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Pesquisas del SAT contra dueños de Indignación A. C. siguen latentes

Pesquisas del SAT contra dueños de Indignación A. C. siguen latentes

Ariel Velázquez
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Siguen en la mira del SAT los financiamientos y destinos de los recursos extranjeros que les llega en apoyo a su operación. Fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien revelo  la cloaca del financiamiento y revelo que Indignación A.C., en 2020, que es beneficiaria de miles de dólares cada año de parte de fundaciones extranjeras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del SAT, indaga desvíos en si la aplicación de los recursos ya que, de acuerdo a datos aportados por la misma institución, en los últimos años ha recibido montos superiores a los 15 millones de pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desde ese año, detectó que la asociación civil Indignación A. C., recibía multimillonarios depósitos en dólares de la Fundación estadounidense Kellogg , justificando defender el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos, sin embargo, está organización ahora, atenta contra los mismos indígenas mayas al negarles el acceso a un empleo digno y a una buena alimentación al llevar a cabo sus ataques contra la industria porcina en la península.

Conforme a las pesquisas de la UIF y el SAT, detectó que: “Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C”, con Registro Federal de Causantes IPD940622EV0, con domicilio fiscal calle 17 s/N, entre 20 y 22, C.P. 97305, Chablekal, Yucatán y presuntos fundadores: Nancy Walker Olvera, Humberto Lugo Rodríguez y Beatriz Cantú Bacelis; y además María Cristina Muñoz Menéndez, la organización  recibió tan sólo de 2014-2019, la cantidad de 15 millones 910 mil 940 pesos, más lo acumulado en los últimos cinco  años.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la secretaría de Hacienda, investiga los beneficios económicos que han recibido los dirigentes de diversas Organizaciones No Gubernamentales ( ONG ) y que simularon destinarlos a obras de beneficio social, abatir la pobreza y defender los derechos humanos. Entre ellas sobresalen la asociación civil yucateca Indignación AC, cuyos representantes visibles son Martha Capetillo Pasos, Raúl Lugo Rodríguez, Beatriz Cantú Bacelis, Nancy Walker Olvera y María Cristina Muñoz, la conocida como la quita empleo y matar de hambre a comunidades mayas.

Desde que se creó esa organización en junio de 1994, es decir más de 26 años, han permanecido inamovibles, pese a pregonar que luchan por la democracia.

Por la pobreza de los indígenas mayas, quienes, hasta donde se sabe, no han recibido directamente ningún beneficio: ni servicio médico, combate a su desnutrición, mejores casas, educación para sus hijos, mejoramiento de técnicas de cultivos, apoyo a ancianos y mujeres embarazadas o que son cabeza de familia. Si no al contrario llegan a los pueblos mayas, los dividen y los usan.

En la información se corroboró que Indignación recibe 620 mil 570 dólares por la Fundación Kellogg y se presume que recibió dinero de organismos extranjeros desde el año 2013.

“Se disfrazan de ambientalistas y de defensores de derechos humanos para recibir dinero y al final es un asunto de lucha de poder en lo económico y en lo político”.

Así lo reiteró durante la conferencia matutina de ese día, y el presidente pidió mostrar la tabla de las organizaciones extranjeras que presuntamente financian a grupos ambientalistas en varias partes del país. “Me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero, del extranjero.

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El vocero Jesús Ramírez Cuevas mostró la tabla en la que se lee que las fundaciones WK Kellogg, Ford, Climate Works. NED y Rockefeller apoyan con dinero a estas organizaciones.  El presidente López Obrador apuntó que los implicados deben explicar el destino de estos recursos.

“Me gustaría que estas organizaciones señaladas y las empresas que dan el dinero aclaren si es cierto o no, porque se disfrazan por dinero de derechos humanos, se disfrazan también por dinero de defensores de derechos humanos”. Hasta ahora el SAT e inteligencia financiera siguen vigilando la procedencia y manejo de los financiamientos.

 

Ariel Velázquez


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