Luego de la realización del Primer Foro Internacional sobre impuestos a productos nocivos para la salud, convocado en la Cámara de Diputados, la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA, por sus siglas en inglés) solicitó la apertura de espacios de diálogo incluyentes, antes de definir cualquier iniciativa.

Mediante un comunicado, el organismo señaló que cualquier propuesta fiscal debe diferenciar entre el consumo excesivo de azúcares y los productos formulados con edulcorantes bajos o sin calorías, al explicar que estas sustancias cuentan con evaluaciones de seguridad de organismos internacionales y locales como la COFEPRIS, la EFSA en Europa, la FDA en Estados Unidos y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos (JECFA).

La ISA advirtió que catalogar a las bebidas con edulcorantes como “nocivas” y aplicarles el mismo gravamen que a las azucaradas podría confundir a los consumidores, limitar herramientas útiles para reducir la ingesta calórica y afectar de manera desproporcionada a los hogares con menor ingreso, al encarecer las opciones con menos calorías.

“El objetivo debe ser común: mejorar la salud de la población con decisiones informadas, proporcionales y basadas en evidencia, no con medidas que castiguen sustituciones más saludables ni con procesos que excluyan interlocutores relevantes”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la asociación reiteró su disposición de participar en mesas técnicas y aportar evidencia científica sobre el tema, e insistió en que el debate sobre impuestos debe considerar soluciones integrales, como la reformulación responsable de productos, la educación al consumidor y el acceso a información clara en el etiquetado.

Finalmente, exhortó a legisladores y a las instituciones convocantes a abrir un diálogo plural donde se integre a consumidores, academia, autoridades sanitarias, organizaciones civiles y especialistas. “México necesita un debate plural, técnico y responsable que ponga en el centro a las personas —en especial a quienes viven con diabetes, obesidad y otras condiciones de salud— y que evalúe el impacto real de cada medida en la salud, la economía familiar y la claridad para el consumidor”, precisó.

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Aumento de edad para el consumo de bebidas alcohólicas: Una medida urgente

La legisladora explicó que, según la Encuesta Nacional de Adicciones 2016-2017, aproximadamente 41.8 millones de personas entre 12 y 65 años consumen alcohol en grandes cantidades, al menos una vez al mes o inclusive diario. El consumo de bebidas alcohólicas hasta los 21 años podría reducir estas cifras y sus graves consecuencias.

Impacto del alcohol en la salud física y mental

En México, el consumo excesivo de alcohol se asocia con 200 padecimientos, incluyendo cáncer, diabetes y afecciones cardiovasculares. Además, provoca cerca de 40 mil muertes al año en el país.

• Efectos en el cerebro: El cerebro sigue desarrollándose hasta los 25 años, y el consumo temprano de alcohol puede afectar la memoria, la atención y la toma de decisiones.
• Riesgos emocionales y psicológicos: Los adolescentes consumidores de alcohol tienen mayor riesgo de depresión, ansiedad y trastornos de conducta como agresividad e impulsividad.

“Los jóvenes que inician el consumo de alcohol antes de los 15 años tienen una mayor probabilidad de desarrollar dependencias y trastornos relacionados con el abuso de sustancias en la adultez”, afirmó la diputada.

Sanciones para quienes faciliten el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 21 años

La iniciativa de la diputada Mayra Espino Suárez también contempla sanciones para quienes faciliten, induzcan u obliguen a menores de 21 años a consumir alcohol. Se proponen:

• Prisión de seis a 12 años.
• Multas de 3 mil a 5 mil días de salario.

La propuesta también incluye la creación de campañas masivas de información y prevención a nivel estatal, con el fin de educar a la población sobre los riesgos del consumo temprano de alcohol y establecer mecanismos de vigilancia.

¿Es necesario elevar la edad mínima?

Con las alarmantes cifras sobre el consumo de alcohol entre jóvenes y sus efectos negativos, el consumo de bebidas alcohólicas hasta los 21 años podría convertirse en una estrategia efectiva para reducir los daños en la salud pública. La decisión ahora está en manos de los legisladores y de la sociedad en general.

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Detalles de la Propuesta

La iniciativa propone sanciones severas: entre 10 y 50 años de prisión y una multa de 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 325,710 pesos. Gálvez Ruiz plantea modificar el artículo 123 Bis del Código Penal Federal para incluir varias conductas que, de ser realizadas por el presidente, constituirían traición a la patria:

1. **Uso de Recursos Públicos para Promoción Electoral**: Si el presidente utiliza o permite el uso de recursos públicos para posicionar, apoyar o promover a un candidato, partido político o coalición.

2. **Desprestigio a Oponentes**: Si el presidente usa recursos públicos para denostar, atacar, injuriar o difamar a candidatos o partidos políticos.

3. **Violencia Política de Género**: Si el presidente ejerce violencia política de género contra precandidatas, candidatas, partidos políticos o coaliciones.

4. **Violación de Principios Electorales**: Si el presidente vulnera los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad electoral establecidos en la Constitución.

Contexto y Justificación

Gálvez ha acusado al presidente López Obrador de intervenir repetidamente en el proceso electoral para favorecer a Morena y sus candidatos. Citó medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral y sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que indican intervenciones del presidente en apoyo a Morena.

La senadora enfatiza que la propuesta busca garantizar que nadie esté por encima de la ley ni pueda desbalancear la equidad en las contiendas electorales. “El pueblo debe ser libre para elegir sin presiones y sin influencias asimétricas”, subrayó Gálvez.

Implicaciones de la Iniciativa

La propuesta de Gálvez podría marcar un precedente en la historia política de México, estableciendo un marco legal más estricto para prevenir la intervención del Ejecutivo en procesos electorales. La iniciativa busca fortalecer la democracia y asegurar que los principios de libertad, independencia y autonomía sean respetados en las elecciones.

La acusación de traición a la patria, contemplada tanto en la Constitución como en el Código Penal Federal, es uno de los cargos más graves y subraya la importancia que Gálvez atribuye a la no intervención del Ejecutivo en los procesos electorales.

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