MAYAS CRUZO’OB CONTRA LA EMPRESA XCARET.
Realizo este análisis desde una perspectiva indígena de Maya Cruzo’ob, basado en los conocimientos, valores y cosmovisión de mi comunidad.
Mi interpretación sobre el parque temático de Xcaret, rompe con la narrativa publicitaria del “paraíso terrenal caribeño”, para enfocarme en la realidad del despojo, la mercantilización de la cultura y la complicidad gubernamental en sus diferentes niveles, en detrimento de los pueblos y comunidades indígenas de la región.
Desde mi perspectiva, Xcaret es el “paraíso terrenal Caribeño ” construido sobre el saqueo de nuestra cultura y el mezclamiento con el folclorismo neoliberal.
Así pues, cabe decir que la marca Xcaret se vende al mundo como el santuario de la mexicanidad en territorio Cruzo’ob, pero bajo este maquillaje de “parque eco-arqueológico” se esconde una de las formas más agresivas de extractivismo cultural y colonialismo moderno en el México contemporáneo.
Tomando en cuenta lo anterior, dignidatarios mayas y diversos representantes del pueblo Cruzo’ob, iniciaron una denuncia en el 2022 contra el grupo Xcaret, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) por el uso indebido y comercialización de nuestro patrimonio cultural, en un caso que ha alcanzado la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre el año 2024 y 2026.
En el 2024,el INDAUTOR ratificó la orden de retirar materiales y cesar el uso de elementos Mayas en 25 sitios Web y parques del consorcio por infrigir la LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INDÍGENA.
Aunque Xcaret, obtuvo mediante artilugios legaloides, una suspensión definitiva en febrero del 2025 para seguir operando, este caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este mes de Marzo del 2026, el alto tribunal podría perfilar retirar dicha protección al grupo Xcaret, obligándandolos a retirar la símbologia Maya de su publicidad mientras se resuelve el litigio de fondo.
A pesar de que Xcaret, ha intentado un acuerdo en este tema sus operadores han fallado garrafalmente, en virtud de que han pactado con una minoría y no con la mayoría que ahora aducen y sostienen que no se puede llegar a soluciones mientras no participen el grueso de las comunidades indígenas, para que en conjunto autoricen el uso de su patrimonio, por lo que los arreglos a oscuras de un grupo reducido es totalmente ilegal.
Aunque el conflicto lleva varios años ante los tribunales y quejas administrativas, la sentencia de Mayo del 2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos da luz y esperanza, porque fue el momento en que el ESTADO MEXICANO BLINDO LEGALMENTE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS CONTRA EL USO NO AUTORIZADO DE SU IDENTIDAD POR PARTE DE LOS GRANDES CORPORATIVOS TURÍSTICOS.
Ahora bien, lo que hoy está en juego en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es solo un pleito de marcas; ahí va implícito la dignidad de los pueblos originarios, en particular de los Cruzo’ob, frente al monopolio económico nacional y el capital transnacional.
Por ello, el robo de nuestra identidad, conlleva a un despojo que no podemos seguir permitiendo y por supuesto que apoyamos las voces que se han levantado para poner las cosas en su lugar.
De tal manera, la denuncia por robo de identidad indígena que atrajo la SCJN pone el dedo en la llaga, toda vez que el Grupo Xcaret ha convertido los símbolos sagrados, rituales y la vida misma de las comunidades en un producto de exportación con precios en dólares.
Es muy notorio y público, que se han apropiado de la cosmogonía maya para llenar hoteles de lujo y hacer dinero, mientras las comunidades de donde provienen esos saberes viven en la marginación.
Ya basta soportar el colmo del cinismo legalista, que una empresa privada registre elementos de una cultura milenaria, para impedir que los propios indígenas lo usen o decidan sobre ellos sin pasar por el filtro del “turismo de masas”.
Sin embargo, preciso que también hay prietitos en el arroz y en este asunto concreto han aparecido los “vividores del indigenismo”, que tratan de consumar la traición interna entre los Mayas Cruzo’ob.
En este contexto, la lucha de hoy en día de los Cruzo’ob, no solo es contra la empresa, sino contra la cooptación como un mecanismo de control para acallar los reclamos genuinos de las comunidades y pueblos indígenas.
Así mismo, enfatizamos que el Grupo Xcaret ha perfeccionado la técnica de fabricar sus “consensos”, mediante acuerdos con grupos reducidos de gestores o líderes locales, que a cambio de migajas firman permisos de explotación cultural.
Ante estas maniobras, hoy el conflicto es real, porque las bases comunitarias están desconociendo estos acuerdos espurios a través de sus dirigentes plenamente identificados con esta causa social.
Los líderes que encabezan este movimiento de reinvidicación cultural, denuncian que estos “vividores” no representan el sentir de los pueblos, sino que han convertido la herencia de nuestros ancestros en una moneda de cambio para beneficios personales y de paso legitiman el despojo institucionalizado.
En esta vorágine de denuncias, embarran sin razón o con razón a la gobernadora del Estado, como probable protectora de los intereses de esta empresa, ojalá que no sea así.
Pero desde la oculta cueva del tigre, sostengo que no se puede entender la impunidad de Xcaret sin señalar la protección de autoridades políticas a nivel federal y estatal.
Este debate público y legal, me ha generado mucha suspicacia, pero confío en la intervención de Mara Lezama a favor de los Cruzo’ob, sería la prueba de que el “humanismo mexicano” que tanto pregona en sus discursos se vea cristalizado en beneficio de los Cruzo’ob y detenga de una vez por todas los intereses de los grandes capitales turísticos.
Es momento, que sintamos la protección de Mara Lezama, en vez de que deje fluir las conjeturas de mil cabezas, en consecuencia lo queremos cómo defensora de los derechos indígenas y no como como un brazo ejecutor de las necesidades de Xcaret.
Dada las circunstancias actuales, urge que marque su postura en este asunto, de no ser así, la percepción ciudadana entendería que esta blindando a la empresa frente a las críticas y demanda de los indígenas Cruzo’ob.
Entendemos que para la administración actual, requiere de derrama económica de los turistas extranjeros, pero exigimos que sea sin vulnerar la soberanía cultural del pueblo Maya Cruzo’ob.
Para nosotros la cultura no es una mercancía, es una herencia ancestral que debemos de cuidar, preservar y defender en todos los aspectos.
Actualmente esta batalla jurídica en la SCJN es un precedente histórico, es inedito y creo que debemos salir bien librados.
Si la Corte falla a favor de la identidad indígena, se rompería la lógica de que todo en México —desde el agua hasta los rezos— tiene un precio de entrada.
Es hora de que el “México Profundo” recupere lo que el “México Turístico Neoliberal ” le ha robado.
La defensa de nuestro territorio no solo es por la tierra, es por el alma y la historia de quienes la habitamos desde tiempos remotos.
Nosotros los Cruzo’ob, tenemos que profundizar nuestra batalla legal, para ello, es necesario desmenuzar cómo el Grupo Xcaret ha intentado utilizar el andamiaje del derecho de propiedad intelectual (diseñado para empresas y mercancías) para “secuestrar” el patrimonio cultural, aún así cómo resistencia indígena debemos de seguir usando la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS para contraatacar.
Desde mi punto de vista, los puntos claves del conflicto jurídico en la SCJN son:
-Xcaret se ampara en la Ley de la Propiedad Industrial, argumentando que sus marcas y registros son derechos adquiridos.
Sin embargo, la defensa legal de las comunidades Cruzo’ob se sostiene en la Constitución (Art. 2) y los tratados internacionales (como el Convenio 169 de la OIT), que están muy por por encima de cualquier registro comercial.
Tomando en cuenta esta protección legal, se da por descontado que ninguna oficina de patentes (IMPI), tiene la facultad moral ni legal de “conceder” a una empresa el uso exclusivo de elementos, que pertenecen a la memoria colectiva de los pueblos milenarios.
-El Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada,
este es el talón de Aquiles de los acuerdos de Xcaret, se dejaron llevar por el canto de las sirenas o de por si, quisieron evadir la ley en su condición de potentados económicos.
Así pues, a través de algunos personajes o representantes cooptados, firmaron convenios sin que existiera una consulta real a las bases comunitarias.
Xcaret en su defensa a ultranza, alega que “ya hubo acuerdo con los indígenas”.
No obstante, la respuesta crítica y contundente, es que esos acuerdos son nulos de pleno derecho, porque no pasaron por las asambleas ejidales ni comunitarias.
Así que, la nueva SCJN debe decidir si un grupo reducido de gestores, pueden “vender” la herencia de todo un pueblo.
Pero en realidad que es el concepto de “apropiación cultural indebida”.?
Se entiende que bajo la nueva Ley de Protección del Patrimonio Cultural, es el uso de elementos de la cultura indígena con fines de lucro, sin el consentimiento de ellos que son los titulares, sin cubrir este requisito se tipifica como delito.
A mi juicio, el nudo del juicio se encuentra en que: Xcaret intenta argumentar que sus espectáculos son de “difusión cultural”.
Los Cruzo’ob, sostienen que es explotación comercial pura, donde el beneficio económico se queda en la empresa y el “folclor” se queda en las comunidades, despojadas de su derecho a decidir cómo y cuándo se representa su cultura.
De intervenir la Gobernadora a favor de la empresa, podría considerarse una violación al principio de imparcialidad y un desacato a las obligaciones de protección de derechos humanos.
De igual forma, si el Estado Mexicano usa recursos públicos o influencias políticas, para blindar a una empresa denunciada por robo de identidad, se convierte en cómplice necesario del despojo.
Esta nueva SCJN tiene la oportunidad de señalar, que las autoridades no puede ser “relacionistas públicas” de los grandes capitales.
Si la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, falla a favor de los grupos indígenas Cruzo’ob :
– Se sentaría un precedente mundial contra el biopiraterismo y la piratería cultural.
– Xcaret se vería obligado a pagar regalías directas a las comunidades Mayas Cruzo’ob (no a los intermediarios) o a retirar los elementos simbólicos de su oferta comercial.
– Se obligaría a transparentar los acuerdos de “apoyo”, que le han otorgado a diversos funcionarios y a otras personas que han pactado con este grupo empresarial.
Para acabar con esta columna, hago una reflexión: Se que la palabra de nuestros abuelos no tiene códigos de barras.
Se también que este juicio no es por dinero, es por la soberanía de los símbolos sagrados.
No me queda duda, mientras los turistas pagan por ver un “performance” de 15 minutos, el pueblo Maya vive la historia cada día en su lengua y su milpa.
NÍIB ÓOLAL SUKU’UNE’EX.
