Quintana Roo es el tercer peor estado del país en el combate a la corrupción
Quintana Roo es el tercer peor estado del país en el combate a la corrupción de acuerdo con el cuarto reporte del Índice de Estado de Derecho en México (Iedmx) 2021-2022 del World Justice Project (WJP).
“Hay un retroceso en el estado de derecho; va a la baja el apego de entes públicos —poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial—- y privados a cumplir con la ley; se han debilitado los contrapesos al poder de los gobiernos estatales, y se ha reducido la efectividad de las justicias penal y civil.
El organismo resaltó que —como el año anterior— ningún estado llega ni a la mitad de calificación idónea, en una escala de cero a uno; y que el descenso alcanza 14 entidades donde van a la baja contrapesos al poder, la transparencia, el combate a la corrupción y la justicia.
Quintana Roo es el tercer peor estado del país en el combate a la corrupción
Quintana Roo es el tercer peor estado del país en el combate a la corrupción
Los estados con las mejores puntuaciones son Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46); y Guerrero (0.34), Morelos (0.35) y Quintana Roo (0.36) las peores; a nivel nacional el promedio es 0.41. El puntaje mejoró en seis entidades y cayó en 14; mientras que en 12 permaneció sin cambios.
El Iedmx se realiza con base en 12 mil 800 entrevistas cara a cara en las 32 entidades, a ciudadanos en general y a dos mil 100 especialistas, y mide la percepción del estado de derecho en situaciones cotidianas, con una metodología multidimensional que evalúa 44 indicadores en ocho categorías.
“No se mide solo desde la perspectiva de jueces y tribunales, sino con restricciones en los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal”, se lee en el documento.
Alejandro González Arreola, director de proyectos del WJP, sostuvo que este año fueron más los estados en retroceso, lo que contrasta con las ediciones anteriores por tres tendencias: debilitamiento de contrapesos a los gobiernos estatales; deterioro en sistemas de justicia, y falta de avances anticorrupción.
Además, la medición desde las entidades del país “está en niveles precarios”, y en comparación con los tres índices anteriores del WJP “hay un estancamiento, si no es que un retroceso”.
La presentación fue en el Senado a invitación de Emilio Álvarez-Icaza Longoria, quien alertó que “estamos en regresión, no en transición”, y sistemas como el de transparencia, electoral, derechos humanos “están dinamitados y hay erosión”, mientras se fortalece la militarización con 246 funciones.
Recordó que tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador se consideró que “la autoridad moral es suficiente” y se vive un fenómeno donde se argumenta que “hay legitimidad en la urna que alcanza para cualquier acto de gobierno. No es el cumplimiento de la ley, transparencia y respeto a la autoridad electoral”.
Al contrario, “decretazos como el que se ordenó para sus megaobras con suspensión de trámites, plazos, excepciones, dan cuenta de la falta de estado de derecho, pues ya lo dijo el propio presidente, ‘«no me vengan con que la ley es la ley»”, dijo por su parte la senadora panista Kenia López Rabadán.
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