DAÑO SOCIAL A POBLADORES QUE VULCAN DEBE RESARCIR EN QUINTANA ROO

Tras el fallo a favor de México contra Vulcan Materials (Calica), grupos ambientalistas demandan reparación social integral mediante un plan público supervisado por ciudadanos, que incluya un fondo para mejorar la salud, el agua potable y los servicios básicos en las colonias cercanas a la mina.

Demandan que nunca más se entreguen nuevos permisos a la minera en Q. Roo. Las comunidades se unen a la exigencia, que la resolución se acompañe de una estricta reparación social y ambiental para sanar las zonas devastadas por la extracción de piedra caliza.

Por Jorge Luis Hernández

Grupos ambientalistas junto con pobladores de las comunidades afectadas por la minera Vulcan Materials (Calica), exigen que la resolución a favor de México se acompañe de una estricta reparación social y ambiental para sanar las zonas devastadas que se causó por la extracción de piedra caliza, en el estado de Quintana Roo.

Son 54 mil 227 hectáreas en municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel que fueron declaradas áreas naturales protegidas. De estas, 2 mil 387 hectáreas pertenecen a Vulcan; sin embargo, el decreto les prohíbe la extracción de material, origen del problema ambiental en la zona.

Tras el fallo a favor de México en el arbitraje contra Vulcan Materials (Calica), donde el tribunal internacional rechazó el 99% de la millonaria indemnización que exigía la empresa, ahora los grupos ambientalistas demandan la reparación social integral mediante un plan público supervisado por los ciudadanos.

En este se debe incluir un fondo para mejorar la salud, el agua potable y los servicios básicos en las colonias cercanas a la mina.

TRANSPARENCIA EN EL CASO

Los grupos exigen al Gobierno federal publicar el laudo arbitral completo para conocer los detalles del proceso y los montos reales.

Como principal objetivo se debe mantener el cierre definitivo y la protección, para que no se entreguen nuevos predios ni permisos a la minera, respaldando el veto permanente a la extracción en la zona.

Otro factor es la aclaración portuaria, donde solicitan saber qué pasará con la concesión de Punta Venado vigente hasta 2037.

CONTEXTO DEL CONFLICTO

El fallo del Tribunal lo interpreta la empresa norteamericana Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials, como favorable; en una de las reclamaciones que presentó contra México, esto al determinar que el país incurrió en una violación al entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen (Calica) hace ocho años.

La empresa Vulcan Materials pedía más de 1,500 millones de dólares en el arbitraje, pero el tribunal solo concedió a Vulcan cerca de 1% (unos 15 a 17 millones de dólares) por una acción administrativa de 2018.

En defensa del territorio mexicano, el gobierno de México decretó las más de 2,400 hectáreas de Calica como Área de Protección de Flora y Fauna.

Es así que el tribunal internacional rechazó el 99% de la millonaria indemnización que exigía la empresa, por la expropiación de la zona.

Aunque el tribunal internacional resolvió a favor de México en el litigio contra Vulcan por el cierre de la sascabera Calica, organizaciones ambientalistas advirtieron que la decisión no representa el fin del conflicto ambiental ni social generado por décadas de extracción en la zona.

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

En un pronunciamiento conjunto, Quetzal Tzab González, del Movimiento Maya Peninsular, y Aracely Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, afirmaron que el fallo arbitral debe traducirse en acciones concretas de reparación ambiental y justicia para las comunidades afectadas.

Las activistas exigieron que el Gobierno federal haga público el laudo completo para conocer los alcances de la resolución, incluyendo el monto de la indemnización, la argumentación jurídica, el resultado de la contrademanda interpuesta por México y la distribución de los costos del arbitraje.

Además, consideraron que el caso evidencia la necesidad de reformar los mecanismos internacionales de solución de controversias entre Estados e inversionistas, de manera que las empresas también asuman obligaciones en materia ambiental y de derechos humanos, y que las comunidades impactadas tengan participación en los procesos.

Uno de los principales reclamos se centra en el futuro del Área de Protección de Flora y Fauna “Felipe Carrillo Puerto”, decretada en 2024 sobre más de 53 mil hectáreas. Las organizaciones denunciaron que, pese a que la ley establecía un plazo de un año, el programa de manejo sigue sin publicarse, por lo que exigieron su elaboración mediante consulta previa, libre e informada y con participación efectiva de las comunidades.

También solicitaron que la remediación ambiental sea acompañada de una reparación social, mediante un plan público supervisado por la ciudadanía y la creación de un fondo para atender necesidades de salud, agua potable e infraestructura en las colonias que convivieron con la actividad minera.

EL CASO PUNTA VENADO

Respecto a Punta Venado, pidieron claridad sobre el destino de la terminal portuaria y de la concesión vigente hasta 2037, al considerar que cualquier decisión debe privilegiar el interés público y realizarse con consulta a la población de la región.

Finalmente, las ambientalistas insistieron en que el cierre de la extracción debe ser definitivo y rechazaron cualquier posibilidad de que Vulcan reciba nuevas concesiones o bancos de material en Quintana Roo o en cualquier otra entidad del país.

“El laudo no repara el acuífero. La selva no vuelve. Los cenotes no sanan solos. Esa reparación la seguiremos exigiendo ante las autoridades, litigando en los tribunales mexicanos y organizándonos en las comunidades”, concluyeron.

EL FALLO CONTRA VULCAN AÚN NO TERMINA

• 1,529 MDD exigía la minera estadounidense Vulcan de indemnización.
• 1% de ese monto, equivalente a 15-17 MDD, deberá pagar México, de acuerdo al fallo del Tribunal.
• 53,227 hectáreas en municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel son declaradas áreas protegidas.
• 2,387 hectáreas pertenecen a Vulcan, pero decreto prohíbe extracción de material.
• 1986. Inicia Vulcan Materials operación a través del puerto Punta Venado.
• 2017. La Profepa detectó que Calica extraía material por encima de lo autorizado.
• 2018. Se clausura el predio.
• 2022. Nuevamente se clausura el predio.
• 2023. Propone Gobierno de México la compra de terreno por 8 mil MDP.
• 2024. Se decreta Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto.
• 2026. Falla Tribunal y México deberá pagar 15-17 MDD a Vulcan.