Por Silvia Hernández Martínez

Las mafia agraria e inmobiliaria, que desde hace décadas han venido despojando a ejidatarios, comuneros y mujeres indígenas mayas, crecen mientras la injusticia gobierna el estado de Quintana Roo, en donde se permite el desalojo de familias en pobreza y los complejos turísticos aumentan y ocupan su lugar.

El despojo de tierras en las zonas costeras de Quintana Roo es una problemática persistente, impulsada por la alta plusvalía turística y el desarrollo inmobiliario. Afecta principalmente a ejidos, comunidades indígenas y pequeños propietarios, a menudo mediante el uso de documentos falsos, violencia o desinformación, resultando en la pérdida de tierras sociales.

Mecanismos de despojo: Desde 1992, miles de hectáreas ejidales han sido privatizadas en la península de Yucatán, incluyendo Quintana Roo, para desarrollo turístico y se han documentado casos donde terrenos ejidales fueron adquiridos a precios muy bajos y revendidos a empresas a valores mucho mayores, como ocurrió con terrenos en la zona costera.

El despojo provoca la precarización de comunidades campesinas e indígenas, forzando la migración y la pérdida de su cultura.

La Ley de Expropiación de Quintana Roo permite la expropiación por utilidad pública con indemnización. Además, proyectos federales como el Tren Maya han implicado la expropiación de tierras ejidales en la zona.

El delito de despojo se castiga con penas que varían según la legislación local, a menudo involucrando multas y prisión para quienes ocupen inmuebles sin consentimiento; sin embargo las denuncias ante las autoridades se van dejando al tiempo y finalmente el pobre propietario sale perdiendo.

INSTITUCIONES FACILITAN LA PRIVATIZACIÓN

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) ha señalado que las delegaciones del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA) a veces facilitan la privatización de tierras, en tanto que la “mafia inmobiliaria” en la costa de Quintana Roo sigue activa entre 2025 y 2026, operando principalmente a través de despojos, fraudes en preventas, falsificación de documentos y desarrollos irregulares en zonas de alta plusvalía como Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Este fenómeno involucra una red que conecta a falsos desarrolladores, notarios, y en ocasiones, a funcionarios públicos, según reportes recientes.

MODUS OPERANDI

Auge de fraudes en preventa y “remates”: Se han incrementado las estafas donde inmobiliarias venden proyectos inexistentes o sin permisos de construcción, desapareciendo tras recibir anticipos. En 2025, el fraude en vivienda usada aumentó un 110% y en el sector vertical un 58%.

Despojo de tierras y cártel del despojo: Continúan operando redes que invaden predios, falsifican títulos de propiedad y utilizan juicios laborales amañados para apropiarse de inmuebles. Empresas falsas se apoderan de tierras nacionales, incluso en áreas proyectadas para el Tren Maya.

La zona de mayor riesgo es Tulum/Solidaridad donde se han denunciado desarrollos de lujo (ej. edificios de 7 pisos) en Tulum que carecen de permisos ambientales y de construcción, poniendo en riesgo el ecosistema.

Falsos remates bancarios: Vendedores fraudulentos utilizan contratos apócrifos y simulan remates bancarios para enganchar a compradores con precios bajos.

EN 2025 MÁS DE 116 DESARROLLOS IRREGULARES

Inseguridad patrimonial: La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) ha reportado el boletinaje de más de 116 desarrollos inmobiliarios irregulares durante 2025.

Ante estas cifras SEDETUS alerta que las autoridades de Quintana Roo han instado a verificar la legalidad de los predios ante el Registro Público de la Propiedad antes de realizar cualquier inversión.

Investigaciones activas: La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene investigaciones sobre redes de fraude, especialmente aquellas que utilizan redes sociales para ofrecer terrenos irregulares.

Denuncias ciudadanas: Se recomienda denunciar ante la FGE y evitar la compra de lotes que no cuenten con certeza jurídica, servicios básicos o que se encuentren en zonas invadidas.

Mayab Noticias documentó que el ejido Playa del Carmen fue víctima de la invasión de 32 hectáreas de tierra ubicadas en una zona de alta plusvalía como es la avenida Benito Juárez, y los líderes que encabezaron el despojo crearon cuatro asentamientos irregulares: San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, Alga y Omega y uno sin nombre, comercializando los lotes en 100 mil los habitacionales y 150 mil los comerciales.

“Los vecinos de las colonias irregulares bloquean accesos con palos, piedras, madera y cartón tras trascender un desalojo en la zona, hasta el momento las fuerzas municipales, estatales y federales no han intervenido”, un desalojo que pudo haber terminado en tragedia.

DESPOJO, UN DELITO LLENO DE CORRUPCIÓN Y SIN JUSTICIA

Uno de los medios locales “ruptura 360.mx” señala que “De acuerdo con datos oficiales, entre 1993 y 2018 se parcelaron más de 208 mil hectáreas de tierras de uso común para su posible privatización, con un repunte significativo en los últimos 10 años (Por Esto, La mafia agraria alcanza Quintana Roo, 12 de febrero 2021), situación que incrementó los litigios en materia agraria, especialmente en zonas costeras como Tulum, Isla Mujeres y Bacalar (Novedades Quintana Roo, Crecen litigios por tierras ejidales en Quintana Roo, 11 de octubre de 2024).

Ello se debe principalmente a la expansión turística como motor que impulsa la especulación inmobiliaria, generando presiones sobre ejidos cercanos a la costa, a lo que hoy se conoce también como gentrificación en algunos grupos políticos y sociales”.

Y documento algunos de los casos más emblemáticos de despojo que se han dado son los siguientes:

Supermanzana 247 (2018): En Cancún, la devastación de una amplísima zona de 50 hectáreas propiedad de un banco, realizado con fines políticos que fue posteriormente tomado por el crimen organizado, generó protestas y litigios, destacando la reciente detención de algunos promotores en el año 2025, pero dejando un daño ecológico y un conflicto de desarrollo urbano sin precedentes.

Ejido Jacinto Pat (2018): En Playa del Carmen, se denunciaron ventas fraudulentas de tierras ejidales, involucrando a notarios y empresarios, de manera semejante a la realizada con la desastrosa corrupción que se gestó con la colonia Colosio en la que el Gobierno de Quintana Roo fue parte.

Caso Bacalar (2020): En este municipio se reportaron despojos mediante documentos falsificados, afectando a comunidades indígenas, aunado a la deforestación de grupos menonitas que han afectado el desarrollo ecológico con daños a los acuíferos, a la laguna, a la vida de las abejas, etcétera.

Proyecto Tulum (2022): La expansión turística en Tulum ha llevado a múltiples denuncias de despojo, con casos emblemáticos como el desalojo de familias ejidales para proyectos hoteleros, y con un alto porcentaje de personas que viven sin certeza jurídica y sin drenajes en ese y otros municipios.

Las Palmas: En el municipio de Othón P. Blanco, donde un grupo de personas solicitaron el reconocimiento de posesión y posterior enajenación de terrenos nacionales a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por tratarse de tierra federal, y en la que de pronto apareció un líder religioso con documentos municipales, es decir, de una autoridad sin facultades por el origen de la tierra, a despojar a los promotores primarios.

DESPOJO SIN CONSECUENCIAS

Ruptura 360 también refiere que este aumento de delitos contra el desarrollo urbano sin consecuencias contundentes, no solamente es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que acumula carpetas sin solución, en muchos casos debido a la protección de personajes políticos que desde los tiempos de Roberto Borge Angulo y hasta hoy en día, han fomentado invasiones y despojos con fines electorales siendo premiados por sus respectivos partidos políticos con cargos locales y federales, sino que también producto de reformas al código penal sin consecuencias claras o carentes de penas, como las que fueron recientemente adicionadas.

MUJERES INDÍGENAS MAYAS, VÍCTIMAS DE DESPOJO

Diversas investigaciones, reportajes y denuncias indican que las mujeres en Quintana Roo, particularmente las indígenas mayas y ejidatarias, han sido víctimas de despojo de sus tierras, ligado a conflictos de alta plusvalía, proyectos de desarrollo, y en ocasiones, a la complicidad entre particulares, empresarios y autoridades.

Casos específicos de alto perfil: Se han reportado casos emblemáticos, como el de una mujer de 83 años, considerada una de las primeras cocineras de Cancún, quien fue despojada de su terreno por un alto funcionario.

Despojo por proyectos e intereses inmobiliarios: Se han documentado casos en municipios como Solidaridad y Tulum, donde ejidatarios y familias, incluyendo mujeres, son despojados de sus propiedades, a veces bajo la simulación de obras públicas.

Falsificación de documentos y engaños: Se ha señalado el uso de estrategias fraudulentas, como la falsificación de documentos o la simulación de muertes de propietarios, para arrebatar terrenos a mujeres de edad avanzada.

SOLAS SE DEFIENDEN DE LA MAFIA AGRARIA

Todos temen a la “Mafia Agraria”, denuncias señalan la existencia de redes de particulares y exfuncionarios que buscan apropiarse de tierras ejidales en zonas turísticas de alto valor y pese a las amenazas y el miedo, muchas mujeres se organizan para defender sus tierras, realizando guardias y construyendo viviendas para evitar la invasión.

En algunos casos, el gobierno federal ha llevado a cabo acciones para devolver tierras a mujeres mayas que fueron despojadas, reconociendo una deuda histórica. Mientras la Fiscalía de Quintana Roo solo ha mantenido investigaciones abiertas por la invasión y despojo de terrenos en áreas como Mahahual y Playa del Carmen.

OPINIONES DE MOMENTO DESDE NOJ CAJ SANTA CRUZ BALAM NAJ KAMPOCOLCHÉ

La comunidad maya exige: El despojo de las costas de Quintana Roo y la privatización ilegal de todas las costas mexicanas. Lo que estamos viendo y viviendo en nuestro país no es un simple “error administrativo”, es la culminación de décadas de neoliberalismo rapaz, pero ahora cobijado por el manto protector de algunos funcionarios 4teistas.

La “venta” – de hecho así es – de nuestras costas representa la entrega de la soberanía nacional al mejor postor, donde la complicidad entre el poder político y la mafia inmobiliaria en Quintana Roo ha convertido un derecho constitucional en un privilegio de lujo.

El intento de la Pdta. Sheinbaum, por ordenar las políticas públicas en todos los rubros, son actos necesarios aunque se ha topado con resistencias, que apenas raspa la superficie de la podredumbre estructural.

En el caso de las playas, desde mi perspectiva el verdadero problema es la concesión irregular de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

En este contexto, también hay alcaldes de “ventanilla”, es decir funcionarios municipales han operado como agentes de bienes raíces para capitales extranjeros, otorgando permisos de construcción en dunas y humedales, violando leyes ambientales y de asentamientos humanos.

En Quintana Roo, habría que investigar los cárteles inmobiliarios costeros, que a todas luces son empresas que mediante prestanombres y fideicomisos opacos, han cercado el acceso al mar, desplazando a las comunidades originarias – Mayas Cruzo’ob – y pescadores locales.

Así mismo, no podemos hablar de playas sin señalar a los megaproyectos turísticos y parques temáticos, que bajo el discurso del “progreso” y la “generación de empleo” (empleos, por cierto, de salarios mínimos y condiciones precarias), se han apropiado de cenotes, manglares y kilómetros de playa.

En Quintana Roo, la privatización es de facto, esto se consuma al rodear las playas con infraestructura privada, crean barreras físicas y psicológicas que expulsan a las comunidades y pueblos indígenas de sus propios tierras, territorios y centros de recreación.

Ojalá que nuestra voz, se escuchada por la Pdta. Sheinbaum exigiendo Justicia Social y Transparencia a esta demanda popular que consideramos que debe ser clara dentro de estos parámetros:

Auditoría integral de concesiones: Es urgente que la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publiquen los nombres de los beneficiarios de cada metro cuadrado de costa concesionada en los últimos 30 años.

Revocación inmediata: No basta con “llamadas de atenciones amigables”; se deben revocar las concesiones obtenidas mediante sobornos o tráfico de influencias.

La aplicación inmediata de la Ley de acceso libre y real: El artículo 27 constitucional debe ejercerse con rigor en dónde señala que: la nación es dueña originaria, en este sentido necesitamos accesos públicos dignos, señalizados y protegidos, no “pasillos de servidumbre” escondidos entre hoteles.

Nosotros como Mayas Cruzo’ob, somos dueños ancestrales de las playas de tal forma no lo percibimos como una mercancía, es nuestra esencia territorial y soberana. Y por supuesto enfatizó, que mientras el turismo sea visto solo como una cifra de inversión y no como una herramienta de bienestar social hacía los pueblos originarios, el despojo continuará en detrimento de nosotros”.

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La gentrificación puede tener impactos negativos en el medio ambiente, incluyendo la contaminación, debido a varios factores:

– Desarrollos de infraestructura inmobiliarios: La construcción de nuevos edificios, carreteras y otros proyectos de infraestructura puede generar contaminación del aire y del agua, así como ruido.

– Cambios en el uso del suelo: La gentrificación puede llevar a cambios en el uso del suelo, como la conversión de áreas verdes en zonas residenciales o comerciales, lo que puede afectar la calidad del aire y del agua.

– Aumento de la densidad poblacional: La gentrificación puede llevar a un aumento en la densidad poblacional, lo que puede generar más tráfico, ruido y contaminación del aire.

– Pérdida de biodiversidad: La gentrificación puede llevar a la pérdida de biodiversidad, ya que las áreas naturales son reemplazadas por desarrollos urbanos.

– Aumento del consumo: La gentrificación puede llevar a un aumento en el consumo de recursos, lo que puede generar más residuos y contaminación.

Es importante considerar estos impactos ambientales al planificar y desarrollar proyectos de gentrificación, para minimizar los efectos negativos y promover un desarrollo sostenible; que después de todo su fin último daña el ecosistema.

Cabe destacar que autoridades, diputados, académicos y activistas que participaron en el evento el Foro urbano y gentrificación, donde analizaron el impacto del desarrollo en las comunidades yucatecas; revelan cómo el “progreso” expulsa a los mayas de Yucatán El diputado Francisco Rosas Villavicencio, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso del Estado, subrayó que la gentrificación no es únicamente un asunto económico, sino también social, cultural y profundamente humano.

“Cuando un espacio público deja de ser el punto de encuentro de todos para convertirse en un escaparate para unos pocos, el derecho a la ciudad queda vulnerado”. “En zonas como Mérida, Valladolid, Progreso, Izamal y Sisal, este fenómeno ya es palpable: las rentas aumentan, los predios cambian de manos y los vecinos de toda la vida sienten la presión de abandonar sus espacios.

Lo que para algunos es progreso, para otros significa desarraigo, pérdida de redes comunitarias y ruptura del tejido social”, expresó el diputado Rosas Villavicencio. Los participantes coincidieron en que Basura, contaminación, problemas de agua y carestía trae la gentrificación en Mérida, afectando no solo el entorno natural sino también el bienestar de las comunidades.

“Debemos legislar para regular el desarrollo urbano en zonas turísticas, para evitar desplazamientos injustos, garantizar vivienda asequible, asegurar la participación ciudadana en la planeación y establecer mecanismos que protejan nuestro patrimonio cultural”, acotó el diputado.

En Yucatán el Foro urbano y gentrificación, fue con el objetivo de generar iniciativas en pro del crecimiento en el estado, en armonía con el medio ambiente y con respeto al entorno social y cultural en la entidad.

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Constructoras y desarrolladores acumulan más de dos décadas de avance incesante en el estado, que siguen construyendo y publicitándose como barato, rentable y seguro, sobre todo para los capitales especulativos.

Con respaldo político, las corporaciones inmobiliarias apelan a estrategias que incluyen la fractura social de los pueblos, el despojo y la apropiación ilícita. Una historia de coyotes, burbujas de precios, represión policial y resistencias que brotan en las comunidades mayas acechadas por las mafias y los zares del concreto.

No cualquier tierra es codiciada. La predilección de estos actores se concentra en espacios con agua, monte y bondades naturales aptas para el usufructo. Esta abundancia ecosistémica capta la atención de negocios que aportan millones a las cuentas bancarias de constructoras, agentes de ventas, intermediarios y coyotes.

El negocio se centra en privadas, fraccionamientos y la comercialización de lotes de inversión.

Destaca la propagación de viviendas premium, ofrecidas en paquetes con “amenidades” como albercas, canchas de tenis, estacionamientos exclusivos y áreas de juegos infantiles. Aunque se promocionan como desarrollos modernos y exitosos, en su ADN llevan un atropello de derechos con pretensiones de perpetuidad.

Aunque estas prácticas iniciaron hace menos de dos décadas, su auge se ha intensificado hasta 2025. El despojo y la apropiación ilegal de tierras rurales y urbanizadas por parte de actores ligados a la actividad inmobiliaria depredatoria se han vuelto una constante en Yucatán.

Pueblos y comisarías mayas cercanas a Mérida transitan episodios de violencia prácticamente cada semana. La vulneración de derechos y libertades se esparce, sobre todo, en espacios con organización ejidal y vida comunitaria.

Campesinos y defensores de ecosistemas enfrentan una ofensiva que crece a la par de la promoción de Yucatán como plataforma de negocios. Esta situación ha detonado un proceso de burbuja inmobiliaria, ligada a la especulación y a la compraventa irregular de lotes.

Lo que se vende como un negocio próspero se asienta en un engranaje de apropiaciones ilícitas, amedrentamiento judicial, violencia policial y fraudes. Así lo documenta Patricio Eleisegui en su investigación Yucatán Bienes Raíces: comunidades mayas, territorios libres y colonización inmobiliaria (2023), difundida en Narrativas de Resistencia por el consejo civil mexicano para la silvicultura sostenible.

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Las causas son diversas, incluyendo actividades humanas como la agricultura, acuicultura; pero lo más grave es que últimamente esta creciendo la urbanización; es imparable e impune ese crecimiento devastador acabando con las murallas de miles de metros de manglares para la construcción de desarrollos inmobiliarios, hoteles, restaurantes y zonas industriales.

Esto se suma de igual manera a los factores naturales como la erosión y fenómenos de cambios climáticos extremos e impredecibles. México y sobre todo en la región sureste, de la península, “enciende focos de alerta por la destrucción del mangle; ha perdido el 15% de su cobertura total y Yucatán el 30% Investigadores del Cinvestav y el colectivo Las Chelemeras de Chelem y Progreso alertan sobre el aumento en la tala ilegal del mangle en la costa de Yucatán y sus consecuencias. Según afirma el Diario de Yucatán que en lo que va de año, se han devastado más de 35 mil metros cuadrados de vegetación costera en Sisal y Dzilam de Bravo. Pero lo más lamentable que la devastación no para.

De la misma manera y preocupante, el diario Por Esto!, alerta sobre la emergencia ambiental en la costa, de acuerdo con datos federales, en los últimos 12 años se han devastado más de 230 hectáreas de manglares en terrenos federales de la franja costera del estado. Semarnat destaca que México ha perdido alrededor del 15% del total de manglares a nivel nacional mientras Yucatán ha perdido cerca del 30% de su cobertura original, en gran parte por desarrollos urbanos y turísticos sin control. Esta pérdida pone en riesgo a la población ante fenómenos meteorológicos extremos, además de afectar la recarga del acuífero, la pesca y la calidad del agua.

Ambientalistas han denunciado que las autoridades conociendo las causas de la devastación de manglares en Yucatán y sus impactos que provocan al medio ambiente y a la población; sigan otorgando permisos y además se exhibe la corrupción al ver como siguen construyendo y depredando miles de hectáreas de manglares.
Incontrolable el desarrollo urbano; el crecimiento de las zonas urbanas y la construcción de infraestructura en áreas costeras desplazan y destruyen los manglares; además las descargas de aguas residuales y contaminantes en los manglares los va dañando y reduciendo su capacidad de supervivencia.

Es importante resaltar que los manglares son hábitats críticos para muchas especies de peces, aves, crustáceos y otros organismos, por lo que su pérdida afecta a toda la cadena alimenticia. Los manglares actúan como barreras naturales contra tormentas, huracanes y erosión costera. Su destrucción aumenta la exposición de las comunidades costeras a estos peligros. Los manglares ayudan a filtrar contaminantes y a mantener la calidad del agua en las zonas costeras.

Su pérdida puede llevar a la contaminación del agua y afectar la salud humana y la vida marina. Los manglares brindan importantes servicios ecosistémicos, como la regulación del clima, la captura de carbono y la provisión de recursos pesqueros. Su destrucción impacta negativamente en estos beneficios. Las autoridades tienen conocimiento de las causas y consecuencias; pero se impone la corrupción, e intereses mercantil y consecuentemente la depredación de manglares al mejor postor.

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De la misma manera, las aguas residuales grises que proceden de lavabos, duchas, lavadoras, entre otras. Aunque contienen menos patógenos en comparación con las aguas residuales negras, pero ambas cargan contaminantes químicos y orgánicos

Cabe destacar que la población en Mérida con los municipios conurbados ha crecido de una manera descomunal e incontrolable por los cientos de proyectos de desarrollos de viviendas y residenciales; sobre todo por miles de foráneos que han elegido a Yucatán para vivir; motivados por la mercadotecnia de las empresas inmobiliarias y el repunte de ventas de lotes y casas en residenciales; cabe destacar que en 2022, la población de Mérida, Yucatán, fue de 1,201,000 habitantes en su área metropolitana, según datos de Macrotrends. En el municipio de Mérida, la población fue de 995,129 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La ciudad de Mérida forma parte del área metropolitana que incluye también las localidades de Kanasín y Umán.

Las aguas residuales negras y grises, son productos inevitables de la actividad humana y merecen una importante de gestión adecuada; sobre todo que el agua es un recurso vital para la vida en nuestro planeta; pero sin embargo, el uso cotidiano genera grandes volúmenes de agua residual.

Es importante considerar como las aguas residuales negras provienen principalmente de baños y otras instalaciones sanitarias. Estas contienen material fecal y otros desechos humanos, lo que las convierte en un vector de enfermedades y una amenaza para la salud humana si no son manejadas adecuadamente. Y además ver que van a parar al subsuelo acuático.

Por otro lado, las aguas residuales grises proceden de fuentes como lavabos, duchas, lavadoras, entre otras. Aunque estos flujos contienen menos patógenos en comparación con las aguas residuales negras, todavía están cargados de contaminantes químicos y orgánicos que pueden ser perjudiciales para los ecosistemas acuáticos y terrestres.

Un tratamiento oportuno elimina patógenos y contaminantes, reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y proteger el medio ambiente, evitando la descarga de aguas residuales no tratadas en ríos y mares ayuda a prevenir la eutrofización y otras formas de contaminación del agua y del subsuelo yucateco.

Las aguas grises son las aguas residuales generadas a partir de procesos domésticos como el lavado de ropa; son relativamente fáciles de tratar y reciclar, y no contienen contaminantes graves en comparación con las aguas negras. Sin embargo, si no se tratan oportunamente, se convierten en un problema medioambiental significativo.

Las aguas negras en cambio son las aguas residuales que provienen de inodoros y otras fuentes que podrían contener excrementos humanos, papel higiénico y otros desechos similares. Debido a la presencia de estos contaminantes, las aguas negras pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana si no se tratan adecuadamente antes de su descarga.

Es importante recordar que tanto las aguas grises como las negras deben ser tratadas antes de ser liberadas al medio ambiente, para prevenir la contaminación y proteger la salud pública; pero sobre todo es necesario que no sigan autorizando desarrollos inmobiliarios y frenar la contaminación, devastación y daños al medio ambiente

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Este es un problema muy grave que no se resuelve porque no hay voluntad política y todo se ha convertido en un mercantilismo.

Aunque haya empresas a modo que trabajan para retirar estos desechos, pero que los llevan a tirar a otra parte, entonces, el problema no se resuelve, sino que se traslada a otra parte y siempre es a las comunidades y poblaciones donde la gente no puede reclamar; es decir “solo cambian el polvo del lugar; la contaminación sigue.

Hace unos meses la iglesia declaró que Yucatán es un referente nacional porque es alberga la tercera reserva hídrica más importante del país, pero que en este momento se está dañando con la construcción de grandes y lujosos residenciales y también de instalación de industrias que además de contaminar el subsuelo, sobre explotan el acuífero, dañando el patrimonio de los yucatecos, fundamentalmente de los más pobres y el grave impacto ambiental.

Reiterando que la contaminación del agua por fosas sépticas es un problema grave que requiere atención y acciones preventivas. El mantenimiento regular, el diseño adecuado y la educación son clave para proteger la salud humana y el medio ambiente.

Las fosas sépticas producen gases como metano (CH₄) y sulfuro de hidrógeno (H₂S) durante el proceso de descomposición de residuos orgánicos. Estos gases no solo emiten olores desagradables; también tienen un impacto negativo en el medioambiente y en la salud humana.

En Mérida, Yucatán, se estima que existen alrededor de 300,000 fosas sépticas, más las que se suman en cada entrega de residenciales; las cuales son responsables de la contaminación de los ríos subterráneos de la ciudad. Estas fosas sépticas son sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas utilizados en zonas donde no hay acceso a la red de alcantarillado municipal.

Las fosas sépticas son una alternativa para el tratamiento de aguas residuales en áreas rurales o zonas alejadas de la red de saneamiento. En Mérida, su proliferación ha generado preocupación debido a la contaminación del manto freático, ya que muchas de estas fosas no cumplen con los estándares adecuados de construcción y mantenimiento.

La contaminación del acuífero en la capital yucateca es un problema ambiental significativo en Yucatán, y las fosas sépticas son uno de los factores que contribuyen a esta problemática. Es crucial que se tomen medidas para mejorar la gestión de las aguas residuales, frenar a las inmobiliarias y reducir el impacto ambiental de estas instalaciones; aunque digan que son desarrollos sustentables.

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La detección de los desmontes en la región lleva ya muchos años, pero en el último año se han intensificado, Precisa Sandra García.

Revela que los desmontes fueron detectados mediante los recorridos de vigilancia que realiza el personal de la reserva, además de las denuncias ciudadanas, que se han venido haciendo.

La población indignada denuncia que son las “inmobiliarias”, que vienen ya por la reserva natural; como ya no tienen espacios en la ciudad de Mérida, ahora acaban con la poca selva que son “el pulmón de la contaminación qué con el cambio climático, cada día empeora más. Piden que ya pongan un alto a la construcción de los grandes desarrollos y de los grupos inmobiliarios que tienen fijada la mirada en la reserva Cuxtal.

La voracidad y ambición inmobiliaria en Mérida va por Cuxtal, no hay ninguna duda, y están dispuestos a lograrlo “cueste lo que cueste”. Las recientes denuncias han exhibido intentos de robarle a la ciudad su principal reserva ecológica, con ofertas fraudulentas de terrenos baratos, de grupos inmobiliarios.
Los cuales le sacan jugo a la necesidad, comprando terrenos ejidales a precios de ganga, y se exprime la avaricia, revendiéndolos sin permiso alguno; o concedidos con la anuencia de funcionarios; pero imperando la corrupción de las autoridades involucradas, hasta los lideres ejidatarios que se “venden por treinta monedas”.

La directora lamenta que cuando llevan acabo el desmonte de manera ilegal, se hacen barridos con la máquina que arrasan con madrigueras, nidos de aves y hábitats de otras especies silvestres.
Sandra García comentó que ellos realizan recorridos para constatar los hechos y dar parte a las autoridades competentes, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con quienes colaboran para que se realice la intervención en el sitio que esté siendo afectado.

Enfatizó, de los comentarios que hacen los mismos habitantes sobresale que esta situación se debe a la posible construcción de fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios, lotificaciones, en general de urbanización dentro de estos montes. La directora de la Reserva Ecológica Cuxtal, Sandra García Peregrina, pide a los ciudadanos, si ven una tala lo reporten a la Profepa. Y que esta procederá a dar seguimiento.

Aunque ciudadanos dicen que han hecho sus quejas, sus denuncias y que no han hecho algo porque los desmontes en la reserva siguen avanzando.

Con Información de Diario de Yucatán y La Jornada Maya

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“Existe una estrecha relación entre las dunas y las tortugas. Que pobladores y grupos ecologistas revelan: “nos dimos cuenta de esta necesidad y por lo tanto nos dimos a la tarea de buscar como protegerlas y sobre todo como prioridad como proteger su hogar, porque buscan un árbol, una mata de playa y si no las encuentran, no tienen a dónde ir. Por eso lamentamos que haya muchas construcciones porque están devastando impunemente la duna”.

Las construcciones en la zona costera yucateca y más entre Telchac Puerto y Dzilam de Bravo llevan a que se reduzca la vegetación de dunas y esto representa un peligro tanto para la fauna como para la población porque queda desprotegida ante la llegada de huracanes y tormentas.

Pobladores de la comunidad se organizan para frenar estos efectos. Uno es Elías Estrada, quien se convirtió en voluntario del Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina. Él es consciente de que el mayor reto que enfrentan son los proyectos de desarrollos inmobiliarios y turísticos con la destrucción de la duna costera.

“No existe una conciencia sobre la preservación y sobre la importancia de la duna en la playa. Los inversionistas vienen y lo primero que hacen es desmontar, quitan toda la duna costera sin saber que es la primera barrera que tenemos”, denunció. La agrupación a la que pertenece trabaja en la reforestación de dunas desde el 2022. Ellos contabilizan al menos cada mes una nueva construcción.

Precisan que “Es difícil que las personas tengan conciencia ambiental. Mi aprendizaje por ejemplo es conocer la importancia de la vegetación porque ellas hacen raíz que se forma debajo de la tierra y generan más montículos de arena que nos ayuda a retener nuestras playas. Así ya sé que no sólo cuidamos nuestro hábitat; con la duna costera también cuidamos el entorno de los animales que ahí viven”.

La comunidad unida trata de cuidar el medio ambiente, pero denuncian que las empresas constructoras no tienen perspectiva de cuidado ambiental. “Lo que queremos es que las empresas constructoras entiendan que no queremos convertirnos en un Playa del Carmen, un Cozumel o un Cancún porque allá ya no tienen vegetación, es pura arena blanca y nada más edificios”. Arelda Berenice Chay, por su parte especificó que su trabajo se centra en la conservación de las tortugas marinas que llegan a anidar a la playa, pero notan que las construcciones afectan la vegetación y, por lo tanto, esta fauna se queda sin espacio para desovar.

Las personas de la comunidad reconocen que el turismo conlleva beneficios económicos, pero consideran que estos son mínimos en comparación con los efectos en el ambiente, la afectación a la fauna y sobre todo al exterminio de los “hogares en tierra de las tortugas”.

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Y como tomando la delantera, atajando las iniciativas, empezaron a promocionar para venta o renta residenciales de lujo, a inversión mientras los construyen y además cerrando accesos a las playas, a casi dos mil habitantes del lugar. Cabe destacar que con el otorgamiento de los permisos de las autoridades, federales, estatales y municipales, empezaron acelerar la edificación de edificios de desarrolladores inmobiliarios de lujo en las playas en Yucatán.

Por eso ante tal situación que se agravó, pobladores del lugar recolectaron firmas para pedir intervención del gobierno del Estado y nunca llegaron las sanciones. Tal situación con el objetivo de frenar el avance de los grandes desarrollos llamados ecoturísticos, elaboraron un Programa de Ordenamiento costero en Yucatán.

Del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Ana García Silberman, describió el crecimiento de la urbanización por parte de grupos inmobiliarios como ‘brutal’. Y desde el 2007, junto con un equipo, encabezó la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán.

Revela que: “Para entonces, lo hicimos siguiendo los lineamientos oficiales que se establecen y con la lógica de los ordenamientos, es decir, minimizando el daño costero. Trabajamos sobre procesos fundamentales como no rellenar los manglares y evitar la erosión costera, entre muchos otros aspectos”, recordó.

También en la elaboración del Programa estuvieron involucrados académicos del Cinvestav, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), de los Tecnológicos de Conkal y Monterrey.

Los expertos priorizaron la fragilidad del ecosistema de la zona costera del estado. Para evitar la erosión enfatizaron en proteger la duna de la deforestación, ya que se trata de una formación de arena cubierta por vegetación que preserva ecosistemas ante huracanes y tormentas tropicales. Para proteger la arena del ecosistema, el documento estableció que las construcciones “ya autorizadas” debían alejarse como mínimo 60 metros de costa y respetar la duna. Además, los edificios no podrían tener una altura mayor a los siete metros.

Sin embargo, el sector inmobiliario hasta el día de hoy en pleno 2025 lo ha ignorado. Precisa que a pesar de los logros que se consiguieron con este ordenamiento territorial, en 2014 se modificó y uno de los cambios consistió en que, desde ese año, cada municipio es libre de aplicar o no dicho instrumento. “Cuando hicimos la consulta para la creación de estos documentos, participaba más la población local y tenían una petición clarísima: no queremos convertirnos en otro Cancún. Eso estaba en voz de todos”, describió.

“En este momento hay un Ordenamiento Territorial indicativo que no sirve. Ahora en la costa pueden construir donde quieran, con la altura que quieran y eso es lo que estamos viendo el Telchac Puerto”, reiteró. Cabe destacar que el negocio del siglo, no cabe duda, es el inmobiliario, aunque se afecte el hombre mismo y la vida de cientos de pobladores y ejidos; el bisne es el bisne y la corrupción está sobre todo.

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Antes era la majestuosa naturaleza, sus brisas, sus playas limpias, ahora mira uno al cielo, a los lados y se nota el cambio de las rutas de las aves, donde antes no se encontraban con altos edificios a su paso, así como las tortugas, que al llegar a la zona de anidación encontraron concreto en la zona y ya no se ve por todos lados como antes el ocaso del sol en el mar.

La otra es la mega contaminación que preocupa; es a dónde se van los residuos sólidos y aguas negras que generan estos nuevos edificios y no hay quien vigile que cumplan con las leyes ambientales”; dónde está Semarnat, las autoridades municipales y estatales, para actuar como lo hacen ante invasiones de las gentes pobres, como el caso de sisal.

El sector empresarial ecocida, vende la idea de que es un beneficio económico para la localidad, lo cierto es que quienes habitan en el lugar no manifiestan que haya sido un cambio positivo, que contribuya a la calidad y bienestar de las familias.

Denuncian, “Que se trata de modernidad, pero no tiene nada de moderno si no mejora la calidad de vida de las personas del lugar. O sea, se trata de modelos también excluyentes, porque no involucran para nada a quienes aquí viven”  al contrario, crece la discriminación y violentan los derechos de los trabajadores.

Los lujosos y modernos proyectos inmobiliarios van arrasando con la fauna y flora de Telchac Puerto, en Yucatán; donde iniciativas ciudadanas que saben de las consecuencias de quedar devastados; trabajan por la conservación de la zona; saben que ante todo lo que hagan, no evitarán que la zona se convertirá en un nuevo sitio turístico como Cancún, Tulum y Playa del Carmen.

Pobladores de Telchac Puerto, Yucatán; claman emergencia y denuncian la destrucción voraz que hay por el crecimiento excesivo de desarrollos inmobiliarios y que se creen también los dueños de las playas, que prohíben a los pobladores acceso libre al mar. La plaga de las inmobiliarias llega para devorar, destruir y borrar la historia y tranquilidad de toda una población.

En un tramo de 39 kilómetros, entre Telchac Puerto y Dzilam de Bravo, hay por lo menos 500 construcciones, de las cuales alrededor del 20 % son nuevos edificios que alcanzan los 10 o más pisos de altura. Un paisaje que hasta hace cinco años no existía en esta parte de la costa yucateca. La Semarnat, Conagua, ONGs, gobierno municipal, estatal, no ven, ni escuchan, solo velan intereses mercantiles de grupos potentados de desarrolladores.

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