Transportistas y empresarios denuncian Irregularidades en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte
A pocas semanas de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, diversas cámaras y agrupaciones de transportistas han expresado su inconformidad con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Entre los quejosos se encuentran Transportes Turísticos HER-MED S de RL de CV, Auto Express Orienta S.A. de C.V., Canacintra de Tijuana, INDHECA Grupo Constructor y otros organismos empresariales. Estas organizaciones han señalado presuntas corruptelas dentro de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPyMPT), que están afectando gravemente la actividad económica del sector transportista, así como la operación de sus clientes y la misma SICT.
Reemplazamiento y Rezago en Licencias Federales
Uno de los principales reclamos se refiere a la urgencia de iniciar un programa de reemplacamiento federal. El último de estos programas se realizó durante el gobierno de Felipe Calderón, lo que ha generado una falta de control y supervisión de las unidades de transporte de carga y pasajeros que circulan por el territorio nacional. Según los transportistas, esta situación pone en riesgo la seguridad vial y la eficiencia del transporte en el país.
Además, denuncian un rezago considerable en la expedición de licencias federales para operadores de autotransporte. Este problema ha dejado a cerca de dos millones de mexicanos que se dedican a esta actividad operando en la clandestinidad, con la complicidad, según los quejosos, de las autoridades correspondientes. Este rezago es atribuido a la supuesta indiferencia del Director General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, Guillermo García Pinto, y del Director de Autorización y Evaluación a Terceros, Jonathan Sebastián Ramírez Ordóñez.
Irregularidades en los Exámenes Psicofísicos
Otro punto crítico señalado por los transportistas es la presunta manipulación en la aplicación de exámenes psicofísicos, fundamentales para la obtención de licencias federales. Se acusa a personal de la DGPyMPT de realizar exámenes de manera fraudulenta, sin estar facultados para ello, manipulando los sistemas de captura y cobrando sobornos a los interesados. Esta práctica, según los denunciantes, pone en riesgo la seguridad de los usuarios del transporte y afecta la integridad del sistema de transporte en México.
Eliminación de Médicos Terceros Autorizados
Los transportistas también han denunciado la eliminación arbitraria e ilegal de la figura de los Médicos Terceros Autorizados, quienes juegan un rol crucial en la realización de exámenes médicos a los conductores de autotransporte federal. Actualmente, la SICT cuenta con un programa exitoso que permite a estos médicos particulares realizar el 75% de los exámenes médicos requeridos para la obtención de la Licencia Federal, mientras que el 25% restante es realizado por las 48 unidades médicas propias de la SICT.
Se acusa a Guillermo García Pinto de haber mantenido reuniones con el dueño de los laboratorios “Salud Digna”, una cadena privada recientemente señalada por prestar su avión al gobernador de Sinaloa. Según las denuncias, el objetivo de estas reuniones sería eliminar a los Médicos Terceros Autorizados y transferir la totalidad de los exámenes a “Salud Digna”, lo que representa, según los transportistas, un evidente acto de corrupción.
Intentos de Ocultar Irregularidades
Las denuncias apuntan a que estas acciones buscan limpiar la imagen de la SICT antes de que entre la nueva administración federal, además de asegurar un negocio lucrativo durante el próximo sexenio. Los transportistas han solicitado una investigación exhaustiva y sanciones para los funcionarios involucrados, advirtiendo que estas prácticas no solo afectan al sector, sino también a la seguridad y economía del país.
La SICT, bajo la Subsecretaría de Transporte, tiene la responsabilidad de garantizar que los exámenes médicos para los transportistas se realicen de manera transparente y efectiva. Sin embargo, las denuncias actuales sugieren que el sistema está siendo manipulado para beneficiar intereses particulares, lo que podría tener consecuencias graves a largo plazo si no se toman las medidas correctivas necesarias.
