Organizaciones civiles advierten debilitamiento del Sistema Anticorrupción tras reforma al CPC en Quintana Roo
Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la reciente reforma aprobada por el Congreso de Quintana Roo que permitirá la sustitución total de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción. A su juicio, la medida representa un debilitamiento de los mecanismos de vigilancia ciudadana y no atiende los problemas estructurales que enfrenta el sistema anticorrupción en la entidad.
A través de un posicionamiento conjunto, agrupaciones dedicadas a la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción señalaron que la decisión legislativa desarticula un órgano clave de representación ciudadana sin que exista una discusión integral sobre el funcionamiento del sistema.
Reconocen necesidad de evaluar el modelo anticorrupción
Las organizaciones indicaron que, a casi diez años de la creación de los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, resulta pertinente revisar sus alcances, identificar deficiencias y plantear ajustes que permitan fortalecer su efectividad y legitimidad ante la ciudadanía.
No obstante, advirtieron que cualquier proceso de reforma debe partir del reconocimiento de los retrocesos institucionales que han experimentado diversos organismos encargados de la transparencia, fiscalización y control gubernamental tanto en el ámbito federal como en los estados.
Critican la sustitución de integrantes sin una revisión de fondo
Los colectivos consideraron que reemplazar a todos los integrantes del CPC sin un análisis más amplio sobre el funcionamiento del sistema genera incertidumbre respecto al compromiso de las autoridades para consolidar una política anticorrupción efectiva en Quintana Roo.
Asimismo, destacaron que, pese a los desafíos existentes, la entidad había mostrado avances en comparación con otros estados. Entre las áreas de oportunidad identificaron la dificultad de los comités ciudadanos para consolidar vínculos permanentes con la sociedad y construir agendas de largo plazo en materia anticorrupción.
Participación ciudadana no debe ser descalificada
Las asociaciones subrayaron que reconocer las limitaciones del modelo actual no implica desacreditar la labor desarrollada por los órganos ciudadanos ni desconocer los logros obtenidos. Por el contrario, señalaron que las experiencias acumuladas deben servir para impulsar mejoras y rediseños institucionales.
En ese sentido, rechazaron que se atribuyan exclusivamente al CPC los resultados o deficiencias del Sistema Anticorrupción, al recordar que estos órganos carecen de facultades para investigar o sancionar directamente actos de corrupción.
Señalan responsabilidad de las instituciones públicas
Las organizaciones afirmaron que la lucha contra la corrupción corresponde principalmente a las instituciones del Estado, las cuales cuentan con atribuciones legales para prevenir, investigar y sancionar irregularidades.
Añadieron que las dependencias que integran el Comité Coordinador suelen trasladar responsabilidades hacia la ciudadanía, cuando son ellas las que deben asumir un papel más activo en el cumplimiento de sus obligaciones legales.
También insistieron en que las autoridades deben fortalecer sus capacidades de investigación, garantizar la aplicación de sanciones efectivas y desarrollar mecanismos de control que generen resultados tangibles para la población.
Llaman a un debate amplio sobre el futuro del sistema
Como parte de su pronunciamiento, las agrupaciones hicieron un llamado al Congreso estatal para promover un debate técnico, plural y abierto sobre el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción y sus expresiones locales.
Recordaron además que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) significó una reducción de los contrapesos institucionales en materia de acceso a la información pública, sin resolver las problemáticas que motivaron su desaparición.
Finalmente, sostuvieron que debilitar los mecanismos de vigilancia ciudadana afecta tanto a las instituciones como a la sociedad en su capacidad para prevenir actos de corrupción. Por ello, enfatizaron que las reformas deben orientarse a fortalecer la rendición de cuentas y la aplicación efectiva de sanciones, más que a reducir los espacios de participación ciudadana.
Piden mayor compromiso contra la corrupción
Las organizaciones concluyeron que el país requiere acciones concretas y resultados verificables en materia de combate a la corrupción, por lo que demandaron un mayor compromiso de las autoridades para construir instituciones transparentes, eficaces y abiertas a la participación de la ciudadanía.
