“Es incongruente que aspiren a gobernar al país grupos o corrientes que no pueden autogobernarse”: Jesús Reyes Helores
EL domingo 27 se realizó una marcha encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hecho inédito en nuestro país. Tuvo un doble propósito, primero, demostrar que los que apoyan la Iniciativa de Reforma Electoral propuesta por el mandatario son más, mucho más, que los que se niegan a tocar con el pétalo de una rosa al INE, aduciendo que esa iniciativa afectará la vida democrática del país; segundo, hacer un balance de los cuatro años de su gobierno.
Los que sí vulneran esa democracia, la que va más allá de urnas, son aquellos partidos, y sus diputados y senadores, que se niegan a cumplir con su cometido, con la función que con nuestro voto les dimos: legislar. Sí, ellos fueron electos para eso, para reformar la constitución y crear leyes que permitan un mejor desarrollo nacional. Lo anterior no significa que renuncien a sus ideologías y que aprueben en automático cualquier iniciativa presidencial, pero lo que no es justificable es que, como lo hicieron con la reforma eléctrica, incumplan con su función primigenia, analizar, discutir y, finalmente legislar.
La “Alianza va por México” ha recuperado al hijo pródigo, al PRI, cuyo dirigente nacional “traicionó acuerdos”, lo que le ocasionó ser excluido del grupo. Se rumora, y no es exageración, que el líder de las oposiciones en México, Claudio X. González, “le jaló la oreja” a Alejandro Moreno, “víctima” del desprecio de las dirigencias del PAN y del PRD, a causa de la propuesta y aprobación de la reforma constitucional que amplió hasta el 2028 la presencia del Ejército y de la Armada en las calles para garantizar la seguridad pública.
La negativa a aceptar una reforma electoral no pasa por el cumplimiento de su función legislativa. Se oponen a cualquier tipo de reforma que, insisten, “ponga en riesgo la democracia mexicana”, pero no asumen su compromiso con los electores, con la nación: trabajar a favor de procesos legislativos que sean congruentes con un proyecto de nación. Su narrativa se ha centrado en señalar que el objetivo de esta iniciativa es “acabar con el INE”, dejando a un lado lo que en realidad se propone para revertir los faltantes y acabar con los excesos.
Frente a este escenario, el presidente López Obrador está claro de que no podrá alcanzar los votos necesarios para sacar adelante una reforma que atienda las demandas de la mayoría de la población, como quedó en evidencia con la encuesta ordenada por el Consejo General del INE que tuvo como destino el cajón; consulta que mostró que un porcentaje amplio de la sociedad sí considera necesaria esa reforma. Frente a esta postura de las oposiciones, el tabasqueño ha anunciado un Plan B, una alternativa que, sin duda, transita por el filo de la navaja, al proponer una reforma a la Ley Electoral vigente.
“Concentra tus fuerzas” Vigésima tercera Ley del Poder: Robert Greene
Antes de que ello suceda, el día de hoy se llevará al pleno un dictamen que, hay que decirlo, no cuenta con el consenso de todos los partidos. Desde la semana pasada, tanto Morena como la oposición en la Cámara de Diputados coincidieron en que no se logaron acuerdos que permitan la aprobación de la reforma electoral constitucional propuesta por el jefe del Ejecutivo atendiendo las facultades que le confiere nuestra Carta Magna.
El todavía dirigente nacional del CEN del PRI Alejandro Moreno “Alito”, presidente de la Comisión de Gobernación, dejando atrás la rebeldía que provocó su exclusión de la alianza, expresó que: “Cualquiera que pudiera ser el costo de oponernos, será menor al que se pagaría si cedemos a esta causa.”
Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara baja, el aspirante al gobierno de Puebla, Ignacio Mier apunto que: “Hemos estado trabajando después de su marcha del 13 de noviembre. Se volvieron a amalgamar en torno a intereses partidistas, en torno a lo que dice la élite y no a lo que dice el pueblo.” Huberto Aguilar, diputado del PAN, manifestó que, “al saber con certeza que la iniciativa de reforma constitucional no alcanzará la mayoría, seguramente muy pronto nos presentarán el plan B que tanto han anunciado.”
Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que reconoció que su propuesta de reforma electoral “está prácticamente desechada”, se refirió al Plan B que platea “ajustes a las leyes secundarias”. ¿Será posible transformar al INE, como plateaba la iniciativa, con una reforma a leyes secundarias? El mandatario asiente: “Yo creo que sí es suficiente (la reforma a) el marco legal.”
El tabasqueño no obvió recalcar que la opción inicial era la correcta al proponer que a los consejeros no los elijan los partidos, sino la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo? “Que ese organismo no esté secuestrado por los partidos y por los intereses creados que apoyan los propios partidos”, saliendo al paso de la narrativa opositora que asegura que el objetivo de la reforma electoral es “desaparecer al árbitro electoral”. El primer mandatario de la nación ha reiterado que “no se plantea desaparecer al INE, sino tener un solo organismo centralizado que organice los comicios federales y estatales.”
Lo cierto es que, derivado de la postura intransigente de los partidos de oposición, se perderá la oportunidad de atender los faltantes que en el 2015 fueron manifiestos por un grupo de personas, entre ellos Lorenzo Córdoba, que pusieron sobre la mesa las inconsistencias de la reforma promovida entonces por Enrique Peña Niete, hoy vigente.
“No pueden vencer aquellos incapaces de convencer”: Jesús Reyes Heroles
¿Qué se quedará en el tintero? La iniciativa presidencial propone una reducción al financiamiento de los partidos políticos, demanda de la sociedad de tiempo atrás; reducir el tiempo de los partidos destinado a difundir sus mensajes en la radio y la televisión, prerrogativa que nació con la Reforma Política de 1977.
Como ya se mencionó, esta propuesta tiene como finalidad unificar a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, así como los denominados Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los Tribunales Locales. Además, la iniciativa plantea la reducción de los consejeros electorales de 11 a 7. En este punto está, a mi juicio, la tarea más compleja: la elección mediante el voto directo de los consejeros del INEC y del Tribunal Superior.
Se impulsa, también, la elección de legisladores mediante el sistema de listas por entidad federativa, reduciendo de 128 a 96 el número de senadores; de 500 a 300 el de diputados, y de 1500 a 1050 los diputados locales, medida que aplica en los cabildos. De igual forma se propone regular el voto electrónico y reducir el número de integrantes en los congresos locales, los ayuntamientos y las alcaldías.
Sin duda, los que marcharon ayer desde el Ángel hasta el Zócalo ven con buenos ojos estas propuestas que, lamentablemente, quedarán como eso, como propuestas ante la negativa de las oposiciones de cumplir con su función legislativa.
La semana pasada, tanto Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, como el consejero electoral Ciro Murayama, quienes han sido férreos críticos de la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente de la República, aprovecharon el Foro Internacional de Periodismo e Integridad Electoral para insistir en sus objeciones.
El primero, pidiendo que, si se da una reforma al organismo electoral, “sea con bisturí”. Para el consejero presidente, “una reforma a machetazos, puede matar algo que funciona bien”. Lorenzo Córdova acepta que es necesario abaratar los costos del instituto, “pero hay que hacerlo inteligentemente”. No tengo claro que significa ello para el maestro universitario, hijo del muy admirado hombre izquierda Arnaldo Córdova.
Por su parte, Ciro Murayama, sin el menor recato, calificó como “una buena noticia” que no haya acuerdos entre los partidos que permitan se alcáncenlas dos terceras partes necesarias para hacer modificaciones constitucionales en materia electoral. El consejero electoral, que ya no lo será en abril próximo, al igual que Córdova y otros dos consejeros más, aseguró que los comicios de 2024 “se organizarán con el arreglo democrático que se construyó por el consenso de las fuerzas política”, afirmación que resulta un auténtico perogrullo, porque lo que al final del día “triunfo” fue el disenso que festina esta pareja que ha renunciado a la neutralidad que a la que obliga su encargo.
“Reinvéntate a ti mismo” Vigésima quinta Ley del Poder: Robert Greene
Robert Greene en su Guía Rápida de las 48 Leyes del Poder (Editorial Océano) señala que “el mundo está aquejado por una división cada vez mayor: dentro de los países, grupos políticos, familias, y hasta individuos. Todos nos hallamos en un estado de completa distracción y dispersión, y apenas si podemos mantener la mente fija en una dirección antes de que nos atraigan mil más. El grado de conflicto del mundo moderno es más elevado que nunca, y lo hemos interiorizado en nuestra propia vida.”
Esta cita de Greene viene a cuento porque, sin duda, como él platea, estamos viviendo un momento de intensa polarización política y social. En lo político, la polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Desde lo social, la polarización tiene que ver con las diferencias que se vuelven oposiciones porque se manifiestan como conflictos, conflictos más o menos intensos que en algún momento se estructuran.
En México estamos viviendo una evidente polarización. Las oposiciones acusan a Andrés Manuel López Obrador de ser el causante de dicha polarización, pero, como diría Sor Juana Inés de la Cruz: “vos sois la razón de lo mismo que acusáis”. Al respecto, el periodista y puntual analista político Jorge Zepeda Petterson, en su columna “Pensándolo bien” (“El País”, 23 de noviembre de 2022) se refiere precisamente al presidente y a su estilo personal de gobernar. Se pregunta: ¿Qué hay detrás de la provocación?
Su hipótesis parte de un necesario cuestionamiento: ¿Podemos asumir que todos vivíamos más felices con presidentes que no polarizaban? Para él, ello conllevaría una simulación, “un artifició de ocultamiento”. Es contundente al señalar que, evidentemente, “no ellos no polarizaban porque no lo necesitaban; simplemente gobernaban de espaldas al interés de las mayorías.”
Su conclusión es que “no se puede vivir eternamente sobre esa premisa ni ocultar bajo el tapete a la mitad de la población, o gobernar a un país con estos niveles de pobreza y desigualdad como si se tratase de una sociedad de clases medias y altas. O, mejor dicho, sí se puede hasta que esas mayorías deciden optar por un cambio, como sucedió en julio de 2018.”
López Obrador ha sido reiterativo en denunciar los enormes beneficios económicos y de otro tipo que los pocos recibieron durante tanto tiempo, en demérito de la atención de las necesidades y demandas de los más. Zepeda pide que, por un momento, nos olvidemos del verbo confrontador del presidente y que nos concentremos en los hechos, en lo ocurrido en los cuatro años de esta administración “para reconocer que sus acciones han sido poco invasivas con relación a los grupos favorecidos.”
“Entrar en acción con osadía” Vigésima octava Ley del Poder Robert Greene
Los contras al régimen han generado una narrativa fundada en la fatalidad, en la crisis, en el endeudamiento, en la ruptura de acuerdos internos y externos, pero la realidad es otra. “No ha habido aumento en los impuestos, ni expropiaciones o acosos a la propiedad privada, castigos penales o endurecimiento en contra del gran capital. Por el contrario, el manejo de las finanzas públicas ha sido conservador, la estabilidad del peso y la inversión extranjera no se han visto afectadas; la actitud hacia Estados Unidos y las relaciones comerciales han sido prudentes”, apunta Zepeda.
Es cierto que la narrativa presidencial se ha centrado en muchas ocasiones en señalamientos personales, pero, en lo general, el discurso se ha fundado en más en calificativos históricos como el de “la mafia del poder”. Zepeda pone sobre la mesa lo que, a su juicio, es la razón de ser de la estrategia discursiva de López Obrador. Su génesis, precisa, nace de un hecho indiscutible: “(…) la correlación de fuerzas resultó sumamente desfavorable al gobierno: las élites políticas, económicas, eclesiásticas, los intelectuales y los medios de comunicación, desde el inicio, operaron en su contra.”
¿Qué hacer frente a esta reacción de los opuestos a su proyecto de nación? Mantener el apoyo popular sobre la base de “demostrar que el gobierno está del lado de las mayorías y en contra de los que se oponen a las causas populares”. ¿Había otra alternativa? Es posible, dice el agudo analista político, pero al tiempo establece que el mandatario apostó por dos estrategias específicas: una, ser beligerante en términos discursivos, pero moderado en términos de política económica; dos, maximizar sus ventajas políticas y mantener el fervor popular sin poner en riesgo la estabilidad económica.
¿Funcionaron esas dos estrategias? Hay evidencias que así lo demuestran. Políticamente AMLO ha borrado a la oposición, manteniendo niveles de aprobación y, prácticamente, asegurado la continuidad de su proyecto otros seis años. “La polémica y la confrontación discursiva ha sido parte esencial de la estrategia política de López Obrador”. La marcha de ayer, por su magnitud, seguramente lo convenció de que no debe abandonar esa estrategia mientras los números le sean favorables. Del otro lado, los opuestos al régimen deben entender que esta marcha se funda en una racionalidad que va más allá de explicaciones de ego, de personalidad. No es fruto de la ocurrencia como se han empeñado en señalar sus detractores.
“Para efectos políticos, la polarización, como las movilizaciones, terminan siendo un asunto aritmético. Si la marcha para `defender al INE´ pretendía exhibir el repudio de la sociedad al gobierno de la 4T, este pondrá las cosas en perspectiva movilizando a su favor a tres o cuatro veces ese contingente. Igual la polarización; políticamente seguirá dando dividendos en tanto siga demostrando que no es una división entre dos mitades, sino entre una mayoría popular y una minoría descontenta”, termina señalando Zepeda Petterson.
“Estamos en contra de aquellos que piensan y a veces los dicen: yo ya tengo hecha mi vida; poco o nada me importa si el pueblo ya la tiene hecha; en todo caso, si puede que la haga” Jesús Reyes Heroles
América Latina, sin duda, gira hacia una nueva izquierda. México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Honduras están en manos de gobiernos progresistas. La nueva agenda debe incluir temas como el compromiso con la democracia, el feminismo, el ecologismo y, sobre todo, con una estrategia común para revertir las tasas de pobreza en nuestra región que se mantienen por encima de los niveles prepandemia.
El informe Panorama Social 2022 elaborado por la CEPAL, precisa que 201 millones de personas (32.1% de la población total de la región) viven en situación de pobreza extrema. Además, el organismo regional llama a abordar con urgencia la crisis silenciosa de la educación, agudizada por la pandemia, con el objetivo de evitar el riesgo de “una generación perdida”, como ocurrió en los años ochenta del siglo pasado.
Esta agenda común requiere de una estrategia concertada. En los últimos días han ocurrido desencuentros que preocupan entre algunos de líderes de la izquierda, porque, estuvieron lejos de concitar a acuerdos. El trabajo en común puede revertir la diáspora que por décadas ha impedido la unidad latinoamericana, lo que es cupla sólo de Estados Unidos que sigue vetando a quién visualiza como gente de izquierda, lo sucedió con Alicia Bárcenas, ex directora general de la CEPAL, hoy embajadora de México en Chile y la candidata original de nuestro país para ocupar el cargo de directora general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las recientes elecciones en Brasil, Chile y Colombia evidencian la polarización y la división entre los que luchan por revertir las desigualdades sociales y los que enfocan sus esfuerzos en conservar sus beneficios personales o de grupo, aunque ello conlleve acrecentar y perpetuar las desigualdades y las injusticias sociales que siguen recorriendo las venas abiertas de nuestro continente.
El péndulo se mueve de izquierda a derecha. Se seguirá moviendo hacia la derecha si las propuestas de las izquierdas no transitan del discurso a la acción y a los resultados que reviertan las desigualdades y garanticen y acrecienten los derechos sociales. En sentido contrario, se moverá hacia la izquierda si los gobiernos de derecha privilegian las propuestas individualistas contrarias a los derechos sociales y se niegan a aceptar que el Estado pequeño que renuncia a atender las necesidades sociales ya no tiene futuro.
El gran riesgo no está en el movimiento del péndulo, en el accionar del diapasón que marca el ritmo de la música que cada parte interpreta, sino en el cada vez mayor desencanto de la gente con la política y los políticos empeñados en la construcción de narrativas disruptivas fundadas en el ataque a los opuestos y no en la atención de los grandes problemas nacionales cuyo saldo en cuenta corriente es cada día mayor. La democracia política es importante, sí, pero como aconsejaba Enrique González Pedrero, siempre alineada, acompañada de la democracia económica, la que garantiza una vida plena de la democracia de carne y hueso.
