Por buen camino el “Plan B”

Diferente a lo ocurrido con la propuesta del paquete de Reforma Electoral llamada “Plan A”, el “Plan B” avanza en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de diputados, donde dos de sus integrantes quintanarroenses votaron a favor y ahora la Minuta será enviada a la Mesa Directiva para ser discutida en el Pleno.

En comisiones, Luis Humberto Aldana Navarro (Morena) expuso que esta reforma busca eficientar el gasto público y disminuirlo en los ayuntamientos y congresos para los recursos lleguen a la obra pública y a la ciudadanía. “Cada voto en contra es atentar en contra del pueblo”. Por su parte, Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) apuntó que se avanza a una democracia paritaria y congruente, garantiza una integración de órganos de gobierno local, congresos estatales, sindicaturas y regidurías bajo ese principio, así como una vida pública equitativa, acorde con los valores que la sociedad demanda.

En la reunión de Comisiones Unidas, los legisladores aprobaron, con 60 votos a favor y 13 en contra, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en temas de integración de ayuntamientos, presupuesto anual de las legislaturas locales, paridad de género y remuneraciones en el Instituto Nacional Electoral (INE).

De las cuatro propuestas de reformas a artículos de la Constitución, la Cámara de Origen (Senado), solo aprobó tres, que son las que discutirán en la próxima Sesión los diputados; es decir, la reforma a los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y que adiciona un párrafo cuarto al artículo 134.

Con los cambios se establece que el ayuntamiento estará integrado, además de por un presidente o presidenta municipal, por “una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal”.

Otro asunto que lleva buen camino en el Plan B, es que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, así como prohibir la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.

Esto quiere decir que en Quintana Roo, ninguno de los diputados integrantes de la XVIII Legislatura podrá reelegirse para el 2027, independientemente del partido al que pertenezca; así como de los 25 legisladores que integren la XIX Legislatura, no menos de 13 deberán ser mujeres.

La Minuta enviada a la Mesa Directiva que preside Kania López Rabadan, indica que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.

Además, no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

En los artículos transitorios se señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026. Ahí se las dejo…

SASCAB

Por cierto, el golpeteo informativo que hay contra la administración de José Luis Chacón Méndez, sobre la deuda pública, no tiene fundamento alguno. El actual presidente municipal de Cozumel tiene razón al aclarar que esa deuda viene de administraciones anteriores.

Ahora sí le doy la razón a Chacón Méndez, quien sostuvo que las administraciones anteriores se encargaron de endeudar a los cozumeleños, con las supuestas “reingenierías financieras”. La primera deuda se registró en el 2006 (Gustavo Ortega Joaquin), 2009 (Juan Carlos González Hernández), 2011 (Aurelio Joaquìn González),2015 (Fredy Marrufo Martín) y en la administración 2018-2021 (Pedro Joaquìn Delbouis). Al tiempo…