Ejidatarios del poblado Juan Sarabia, en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, rompieron el silencio para denunciar un acto de ecocidio en el Estero de Chac, un humedal vital que conecta con la laguna de Bacalar. Los habitantes responsabilizan al excomisariado Ernesto Haro Gutiérrez, quien presuntamente utilizó prestanombres para apropiarse ilegalmente de terrenos comunales y destruir ecosistemas protegidos.

El caso fue expuesto públicamente el 22 de julio de 2025, cuando los afectados exigieron la intervención urgente de autoridades federales y estatales, incluyendo la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA).

¿Qué ocurrió en el Estero de Chac?

La denuncia incluye imágenes y testimonios que documentan el relleno ilegal de manglares con maquinaria pesada, así como la obstrucción del flujo natural de agua entre la laguna de Bacalar y el río Hondo. Esto ha provocado un desequilibrio ambiental severo que afecta tanto a la flora como a la fauna local.

De acuerdo con los pobladores, el señor Francisco Cota Marcial, allegado a Haro Gutiérrez, aparece como supuesto “dueño” de las tierras en conflicto, pero en realidad funge como prestanombres. El objetivo sería ocultar la participación directa del excomisariado, quien durante su gestión habría iniciado los despojos de manera irregular.

 Consecuencias ambientales y sociales

La afectación no es solo ecológica. Los ejidatarios denuncian que han perdido acceso a tierras de uso común, mientras que las zonas rellenadas están siendo destinadas para especulación inmobiliaria. A su vez, los canales naturales de agua se encuentran bloqueados, lo que puede derivar en inundaciones, pérdida de biodiversidad y alteración del microclima regional.

Además, alertan que los cambios ilegales en el uso de suelo están violando la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por lo que exigen no solo sanciones administrativas, sino procesos penales contra los responsables.

 Justicia para el Estero de Chac

La exigencia principal es clara: justicia ambiental y legal. Los pobladores solicitan:

• Que se investigue a fondo la red de prestanombres y se identifique a todos los involucrados.

• La restauración inmediata del ecosistema afectado.

• Garantías para que los ejidatarios no sufran represalias por denunciar.

• Que se inicie un proceso penal contra Ernesto Haro Gutiérrez y sus allegados.

El caso ha sido retomado por colectivos ambientalistas locales que ahora vigilan el actuar de las autoridades.

El ecocidio en el Estero de Chac representa una amenaza directa al medio ambiente y al derecho colectivo de los pueblos originarios sobre sus tierras. Este acto de corrupción ambiental no puede quedar impune. La lucha de los ejidatarios es también una llamada de atención a todos los ciudadanos y autoridades: la naturaleza no se vende, se defiende.

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