“La pregunta del millón”
Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
Quintana Roo atraviesa por una ola de violencia que hasta ahora nadie ha podido detener, y según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el acumulado de los delitos cometidos en la entidad hasta septiembre es de 35 mil 470; en comparación con Yucatán que lleva 7 mil 460 y Campeche aparece solo con 1 mil 617.
Solo en septiembre, en Quintana Roo fueron reportados 4 mil 61 delitos: 54 homicidios, 1 secuestros, 6 extorsiones, 114 de narcomenudeo, 217 robo a vehículo, 118 robo a casa habitación, 205 a negocios, 230 lesiones, 62 violaciones, 441 violencia familiar y un feminicidio.
Sin embargo, diariamente en todo el estado, especialmente en el Municipio Benito Juárez (Cancún), las muertes violentas suman de dos a tres; el robo a transeúnte va en aumento; los comerciantes no saben qué hacer para evitar el robo a sus negocios; no es seguro dejar estacionado el auto en la calle y el comercio de sustancias prohibidas es una constante aún frente a las autoridades.
En su reporte semestral de incidencia delictiva 2021, el “Observatorio Nacional Ciudadano” coloca a Quintana Roo en el segundo lugar en materia de Feminicidio, debajo de Morelos y después de Sinaloa; sin embargo, en homicidios culposos el Estado está en primer lugar, seguido de Guanajuato y Oaxaca. En robo a transeúnte estamos en tercer lugar; en violación ocupamos el primer lugar.
En febrero de 2019, Alfonso Durazo Montaño, entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la priorización de acciones para combatir la inseguridad en 17 regiones del país. Tijuana, Baja California; Juárez, Chihuahua; Acapulco de Juárez, Guerrero; Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, Jalisco; Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo; Salamanca, Irapuato, Uriangato y Celaya, Guanajuato; Culiacán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Monterrey, Nuevo León; Chilpancingo, Guerrero; Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Pero hasta ahora no hay resultado palpable de la efectividad de la estrategia; contrario a la percepción ciudadana del incremento de la inseguridad en cada una de estas regiones, como si a la autoridad federal no le interesara mantener la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, pues están más ocupados en un proceso electoral del 2022, donde también pretenden hacer la consulta de la revocación de mandato al Presidente de México.
Aquí mismo, en Quintana Roo, las autoridades estatales y municipales dan la percepción que no les interesa el tema de seguridad, pues prefieren tocar otros tópicos que “agarrar el toro por los cuernos”, o es que quizá es la delincuencia organizada la que tiene a estas autoridades agarradas por los cuernos.
La pregunta del millón es, ¿quién de las y los que aspiran a gobernar Quintana Roo cuenta con una estrategia efectiva y eficaz para bajar los índices delictivos? Nótese que la aspiración social no es que acaben con la inseguridad, pues eso es casi imposible, sino mitigar un poco el derramamiento de sangre en los municipios; dar garantías al transeúnte que no será asaltado; garantizar al empresario que su negocio no será víctima de tobo. Pero principalmente dar a las mujeres seguridad y terminar con la ola de feminicidios.
Quintana Roo se desangra con la inseguridad, ¿habrá alguien de los “preferitis” que pueda detener ese sangrado? Ahí se las dejo…
SASCAB
La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo ya se prepara para la discusión de la propuesta de Paquete Fiscal 2022 que presentó el gobernador Carlos Joaquín González, a través de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) Yohanet Torres Muñoz, cuyo monto asciende a 34 mil 611 millones 211 mil 821 pesos, priorizando rubros como desarrollo social, seguridad pública y desarrollo económico.
La propuesta de Paquete Fiscal 2022 registró un ligero incremento del 2.22 por ciento en comparación al 2021, la cual pondera el desarrollo social como el eje funcional del gasto público más importante, representando el 45.29% del total del presupuesto de egresos. En este apartado se prioriza el gasto en educación, salud, protección social, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales y protección ambiental, entre otros.
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