No a plan de austeridad en el Poder judicial de Quintana Roo .
No a plan de austeridad en el Poder judicial de Quintana Roo. El magistrado presidente del Poder Judicial, Heyden Cebada Rivas, se pronuncio ante el acuerdo de austeridad firmado semanas atrás por la gobernadora Mara Lezama Espinosa. En el cual de manera voluntaria ella y los funcionarios de primer nivel del gobierno acordaron descontarse el 10 por ciento de su sueldo para integrarlo al gasto corriente. Por lo que se cuestiono ¿De qué serviría que me descuente el 10 por ciento de mi sueldo?, ¿se solventaría la deuda de más de 20 mil millones de pesos que tiene el estado con ese descuento?
Heyden Cebada Rivas aseguró que cuenta con un propio programa de austeridad que no tocará el sueldo de sus compañeros magistrados, jueces. Así como tampoco las percepciones a la que tiene derecho el personal directivo o administrativo.
Aseguró que en el Tribunal Superior de Justicia se dedican a impartir justicia, ya que son profesionales del derecho y no se manejan por acuerdos políticos.
No a plan de austeridad
“Nosotros no somos políticos, somos profesionales del derecho; a lo que nos debemos dedicar es a mantener la paz con la impartición de justicia; no estamos en contra del acuerdo de austeridad, al contrario, nos sumamos al programa de la gobernadora, pero en el ámbito de sus funciones”.
Cebada Rivas indicó que los sueldos que perciben los magistrados de 213 mil pesos mensuales y 265 mil pesos, más prestaciones en su caso como presidente, están por debajo de lo que perciben sus homólogos del estado de Yucatán y más o menos similar a lo perciben en Campeche.
Aclaró que pese a esta situación no se encuentra pidiendo aumento de sueldo, sino que pretende homologar el sueldo de trabajadores que llevan años desempeñando funciones que no corresponden al sueldo que perciben, empezando de abajo hacia arriba en el organigrama.
Finalmente, calificó como actos de mala fe los señalamientos a los ingresos que perciben los magistrados, consejeros y jueces hechos por algunos medios de comunicación y personas en su contra, ya que reiteró que la impartición de justicia es totalmente distinta a programas sociales o de vivienda que impulse el ejecutivo.
