El procedimiento, organizado por la Secretaría de Hacienda, operó este año bajo reglas distintas. La dependencia eliminó el esquema de subasta inversa que funcionó durante seis años y lo sustituyó por un formato de oferta única. Con ello, cada participante debió subir una sola propuesta económica sin oportunidad de modificarla en tiempo real.

La convocatoria también fijó un descuento inicial obligatorio de 2.75%. Esta condición redujo el monto base —10 mil 337 millones 990 mil pesos— a un Precio Máximo de Referencia de 10 mil 053 millones 695 mil pesos, parámetro que definió el techo de las propuestas.

Solo dos empresas se presentaron en esta edición. Broxel ofreció un descuento de 3.01% y Toka Internacional uno de 2.84%. En el caso de Broxel, la plataforma mostró en ceros los apartados donde corresponde capturar el precio unitario, el importe sin impuestos y el total de la oferta económica, información que debe coincidir con el documento PDF cargado por el licitante.

Fuentes del sector señalaron que un proceso consolidado previo registró un escenario similar: un proveedor obtuvo la adjudicación aun cuando la plataforma mostraba valores en ceros en los campos obligatorios. Ese antecedente incrementó la atención sobre el criterio que aplicará ahora la autoridad al determinar el fallo.

Esta licitación incorporó además un ajuste logístico. El tiempo para entregar las tarjetas electrónicas se redujo a cinco días naturales, en contraste con los 10 días hábiles establecidos anteriormente. En caso de resultar adjudicatario, el proveedor deberá distribuir 800 mil tarjetas en más de 2 mil 100 puntos del país en ese plazo.

La operación exige también capacidad financiera para adelantar más de 10 mil millones de pesos en un periodo corto. Broxel participa de forma paralela en contratos de gran escala, como el de vales del Gobierno de la Ciudad de México y otros programas federales que representan compromisos por varios miles de millones de pesos.

Especialistas consultados explicaron que los tiempos acotados elevan la probabilidad de errores en la personalización, activación o distribución de las tarjetas. Una falla en cualquiera de esos procesos afectaría la entrega de vales de fin de año a cientos de miles de trabajadores federales y la operación regular de más de 200 dependencias.

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