“Somos binacionales”: DACA

El pasado 19 de abril, en la antigua sede del Senado mexicano, nos reunimos con un grupo de jóvenes —mujeres y hombres— beneficiarios del programa estadounidense DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Sin duda, un diálogo abierto, sincero y de primera voz, que sensibiliza en torno a los retos y realidades de un matiz muy particular del desarrollo del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos.

DACA, como política de inmigración implementada por el presidente Barack Obama en 2012, permitió permanecer temporalmente y sin temor a la deportación a menores que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres migrantes. Las y los beneficiarios tenían que cubrir una serie de requisitos: haber llegado al país antes de cumplir 16 años y ser menores de 31 años al 15 de junio de 2012; haber vivido en la Unión Americana de manera ininterrumpida por al menos los cinco años anteriores a esa fecha; estar matriculado o haberse graduado en una escuela, y no tener antecedentes penales graves, entre otros. Esto les cedió una autorización temporal, renovable cada dos años, para trabajar legalmente en el país, con la seguridad de no ser objeto de deportación.

Sin embargo, el programa no proporcionó una vía hacia la ciudadanía o la residencia permanente, y en 2017, el entonces presidente Donald Trump ordenó su cancelación, argumentando que la administración Obama había extralimitado su autoridad al crearlo, causando una serie de disputas judiciales. El Tribunal Supremo estadounidense emitió en 2020 un fallo, replicando que la extralimitación no era legalmente suficiente, por lo que impidió en forma temporal la cancelación del DACA.

Si bien el programa sigue operando, protege de la deportación a sus beneficiarios al renovar los permisos correspondientes y continúa recibiendo nuevas solicitudes, éstas no se han procesado. Es decir, los desafíos legales en torno al DACA —de cuyo total de beneficiarios el 81 por ciento son mexicanos y mexicanas— no le dan certeza.

Las y los menores mexicanos que emigraron por decisión de sus padres hacia Estados Unidos y que en 2012 accedieron a los beneficios de DACA han crecido y se han desarrollado personal y profesionalmente en ese país, contribuyendo a la economía y sociedad de éste; son hombres y mujeres jóvenes que iniciaron en el programa en su mayoría como estudiantes que y ahora ejercen sus carreras y fungen como cabezas de familia.

Según estimaciones de FWD.us, en 2012 la edad promedio de las y los beneficiarios de DACA era de 21 años; el 45 por ciento de solicitantes aprobados acudían a la escuela secundaria o la universidad; sólo un tercio se había graduado, y cerca del 60 por ciento participaba en la fuerza de trabajo con un ingreso promedio de 4,100 dólares anuales. Una década después, el 85 por ciento participa en el mercado laboral, en promedio tiene 28 años y ha vivido 22 años en Estado Unidos. El 99 por ciento se graduó de secundaria y el 47 por ciento recibió educación universitaria; más de un tercio se casó y el 42 por ciento son madres y padres, por lo que casi la mitad viven en familias donde al menos un integrante del hogar no es beneficiario DACA. Económicamente, ganan en promedio 23,000 dólares anuales y contribuyen cada año con cerca de 11 mil 700 millones de dólares a la economía estadounidense.

Es decir, conforme pasa el tiempo, DACA se vuelve menos efectivo, su desarrollo se ha estancado, pero sus beneficiarios no. El presidente Obama declaró en 2012 que, al ser un programa temporal, el Congreso debía actuar. Ese sigue siendo el reto.

En México debemos hacer conciencia de que son ciudadanas y ciudadanos binacionales, cuyas raíces están aquí y, en tal sentido, es responsabilidad también de nuestro Gobierno la gestión y aplicación de soluciones que protejan sus derechos, brindarles oportunidades educativas, laborales y familiares en ambos lados de la frontera, para su completa integración como actores binacionales de impulso y cambio.