¡Ambientalismo neoliberal tras Bacalar!
“La declaración de áreas protegidas sobre los territorios indígenas sin nuestro consentimiento y participación, ha tenido como resultado nuestro despojo y reasentamiento, la violación de nuestros derechos, el desplazamiento de nuestros pueblos, la pérdida de nuestros lugares sagrados y la lenta pero continua pérdida de nuestras culturas, al igual que nuestro empobrecimiento. Es por tanto difícil hablar de los beneficios para los Pueblos Indígenas cuando se declaran áreas protegidas en nuestros territorios de forma unilateral. Primero, se nos despojó en nombre de reyes y emperadores, después en nombre del desarrollo del Estado, y ahora, en nombre de la conservación.”
Declaración final de los delegados indígenas en el 5° Congreso Mundial de Parques, celebrado en 2003 en Durban, Sudáfrica.
— La creación de medidas restrictivas en el Sur de la entidad solo beneficiarían a los grandes consorcios capitalistas que se han adueñado de al menos 10 zonas cuyos beneficios y ganancias no son para los auténticos propietarios.
Por José Luis Barrón
Con la latente amenaza de que se pudiera dar la creación de un Área Natural Protegida (ANP) en los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco ejidatarios, empresarios y propietarios se han reagrupado de nueva cuenta para impedir que se establezca algún tipo de medida restrictiva que pondría en riesgo la tenencia y manejo de sus riquezas naturales e incluso detener el desarrollo turístico y económico que representa el Tren Maya una vez concluida en su totalidad la obra.
Una vez reagrupado el Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar que preside Roberto Salgado Sangri, desde hace semanas han denunciado que detrás de estas iniciativas hay consorcios capitalistas que han despojado de sus riquezas naturales en al menos 10 zonas a ejidos, comunidades y pueblos originarios de Quintana Roo para ser éstos los únicos beneficiarios de estas medidas impuestas a modo y en complicidad con las autoridades en turno.
Valiéndose de figuras como Amigos de Sian Ka’an o PROTUR que al final han venido siendo agrupaciones prestanombres de esos ambientalistas neoliberales, ejemplo: En abril de 2022 se dio a conocer pública y oficialmente que el empresario veracruzano Roberto Hernández Ramírez, cuya fortuna rondaba en 2023 cerca de los dos mil millones de dólares, es el propietario de “Isla Pájaros”, ubicada justo en el centro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, una de las áreas protegidas más grandes y hermosas del mundo que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987.
Han pasado dos años y casi cinco meses de la revelación, sin que el Gobierno federal mueva un ápice para revertir la operación sospechosa con la que el otrora empresario y director general del Banco Nacional de México (1997-2000) se hizo de “Isla Pájaros” por encima de lo consagrado en la Constitución Política Mexicana, que establece que las islas adyacentes al territorio nacional son parte del mismo y que dependen directamente del Gobierno de la Federación.
Entonces, realmente no se trata, al menos en este caso, de “conservar los ambientes originales que no han sido alterados de manera significativa por la actividad humana, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservados y restaurados”, como se refiere en el espíritu de las ANP’s.
Sí así fuera, en Cancún no hubieran visto la luz un par de proyectos similares en tamaño, pero ubicados en zonas en las que, en teoría, las restricciones ambientales no lo permitirían. Nos referimos al WTC, de Elías Sacal, a quien originalmente se le autorizó sólo un desarrollo residencial de bajo impacto, Grand Island; y hablamos también del hotel AVA Resort Cancún de Roberto Chapur Zahoul, en la zona de Riviera Cancún.
Es inadmisible que en tanto los ejidos y comunidades se ajustan a los cambios en el manejo de sus territorios, derivados de este tipo de decretos, las grandes empresas y los mega desarrollos —autorizados por el propio gobierno—, los aprovechen para actuar de manera contraria al propósito de las ANP’s.
Se han tragado mega-proyectos turísticos repartidos entre magnates mexicanos: Elías Sacal, Ricardo Vega Serrador, Alejandro Zozaya Gorostiza, Pablo y José Carlos Azcárraga Andrade, Antonio Cosio Ariño y Antonio Cosio Pando, así como de la dinastía Vela Ruiz. Inversionistas conocidos como siervos del poder, entre los que sobresalen los hermanos José y Roberto Chapur Zahoul, además de Miguel Quintana Pali y Carlos Constandse Madrazo, ambos del Grupo Xcaret.
Y por supuesto ex gobernantes como el actual embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, y ex servidores públicos cercanos a mandatarios en turno que resultaron una revelación como latifundistas, según se desprende de escándalos ventilados por medios de comunicación, incluso internacionales.
Es inaceptable el desequilibrio de justicia y poder entre quienes “invierten capital” y aquellos que cuidan el territorio, sobre todo porque las comunidades campesinas, ejidos y pueblos indígenas —que son las que habitan las ANP’s— históricamente han jugado un papel muy destacado en la conservación de estas áreas, no obstante que la mayoría enfrentan altos niveles de marginación social, de acuerdo con la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2020).
Desde 2017, la organización Amigos de Sian Ka’an, en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), ha promovido la creación de un ANP que abarcaría más de 219 mil hectáreas, lo que afectaría a ejidos y localidades de Bacalar y Othón P. Blanco.
Por lo que se creó el bloque opositor, que incluye a representantes de siete cámaras empresariales, 11 ejidos y diversas asociaciones civiles, que señalan que estos ambientalistas neoliberales lejos de promover el bienestar de este entorno natural, las propuestas de ANP han generado incertidumbre entre los inversionistas.
De acuerdo con empresarios del sur de Quintana Roo, se debe buscar un desarrollo sustentable sin limitar las inversiones. Por ejemplo, la región necesita es una regulación más estricta de las actividades agropecuarias y un modelo de producción sustentable que respete el entorno natural, no la imposición de una figura de protección que, beneficia más a intereses ajenos que a los habitantes locales.
