Órgano de administración renuncia y causa controversia
El recientemente formado Órgano de Administración del Poder Judicial de Quintana Roo enfrenta su primera crisis apenas al nacer. Yaneth Faisal Padrón presentó su renuncia, efectiva a partir del 5 de septiembre, solo cuatro días después de su nombramiento por el Congreso estatal el 1 de septiembre —una renuncia que ha dejado en evidencia tensiones internas y disputas de poder.
¿Qué sucedió?
Durante la sesión número tres del segundo periodo ordinario de la XVIII Legislatura, se dio lectura al oficio de dimisión. La renuncia fue justificada por “motivos personales”, sin embargo, se mencionan posibles diferencias políticas o administrativas con otros miembros del órgano.
Tras su salida, el Congreso deberá designar un nuevo integrante. Mientras tanto, el Órgano sigue funcionando con los dos miembros restantes, aunque esa situación genera presión para que se complete el triángulo administrativo previsto en la ley.
Detrás del cargo y la renuncia
El Órgano de Administración, según la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, está integrado por tres miembros: uno designado por cada poder del Estado. Faisal fue propuesta por el Poder Judicial, mientras que sus contrapartes son Rafael Manuel Ponce Pacheco (también del Judicial) y Cristina Alcérreca Manzanero (poder Ejecutivo)
Ponce es visto como cercano a Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, lo que ha alimentado rumores sobre luchas por el control del presupuesto y recursos del Poder Judicial.
La disputa por la sede
La controversia no solo se limita a nombres, sino también al lugar físico del órgano. Aunque la Constitución del estado señala que la capital (Chetumal) debe acoger los tres poderes, un acuerdo reciente establece que la sede principal del Órgano estará en Cancún, con una representación local en Chetumal.
Esto desató críticas sobre una posible desviación institucional hacia Cancún, que podría alterar el equilibrio político y simbólico en el estado.
Contexto legal e implicaciones futuras
Este incidente pone de relieve la fragilidad institucional del nuevo órgano, y la urgencia de fortalecer su capacidad operativa. La renuncia ha activado el mecanismo legal para nombrar un sustituto y también reabre el debate sobre la sede y el control real del presupuesto judicial.
Asimismo, la situación deja en evidencia tensiones entre los poderes estatal y judicial que recién se estaban empezando a modular bajo la nueva ley.
