotora Cancún, Sunset S.A. de C.V., Club Lagoon Caribe S.A. de C.V. y Ecoturismo Tres Ríos S.A. de C.V.
Incluso, se señala que la Fiscalía General del Estado desempolvó un expediente, que ya estaba archivado para favorecer a los hermanos Arroyo Marroquín y a sus hoteles.
En la denuncia se señala la presunción de un soborno a la Juez Tercero Mercantil de Cancún, el cual alcanzó al fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, de acuerdo con la manipulación de la Carpeta de Investigación FGE/QR/BJ/03/3082/2017 misma que se integró en la Unidad de Delitos Patrimoniales.
En la denuncia, que ya tiene la Fiscalía Anticorrupción, se exige la investigación de Oscar Montes de Oca para saber si recibió dinero a cambio de otorgar “todas las facilidades” al Grupo Sunset y a los hermanos Romárico y Orlando Arroyo Marroquín, cayendo en un acto de tráfico de influencias.
La denuncia señala que los empresarios hoteleros han movido mucho dinero para corromper autoridades, entre ellos al juez Pedro Pablo Álvarez Vega (quien es el coordinador de Jueces de Justicia Penal en Cancún), para con ello poder obtener una determinación o resolución que favorezca a los intereses de los hermanos dueños del consorcio hotelero Grupo Sunset dentro de la carpeta administrativa 655/2021 del Juzgado de Despacho Adscrito al Sistema Penal Acusatorio de Primer Instancia del Distrito Judicial de Cancún, pretendiendo vincular a proceso a los ahí indebidamente señalados, y así evadir el cumplimiento de sus obligaciones y pagos que les ha sido reclamados dentro de los Juicios Mercantiles 716/2015 y el diverso 152/2016 ante el Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia en Cancún, Quintana Roo.
En el mismo caso se involucra a la juez tercero de los mercantil María del Rosario Pérez Basto, quien también fue demandada por favorecer a los hoteles del Grupo Sunset mediante actos que contravienen la ley y su ejercicio público.
La juez Pérez Basto había levantado un embargo a los hoteles Sunset Marina Lagoon de Cancún y el hotel Tres Ríos de la Riviera Maya, ambos del citado grupo hotelero, sin embargo, debido a su improcedencia legal, fue anulado por otro juez, y los inmuebles fueron asegurados nuevamente en favor de la empresa demandante.
SUNSET ARREMETE HASTA CONTRA SU SOCIO MINORITARIO
La desesperación de los hermanos Arroyo Marroquín los llevó a involucrar -incluso- por fraude procesal a Juan Carlos Pallas Cáceres, unos de los socios minoritarios y quien ocupaba la Secretaría en el Consejo de Administración de Grupo Sunset.
