ACUSAN IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE QROO
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REVELAN ENCUBRIMIENTO A DESVÍOS MILLONARIOS DE FUNCIONARIOS Y QUE “HAY MANO VERDE EN EL CONGRESO QUE MANIPULA AL AUDITOR”.
Por Jorge Luis Hernández
Una acusación cruda, directa y sin tapujos lanzó el legislador federal Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, al señalar a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo de proteger a funcionarios corruptos en la entidad.
La acusación directa alcanza al auditor general, Miguel Cheluja, al señalarle de frente que “las auditorías superiores no funcionan, han permitido el saqueo de los municipios y solo sirven a los gobernadores en turno”.
Añadió que, aun con pruebas y señalamientos directos, no presentan denuncias penales y dejan libres a presidentes municipales que atracan el erario público.
CONGRESO LOCAL NO HOMOLOGA REFORMAS FEDERALES
Agregó que “mientras los corruptos sigan libres, seguirán robando. La solución es meterlos a la cárcel”, sentenció.
A la vez, diversos actores políticos, analistas y medios locales han señalado también con frecuencia que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO) ha incurrido en opacidad y ha solapado irregularidades de las administraciones en turno.
Esta percepción de complicidad surge por la falta de sanciones contundentes ante el desvío de recursos públicos que se ha señalado reiteradamente.
Las críticas más comunes contra el organismo incluyen la falta de fiscalización efectiva, pues, a pesar de las denuncias ciudadanas y el incremento presupuestal de la dependencia, el organismo suele ser señalado por no realizar auditorías exhaustivas que frenen la corrupción.
DEPENDENCIA POLÍTICA
Explica que, al ser un órgano técnico del Congreso del Estado, en múltiples legislaturas se ha frenado la investigación de cuentas públicas, utilizándose más como una herramienta política que como un órgano imparcial.
Las críticas se han agudizado ante los aumentos salariales autorizados a los auditores en funciones, mientras persisten las observaciones en dependencias y municipios clave.
En el estado, estas denuncias se centran en el manejo de administraciones municipales como la de Tulum.
A nivel nacional, existen cuestionamientos sobre la actuación de las auditorías federales respecto al entramado financiero de políticos y empresarios del Partido Verde, por lo que en Quintana Roo no se presentan los únicos casos.
La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO) ha sido señalada de ser omisa o cómplice al solapar presuntas irregularidades y actos de corrupción atribuidos a funcionarios y militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad.
Las principales críticas van contra el órgano fiscalizador en los siguientes puntos:
- Omisión en la revisión de cuentas públicas.
- Se le acusa de avalar irregularidades financieras y el quebranto en las cuentas públicas de municipios gobernados por el Partido Verde, omitiendo sanciones severas, además de presuntos despojos inmobiliarios.
Miembros destacados del PVEM han sido vinculados con redes de servidores públicos acusados de apoderarse de propiedades lujosas a través de juicios laborales simulados, delitos que han avanzado con lentitud institucional.
También existen escándalos de lavado de dinero. Investigaciones de instancias federales han destapado tramas de lavado de dinero y desvío de recursos que apuntan directamente a la dirigencia y redes financieras del Partido Verde en Quintana Roo, operando con impunidad.
EN EL OJO DE INDAGATORIAS INTERNACIONALES
La red financiera de políticos y empresarios aliados del partido en el estado ha estado bajo la lupa de agencias de Estados Unidos, evidenciando una protección a nivel local que impide una justicia expedita.
CERO APLICACIÓN DE LA LEY, TOLERANCIA E IMPUNIDAD
La impunidad en la fiscalización de Quintana Roo es un problema sistémico. Aunque la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) ha reportado inconsistencias y presentado denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el índice de inacción es evidente.
Existen actualmente cientos de carpetas de investigación rezagadas sin ejercicio de acción penal.
Esta realidad tiene una explicación, al contar con el aval de la XVII Legislatura, que nombró de manera irregular al extesorero de la alcaldesa morenista de Othón P. Blanco, Miguel Cheluja Martínez, al frente de la Auditoría Superior del Estado debido a su cercanía con el grupo del Verde Ecologista, para maquillar los desfalcos financieros y las irregularidades cometidas por servidores públicos afines al bloque Verde-Guinda.
La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, bajo el mando del auditor Miguel Zogby Cheluja Martínez, ha cometido irregularidades graves y el incumplimiento de sus deberes legales al no auditar la totalidad de los recursos de las dependencias centralizadas pertenecientes al Poder Ejecutivo, dando lugar a diversas responsabilidades administrativas y, potencialmente, penales, tanto para la Auditoría como para los servidores públicos responsables.
RESULTADOS ALEGRES DE LA CUENTA PÚBLICA
Auditores internos denunciaron que fueron prácticamente obligados por altos mandos de la ASEQROO a convertir los Pliegos de Observaciones (PO), omitiendo un daño directo o perjuicio a la Hacienda Pública.
No toman en cuenta que sus observaciones son de naturaleza correctiva y se exige justificar el daño cuantificado. Si no se solventan, derivan en denuncias penales o responsabilidades administrativas graves.
En Solicitud de Aclaración y, peor aún, la mayoría de los pliegos en Recomendación. Por ejemplo, en una auditoría se simuló el servicio de mantenimiento de aires acondicionados, del cual no existen evidencias, pero la ASEQROO, en lugar de señalarlo como daño o presunto desvío de recursos, lo clasificó como una recomendación.
En términos generales, convertir un Pliego de Observaciones en Solicitud de Aclaración reduce significativamente la gravedad de la falta.
Permite al ente fiscalizado ganar tiempo para solventar las irregularidades sin una sanción inmediata, abriendo la puerta a posibles negociaciones o “auditorías a modo” que evitan consecuencias legales graves para los funcionarios.
Para la ASEQROO, bajo el mando de Renán Sánchez Tajonar, ningún funcionario del gobierno de Mara cometió irregularidades ni realizó mal uso de recursos, lo que representa una burla para los quintanarroenses.
También la ASEQROO auditó las ayudas sociales y las áreas de Tesorería de dependencias del Gobierno de Quintana Roo, así como de los 11 ayuntamientos, y de manera “milagrosa” no encontró ninguna irregularidad, señala Miguel Cheluja Martínez en sus auditorías de 2026.
Tan solo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que entre 2023 y 2024 el Sistema DIF Quintana Roo (DIFQROO), bajo el mando de Abril Cristina Alcérreca y Verónica Lezama, utilizó credenciales de personas fallecidas para otorgar despensas y justificar recursos. De ello no se dio cuenta la ASEQROO.
RED DE CORRUPCIÓN EN LA SEOP
En los pasillos de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) de Quintana Roo existen una serie de graves denuncias interpuestas por los propios trabajadores de la dependencia que sacan a la luz pública una presunta red de complicidad y corrupción orientada a la adjudicación de contratos millonarios de obra pública, beneficiando directamente a familiares y al entorno íntimo de los altos mandos de la institución.
Las acusaciones apuntan hacia la subsecretaria de Obras, Keyla Estefanía Reyes Soto, y a Sihomara Alejandra Ruiz Pérez, pareja del actual titular de la dependencia.
A la subsecretaria se le cuestiona severamente por un vertiginoso ascenso a puestos clave de toma de decisiones sin aparente sustento técnico, lo que ha despertado sospechas de una relación de conveniencia personal y económica.
La inconformidad social y laboral radica en que se acusa la aprobación de “pagos exprés” y una laxa supervisión en la calidad de las construcciones ejecutadas por empresas presuntamente ligadas al secretario y a su esposa, configurando un evidente conflicto de intereses que atenta contra el erario.
Para empeorar el panorama, los trabajadores denunciantes calificaron de indignante que funcionarios que emergieron de comunidades humildes, como Carlos A. Madrazo, hoy traten con prepotencia, desprecio y discriminación a los beneficiarios de los programas sociales del estado, contradiciendo los valores de justicia social impulsados por el gobierno de Mara Lezama.
Asimismo, acusaron el desvío de recursos públicos de la SEOP, tales como vehículos oficiales, vales de gasolina y viáticos, para el uso y beneficio de familiares que no guardan ninguna relación laboral con la institución.
Los trabajadores indicaron que, frente a estas presuntas anomalías, el actuar dentro de la SEOP violenta de forma flagrante el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el Artículo 109 de la CPEUM y el 160 de la Constitución del Estado de Quintana Roo.
Bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, las conductas denunciadas configuran presuntas faltas administrativas graves, como cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y conflicto de interés.
Cuando la corrupción escala al beneficio patrimonial privado, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo prevé sanciones por uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y tráfico de influencias.
Ante los datos expuestos, las instancias obligadas a actuar de oficio para auditar e investigar este entramado son la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO).
Se advirtió que el día de mañana se expondrá el papel de una pieza clave en la firma de estos contratos: la subsecretaria de Licitaciones, Sara Beatriz Arana.
FRENA ASEQROO DENUNCIAS
La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo presentó seis denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades detectadas durante los procesos de fiscalización.
Sin embargo, el auditor sostuvo que, por el sigilo de las investigaciones, no puede proporcionar detalles adicionales, al igual que ocurrió durante la comparecencia del fiscal anticorrupción de Quintana Roo, Edgar Ramírez, ante el Congreso del Estado.
“Estas denuncias corresponden a nuestro ejercicio; desde luego, por la secrecía de la investigación no podemos dar más información. Por ello, el fiscal anticorrupción tampoco precisó datos en su informe”, explicó.
Cabe recordar que en octubre de 2025 la XVIII Legislatura autorizó a la ASEQROO presentar las denuncias correspondientes a los 104 millones de pesos observados en la fiscalización de la Cuenta Pública 2023.
CUENTA PÚBLICA 2024
Zogby Cheluja reiteró que no puede revelar más detalles hasta que el proceso avance y, respecto a la Cuenta Pública 2024, explicó que en febrero de 2026 la Auditoría presentó el Informe General Ejecutivo 2024 y los Informes Individuales de Auditoría del Ejercicio Fiscal 2024 a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado.
Se emitieron 160 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 90 solicitudes de aclaración que permanecían en proceso de solventación.
En dicho informe se identificaron áreas clave de riesgo en municipios y Gobierno estatal por la falta de controles internos, planeación y diseño en la aplicación de los recursos, atribuidos a errores humanos.
Por último, el auditor explicó que las autoridades municipales y estatales continúan en el proceso de entregar las Cuentas Públicas 2025, y tienen como plazo el 30 de abril, a las 11:59 de la noche, para concluir con el proceso.
