Mara Lezama beneficia a empresa de juegos de azar sin aval del cabildo y termina con denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción de la FGR
El ejercicio del gobierno requiere de congruencia política, valores y principios ideológicos, así como aptitudes para la administración pública, de lo contrario se entregan resultados como los que padece ahora la sociedad de Cancún, donde la seguridad pública depende de los intereses de la delincuencia organizada y de caprichos de personas servidoras públicas, quienes hasta el momento no han demostrado que su prioridad es la seguridad del pueblo, así como de los millones de turistas que recorren el municipio todos los días.
Cuando una persona servidora pública rinde la protesta de ley, expresamente se compromete a respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, de lo contrario aceptan que la sociedad se los demande, pero a las primeras de cambio les vale lo que diga la constitución, las leyes secundarias y la opinión de la ciudadanía y se dedican a buscar cualquier atajo para violentar la legalidad y cuando no lo encuentran se pasan la norma por el arco del triunfo, pero tarde o temprano sale a la luz pública y quien haya incurrido en una violación a la ley debe afrontar las consecuencias.
Resulta que la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, tiene una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), porque su administración cometió una serie de irregularidades en el proceso de autorización para la apertura de un casino.
A Mara Lezama se le hizo fácil emitir una opinión favorable para el inicio de operaciones de un establecimiento de este giro, de acuerdo a lo revelado por Rafael Rodríguez López, presidente del Movimiento Nacional para la Seguridad y Procuración de Justicia.
Lo grave del asunto es que lo autorizó sin consultar previamente al pleno del Cabildo, como lo establecen las ordenanzas municipales.
Se trata del Casino Macao que está en operaciones, pero de manera irregular, por lo que ya se promueve su clausura desde el Cabildo, ya que sus integrantes, al menos en sesión pública no fueron consultados y mucho menos dieron su voto a favor.
El denunciante a recordado que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que ya no se autorizarán más casinos en México, sin embargo, Mara Lezama hizo y opina lo contrario.
Rodríguez López, detalla en su denuncia que el pasado 12 de noviembre, la presidenta municipal de Benito Juárez, firmó la apertura correspondiente.
“Está cometiendo el delito de usurpación de funciones al firmar una opinión favorable para la apertura del casino Macao, que está operado por (la empresa) El Palacio de los Números S.A de C.V. Está operando en la zona hotelera de Cancún kilómetro 12 y medio y la señora firmó sin la anuencia del municipio”, declaró a la prensa.
Entre las evidencias entregó a la Fiscalía Anticorrupción documentales como vídeos y audio donde se demuestra que el Cabildo no autorizó la instalación de dicho establecimiento.
“Del mismo cabildo, en la XIV sesión, el regidor José Luis Acosta Toledo fue quien la cuestionó” y como la sesión es pública su servidor estuvo presente.
Expuso que con estas acciones “…ella está traicionando los principios del presidente López Obrador de no robar, no mentir y no traicionar y ella está traicionando al presidente y al pueblo de Cancún”.
A Mara Lezama le deben investigar, no solo esté caso de evidente corrupción, sino las demás denuncias que la activista y periodista Flor Tapia Pastrana pese a las amenazas de muerte que ha recibido, se encuentran archivadas en la Unidad de Inteligencias Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda Público (SHCP), por las millonarias sumas de dinero que maneja a través de familias en empresas del ramo inmobiliario, cuando esa fortuna se le empezó a conocer a partir de que es servidora pública.
Entre otras de las anomalías presentadas en el gobierno de Mara Lezama, recordemos qué en el mes de agosto de 2019, el mismo José Luis Acosta Toledo solicitó a la Contraloría municipal de Benito Juárez aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado para separar de sus cargos al síndico Heyden José Cebada Rivas (quien es esposo de la diputada federal plurinominal del PVEM Santi Montemayor Castillo)y al director general de Desarrollo Urbano, Heyden José Cebada Ramírez.
Los acusó de incurrir en conflicto de intereses y en un presunto tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y aprovechamiento ilícito del poder. Por tratarse de delitos en que pudieron incurrir pidió dar vista al Ministerio Público.
“El síndico municipal ha violado de manera reiterada y sistemática la Ley aprovechando el carácter que ostenta, con el perverso fin de obtener beneficios indebidos conjuntamente con el director de Desarrollo Urbano”, lo anterior con anuencia de la presidenta municipal Hermelinda Lezama.
Entre las violaciones a la normatividad citó el artículo 67, fracción VI, de la Ley de Municipios del Estado de Quintana, que prohíbe conceder empleos a los miembros de los Ayuntamientos, cónyuges y parientes consanguíneos o por afinidad. Pero en lugar de ser sancionado, Cebada Rivas recibió un premio.
LOS NEGOCIOS DEL PVEM EN EL GOBIERNO DE BENITO JUÁREZ
Tanto a Hermelinda Mara Lezama como a sus socios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no le conviene que una nueva fuerza política tenga la capacidad para auscultar las finanzas y las acciones de gobierno del Ayuntamiento de Benito Juárez, pues encontrará la inmundicia que ha ido acumulando durante los últimos años.
Cuando José de la Peña Ruiz de Chávez, era diputado local (2016-2019), con todo el cinismo y consciente que estaba cometiendo un delito agregó un párrafo a la versión aprobada a la Ley de Ingresos para exentar del pago de impuestos a los casinos. Una auditoria minuciosa a cada uno de los expedientes de la apertura de los casinos en Benito Juárez permitiría encontrar esa podredumbre.
La deslealtad de José de la Peña hacia el Congreso del Estado y del pueblo de Quintana Roo fue descubierta a tiempo y se evitó dicha exención. Otro intento de malas prácticas en la administración pública que se le descubrió fue la contratación de una empresa para instalar contendedores de basura en Cancún.
A los pocos meses de haber dejado su encargo en la Legislatura local, un cable de la agencia de noticias EFE informó: “Este miércoles fue destituido el secretario estatal del Partido Verde Ecologísta de México en Quintana Roo, José de la Peña Ruíz de Chávez, involucrado en investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lo relacionan con la mafia rumana”.
De la Peña aparece, según la información publicada esta semana, en los informes de inteligencia del Gabinete de Seguridad mexicano como uno de los operadores de la red de políticos que colaborarían con la mafia rumana de Florian Tudor, conocido como “El Tiburón“, según lo difundido por la agencia de información española y diversos medios de comunicación a nivel internacional.
Sin embargo, sigue con su actividad política y empresarial, como si nada. Recientemente difundió en sus redes sociales que concluyó el diplomado La Seguridad interior en una democracia, impartido por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El día 8 de diciembre difundió el siguiente texto acompañado de fotografías con las autoridades municipales que menciona:
“Agradezco la presencia de los Presidentes Municipales @LiliCamposM de Solidaridad, @_juanitaalonso de Cozumel, @chepebacalar de Bacalar, @EmirBellosTun de Lázaro Cárdenas, Mary Hernández de Felipe Carrillo Puerto y Erik Borges de José María Morelos a las reuniones de trabajo.
La protección de su partido, de sus socios político y de negocios, entre ellos su papá y su hermano, le ha permitido ser diputado por mayoría en la XV Legislatura y plurinominal en la XVI, cuyos integrantes no movieron los labios para pronunciarse cuando la UIF le congeló sus cuentas por su presunta relación con la mafia rumana.
Es tanto lo que hay que escribir del Partido Verde y de su dueño Jorge Emilio González Martínez, empezando por el caso Galina Chenkova Cheneva, hasta nuestros días, que podríamos recostarnos o mejor dicho despertarnos y luchar por que no se acaben a Quintana Roo como se han acabo a Cancún.
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