Familia del expresidente Zedillo con vínculos con el Cártel de Colima
Grupo criminal floreció durante su mandato
Familia del expresidente Zedillo con vínculos con el Cártel de Colima, dirigido por los hermanos Amezcua Contreras, quienes habían logrado su expansión y crecimiento en la administración del mandatario.
Durante la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) floreció un grupo criminal en el estado de Colima, la tierra de la familia de la entonces primera dama Nilda Patricia Velasco, se trataba del Cártel de Los reyes de las metanfetaminas, conocido también como El Cártel de Colima.
Existen expedientes de estos vínculos que está resguardada en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud (FEADS), perteneciente en aquel entonces a la Procuraduría General de la República (PGR).
En dicho material se da cuenta que en plena administración de Ernesto Zedillo su familia política mantenía comunicación y vínculos de negocios con los narcotraficantes Amezcua Contreras, uno de los primeros grupos criminales que en la década de los 90 empezaron a producir en México y comercializar en Estados Unidos metanfetaminas, estimulantes sintéticos altamente adictivos elaborados con efedrina importada de la India y de Europa.
En un informe oficial que tiene el título de “Organización de los hermanos Amezcua Contreras, tráfico internacional de efedrina”, se explica que el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas (INCD) intervino teléfonos de integrantes de esa banda criminal y descubrió que tenían negocios y comunicación permanente con la familia política del presidente.
El entonces secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, informó a su jefe el presidente Zedillo de las comunicaciones interceptadas a los hermanos Amezcua Contreras en donde el suegro y los cuñados del mandatario pedían la intervención de Nilda Patricia para proteger su negocio de drogas sintéticas.
La respuesta inmediata de Zedillo fue ocultar la información, frenar cualquier indagatoria que involucrara a su familia y detener al responsable de esa investigación, es decir al director del Instituto Nacional de Combate contra las Drogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue detenido y llevado a la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde le fincaron responsabilidades penales por vínculos con el narcotráfico, concretamente con Amado Carrillo, el llamado Señor de los Cielos; tiempo después el general Rebollo falleció en prisión y la familia política de Zedillo quedó impune.
Familia del expresidente Zedillo con vínculos con el Cártel de Colima
Sin memoria, hace unos días los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, uno del PRI y otro del PAN, participaron en un foro convocado por la ultraderecha en España para criticar al gobierno mexicano en lo que ellos consideran falta de democracia, libertad y justicia en el país, como si sus gobiernos hubieran sido ejemplo de ello, cuando ya la mayoría de los mexicanos han hecho un juicio social y ambos exmandatarios han sido encontrados culpables de corrupción, abuso de poder, desvío de recursos públicos, violencia generalizada y de entregar el país a empresas transnacionales, sin olvidar la injusticia, impunidad y desigualdad social que provocaron en sus administraciones.
En el caso del priista Ernesto Zedillo podría todavía juzgársele por el delito continuado de la enorme deuda pública del Fobaproa, la cual se ha extendido para pagarla por 50 años y el monto rebasa los 2.5 billones de pesos, lo que obliga a los mexicanos a pagarla hasta el año 2042, y todo porque Zedillo decidió proteger a banqueros y empresarios de la quiebra con dinero público.
Hay también otros temas que ya no pueden ser judicializados por haber prescrito, pero que es importante recordárselos al exmandatario para que cuando hable de democracia y justicia fuera del país, recuerde que ya está en la memoria histórica de cómo hundió al país en la miseria y la desigualdad.
Otros temas que perseguirán a Zedillo por el resto de sus días fue la destrucción de los ferrocarriles nacionales para beneficiar a empresas extranjeras; los contratos de obras públicas entregados a las empresas de su familia integradas en el Grupo Intecom; así como los favores fiscales, perdones y condonación de impuestos que ordenó a la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por el neoliberal José Ángel Gurría, en favor de los hermanos del presidente, quienes operaban empresas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la Ciudad de México.
Zedillo también protegió a quien fuera su secretario particular en la Presidencia, José Liébano Sáenz, férreo opositor al gobierno actual, quien enfrentó una investigación por vínculos con narcotraficantes.
Familia del expresidente Zedillo con vínculos con el Cártel de Colima
El informe de las intervenciones telefónicas
Todo comenzó cuando el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas intervino en 1996 y 1997, durante la administración de Ernesto Zedillo, los teléfonos de integrantes del cártel de Colima, liderado por los hermanos Jesús, Luis y Adán Amezcua Contreras, conocidos en la década de 1990 como Los reyes de la efedrina, lo que permitió a la PGR grabar miles de horas de conversaciones de esos narcotraficantes que años después terminaron presos.
Al frente del INCD estaba el general Gutiérrez Rebollo, quien después de revelar al secretario de la Defensa, general Cervantes Aguirre, que en esas grabaciones había conversaciones de narcotraficantes con miembros de la familia política de Zedillo, el militar fue detenido y encarcelado hasta su muerte por una supuesta relación que mantuvo con el jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, aunque algunos funcionarios de aquel gobierno reconocieron que todo fue fabricado por órdenes de Presidencia.
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El reporte confidencial consta de 43 páginas y en una de las intervenciones telefónicas del 2 de diciembre de 1996 –segundo año de gobierno de Ernesto Zedillo– Jesús Amezcua es informado por el licenciado Constantino Tirado, otro miembro de la banda, sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco de Zedillo para ayudar al cártel en un problema de posesión de tierras.
En dicha conversación Tirado le dice a Jesús Amezcua: “Ya se ordenó la ejecución de la sentencia, para efectos de poder escriturar terrenos de La Providencia y que solicitaron una suspensión. Que el magistrado Jesús Cantero Aguilar, de la Tercera Sala, le indicó que era orden directa de la esposa del señor presidente de la República. Por lo que había hablado con un amigo de la Presidencia, que es abogado personal del presidente, quien habló con Luis Téllez, que es director de la oficina de la Presidencia, lo que era antes [José María] Córdoba Montoya, que finalmente se arregló la cosa. Que mandaron a la chingada a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión, siempre y cuando se depositaran 200 mil pesos como garantía por daños y perjuicios y que solicitó que revocaran eso.
Familia del expresidente Zedillo con vínculos con el Cártel de Colima
“Que el conflicto en sí, es que el yerno de don Luis, Armando Magaña, es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares, de Tuxpan, Jalisco, y Salvador Olivares es compadre de Luis Amezcua y éste es amigo de Fernando Velasco, cuñado del señor presidente de la República, por lo que deduce que Armando le solicitó el favor a Salvador Olivares, o sea al hermano de Jesús (Luis Amezcua), y él le pidió el favor a Fernando Velasco y éste a su hermana (Nilda Patricia) la esposa del presidente de la República”.
El amplio expediente de la FEADS detalla quién era esa familia de criminales que traficaban efedrina, integrada por tres hermanos Amezcua Contreras y apoyados en la década de 1990 por el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix.
La peligrosidad de las sustancias que traficaban para la elaboración de estupefacientes químicos y que operaban en las ciudades de Tijuana, Guadalajara, Colima, Monterrey y el entonces Distrito Federal, así como San Diego y Iowa, en Estados Unidos, llevó a los gobiernos de ambos países a realizar múltiples operativos para combatir a esas bandas, hasta que se toparon con la familia presidencial de Zedillo y de pronto las investigaciones y el intercambio de información cesaron.
El expediente LEO
Con las manos esposadas a la espalda y tres balazos en la cabeza, el 22 de junio de 1999 apareció en un lote baldío de Hermosillo, Sonora, el cuerpo acribillado del agente de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República, Héctor Rodríguez Armendáriz.
Oficialmente, la PGR lo manejó como un simple ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico y su relación con agentes federales corruptos; sin embargo, en ese crimen hubo elementos que lo hacían distinto, como el hecho de que ese agente especial fue el responsable de la investigación e integración de un expediente ministerial clasificado confidencialmente en la PGR con el nombre de Caso LEO, en donde se investigaba al otrora poderoso secretario particular del presidente Zedillo, José Liébano Sáenz, cuyos antecedentes fueron prácticamente borrados de los archivos de la Procuraduría por instrucciones de su jefe Ernesto Zedillo Ponce y sólo en un comunicado oficial la PGR informó que esa investigación se había cerrado por falta de elementos.
En aquel viejo expediente judicial se da cuenta de que el agente federal Rodríguez Armendáriz concluía que había evidencias suficientes de relaciones por lo menos sospechosas del secretario particular de Zedillo con grupos de narcotraficantes y lavadores de dinero, lo que provocó que los últimos días que estuvo con vida el agente federal sufriera fuertes presiones y amenazas de muerte, por lo que primero intentó renunciar a la PGR para salvarse, pero no se lo permitieron su entonces jefe José Trinidad Larrieta Carrasco ni el procurador Jorge Madrazo Cuéllar, quienes displicentes minimizaron los gritos de auxilio de Rodríguez Armendáriz y, en respuesta, cerraron el expediente de la averiguación previa en contra de Liébano Sáenz por “falta de pruebas”.
V Región Militar
En un informe de la V Región Militar del Ejército Mexicano, fechado el 4 de diciembre de 1995, Comandancia No. 39872, bajo el título: “Para la atención del C. Gral. Secretario Def. Nal. (Enrique Cervantes Aguirre), el entonces general de división comandante Jesús Gutiérrez Rebollo describe que en el interrogatorio de un militar desertor, el subteniente Francisco Corona García, alias el Negro, éste confiesa que era integrante del cártel de Juárez y operaba para Amado Carrillo Fuentes y su lugarteniente Eduardo González Quirarte, encargado de lavar dinero.
Pues ese militar desertor, según el reporte oficial del Ejército Mexicano, “otra persona con la quien tiene relación Amado Carrillo es el Lic. Liévano Sáenz, secretario particular de la Presidencia de la República.
En ese reporte militar el subteniente Corona dice que escuchó que Amado Carrillo Fuentes le comentó a Eduardo González Quirarte, “compadre, ya mandé pedir el dinero para hacerle su regalito de navidad al Lic. Liébano Sáenz, para que nos vaya bien con Santa Claus, el regalo sería una casa.
“El subteniente Corona le preguntó al final a Eduardo González que quién era el Lic. Liévano Sáenz, porque no lo conocía, y éste le contestó que era el secretario particular del Sr. Presidente de la República.
“También manifestó que en una plática que sostuvo con Eduardo González Quirarte en su domicilio, después del atentado que sufrió González Quirarte, éste le indicó que Amado Carrillo Fuentes llevaba buena amistad con el Lic. Liévano Sáenz, ya que Amado lo apoyó económicamente durante la campaña del candidato a la Presidencia del Dr. Ernesto Zedillo, incluso Eduardo González llevó personalmente unas camionetas para la citada campaña, no especificando el número de vehículo”.
Información:EL Independiente
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