Puebla, un delito ser periodista. Barbosa, el gobierno corruptor
Contracolumna
Todos los días la prensa oficialista saluda con reverencia a Miguel Barbosa. Los columnistas y los conductores de los medios electrónicos le rinden tributo. Ayunque el gobernador –dejó de leer los periódicos desde hace tiempo por los daños a sus ojos provocados por la diabetes– tiene asistentes que se encargan cada mañana de ponerlo al tanto de lo que se dice en la prensa “buena” y la prensa “mala”.
La prensa “buena” es la que el gobierno de Barbosa corrompe, soborna y pervierte. La prensa “mala” es la que expone, ventila y crítica a un gobierno corruptor.
Medios como E-Consulta y el periódico El Popular, como otros más, desentonan con la sinfonía de adulación que arrullan los oídos del gobernador. El periodista Rodolfo Ruiz, director del periódico digital E-Consulta enfrenta un cúmulo de denuncias y demandas en su contra. Lo mismo ocurre con Carolina Fernández, directora de El Popular.
Intolerante a la crítica, el gobernador Barbosa ha llegado al extremo de criminalizar a los medios que han puesto bajo su escrutinio al gobierno de la “cuarta transformación” poblana.
Por órdenes de Barbosa la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y la Fiscalía General del Estado se han abierto supuestos expedientes por “delitos” de lavado de dinero. La señal es clara: se pretende intimidar y la censurar a ambos medios.
Ruiz y Fernández el pasado 10 de noviembre recibieron un citatorio para fines de ejecución de una auditoría por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que les exigía más de 20 documentales desglosados en un plazo de quince días. Período que hoy se cumple.
Al portal E-consulta se le exige la documental de sus ejercicios fiscales correspondiente a los años 2018 y 2019 y a El Popular de 2019 y 2020.
Si ambos medios incumplen con lo ordenado por el gobierno de Barbosa han sido amenazados de ser objeto de sanciones económicas e incluso de incurrir en el uso de la fuerza pública para cumplir con las disposiciones fiscales.
La intimidación es una muestra de la intolerancia de un gobierno que censura a los medios por sus críticas a los funcionarios. y mordaza.
El origen del conflicto se desató cuando E-Consulta dio a conocer en 2018 los resultados de un encuesta interna de Morena donde se señalaba a Miguel Barbosa como un político impopular que no gozaba del respaldo popular para gobernar el estado.
E-Consulta como El Popular han revelado puntualmente la corrupción que ha caracterizado a la administración de Barbosa.
Ante el acoso judicial en contra de estos medios, la organización internacional Artículo 19 ha hecho un exhorto al Poder Judicial de Puebla para a aplicar los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles que por supuesto daño moral se encuentran abiertos contra Rodolfo Ruiz y el medio e-consulta, lo mismo contra Carolina Fernández y El Popular.
Quien debería realmente ser investigado es Miguel Barbosa quien indebidamente dispone de fondos públicos para atender sus problemas de salud, los cuales representan un gasto oneroso para las arcas públicas.
La corrupción de Barbosa está fuera de toda discusión. Jamás ha podido demostrar cómo se hizo de la majestuosa residencia que perteneció al expresidente de la república, Miguel de la Madrid, por la que supuestamente el poblano pagó 10 millones de pesos, no obstante que el inmueble tiene un precio superior a lo manifestado. Barbosa la adquirió en 2013, seis meses después de que asumió el cargo de senador de la república.
Mientras Barbosa ocupa un escaño en el Senado se le detectaron movimientos por más de 12 millones de pesos en su tarjeta de crédito de American Express, cuando sus ingresos como legislador representaban una cuarta parte de lo que gastaba anualmente (3.6 millones de pesos).
Durante la campaña de Barbosa al gobierno poblano fueron presentados documentos oficiales que acreditan los malos manejos del gobernador quien fue señalado de incurrir en delitos de evasión fiscal y lavado de dinero si no comprueba el origen de los recursos con los que adquirió la residencia del expresidente De la Madrid.
En el fondo, el hostigamiento en contra de los periodistas Rodolfo Ruiz y Carolina Fernández responde a la manipulación en la que incurre el gobernador Barbosa para inhibir las investigaciones periodísticas en su contra por los innumerables casos de corrupción que han sido documentador por E-Consulta y El Popular.
Desde su ingreso como político de “izquierda” en las filas del PRD, Barbosa se hizo de un número indeterminado de propiedades (casas y edificios) y autos de lujo. Barbosa fue señalado de cobrar un porcentaje como comisión (“moches”) en la tramitación de presupuesto para gobiernos estatales y municipales en todo el país, especialmente haciendo negocios con políticos poblanos.
La fuente de su riqueza es sospechosa y debería ser investigada por las autoridades federales.
Como gobernador, Barbosa es un depredador del presupuesto público. La ausencia de transparencia y la asignación de contratos en forma directa han permeado a su administración.
Uno de sus negocios fue la adquisición de mil patrullas. Una cuarta parte de estos vehículos estaban sin usar y en completo abandono en el patio del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública.
La denuncia fue expuesta el año pasado por el periódico E-Consulta lo que desató el encono del gobernador.
Detrás del acoso y la intimidación en contra de la prensa crítica se encuentran los oscuros intereses de un gobierno sumido en el descredito, con un gobernador que se merece un monumento a la corrupción como símbolo de la decadencia de lo que significa la “cuarta trasformación”.
Así como el gobierno de Barbosa calumnia y hostiga a los periodistas Rodolfo Ruiz y Carolina Fernández, ha hecho lo mismo contra ex servidores públicos por lo cual ha sido cuestionado severamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como se puede hacer constar en la siguiente recomendación:
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-dirige-recomendacion-al-gobernador-y-al-auditor-superior-del-estado-de-puebla-por
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 75/2021 dirigida al gobernador constitucional del estado de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, y al auditor superior de la misma entidad, Francisco José Romero Serrano, por los señalamientos mediáticos realizados por ambos, los cuales constituyen violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la imagen pública y a la presunción de inocencia en agravio de un exfuncionario, dado que no existen sanciones administrativas ni de responsabilidad penal en contra de este.
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