Ayuntamientos deberán ser creativos para tener recursos propios

Los poderes del Estado de Quintana Roo, los municipios y órganos autónomo y descentralizados, presentaron ante la XVIII Legislatura sus propuestas de presupuesto 2026, donde está incluida la Ley de Ingresos y la de Egresos para el próximo año.

Los primeros que cumplieron fueron los municipios de Lázaro Cárdenas (Josué Nivardo Mena Villanueva), Playa del Carmen (Angy Estefanía Mercado Asencio), Tulum (Diego Castañón Trejo), Felipe Carrillo Puerto (María del Carmen Hernández Solís), Puerto Morelos (Blanca Merari Tziu Muñoz) y José María Morelos (Eric Borges Yam), así como el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Poder Judicial, Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) y Fiscalía General del Estado. Ayer, al cumplirse el plazo constitucional llegaron todos los que faltaban.

Siendo honestos, los presupuestos de los gobiernos y demás instituciones podrían alcanzar un máximo de aumento del diez por ciento en relación con el monto ejercido en el 2025; además, tendrán que ingeniárselas ante algunos impuestos, derechos y aprovechamientos que ahora les enviarán a las arcas del Gobierno del Estado, con un modesto porcentaje para los municipios.
¿De qué hablo? Que lo primero el Gobierno del Estado les quitó la facultad a los municipios de la expedición de licencias de conducir y pasó a su Instituto de Movilidad (Imoveqroo) esa responsabilidad, con todos los privilegios económicos que conlleva, es decir, un pequeño porcentaje se queda en el municipio por ser el “gestor” del cobro; eso sí, aumentó la burocracia con la creación de delegaciones municipales del Imoveqroo. Lo anterior está publicado en el Periódico Oficial del Estado del 01 de marzo de 2024, numeral 41 Extraordinario, Décima Época, donde los 11 municipios firmaron el acuerdo con el entonces Secretario de Finanzas (hoy Senador), Eugenio Segura Vázquez.
¿Y qué decir de la intención del cobro por un estudio de Viabilidad Urbanística? El cual es un documento que está a cargo y costa de la persona promovente, que debe presentar ante la Secretaría de Estado, para la obtención del Dictamen de viabilidad en la materia, mediante el cual se expondrá de manera clara y precisa, la magnitud de impactos o alteraciones que cause o pueda causar una acción urbanística, la cual, por su ubicación, funcionamiento, complejidad o magnitud pudiere afectar o comprometer la infraestructura, los servicios públicos del área; el espacio, la imagen y paisaje urbanos o la estructura socioeconómica, y que en consecuencia ello significara un probable riesgo para la vida, la salud o los bienes de la comunidad, considerando su desplazamiento o expulsión paulatina; o que, por otra parte, determine una afectación para el patrimonio cultural del centro de población. Esto es duplicar el permiso de Construcción que otorga un Ayuntamiento.
Un caso más es que ahora con la nueva modalidad de transporte público, el Municipio será el encargado de aplicar todas las remodelaciones y vigilar que los empresarios transportistas cumplan con todas las disposiciones reglamentarias, pero tendrán que pasar por la revisión del Imoveqroo y dejarán sin facultad a la Dirección de Tránsito Municipal, pasando esta a ser administrada por el Gobierno del Estado.
El caso particular donde los municipios tampoco tendrán participación es en la llamada “Ley Chaleco”, donde el Gobierno del Estado se comprometió a entregar los cascos y los chalecos con el número de placas impresos a los motociclistas; pero hasta ahora no hay solución.
Ante este panorama, los ayuntamientos deberán ser creativos para hacer cobros de prediales al mayor número de habitantes, es decir, si en un municipio de la zona maya la recaudación de este impuesto está entre el 30-40 por ciento, tendrán que crear estrategias para que al menos el 80 por ciento de los contribuyentes pague; solo así podrán mitigar la falta de recursos que ahora les ha requisado el Gobierno del Estado. Ahí se las dejo…

SASCAB

Los comunicadores y periodistas que trabajaron, trabajan o trabajarán como voceros de un Gobierno o institución pública, deberán tener cuidado con la información que manejan o que le filtran a sus amigos. Digo esto porque hay casos como el de Othón P. Blanco donde la presidenta municipal Yensunni Idalia Martínez Hernández fue exhibida por quien fue por un tiempo su vocero.
Un caso muy reciente se dio en Benito Juárez, donde se presume que la exvocera de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña, filtró información “sensible” y “delicada” de quien fuera su jefa. No cabe duda de que el tiempo de la lealtad dura el mismo tiempo de la nómina. Al tiempo…