Pobre Quintana Roo, pobre gobernadora
Sin lugar a dudas, Doña Mara Lezama no ha entendido que las Entidades Federativas de esta aún maravillosa Nación son libres y soberanas en su régimen interior, y por consecuencia forman parte de lo que hemos denominado El Pacto Federal, y que esa circunstancia no quiere decir que quien detenta la Presidencia de la República pueda obligarla a realizar actos de corrupción, y mucho menos los hijos del inquilino de Palacio.
Que grave para los quintanarroenses, que un sujeto como Almicar Olán, quien realiza los negocios de los hijos del Presidente de la Republica, señale que se van a ir de lado por el peso de las maletas llenas de dinero, producto de los negocios que se están realizando en el estado más turístico del Continente. Que grave que ahora la Señora Gobernadora sea mencionada como cómplice de los negocios al amparo del poder.
La empresa Romedic ha recibido en ciento veinte días contratos por más de quinientos millones de pesos en Quintana Roo y Tabasco por la venta de gorros quirúrgicos, jeringas y medicamentos, sin que hasta ahora ambos estados hayan podido justificar la compraventa de los presuntos insumos, y eso en este estado, y en cualquier otro, es un delito grave que se castiga con cárcel y la posible destitución.
Caray, que patético que doña Mara Lezama tenga que ver en una circunstancia donde haya dado permisibilidad a la corrupción encabezada por los hijos del Presidente de la Republica y su personero Almicar Olán, quien ha sido el principal operador del llamado “Clan” por mi compañero Periodista Carlos Loret de Mola, quien hasta ahora se ha convertido en el paladín del combate a la corrupción, y ha desnudado los negocios al amparo del poder de los hijos presidenciales.
Si bien es cierto que los hijos del inquilino de Palacio Nacional son los principales miembros de las bandas de corrupción que pudieran ser etiquetadas como delincuencia organizada, la posición de la gobernadora de Quintana Roo es ahora bastante difícil porque podría ser incriminada en cuanto termine el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, ya que los delitos no prescribirán al menos en los siguientes cinco años.
Por si no lo recuerda la Gobernadora de Quintana Roo, las entidades de la Federación son Libres y Soberanas en su régimen interior, y eso quiere decir que las decisiones de una gobernadora no pueden ser sujetas de ordenamientos de quien encabeza el Gobierno Federal, y mucho menos servir de cómplice a las bandas de criminales que han venido dándose a conocer por diversas investigaciones periodísticas. El delito que pudiera imputársele es grave, y ella prefirió convertirse en cómplice. ¿Tendrá cara para sonreírle a sus gobernados? Al tiempo.
