Por Silvia Hernández Martínez

No obstante la advertencia de colectivos ambientalistas y hasta de artistas para que no se construyera el tramo 5 del Tren Maya, la obra se ejecutó y hoy sufre las consecuencias de haberse hecho, con el hundimiento de pilotes en esa parte, por lo que ahora piden una investigación a fondo, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las denuncias de manera afirmativa para que se informe a detalle lo que está ocurriendo en Quintana Roo.

Mientras tanto los ambientalistas de Quintana Roo, piden una investigación imparcial con expertos en torno al hundimiento de pilotes del Tren Maya, además de frenar proyectos depredadores para beneficio de inmobiliarias en Tulum.

La avezada periodista Patricia Argonza de Quintana Roo, señala en una entrevista que le concedió José Urbina, del grupo ambientalista Sélvame del Tren en Quintana Roo, “celebró la respuesta de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y solicitó una investigación a fondo y un dictamen técnico serio tras la difusión de videos en redes sociales que denuncian el presunto hundimiento en los pilotes del tramo 5 sur del Tren Maya”.

“Sin embargo pidió que no sea el mismo personal que realizó la obra quien realice la inspección”. “En entrevista dijo lo siguiente: “es importantísimo que no manden a revisar a la misma gente que cometió este crimen, no les puedes pedir a quienes construyeron y cometieron el error que sean los que revisen y califiquen”, dice la nota de Argonza.

Continúa señalando que “el tramo 5 del Tren Maya abarca aproximadamente 111 km en el estado de Quintana Roo, conectando desde la estación del aeropuerto Cancún hasta el aeropuerto de Tulum. Asimismo, pidió al gobierno federal frenar proyectos depredadores para beneficio de inmobiliarias en Tulum haciendo referencia al libramiento, consiste en una autopista tipo a2 de 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una sección de 12 m de ancho, con una longitud total de 26 km.

“Integrante del grupo ambientalista Sélvame del Tren… “este camino es sólo y únicamente para beneficiar a la especulación inmobiliaria; este camino que plantean sobre el sistema Sac Actún, por más de 16 kilómetros sobre la selva es prueba de que aún se insiste en destruir la selva para que los inversionistas tengan un beneficio pronto perjudicando a toda la población”.

Cabe mencionar –señala la periodista– que hace casi un año, el 16 de abril del 2025, ciudadanos defensores de los cenotes acudieron ante la PROFEPA denunciar la devastación ilegal de selva entre Tulum y Playa del Carmen, en la apertura clandestina de un ancho camino que avanzó rumbo a la carretera hacia Cobá sobre el sistema de ríos subterráneos Sac Actún.

Asimismo refiere que el entrevistado alertó sobre que “hoy como nunca antes está en riesgo el acervo arqueológico, paleontológico de la zona, el corredor biológico que alberga especies en peligro de extinción como los jaguares, murciélagos aves y sobre todo esta en peligro el acuífero”.

“Por último, señaló que tan solo con el trazo del Tren Maya, hasta el momento suman más de mil hectáreas devastadas, aunado a los daños provocados por las sascaberas que se crearon para proveer de materiales a los trabajos del Tren Maya y todos los caminos aledaños que están siendo invadidos de manera ilegal dentro de la selva; de tal manera que flora y fauna del lugar han resultado dañados al igual que el acuífero”, finaliza.

Cabe mencionar que el colectivo ambientalista Sélvame del Tren ha denunciado activamente el hundimiento y la inestabilidad de los pilotes (columnas) en el Tramo 5 Sur del Tren Maya, que conecta Cancún y Tulum en Quintana Roo.

Hundimiento y trabajos de apuntalamiento: Sélvame del Tren exhibió, mediante evidencias visuales, que varios pilotes instalados sobre cenotes y ríos subterráneos presentan hundimientos verticales. En consecuencia, el Ejército Mexicano está realizando trabajos de apuntalamiento y reforzamiento, intentando evitar un colapso mayor.

Zona kárstica e inestabilidad: Advierten que la cimentación se realizó en un terreno kárstico (roca caliza frágil y porosa), lo que provoca que los pilotes no tengan la firmeza necesaria y se hundan debido a la perforación masiva y el peso de la estructura, situación agravada por las microvibraciones del tren.

Prueba de las fallas: Conversión a “zapatas”: El ambientalista José Urbina señaló que las reparaciones actuales incluyen la conversión de las columnas en zapatas (una base más amplia) para intentar distribuir el peso, lo que consideran una prueba de la falla estructural original.

Corrosión y contaminación: Además del hundimiento, reportan corrosión avanzada en las camisas metálicas de las columnas que se introdujeron en el agua de los cenotes, lo que libera materiales contaminantes al acuífero de la Riviera Maya.

Riesgo de seguridad: Guillermo D’Christy, miembro de la organización, advirtió que la inestabilidad de la cimentación pone en riesgo el viaducto elevado.

La organización ha mantenido que estas fallas eran predecibles y que ocurren al no escuchar las recomendaciones técnicas sobre la fragilidad del ecosistema subterráneo de la región.

Otros depredadores: las inmobiliarias

Pero no solo el Tren Maya se ha convertido en enemigo de la selva de Quintana Roo, sino que existen otros depredadores a los que no se les ha puesto un alto y son las inmobiliarias, grandes y chiquitas, además de otros prestadores de servicios y aunque se presenten denuncias ambientales, solo un 5 por ciento llega a un juez, permitiendo así la depredación y la corrupción que existe tras la deforestación para la construcción de inmuebles.

Diversas organizaciones ambientalistas, ejidatarios y reportes de investigación señalan que el desarrollo inmobiliario y turístico desordenado ha causado una grave depredación de la selva en Quintana Roo. Se reporta una pérdida acumulada de más de 112 mil hectáreas de selva entre 2016 y 2025.

La construcción de hoteles, residencias de lujo, restaurantes y campos de golf ha arrasado con la selva, manglares y dunas, además de que los proyectos han rellenado y contaminado cenotes, afectando el sistema de agua dulce y los ecosistemas subterráneos.

La fauna, incluido el jaguar, está perdiendo su hábitat

La fauna, incluido el jaguar, está perdiendo su hábitat, lo que provoca desplazamientos y muertes, como se ha documentado en proyectos de la Riviera Maya.

Se han denunciado presiones y despojos a ejidatarios para ceder tierras a desarrollos inmobiliarios, particularmente en la zona de Puerto Morelos.

Algunas autoridades han comenzado a revocar autorizaciones de impacto ambiental a proyectos que incumplen las normas, buscando frenar el daño en la zona y supuestamente la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo ha iniciado acciones para sancionar proyectos que causan daños a la fauna.

Sin embargo, los proyectos siguen ejecutándose y la autoridad no ha informado sobre sanciones o clausuras y es que al parecer le importa más al gobierno del estado cobrar las contribuciones, los impuestos de todo tipo, que resultan ser millonarios para el presupuesto del gobierno estatal.

Por ello la expansión constante busca a menudo vender un concepto de “lujo en la naturaleza”, lo cual, según Greenpeace, resulta contradictorio ya que destruye el ecosistema que da valor a la zona.

Ingresos al gobierno del estado por concepto de impuestos

Los hoteles, centros turísticos y restaurantes en Quintana Roo pagan impuestos tanto al gobierno del Estado de Quintana Roo como a la Federación (Gobierno Federal), dependiendo del tipo de impuesto.

Las obligaciones fiscales estatales

1. Impuestos recaudados directamente por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ):
   -Impuesto al hospedaje.
   -Impuesto sobre nómina.
   -Derecho de saneamiento ambiental.
   -Nuevo impuesto (2025-2026): Se han aprobado tasas adicionales que gravan hospedaje y restaurantes para fortalecer la infraestructura turística.

El gobierno del estado no estaría a favor de clausurar a devastadores, porque tienen que pagar impuestos por sus negocios.

Colectivos, población, ambientalistas independientes contra inmobiliarias

Y mientras las autoridades se quedan inmóviles para evitar que la devastación continúe, los colectivos ambientalistas, los independientes, la población, ejidatarios, en general el pueblo de Quintana Roo, está en contra de que las inmobiliarias se extiendan dada la depredación de flora y fauna que vive su estado y han exigido hasta en manifestaciones frenar a estos y a los notarios que en muchas ocasiones han entregado hasta escrituras falsas.

En una amplia y seria investigación del semanario “El Despertador de Quintana Roo”, se denuncia la “impunidad ambiental: normalizada”, y en el amplio escrito del Editorial, señala que “persisten desarrollos turísticos y urbanos en áreas protegidas o que transgreden las regulaciones de construcción, pese a sentencias judiciales y órdenes de demolición; no solo no se detienen: se promueven, comercializan e inauguran, con aval oficial”.

La información firmada por Salvador Canto, del equipo de investigación indica que Quintana Roo, uno de los estados con mayor riqueza natural de México, la devastación ambiental no es un accidente, sino una política no declarada, sostenida por omisiones, intereses cruzados y una red de complicidades que ha permitido la construcción de desarrollos turísticos y urbanos violando leyes, ignorando sentencias judiciales y pisoteando el derecho humano a un medio ambiente sano.

A pesar de contar con marcos legales claros y zonas protegidas, como el Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano (RBCM), decretada en diciembre de 2016 para conservar gran parte de los ecosistemas de la región, y pese a las reiteradas advertencias de organizaciones civiles, académicos y ciudadanos, el saqueo ambiental avanza, legalizado de facto por la impunidad.

Apunta también que “el equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo se dio a la tarea de documentar decenas de construcciones integradas en un modelo de desarrollo en el que la norma es la violación ecológica y la excepción, el castigo. Se trata de megaproyectos que se levantan sin permisos ambientales, en áreas protegidas o sujetas a regulación federal. Varias de estas obras incluso cuentan con clausuras oficiales o sentencias de demolición emitidas por jueces. Y, sin embargo, siguen en pie. No solo no se detienen: se promueven, se comercializan y, en muchos casos, se inauguran con el aval —o la indiferencia— de autoridades de los tres niveles de gobierno”.

“En el trasfondo hay un sistema cuidadosamente engrasado: desarrolladores privados con poder económico; consultoras ambientales que maquillan estudios de impacto; notarios que escrituran predios irregulares; agencias inmobiliarias que venden zonas de riesgo; valuadores que legitiman precios inflados; sindicatos que validan tomas de nota y se integran al esquema de devastación ambiental; y cámaras empresariales que presionan a las autoridades para relajar controles”.

Asimismo revela que “del lado público, hay autoridades municipales que autorizan cambios de uso de suelo sin justificación ambiental; direcciones de ecología que otorgan permisos exprés; instancias federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y Protección Civil que otorgan servicios a construcciones ilegales; y dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que brillan por su ausencia durante todo el inicio de las obras y llegan tarde, es decir, cuando todo ya está hecho. Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pareciera una dependencia fantasma en estas circunstancias”.

“Los casos abundan: desde construcciones en manglares y dunas en Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen, hasta invasiones en selvas y reservas naturales en Tulum, Holbox y Bacalar. En algunos casos hay sentencias firmes que ordenan su demolición; en otros, recomendaciones de instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para PVEM, la selva es bisne

En un gran caso de incongruencia, el Partido Verde Ecologista de México pelea políticamente porque el “Niño Verde” Jorge Emilio González Martínez, porque pretende ser el sucesor de Mara Lezama, pero en ningún momento ha abierto la boca para impedir la depredación en todo el estado, habiendo municipios más afectados que otros, pero en todos el daño ambiental por desarrolladores turísticos e inmobiliarios es mortal.

González Martínez es parte de un amplio artículo publicado el 15 de febrero del presente año por SINEMBARGO.MX “Todos los líderes del PVEM, aliado 4T, han sido vinculados a casos de corrupción” y en él describe los casos de todos los pevemistas, en el que toca al que pretende gobernar Quintana Roo señala que “…Jorge Emilio González Martínez, conocido como el “Niño Verde”, hijo del fundador del PVEM Jorge González Torres”, fue publicado por el periódico español El País, en 2004 en donde “…se publicó un video en donde se veía a Jorge Emilio negociando un soborno de dos millones de dólares mientras era Senador. En el clip se escucha a el “Niño Verde” expresando: “¿Qué pedo? ¿Tú eres el del proyecto?” [la construcción de un hotel en zona protegida de manglares en Cancún], “sacamos el permiso y, ¿cuánto dinero nos va a tocar?”, pregunta González Martínez. En respuesta, el empresario levanta dos dedos. “¿Dos millones de dólares?, pregunta el “Niño Verde” y el empresario afirma. Aunque González Martínez intentó defenderse asegurando que el video era falso, después tuvo que aceptarlo y justificarse diciendo que lo habían “chamaqueado injustamente” y que él sabía que era una trampa”. Ha sido señalado de tener negocios en Quintana Roo, pero con los famosos prestanombres.

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