El legado de Carlos Joaquín: deuda, violencia, corrupción, ecocidio
Cuando llegó al poder Carlos Joaquín González lanzó un ultimátum a los funcionarios del gobierno de su antecesor. Cumplió su palabra: metió a la cárcel a Roberto Borge bajo los cargos de “aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública”. La colaboración de la Procuraduría (hoy Fiscalía) General de la República fue decisiva en el proceso contra el exgobernador Borge, por lo que un juez federal le fincó cargos por ocultar el origen de recursos públicos que utilizó para adquirir bienes. Borge enfrenta el juicio en un penal de máxima seguridad en el estado de Morelos luego de ser arrestado y extraditado en junio de 2017 en Panamá.
El nuevo gobierno de la coalición PRD/PAN había desplazado al PRI, partido que durante décadas convirtió al estado de Quintana Roo en un auténtico botín. Los dos últimos gobernadores priistas Félix González Canto y Roberto Borge endeudaron el estado a niveles sin precedentes e incurrieron en actos de corrupción que los enriquecieron de manera inconmensurable.
Sin embargo, las expectativas que despertó en su momento el gobierno de Joaquín González pronto se desvaneció cuando su principal colaborador, encargado de las finanzas del estado, Juan Melquiades Vergara protagonizó un escándalo de corrupción. La PGR lo detuvo y lo fichó. Melquiades Vergara pretendía convertirse en diputado federal y de ahí proyectarse a la gubernatura de Quintana Roo. Ese era el plan político que había acordado con Joaquín González. La súbita carrera de Melquiades Vergara se eclipsó y entró de lleno al negocio de las factureras. No obstante está de nuevo bajo la lupa de las autoridades por actos de corrupción. Hasta ahora no ha podido demostrar la legitimidad de su fortuna.
Carlos Joaquín González llegó al poder con la bandera del “cambio”, pero resultó flor de un día. Prometió un “gobierno moderno, confiable y cercano a la gente”, pero está por terminar peor que los gobiernos de sus antecesores.
Quintana Roo es el estado más endeudado del país (23 mil millones de pesos) en relación con el producto interno bruto estatal y el segundo con la mayor deuda per cápita. Y lo peor, Quintana Roo convertido en uno de los estados con mayor violencia de toda la república y donde el narco mantiene un poderoso control político sobre el territorio y las autoridades. Es con mucho el lugar donde con mayores operaciones de lavado de dinero.
En una abierta traición a los partidos que lo postularon y encumbraron en el poder, lejano a las promesas, el gobierno de Carlos Joaquín mantiene los vicios del viejo régimen priista, la desconfianza y la lejanía con la gente es palpable. Tan es así que las encuestas vaticinan un aplastante triunfo de Morena en las próximas elecciones de junio. El propio gobernador saliente se ha encargado de entregar el estado al gobierno obradorista. En un afán por protegerse las espaldas y no seguir los pasos de su antecesor o como Mario Villanueva que cayó en prisión por sus vínculos con el narco, Carlos Joaquín no se cansa de llenar de elogios al presidente Obrador, quien a su vez le ha puesto la zanahoria por delante (como en la fábula del burro) con la promesa de que lo va a nombrar secretario de Turismo, en sustitución de Miguel Torruco.
Otro de los grandes problemas de Quintana Roo es el ecocidio. La destrucción de la selva es preocupante. El gobernador ni siquiera ha hecho la más mínima protesta ante la política depredadora del gobierno federal con la construcción del Tren Maya. A lo largo de la Riviera Maya cientos de miles, tal vez millones de árboles han sido destruidos, es uno de los atentados más graves a la naturaleza que se hayan registrado en la historia del país. Un daño masivo que tendrá un impacto ambiental con consecuencias a escala global.
La destrucción de la selva es una tarea pendiente para los documentalistas para dar testimonio del crimen contra la naturaleza. A pie de la carretera desde Valladolid hasta Playa del Carmen se puede percibir la destrucción impresionante. Las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la que depende la Procuraduría Federal de Protección de México han mostrado un silencio cómplice. Las tareas de inspección y vigilancia como las leyes ambientales no se cumplen. La instrucción es construir a cualquier costo el Tren Maya, un capricho del presidente Obrador.
Como una paradoja el Partido Verde en Quintana Roo es uno de las organizaciones políticas con más influencia a pesar de su inexistencia en los problemas ambientales. Un partido que capta jóvenes y que los corrompe con dádivas.
La crisis en el gobierno es tan evidente que la encargada de poner orden en las finanzas del estado, Yohanet Torres Muñoz prefirió renunciar a su cargo como titular de la Secretaría de Finanzas para contender por una diputación con el apoyo del Partido Verde ante la corrupción prevaleciente en el gobierno estatal.
El gobernador Carlos Joaquín deja un estado devorado por la violencia ante la indefensión social. El año pasado se registraron alrededor de 800 asesinatos violentos. En las estadísticas del crimen el feminicidio en Quintana Roo también ocupa uno de los primeros lugares. Extorsiones, secuestros, ejecuciones, asaltos a mano armada, enfrentamientos, desapariciones, son parte del catálogo de la violencia.
El tema de la deuda es uno de los problemas más lacerantes. La obra pública es escasa. Hace poco el gobernador solicitó al Congreso local un endeudamiento por más de 800 millones de pesos para un centenar de obras, lo malo es que jamás se presentaron informes con los detalles de qué tipo y en dónde se realizarían. Según se trataría de pequeñas obras pero en realidad se trata de desvíos de recursos en pleno año de Hidalgo.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República han documentado el endeudamiento de Quintana Roo. De acuerdo a los diputados Quintana Roo tiene la deuda más grande de todo el país en proporción con su PIB, ya que le representa el 8.2 por ciento de ese indicador. La deuda del estado representa 68.4 por ciento de sus ingresos totales.
En un estudio del Senado de la República a través de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez en 2020 los estados que presentaron un mayor nivel de endeudamiento per cápita respecto del total, de acuerdo con los datos recabados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fueron: Nuevo León con 15,641.1 pesos, Quintana Roo con 13,118.9 pesos, Chihuahua con 13,067.4 pesos, Coahuila con 12,295.7 pesos y Ciudad de México con 10,043.5 pesos.
Ricardo Uvalle Berrones, experto en administración pública e investigador del Conacyt explica el incumplimiento de los gobiernos, como el de Quintana Roo, con la rendición de cuentas y la transparencia:
“Cuando los gobiernos se alejan de la rendición de cuentas horizontal, implica que las autoridades incumplen con el sentido de la vida republicana y dañan la vigencia de los controles democráticos que son necesarios para regular con eficacia el ejercicio del poder.
“Cuando las autoridades no se ciñen a las normas y rutinas que fundamentan la naturaleza diáfana de las cuentas públicas, le fallan a los ciudadanos, más aún cuando el saldo de la gestión institucional que llevan a cabo se caracteriza por deudas y quebrantos infringidos en perjuicio de la sociedad civil, los mercados, la vida productiva y la vida civil.
“La importancia de la rendición de cuentas, en este caso la horizontal, consiste en que las autoridades, en la visión del Estado de Derecho, tienen la obligación de conducirse de manera honrada y responsable con el fin de responder a la confianza del voto ciudadano”.
Sin embargo, nada de esto ocurre en Quintana Roo donde los gobernadores salen convertidos en “ricos empresarios”. Así ocurrió con el PRI y continuó con el gobierno de la alianza PRD/PAN.
A diez semanas de que se lleven a cabo las elecciones, entre la gente de Quintana Roo reina el desencanto con el gobierno de Carlos Joaquín González, eso explica porque Morena se encuentra con un pie en la gubernatura.
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