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Ecocidio impune y justicia tibia: bomba de tiempo en el Ejido Calderitas

Ecocidio impune y justicia tibia: bomba de tiempo en el Ejido Calderitas

Mientras invasores devastan 10 hectáreas de selva y contaminan el manto freático al sur de Chetumal, un fallo judicial contradictorio deja indefensos a 795 ejidatarios, quienes alistan una respuesta radical el próximo 22 de noviembre.

En Quintana Roo hacer las cosas por la vía legal se ha convertido en un laberinto sin salida y en un castigo para los legítimos propietarios. La indolencia institucional, sumada a la parálisis de las instancias ambientales federales y a la desconcertante tibieza de una jueza oral, ha creado una auténtica bomba de tiempo agraria y ecológica en tierras del Ejido de Calderitas.

Así lo advirtieron Ezequiel Sebas Soto, presidente del Comisariado de dicho núcleo agrario y María Luisa Villarreal Sonora, asesora ambiental del mismo y que ahondaron más en este caso:
Pese a que las audiencias y las propias autoridades judiciales reconocieron formalmente que los terrenos pertenecen al Ejido y que los ocupantes ingresaron de manera ilegal, el fallo judicial dictaminado la semana pasada resultó ser una confusión con pretensiones salomónicas: se ordenó una supuesta “restitución” inaplicable, pero se negó el desalojo. El pretexto de la juzgadora: hay familias asentadas y “tienen derecho a opinar”.

La resolución, lejos de pacificar la zona, dejó a los invasores celebrando en la impunidad y a los 795 ejidatarios al borde de la desesperación.

Mientras los invasores argumentan ante las instancias que llevan años habitando el predio, las pruebas técnicas aportadas por el Ejido de Calderitas y realizadas por su asesora ambiental, María Luisa Villarreal Sonora, desbaratan por completo esa coartada. Vuelos y registros con drones tomados en junio, julio y agosto demuestran que en esas fechas los terrenos se encontraban intactos.

Fue precisamente a raíz de que el Ejido interpuso las denuncias formales cuando los infractores aceleraron la maquinaria: arrasaron entre 9 y 10 hectáreas de selva, abrieron calles improvisadas, lotificaron y comenzaron a comercializar ilegalmente la madera extraída.

A esto se suma la agresión directa al medio ambiente. Los asentamientos irregulares han perforado pozos negros que descargan aguas residuales de manera directa al manto freático de la región, consumando un ecocidio a cielo abierto ante la sospechosa pasividad de las dependencias federales.

El contraste institucional raya en el absurdo. Por un lado, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del Estado sí acudió a colocar sellos de clausura en los predios afectados; sin embargo, los invasores los arrancaron impunemente, cometiendo un desafío directo y flagrante a la autoridad estatal que hasta el momento no ha tenido consecuencias penales.

Por el otro, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene una opacidad irritante. Aunque la denuncia por daño ambiental fue interpuesta formalmente desde julio pasado, la dependencia federal no ha movido un solo dedo, guardando un silencio cómplice que contrasta con el rigor implacable que suele aplicar en otros puntos del estado donde el daño ecológico es menor o inexistente. Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sido omisa ante la contaminación de los mantos acuíferos reportada formalmente.

El presidente del Comisariado Ejidal de Calderitas, Ezequiel Sebas Soto, advirtió que el desgaste ha llegado al límite. Tras un largo e infructuoso peregrinar institucional que tocó las puertas de la Secretaría de Gobierno —en su momento con Cristina Torres y el exsubsecretario Nabil Eljure—, e incluso escaló hasta el despacho de la gobernadora, la respuesta de las fiscalías y tribunales ha demostrado ser un freno inútil ante el avance del despojo.

El descontento entre los comuneros es tal que las bases han presionado abiertamente a la directiva con frases como: “si tú quieres comis, de una vez le entramos”, evidenciando el riesgo inminente de un enfrentamiento por mano propia si las instituciones continúan lavándose las manos.

Ante este panorama de latente ingobernabilidad, el Ejido de Calderitas ha decidido convocar a una Asamblea General para este próximo domingo 22 de noviembre a las 10:00 horas, donde los 795 ejidatarios definirán las medidas de presión y las acciones jurídicas o fácticas de carácter definitivo para frenar el avance de los paracaidistas.

La justicia que titubea frente al despojo no imparte paz; solo prepara el terreno para el conflicto. Y en el sur de Quintana Roo, el tiempo legal se está agotando.
Cuestionamiento al calce:

Pero a todo esto, hay que recalcar que este tipo de conflictos tiene su origen en la impunidad al defraudador. Más allá del daño ambiental y la tibieza judicial, queda en el aire una pregunta que las fiscalías y las instancias de procuración de justicia evitan responder: si ya tienen ubicados a los operadores y seudo líderes que lucran vendiendo propiedades ajenas, ¿por qué no actúan?

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El modus operandi es conocido y documentado: grupos de paracaidistas lotean con descaro terrenos ejidales, abren calles improvisadas y comercializan ilegalmente madera y predios que no les pertenecen, operando un mercado negro inmobiliario a la vista de todos.

Permitir que los defraudadores operen sin orden de aprehensión ni aseguramiento efectivo de bienes no solo subvierte el orden legal, sino que manda un mensaje peligroso: en el sur de Quintana Roo, el fraude inmobiliario resulta más rentable y protegido que la legalidad agraria.

José Luis Barrón


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