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Parches a la Ley de Movilidad

Parches a la Ley de Movilidad

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Parches a la Ley de Movilidad

Desde la llegada de Rodrigo Alcázar Urrutia al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), ha estado en constante sospecha de corrupción, tráfico de influencias y uso de facultades de manera discrecional.

Para la mayoría de los trabajadores del transporte público en los 11 municipios, no es extraño que tengan que pagar una “cuota” que los choferes de combis tienen que pagar para poder circular por la ciudad con sobrecupo de pasajeros y evitar multas. Los chafiretes están obligados a pagar de 10 a 15 pesos todos los días por unidad, en la mañana y en la tarde; al no hacerlo, los inspectores de Imoveqroo se dan a la tarea de seguirlos, quitarles la licencia de conducir e insistir para que realicen su pago.

Ayer, las y los diputados aprobaron modificaciones a la Ley de Movilidad, no sin antes emitir sus opiniones respecto al “parche” que le ponen cuando se trata de buscar recaudar más dinero a través del Instituto de Movilidad o de entrega de concesiones de manera discrecional.

La modificación a la Ley de Movilidad es que las personas conductoras de una motocicleta y sus acompañantes, están obligadas a usar casco de seguridad, debidamente colocado y abrochado, el cual deberá contar con la estampa del número de placa correspondiente, así como portar un chaleco reflejante que tenga impreso el número de la placa, los cuales deberán ser otorgados por la autoridad competente.

Para ello, el Estado deberá otorgar de manera gratuita la estampa con el número de placa para el casco y el chaleco reflejante, a través de un programa denominado “Programa de Suministro de Estampas para Cascos y de Chalecos para las Personas Conductoras de Motocicletas en el Estado de Quintana Roo”.

Sin embargo, durante el debate de los cambios a la Ley, “No somos fontaneros del Instituto de Movilidad”, les dijo Julián Ricalde Mañana y señala que cada día le quitan más facultades a los municipios en materia de recaudación; primero fue el derecho de las licencias, ahora la enajenación de bienes, así como la facultad del director de Movilidad, Rodrigo Alcàzar, para la entrega de concesiones de manera discrecional.

“El ejemplo es Cozumel, con los mototaxis, porque Imoveqroo (Instituto de Movilidad) no está haciendo su trabajo, no hay programas de seguridad vial, no hay una interacción real con los municipios”.

Por otro lado, Cinthya Yamilie Millán Estrella, explicó que la ley de Movilidad costó 15 millones de pesos y no ha quedado bien, a pesar de que se anunció con “bombo y platillos” de que sería el aporte legislativo a la sociedad. “Está solo parchada; las reformas solo son recaudatorias”.

Candelaria Ayuso Achach comentó que la ley no funciona por eso la Ley de Movilidad es la más reformada desde la legislatura pasada, “la iniciativa continúa con la estrategia para reformar y subsanar los errores cometidos; preocupa las atribuciones del Director, en el (artículo) vigésimo cuarto y vigésimo cuarto bis, en el artículo 25, concentra todo en el director, no en el Consejo. El Artículo 113 es recaudatorio. El 172, que habla sobre las licencias de conducir, también es recaudatorio”. Ahí se las dejo…

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Desde el siete de abril de 2014, Quintana Roo cuenta con una unidad para atender a familiares y amigos de personas desaparecidas; creada mediante Decreto número 97, se expide la Ley de Víctimas del Estado, misma que en su artículo 98 establece la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVEQROO).

Sin embargo, debido a la opacidad, las y los quintanarroenses no sabemos a ciencia cierta si cumplen a cabalidad con su responsabilidad que es la ejecución de los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas, por lo cual estará a cargo del Registro Estatal, del Fondo Estatal y de la Asesoría Jurídica Estatal.

Hoy existe una exigencia justificada de las “Madres Buscadoras de Quintana Roo”, para pedirle a las autoridades competentes, como la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Raciel López Salazar, resultados de los más de 1 mil 200 desaparecidos en la entidad; así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, destinar los recursos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas. Al tiempo…

Martín G. Iglesias
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