El partido naranja pretendia que se hiciera un nuevo análisis de la votación del pasado 2 de junio, y así lograr que se le otorgara una diputación plurinominal más, pues a MC le correspondió sólo una diputación plurinominal, para José Luis Pech.

De acuerdo al Teqroo, el Movimiento Naranja presentó su inconformidad el día 14 de junio, un día despues de lo que la ley estipula; La legislación electoral dice que los partidos tienen hasta 4 días, a partir de que fueron notificados, para presentar impugnaciones.

Movimiento Ciudadano fue notificado del reparto de las pluris el 9 de junio, y tenía hasta el día 13 de junio para impugnar, pero lo hizo hasta el 14, un día después por lo que ya no procedió. Está decisión fue el resultado de la votación unánime por los tres magistrados del Teqroo.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa, concluyo que el Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo, no enjuicio con perspectiva de discapacidad las impugnaciones de las plantillas de dos coaliciones en Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco por lo que decidió anular dichas candidaturas, pues para ellos, las cuatro personas que fueron “impugnadas” no acreditaron su condición de discapacidad, por lo que se les se concedió un plazo de 72 horas para sustituirles en las mismas.

Debido a la impugnación de dos personas civiles que presentan discapacidad, a las acciones afirmativas que el Instituto electoral de Quintana Roo(Ieqroo) y Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ya habían validado, el caso fue llevado a análisis de la Sala Regional de Xalapa.

Después del análisis de la impugnación, la Sala Regional del TEPJF sede Xalapa determinó la revocación de cuatro candidaturas, por la “Coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo” son, la candidata a Regidora en Othón P. Blanco, Yamina Rosado Ibarra; el postulado como Síndico en Solidaridad, José Luis Toledo Medina, y su semejante en Cozumel, Ana Gabriela Arana Marín; por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo” se anuló la candidatura de Sonia Betancourt Castro, como candidata a Regidora por Othón P. Blanco, quien fue duramente criticada en redes sociales, pues los mismos habitantes pusieron en duda que tuviera alguna discapacidad.

Para tal fallo, la Sala Regional Xalapa se basó en que tales personas no acreditaron sus condiciones como discapacitados, además que el Tribunal electoral de Quintana Roo(Teqroo), no juzgó la impugnación con perspectiva de discapacidad, lo cual confunde las garantías individuales de las personas que sí tienen tal condición de discapacidad.

A los partidos (coaliciones) se les concedió un plazo de 72 horas a partir del informe formal, para que puedan asignar a nuevos candidatos, aunque este resolutivo también puede ser impugnado.

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La impugnación del PRI alegaba que no se cumplía la paridad transversal en la alianza de la 4T en el bloque de alta competitividad, el cual incluye municipios donde la alianza tiene mayores probabilidades de ganar, como Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Puerto Morelos y Cozumel. Sin embargo, el Teqroo determinó que en este bloque se cumple con la paridad transversal, ya que hay igual cantidad de candidaturas masculinas y femeninas.

Tribunal Electoral de Quintana Roo Ratifica Candidaturas Impugnadas

El error del PRI radicó en confundir el destino de la impugnación, ya que la falta de paridad transversal se presentaba en MORENA individualmente, no en la alianza en su conjunto.

En la misma sesión, el Teqroo también desechó un juicio presentado por Nallely Guadalupe Gómez contra la inclusión como candidata en la planilla de MORENA de Sonia Betancourt Castro y su suplente, ambas bajo la acción afirmativa por discapacidad. El argumento de la impugnación se basaba en que ninguna de las dos candidatas tenía una discapacidad permanente. Sin embargo, el tribunal desestimó el juicio por falta de interés jurídico de las denunciantes y confirmó las candidaturas de las morenistas.

Estas decisiones del Teqroo resaltan la importancia del cumplimiento de los requisitos legales para las candidaturas y la necesidad de una correcta interpretación de las normativas electorales por parte de todos los actores involucrados en el proceso electoral.

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El 15 de marzo, el ciudadano entregó el expediente del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la Dirección Jurídica del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que impugna el acuerdo INE/CG232/2024 de fecha 29 de febrero del presente año, con el que se aprobaron las candidaturas a senadoras y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa,

En la demanda, Uuh Chí acusa al INE de invalidar los criterios de acciones afirmativas, vulnerando así los derechos de participación y representación indígena de los pueblos y comunidades originarias al otorgar candidatura a Anahí González Hernández en Quintana Roo, con declaraciones falsas y documentación que la autoridad electoral no verificó.

En el documento se cuestiona que Morena y sus aliados pretendieron acreditar la identificación indígena de Anahí González con una constancia expedida por el sacerdote y juez tradicional maya de X-Yatil, municipio de Felipe Carrillo Puerto, la cual es una comunidad distinta de la que declaró ser al inicio, San Juan de Dios, del municipio de Tulum; En dicha constancia se pretende acreditar su pertenecia al pueblo maya porque realizó “visitas y pláticas”en el lugar, pero los usos y costumbres mayas indican que para estar unido a sus comunidades deben haberse realizado trabajos comunitarios en la misma, cosa que González Hernández no acredita.

Además, menciona que la candidata no se identifica públicamente como indígena, pues ni sus publicaciones de redes sociales en campaña solo dice “candidata al Senado”, pero nunca menciona ser indígena, incluso en los datos dados de alta en el Sistema de Información Legislativa como diputada federal no se menciona que sea indígena, por lo que Uuh Chí  alega que Anahí González no presentó vínculo comunitario con la comunidad que dijo representar, por lo que incumplió con el requisito de autoadscripción calificada, y pese a eso el INE le dio el registro, yendo en contra de sus propios Lineamientos.

En cumplimiento de los trámites de ley, el sábado 16 de marzo el Instituto Nacional Electoral, realizó la publicación de la demanda para darla a conocer a los interesados, misma que estubo  disposición del público hasta el martes 19 de marzo, después de lo cual, con sus documentos que integran el expediente, será turnado a la Sala Xalapa del TEPJF para que se encargue de la atención y resolución del caso.

Dicha impugnación también señala que el INE omitió requerir otros documentos para constatar la pertenencia cultural de la candidata, por lo que exige al Tribunal Electoral federal que realice el análisis de la elegibilidad de Anahí González, a fin de determinar si cumple o no con los requisitos de la acción afirmativa indígena, por lo que pidió al Tribunal que ordene al INE otorgarle una copia del expediente de registro de Anahí González Hernández, que se encuentra en el INE, para contar con elementos suficiente para señalar el fraude en dichas acciones.

Cabe recalcar que, anteriormente, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa), agrupación maya representada por Hermelindo Be Cituk, anunció igual la impugnación de la candidatura de Anahí González Hernández, por información falsa para obtener el registro como candidata indígena, dicha asociación civil indicó que entre las declaraciones falsas de Morena, PVEM y PT para registrar a la candidata, están; Se autoadscribe a la comunidad San Juan de Dios, municipio de Tulum, del estado de Quintana Roo, localidad ubicada en medio de la selva al sur de Cobá, que es de conocimiento público que la candidata nació en Cancún, municipio de Benito Juárez, y así lo indica su acta de nacimiento, y el dato está registrado inclusive ante el Congreso de la Unión, no de la comunidad San Juan de Dios, también se manifestó ser hablante de la lengua maya, cuando es de conocimiento público que no habla dicho idioma.

Como indica la impugnación, la Constancia de Adscripción que presentó la candidata la emitió el sacerdote maya y juez tradicional de la comunidad de X-Yatil, del  municipio de Felipe Carrillo Puerto, quien declaró e hizo constar que Anahí González Hernández es perteneciente a la etnia maya, integrante activa; precisamente en X-Yatil fue donde Anahí González Maya y el candidato Eugenio Segura Vázquez hace unos días para recibir la designación de “hermanos mayores”, en una ceremonia que encabezó el mismo sacerdote maya y juez tradicional que le dio la constancia a la candidata.

Lo que más contrariedad ha generado de todo esto, no es que Morena haya registrado a Anahí González con información y declaraciones falsas; sino que el INE tuvo a la vista también documentación que contradice esos datos y que son pruebas feacientes de que son falsedades, porque se trata de documentos públicos, a pesar de eso, el INE le otorgó el registro, y además, el propio instituto declaró “se comprueba que es hablante de la lengua maya como lengua materna”, algo que no es verdad y que inclusive quedó de manifiesto públicamente en la reciente ceremonia realizada en X-Yatil, donde la candidata sólo emitió un saludo en maya aprendido y utilizó traductores para comunicarse con los ciudadanos de la comunidad.

Ahora solo queda esperar el análisis para saber si continuará como candidata indígena al Senado.

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Y es que de acuerdo con el Teqroo, si bien fue correcto el desechamiento de quejas, al estar fundadas solo en publicaciones correspondientes a notas periodísticas, el Ieqroo no fue minucioso respecto a las publicaciones referidas en las quejas acumuladas, donde se denunció el supuesto favorecimiento en las encuestas hacia la alcaldesa de Benito Juárez.

Al solventar el recurso de apelación RAP/046/2024, el Tribunal concluyó que el partido del Sol Azteca tramitó su queja por la vía equivocada.

“ya que debió se debió hacer  a través del PES (Proceso Especial Sancionador) y no del POS. En consecuencia el Consejo General es incompetente para ello” indicarón.

Es por ello que los magistrados decidieron modificar el acuerdo impugnado, esto quiere decir que el PRD podría interponer de nuevo su queja, perohora debe ser por la vía correcta, y el Ieqroo deberá reanalizar la denuncia por la difusión y publicación de encuestas que según favorecen a la presidenta municipal Ana Paty Peralta de la Peña.

Hay que mencionar que el proyecto presentado fue aprobado por unanimidad de votos por los magistrados del Tribunal Electoral del estado.

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Sin embargo, los magistrados confirmaron la fórmula que utilizó el Instituto Electoral del estado, que se basó tanto en la legislación local como en la sentencia del JRC 041/2019 de la Sala Xalapa del TEPJF, que definió la forma del reparto de plurinominales en la elección local de 2019.

La decisión del Teqroo confirma el reparto de los 10 plurinominales, que correspondieron 3 para MORENA, 3 para el PVEM, y para el PAN, PRI, MC y MAS, uno a cada uno.

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El Congreso de Quintana Roo determinó no modificar el presupuesto aprobado para el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en 2022.

También exhortó al órgano electoral a que “se ajuste a las medidas de austeridad implementadas a causa del déficit económico del Estado”.

En “fast track” los diputados aprobaron el dictamen con 14 votos a favor, es decir, unanimidad de los presentes.

Para así cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).

Misma que ordenaba al Poder Legislativo analizar el Presupuesto de Egresos de 2022 en los que se incluían los recursos destinados al Ieqroo.

Pero no aumentaron los recursos solicitados por el órgano electoral.

Confirmación

La presidente de la Mesa Directiva, Tepy Gutiérrez dio lectura al dictamen.

En el que se confirmó el monto autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo para Ejercicio Fiscal 2022.

Este, publicado en el periódico oficial del Estado, el 21 de diciembre 2021.

“Una vez efectuado el análisis del presupuesto de Egresos, se confirma el presupuesto aprobado mediante el Decreto 190.

“En el que se otorgan al el Instituto Electoral de Quintana Roo 408 millones 522 mil 319 pesos”, indicó.

Y destacó: “se exhorta al Instituto Electoral de Quintana Roo se ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2022.

“Para estar acorde con las medidas de austeridad y reducción del déficit estatal que ha tomado el sector central”.

Los diputados detallaron que el Ieqroo deberá enfocarse en la eficiente distribución de los recursos en las áreas prioritarias.

Así como promover economías y ahorros tal como lo aprobó el Acuerdo Electoral de su Consejo General.

Historial

Como se recordará, el Ieqroo había reclamaba una reducción de 62 millones 249 mil 122 pesos al presupuesto aprobado.

Éste, para ejercer este año de proceso electoral, de los 470 millones 771 mil 041 pesos que había solicitado.

Ante la inconformidad acudió a tribunales, sin embargo, la sentencia del Teqroo solo ordenó al Poder Legislativo realizar un nuevo análisis del presupuesto.

Más no aumentar los recursos del Ieqroo.

De tal manera que los diputados acataron, pero no aprobaron “proporcionar” más recursos al instituto.

Así, las cosas quedan sin modificaciones al presupuesto del Ieqroo, según lo determinó el Congreso del Estado.

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El Congreso de Quintana Roo hizo mal sus cuentas para la elección, determinaron los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).

A dos meses de haber iniciado el proceso electoral y a menos de un mes para las campañas políticas, el Teqroo ordenó al Congreso del Estado discutir nuevamente el presupuesto electoral.

Esto, por haber incurrido en varias violaciones a la constitución al aprobar un presupuesto reducido sin una fundamentación ni justificación jurídica.

En una histórica resolución a nivel local, los magistrados electorales corrigieron la plana a la máxima autoridad encargada de la autorización del presupuesto.

Pues consideraron que los legisladores no justificaron el recorte aplicado al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

El asunto corresponde al juicio electoral JE/001/2022, presentado por el Ieqroo.

Mismo en el que se aduce que el Congreso del Estado violó los principios de certeza y legalidad jurídica.

Así como de autonomía de ese instituto al aprobar su presupuesto, que genera una insuficiencia presupuestal.

Lo que ocasiona una afectación a las actividades y obligaciones constitucionales y legales del instituto electoral.

No cuadran

Según los magistrados, una simple operación matemática revela que los números utilizados por el Congreso estatal no cuadran.

Esto, al haber usado un dato erróneo al momento de sus cálculos.

Pues en los artículos transitorios del decreto 190, los legisladores establecieron que la reducción al Ieqroo es de 50 millones de pesos descontados de 458 millones 522 mil 319.

Cuando el monto solicitado por el árbitro electoral era de 470 millones 771 mil 441 pesos.

“Es dable establecer que dicho decreto adolece de legalidad y certeza jurídica al no contener la fundamentación y motivación jurídica que lo sustente (…).

“Resulta evidente que la autoridad responsable al emitir el decreto impugnado fue omisa a dicho principio constitucional de una debida fundamentación y motivación”, indica la propuesta de sentencia.

En su argumento, los magistrados recordaron que:

El Ieqroo presentó una propuesta presupuestal tanto al Congreso del Estado como a la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal (Sefiplan).

Esta fue de 470 millones 771 mil 441 pesos, por lo que es un hecho notorio que el Congreso sí conocía los números reales solicitados por el Ieqroo.

El pleno del Teqroo ordenó al Congreso analizar, discutir y emitir un nuevo presupuesto para el Ieqroo.

Este debe estar debidamente fundado y motivado, en un plazo máximo de 15 días naturales.

Así, ordenan revaloración de gastos para elecciones al Congreso del Estado, según dio a conocer el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

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El Congreso del Estado aprobó hoy dos reformas importantes para el próximo periodo electoral.

Además, dejó “congelada” por el momento la iniciativa para que la próxima gubernatura sea de seis años.

Por un lado, se aprobó por unanimidad una reforma constitucional para que las campañas de las elecciones a gobernador ya no sea de 90 días sino de 60.

En este caso, como es reforma constitucional debe ser aprobada por los cabildos esta misma semana.

Y luego publicada en el Periódico Oficial del Estado antes del 5 de octubre, para que sea válida en la elección de 2022.

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Presidencia del Teqroo será por 3 años

Por otro lado, se aprobó una reforma al artículo 222 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

Lo anterior, para que la presidencia del Tribunal Electoral del Estado sea de tres años.

La actual presidencia que ejerce el magistrado Víctor Vivas fue de dos años y se vence en diciembre próximo.

Allí se deberá elegir a Claudia Carrillo Gasca o Sergio Avilés Demeneghi como nuevo presidente.

Y estará en el cargo por un periodo de tres años.

A quien ocupe esa presidencia le tocará estar en ese cargo en la elección de gobernador y diputados locales de 2022.

Así como la de ayuntamientos y diputados locales de 2024.

Gubernatura sigue siendo de 5 años

En cuanto a la iniciativa para que la gubernatura sea de 6 años (la ley actual dice que sería de 5), aún no logra consenso en comisiones.

En la tarde de este miércoles las comisiones que tratan el tema no pudieron juntar quórum.

Por lo cual la iniciativa no podría ser tratada sino hasta la próxima semana.

Como el caso de las campañas, se trata de una reforma constitucional.

Por lo que debe estar aprobada y publicada antes del 5 de octubre, por lo que su tiempo se agota.

Así, el Congreso frena gubernatura de 6 años y deja el asunto “congelado”, mientras aprobó que la campaña sólo sea por 60 días.

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Cabe recordar que fue en el 2017 cuando se redujo un año la presidencia del Teqroo, que era de tres años; es decir se bajó a dos años; ahora Cristina Torres, diputada de Morena propone que vuelva a ser de tres años, porque contribuye a la estabilidad y a un mejor desempeño de quienes la ejercen.

La legisladora morenista destacó que será el próximo mes de diciembre cuando el actual presidente Víctor Vivas Vivas deje ese cargo, mismo que será reemplazado por Claudia Carrillo Gasca o Sergio Avilés Demeneghi, pero se trata de perfiles políticos muy diferentes, acotó.

Dos perfiles para el Teqroo

Y al hablar sobre esos dos perfiles variados; la legisladora por Morena dijo que Claudia Carrillo es más cercana al grupo político de la actual alcaldesa Mara Lezama y a ese sector del morenismo, mientras que Sergio Avilés ha sido vinculado políticamente con la senadora Marybel Villegas, quien suspira por la gubernatura de Quintana Roo al igual que Mara.

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En caso de que la reforma prospere, a quien asuma la presidencia le tocaría estar en el cargo tanto en la elección a gobernador de 2022 como en la de Ayuntamientos y Congreso local de 2024, finalizó. (Con información de La Opinión de Quintana Roo)

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