El Puente de Nichupté podría ser construido por la SEDENA; empresas constructoras piden obras y trasparencia en los megaproyectos
La versión de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiere que el gobierno estatal ceda la construcción del Puente Nichupté en Cancún a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) preocupa tanto a constructores locales como nacionales, porque la posibilidad de ser subcontratados por la empresa que presentó el proyecto, desaparecen y tienen que atenerse a la voluntad de los militares en espera que les den algunos trabajos.
El columnista del diario El Financiero, Darío Célis, en su entrega de este 17 de diciembre comenta que varios gobernadores han confirmado que en la agenda de las visitas presidenciales aparecen las propuestas para que sea el ejército el que construya obras de infraestructura, lo que les garantiza que no haya corrupción.
Entre las obras que “ya le echó el ojo” el presidente, dice Celis, “para entregar a los militares es el Puente Nichupté de Cancún, en Quintana Roo, de 8.5 kilómetros que cruzaría sobre la laguna del mismo nombre y que desembocaría en la zona hotelera de Cancún, con una inversión de cuatro mil 500 millones de pesos.
Recuerda el columnista que el proyecto resultó de una propuesta no solicitada de ICA, “quien pondría su oferta económica a competir en licitación pública con firmas como Operadora CICSA de Carlos Slim, Grupo Indi de Manuel Muñozcano y Mota Engil de José Miguel Bejos”.
El mencionado concurso licitatorio se ha retrasado por más de dos meses, por lo que se presume, que luego de las intenciones del presidente, será cancelado.
Este tipo de decisiones del titular del poder ejecutivo federal preocupan a la industria de la construcción a nivel nacional, porque disminuyen las oportunidades de reactivar su economía.
Recordemos que la SEDENA es la encargada de construir los tramos 6 y 7 del Tren Maya por asignación del presidente de la República, desde luego construirán el llamado Aeropuerto de Tulum y se involucrará en tramos carreteros, puentes y otras obras de infraestructura complementaria para comunicar al Tren Maya con centros de población ya existentes y de próxima creación.
Hay muchas voces a nivel nacional que cuestionan el poder económico que le está dando el presidente de la República a los militares, principalmente por la opacidad de sus acciones, a pesar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le haya enmendado la plana, en torno a que las obras a que se refiere el decreto presidencial sobre que los megaproyectos son de seguridad nacional, al aclarar que el principio de transparencia debe privilegiarse por tratarse de recursos de la hacienda pública los que se están invirtiendo en los mismos.
El 11 de octubre de 2020, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval agradeció la confianza depositada en las Fuerzas Armadas para impulsar el desarrollo de México.
En la ceremonia, con motivo de la supervisión de obra del Tren Maya, tramo 4 Izamal-Cancún, el secretario de la Defensa Nacional, agradeció “la confianza que nos otorga porque fortalece nuestro compromiso de servicio y enfatizo que siempre será correspondida con lealtad y trabajo”.
“Nos llena de orgullo a trabajar por la sociedad que confía en sus soldados y esa confianza es algo que agradecemos y cuidamos porque entraña el sólido vínculo que nos une de origen”, añadió el jefe militar.
A principios de diciembre, Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dio a conocer qué con la participación de la Sedena en diferentes proyectos de la industria de la construcción, 2,500 empresas del sector dejaron de operar en los últimos dos años.
“No sabemos si desaparecieron, pero no tienen obra”, dijo el dirigente de los constructores durante una conferencia de prensa.
Desde el 2018 comenzó el declive de la industria y se acentúo con el impacto de la pandemia de Covid-19 en la economía mexicana, precisó Solares Alemán.
En 45 meses, dijo, la industria se redujo un 14.4%, mientras que la producción de las empresas que operan en ella un 25.8% y la inversión un 16.9 por ciento.
Con la participación del Ejército en los proyectos, como Bancos del Bienestar o el aeropuerto de Santa Lucía, existe menor transparencia en el gasto de obra pública, es difícil saber cuánta participación de mercado quitó el Ejército a las constructoras porque tiene una ley que les permite, o autoriza, no dar información sobre el destino y el uso de sus presupuestos, añadió Solares
“En cinco de seis grandes obras, el ejército las tiene concedidas al 100% y el ejército no da la información, ni cuánto están costando, ni cómo se están ejecutando”.
Los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas deberían ser parejos para todos. Con este tipo de prácticas estamos volviendo a los tiempos en que tanto la Iglesia como el Ejército tenían privilegios. Eran ciudadanos de primera.
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