Graciela Machuca Martínez 

Las capacidades y liderazgo de la actual dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el estado de Quintana Roo son insuficientes para las expectativas del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien ha delegado en el gobierno del estado y en el morenismo de la entidad llevar a buen puerto sus proyectos de infraestructura como es el del Tren Maya y el del Aeropuerto Internacional de Tulum, así como el resto de vialidades y puentes que se están construyendo y se han anunciado para fortalecer la actividad turística en la región.

López Obrador sabe muy bien que el año con cinco meses que le quedan a su gobierno serán insuficientes para terminar materialmente las obras de infraestructura y sus anexos, así como consolidar su operación, por lo que requiere de un movimiento social y político que respalde su legado gubernamental y lo más importante, que sea aliado de las fuerzas armadas que operarán y usufructuarán las empresas.

Sin embargo, a pesar, que requiere de MORENA, como partido, para contar con base social y política y seguir ganando elecciones a pesar de que ya no esté en el poder formal, también tiene claro que la dirigencia de su partido en Quintana Roo no cuenta ni con la legitimidad ni con las capacidades para conformar la tan requerida base social.

Consciente de ello, en agosto de 2022, cuando se enteró quienes habían quedado en la dirigencia estatal de MORENA y qué métodos habían utilizado para manipular el voto de las personas delegadas se sinceró y las calificó de “lacras de la política”.

En su conferencia de prensa del 22 de agosto de 2022 al ser cuestionado sobre la elección de la dirigencia de MORENA en Quintana Roo sentenció frases como las siguientes: “Son lacras de la política del viejo régimen que se tienen que ir desterrando”; “El amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, todas esas lacras, son prácticas arraigadas…”; “Tienen derecho de acuerdo a la Constitución, pero ¡no!”; “Porque es inmoral, puede ser legal, pero no moral; la política es un imperativo ético”.

Aunque el presidente de la República ya tiene acostumbrada a la sociedad mexicana a su doble discurso, quienes tienen la encomienda de sacar adelante al partido del presidente en Quintana Roo no la tienen nada fácil, porque no tienen la confianza de su guía moral, por lo que todo el proceso electoral, es decir, desde la selección de candidatos y quienes serán los patiños ya es responsabilidad de la gobernadora María Hermelinda Lezama, quien está delegando funciones al respecto en unos cuantos de sus operadores políticos, con lo que de hecho se construye una dirigencia alterna, la cual al final de cuentas tomará las decisiones finales, mientras que la dirigencia formal desempeñará su papel de aguantar y aplaudir.

A López Obrador no le agradó que en su partido, en Quintana Roo, donde él es el único que pone las reglas, una camarilla se quedara con la dirigencia estatal, lo que motivó enojos y quejas de los lideres naturales que tienen derecho de picaporte en Palacio Nacional.

Pero como legal y políticamente no podían hacer nada, solo optaron por llevar la queja a su líder máximo, quien calificó a Johana Acosta Conrado, pareja de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mari Candelaria Hernández, como “lacra de la política”, al ser electa presidenta del Comité Estatal de Morena.

El mismo calificativo le alcanza a Eduardo Basurto, esposo de Juanita Alonso, presidenta municipal de Cozumel, quien ahora se desempeña como secretario general de Morena.

David Hernández Solís, hermano de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto y esposo de la presidenta municipal de Chetumal, Yenssuni Martínez (Quien por cierto nadie voto por ella, pues se utilizó un método espurio de imposición), se quedó con el cargo de secretario de Comunicación de dicha dirigencia.

De igual manera, el resto de los cargos de la dirigencia se repartieron entre unas cuantas familias, sin tomar en cuenta a los liderazgo regionales y municipales que desde antes del 2012 acompañaron a López Obrador en la “aventura”, ahora llamada MORENA, que lo llevó a la silla presidencial.

Las personas integrantes de esa dirigencia a la que AMLO llamó “lacras de la política” si quieren que sus puntos de vista e intereses sean tomados en cuenta por la gobernadora y integrantes de su equipo para el próximo proceso electoral, deben deponer las armas, olvidarse de su independencia y autonomía y reconocer que ella es la operadora máxima de MORENA en Quintana Roo, no solo porque es la gobernadora, sino porque el presidente a ella le encargó que el barco no se hunda, tomando en cuenta los resultados electorales del 2018 en comparación con los del 2022.

El primero de julio de 2018, López Obrador, como candidato presidencial obtuvo en Quintana Roo 488 mil 434 sufragios, en tanto Mara Lezama, el 5 de junio de 2022, ganó la gubernatura con 280 mil 357 votos del MORENA y aliados.

La hoy gobernadora, el primero de julio de 2018, con todo el efecto AMLO ganó la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún) con 152 mil 813 sufragios, tres años después, la reelección la gana con 101 mil 108 votos.

Ante los compromisos que tiene Mara Lezama con el presidente de la República y con quien designe su sucesor, la operación de la actual dirigencia de MORENA en Quintana Roo será de muy poca valía, por lo que será la gobernadora, como en los tiempos del PRI, la que asuma la coordinación de la campaña, cuya figura principal seguirá siendo AMLO.

Mientras el presidente de la República está preocupado por los reveces que le ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a sus fallidas reformas legislativas, por lo que le urge asegurar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para el primero de agosto de 2024, la dirigente de MORENA en Quintana Roo se anda peleando con los presidentes municipales, aunque no sean de su partido, porque no le preparan las recepciones con militancia “que ella se merece”.

Un incidente que se registró esta semana fue el berrinche que hizo Johana Acosta Conrado en Tulum, porque el equipo del presidente municipal, Diego Castañón, que por ciento es militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no le organizó el evento masivo acordado.

A pesar de sus olvidos, AMLO sabe hacer sumas y restas, respecto a los 30 millones de votos que tuvo en el primero de julio de 2018 y el descenso, casi a 15 millones para el 5 de junio de 2021, que solo le alcanzó para tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.

Para el ahora presidente de México, Quintana Roo es el estado que le debe garantizar una base social y política suficiente que le sirva de plataforma para consolidar sus proyectos de infraestructura, cuyas inversiones presupuestales serán severamente cuestionadas por la oposición legislativa, continuidad que no estará garantizada si se le diluye entre las manos la mayoría calificada.

El consuelo que puede tener la dirigencia de MORENA en Quintana Roo es que mientras el bloque opositor al presidente y sus partidos no ponga en marcha una estrategia para ganar la presidencia o por lo menos, quedarse con la mayoría en el Congreso, las cifras del triunfo no importan, aunque disminuyan de un poco más de 15 millones de votos en 2021, a diez u ocho millones en 2024, lo importante es ganar. Esperaremos y apuntaremos, ante las peores maniobras incluso del PRI que realizan los y las de MORENA.

The post Dirigencia de MORENA en Quintana Roo incapaz de defender los intereses de AMLO para el 2024 appeared first on La Chispa Quintana Roo.

Necesariamente Incómoda

Los problemas sociales, políticos y económicos por los que atraviesa el pueblo de Quintana Roo tienen otras aristas, además de la inseguridad que cubre de sangre y luto la entidad, que tienen que ver con las deficientes políticas públicas en materia de salud, vivienda, empleo, educación, protección al medio ambiente, servicios públicos básicos, así como transparencia y rendición de cuentas, causas que al gobierno del estado, poco o nada les importa, porque no está en su agenda político-electoral diseñada para los comicios del primer domingo del mes de junio de 2024.

Sin embargo, ese olvido, omisión y negligencia de las autoridades estatales quintanarroenses y de las federales también cobran vidas, como se ha documentado por la misma Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al dar a conocer que de diciembre de 2022 al día jueves 13 de abril de 2023 dos personas han fallecido por dengue en el estado, sin que las instancias obligadas por ley hayan emprendido una campaña seria y eficiente de combate al mosquito transmisor de esta y otras enfermedades.

Pero este no es el único desliz de la administración de Mara Lezama en materia salud, porque los pocos hospitales y centros de salud que han en el estado se encuentran como siempre, sin medicamentos, no hay insumos, los equipos son obsoletos, las camas insuficientes o en malas condiciones, mientras que el personal de médicos y enfermeras tienen que cubrir turnos inhumanos porque no hay presupuesto para contratar a más profesionales de la salud.

Te puede interesar: El estado busca un modelo de movilidad integral, Lezama

Históricamente se ha sabido que estados como Quintana Roo deben tener un seguimiento especial en cuanto a las enfermedades de transmisión por vectores porque las condiciones climatológicas lo exigen, sin embargo, desde el 25 de septiembre de 2022 que inició el gobierno de Mara Lezama nadie se acordó del problema y se conformaron con esconder los casos a la opinión pública, olvidándose que por ley existe un registro permanente de cada una de las semanas epidemiológicas y de no ser por esta documentación, nadie se entera que Quintana Roo está atravesando por una crisis sanitaria a consecuencia del aumento de casos de dengue, que ya cobró la vida de dos personas durante los últimos seis meses.

El mismo registro evidencia que en lo que va del año 2023 ya se han registrado 903 casos, los cuales no han sido suficientes para que la gobernadora en coordinación con la instancia federal respectiva ponga en marcha una campaña extraordinaria para controlar los contagios que han venido afectado tanto a la población que reside en la entidad como a las personas que visitan los destinos turísticos.

El primer deceso se registró a finales del mes de 2022 y el segundo el pasado jueves, pero a pesar de ello, al gobierno del estado no le importa la salud de la población quintanarroense.

La misma fuente del gobierno federal indica que Quintana Roo en la entidad a nivel nacional que presenta la incidencia más alta, antes de Yucatán y Veracruz.

Se encendieron las alarmas cuando se contabilizaron 3 mil 428 posibles contagios en Quintana Roo, pero como no se han confirmado, clínicamente, a las autoridades no les importa.

El primer deceso está documentado en el Reporte del Panorama Epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue, realizado por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue hasta el 15 de diciembre de 2022, correspondiente a la Semana Epidemiológica 49, cuando ya gobernaba en Quintana Roo, mara Lezama.

Los datos demuestran también que Quintana Roo tiene la tercera incidencia más alta por casos de dengue, con tasa de 28.63 por cada 100 mil habitantes; y 515 casos positivos registrados.

A pesar de el alboroto del nuevo gobierno en el sentido que cambiarían las cosas en las diversas dependencias estatales, hasta el momento, la sociedad quintanarroense, no ha conocido que el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado o la misma gobernadora, se hayan pronunciado por el uso de vehículos oficiales de esa dependencia por el crimen organizado para transportar estupefacientes como quedó evidenciado el mes de julio de 2022, cuando elementos del Ejército aseguraron una camioneta de los Servicios Estatales de Salud (SESA) que transportaba mariguana y cuyo conductor dijo que llevaba pruebas rápidas de COVID, al ser interceptado sobre el tramo carretero Nicolás Bravo-Cancún. El que calla otorga.

El conductor fue identificado como Carlos J. M. P. Se le encontraron en el vehículo oficial 20 cilindros de cartón “que contenían en su interior un vegetal verde y seco con características de al parecer marihuana con un peso aproximado de 10 Kilos. cada uno, sumando un total de 200 kilos”, de acuerdo a información proporcionada por la SEDENA.

Esa institución se ha prestado para múltiples actos de corrupción como el fraude cometidos a empresarios por El Venezolano, con el aval de las autoridades de la dependencia, porque le dieron contratos para instalar carpas para atender a pacientes y familiares durante la pandemia del COVID, las cuales le pagaron, pero en ningún momento le pagó a los proveedores, a quienes al contrario amenazó de muerte y los sigue hostigando.

El gobierno de Mara Lezama tiene una gran deuda en materia de salud con la población quintanarroense, la cual no puede saldar haciendo actos propagandísticos cuando visita hospitales y centros de salud para lo cual manda a pintar las fachadas, olvidándose que el sistema estatal de salud se encuentra en crisis producto de la corrupción de la clase política.

POR FALTA DE AMBULANCIA MUERE TURISTA EN QUINTANA ROO

Una turista de nacionalidad chilena que se encontraba en Holbox perdió la vida en Chiquilá por una descompresión, luego que no pudo ser trasladada a un hospital, al no haber una ambulancia disponible.

De acuerdo a reportes de la policía, la mujer de origen chileno estaba buceando en Holbox, pero emergió demasiado rápido, “por lo que se descompensó”. Solo pudo ser trasladada al centro de salud de Chiquilá, pero ya no pude ser llevada a un hospital, porque en el lugar no se contaba con una ambulancia.

The post Los servicios de salud olvidados en Quintana Roo, población abierta y turistas sufren las consecuencias appeared first on La Chispa Quintana Roo.

Desde luego que la primera responsable de esta situación es la presidenta municipal Roxana Lili Campos Miranda, militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien prioriza sus aspiraciones políticas e intereses económicos, al pretender buscar la reelección para el año 2024 porque considera que ha desarrollado un buen papel al frente del Ayuntamiento, sin escuchar a la sociedad, la cual la señala de corrupción y falta de capacidad para resolver los asuntos más sentidos de todo el municipio, particularmente de Playa del Carmen.

Quienes viven en Playa del Carmen y en el resto del municipio ya no le creen a esta señora, porque en el año 2021, durante su campaña electoral y durante las primeras semanas de su administración dio a conocer que metería a la cárcel a su antecesora Laura Beristain del Partido Morena porque tenía pruebas de un desfalco de 575 millones de pesos.

Te puede interesar: El dolor de Quintana Roo

Con este discurso se ganó al 33 por ciento del electorado, pero no cumplió, dejó que pasaran los tiempos legales para iniciar las investigaciones pertinentes y se olvidó del asunto, con ello convirtiéndose en cómplice del gobierno morenista que también saqueó las arcas municipales y se dedicó a traficar con permisos y licencias municipales e incluso, ese equipo de trabajo que operó al lado de la expresidenta municipal aún sigue en el gobierno municipal, pero ahora trabajando bajo las órdenes de Lili Campos Miranda.

Los agravios del gobierno municipal de Playa del Carmen a la ciudadanía son diversos porque muchos trámites que se realizan en oficinas de obras públicas, comercios, sanidad, protección civil, terminan como verdaderas extorciones porque para todo cobran, independientemente de los derechos e impuestos municipales que marca la ley.

La Policía Municipal de Solidaridad, durante el año 2022 acumuló 169 quejas por violaciones a Derechos Humanos ante el ombudsperson quintanarroense, pero en el presente año ya llegó a las 12 quejas, de las 38 quejas recibidas en contra de las diferentes corporaciones policiales de la entidad, lo que la ubica como una de las policías municipales más violentas del país, ya que la mayoría de las quejas fueron presentadas por detenciones arbitrarias.

El tercer visitador del organismo público defensor de los derechos humanos, Ángel Salvador Contreras Mis, considera que se trata de una situación preocupante, ya que tiene la misma tendencia que el año pasado.

El servidor público manifestó su preocupación por lo que sucede en el municipio de Solidaridad con la actuación de su policía municipal, porque este año “…se han generado unas 12 quejas contra la Policía Municipal (…) seguimos con la misma incidencia. Lo que mayor se violan son los derechos de la libertad personal vistas en detenciones arbitrarias, con la privación de la libertad; son detenciones arbitrarias, malos tratos, amenazas, quejas por robos”,

Lili Campos, cuando anduvo haciendo campaña y al rendir protesta como presidenta municipal se comprometió a defender los derechos de la ciudadanía, a garantizar sus derechos humanos, pero durante los últimos 18 meses en que ha gobernada ha hecho lo contrario, violentar los derechos de la ciudadanía.

Una de las detenciones arbitrarias mas sonadas es la que se registró durante la primera semana del mes de marzo en agravio del activista Antonio Ramos Pérez, reconocido por sus constantes protestas al denunciar actos de corrupción en la administración municipal, tanto en este gobierno, como en los anteriores, lo que motivó que el día 6 de marzo, se realizara una manifestación frente al palacio municipal, luego de recorrer la céntrica y concurrida Quinta Avenida.

La víctima de violación a sus derechos humanos declaró: “Nuestro rechazo, nuestro repudio hacia la Policía Municipal que es la que nos debe de cuidar, de proteger y es la que nos debe de garantizar la libre vía en nuestras calles y es cosa que hasta el momento no sucede. Quizá mucha gente diga que no le ha pasado, como yo hasta la semana pasada, cuando me arrestaron por tomar una foto”.

Recordó que el pasado martes 28 de febrero, manejaba su bicicleta en la colonia Ejidal cuando notó una detención en raras condiciones. Se acercó para tomar fotografía y video y también fue detenido sin ningún motivo.

Al ser subido a la batea de la patrulla recibió una serie de insultos. También, los elementos policiacos lo amenazaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad para que borrara las imágenes que quedaron en su celular.

Las protestas ciudadanas en contra de las arbitrariedades policiacas en Playa del Carmen se han incrementado ante el silencio y complicidad de la presidenta municipal. Cada día, la inconformidad ciudadana crece por la desconfianza que se le tiene al gobierno municipal de Lili Campos Miranda. En Playa del Carmen, los homicidios dolosos, los feminicidios, las extorsiones, los cobros de piso, los asaltos a manos armada y las desapariciones de personas ya forman parte de la cotidianidad.

Los paquetes turísticos y los seguros de viaje, ya deben incluir el alto riesgo que corren los turistas al venir de vacaciones a Playa del Carmen.

The post Solidaridad entre la violación a derechos humanos y la reelección de su alcaldesa. appeared first on La Chispa Quintana Roo.

**Al presidente municipal de José María Morelos se le inició procedimiento administrativo por la Procuraduría de Protección al Ambiente por permitir corridas de toros y pelas de gallos.

**La diputada del PT, Alicia Tapia Montejo propuso al Congreso legalizar el maltrato animal; hasta el momento, el pleno ha rechazado reformar la ley.

El poco o mucho poder que el pueblo le da a la clase política en el municipio de José María Morelos lleva a sus integrantes al absurdo, a la violación sistemática de las leyes, al uso de argumentos falaces que demuestran su ignorancia en el arte de gobernar, como sucede con el presidente municipal Erik Borges Yam, al promover, programar y permitir corridas de toros y peleas de gallos para la Feria de la Primavera Expomor 2023, a pesar de la prohibición expresa de la ley.

Al sentirse el cacique todopoderoso del municipio y contar con la bendición política de la 4T, al ser militante de MORENA, desoyó el exhorto que en tiempo y forma le hizo llegar la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, de acuerdo a lo informado por el titular del organismo, Alonso Fernández Lemmen Meyer.

El citado exhorto, con fecha 14 de marzo de 2023, invoca la Fracción XII del Artículo 40 de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo, que a la letra dice, que están prohibidas: “Las corridas de toros, vaquillas o novillos y becerros, las peleas de gallos y el entrenamiento de animales para su utilización en este tipo de espectáculos”.

Mientras que en el Artículo 41 del mismo ordenamiento, no citado en el exhorto, se estipula que: “Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la presente Ley, tiene la obligación de informarlo a la autoridad competente”.

Como lo relató en su momento Cambio 22 el munícipe, al enterarse que la ley prohíbe este tipo de espectáculos. porque representa maltrato animal, optó por no extender institucionalmente los permisos, se desligó oficialmente de la organización de la feria, argumentando que por usos y costumbres el pueblo la realizaría, dejándole la administración en manos de los palenqueros, por lo que incurrió en omisión y por lo tanto en una presunta violación a la ley.

Pero en esta aventura, el presidente municipal de José María Morelos no está solo, sino tiene el aval y el apoyo incondicional de la diputada local Alicia Tapia Montejo, integrante del Partido del Trabajo (PT), aliado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Alicia Tapia Montejo, movimiento político al que pertenece Borges Yam.

Tapia Montejo, quien se supone que está preparada para legislar, se le ocurrió, como sucede en la 4T, reformar las leyes para que se vuelvan a legalizar las corridas de toros en Quintana Roo, desde luego que es evidente que ignora el significado del principio de progresividad de las leyes que se antepone al de no progresividad: cuando hay un avance en la legislación no se puede retroceder, así, en palabras llanas para su mejor y segura comprensión para esta persona que cobra como legisladora.

Se supone que fue electa representante popular para defender los intereses del pueblo y al Estado de Derecho, pero a ella lo que le interesa es el negocio familiar, porque entre sus argumentos está que quiere la reforma porque las corridas de toros y las peleas de gallos son usos y costumbres, pero también porque es hija de un torero.

Buscar que el maltrato animal, como el que se hace en las corridas de toros y en las peleas de gallos, vuelva a legalizarse en Quintana Roo, habla muy mal de personas legisladoras como Tapia Montejo y aquellos de sus colegas de la XVII Legislatura que en su momento le dieron alas para que siguiera con su iniciativa.

Destinos turísticos de talla internacional como los tiene Quintana Roo no se merecen que los visitantes los vean como pueblos de la prehistoria que se divierten con el dolor de los animales. Esta situación también nos demuestra que a la clase política de la 4T se divierte viendo la sangre de animales derramarse durante sus espectáculos.

Ana García Valencia, representante de la Asociación Animal Héroes de México, al igual que otra docena de organizaciones protectoras de los derechos de los animales, cuestionó la iniciativa de Tapia Montejo: “Ya leímos su propuesta de reforma a la Ley de Bienestar y Protección Animal y en ningún momento procura el cuidado de estos seres vivos, simplemente vuelve a marcarlos como un negocio al permitir que sean utilizados como espectáculo a costa de su sufrimiento”.

Con esta iniciativa de reforma de ley se busca legislar que “ya no será considerado maltrato animal el que sean sacrificados en cabalgatas, vaquerías y corridas”, explica la activista. Y agrega: “Justifica que esto es parte de una tradición maya, que es el baxal-toro, lo cual está completamente equivocado. Porque en el baxal nunca se daña al animal, sino que sólo se le suelta en un coliseo para que persiga a los participantes. Las corridas en cambio implican lastimar al animal, torturándolo por varias horas, hasta matarlo”.

Por otro lado la organización de protección de animales Opus Magnum de México el pasado 17 de marzo hizo del conocimiento de la Procuraduría de protección al Ambiente, solicitando que dentro de sus facultades dicha institución clausure las ilegales corridas de toros anunciadas en el Municipio de José María Morelos, exhortando a Erik Borges Yam Presidente Municipal para actuar en consecuencia con la ley de protección a los animales en el estado.

La ignorancia legal de la diputada es tal, que en sus saberes no existe la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), la cual en el año 2022 declaró que es inconstitucional justificar las corridas de toros y peleas de gallos, basándose sólo en el argumento de que representan un patrimonio cultural inmaterial o que forman parte de los usos y costumbre de una región.

Durante la tercera semana del mes de marzo pasado, la XVII Legislatura de Quintana Roo se abstuvo de aprobar esta retrógrada iniciativa de la diputada Tapia, sin embargo, el interés económico y político de las personas interesadas sigue, quienes ahora buscan replantear la iniciativa para salirse con la suya.

Mientras tanto, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo inició un proceso administrativo en contra de Borges Yam, porque fue él, a pesar del exhorto y lo estipulado por la ley, quien permitió la organización de corridas de toros y peleas de gallos durante la feria de la primavera.

Sin embargo, los organizadores, integrantes Confederación de Galleros del Estado de Quintana Roo, sostienen que no se harán acreedores a ninguna sanción ya que tienen el amparo de la justicia federal.

De acuerdo a la legislación vigente en el estado, los organizadores de las corridas de toros y las peleas de gallos podrían hacerse acreedores a multas de 40 mil a 300 mil pesos, mientras que la sanción económica al presidente municipal alcanzaría los 500 mil pesos, por tratarse de un servidor público que tuvo conocimiento de que se realizarían dichas actividades de maltrato animal y omitió su responsabilidad de impedirlas.

The post A la clase política de la 4T en José María Morelos le gusta ver sangre animal derramarse en sus espectáculos appeared first on La Chispa Quintana Roo.

La temporada de vacaciones de Semana Santa está a su máximo esplendor en Quintana Roo, los reportes de los prestadores de servicios turísticos van del 90 al cien por ciento en la ocupación hotelera, por lo que la derrama económica se extiende a todos los sectores de la economía turística en la entidad, como resultado de las inversiones en promoción que se hizo a nivel nacional e internacional en décadas pasadas, por lo que hoy en día la prioridad para el gobierno estatal no tendría que ser la promoción turística ni la personal de quienes gobiernan, sino la atención del problema de inseguridad, el cual, al final de cuentan impacta negativamente en el capital de imagen turística que se ha logrado con trabajo de la iniciativa privada y con presupuestos estatales y federales.

Organizar caravanas de promoción turística y personal rumbo a las elecciones de 2024 no ayuda en nada a la atracción de más turismo, porque los destinos de Quintana Roo ya se venden solos, la prioridad debe ser la solución al grave problema de la inseguridad pública, la violencia en el estado es la que sí dañará severamente la imagen de los destinos y con ello el turismo puede optar por otras opciones que las hay en abundancia en el Caribe.

Los hechos de violencia que se registran en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, Bacalar y en el resto de los municipios de Quintana Roo elevan el riesgo para los visitantes, el cual no se disminuirá ocultando la realidad, censurando a los medios de comunicación como es la estrategia que actualmente utiliza el gobierno estatal, acallando a periodistas que solo cumplen con informar, no es el camino para terminar con la violencia.

En esta época de la globalización es imposible tapar el sol con un dedo, el gobierno estatal puede acallar voces, hacer convenios con las grandes empresas, pero le será imposible silenciar al periodismo independiente de la entidad, a las agencias internacionales de prensa, así como a las redes sociales. Descalificar, estigmatizar o criminalizar al mensajero no es la solución pata terminar con la violencia y la corrupción en Quintana Roo, se requieren políticas públicas y voluntad política para atender el problema de raíz, porque los medios de comunicación no generan la violencia, son otros actores de la sociedad, coludidos con entes gubernamentales quienes usan la violencia para imponer su ley vulnerando el Estado de Derecho.

Hasta el momento, los millonarios presupuestos que se dedican a la operación de policías municipales, estatales, a la Guardia Nacional, a la Marina y al Ejército en sus funciones de seguridad pública solo han servido para crear falacias, corporaciones que han resultado una ilusión, porque en la vida real, en la práctica no existen, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo demuestran, las cifras que pueden hacer descender diez, 15 o 20 por ciento, como ha sido en el caso de los feminicidios, pero porque los que llegan a disfrazar de homicidios dolosos, culposos y hasta de suicidios, que después tienen que reclasificar porque las burdas carpetas de investigación, así se los exige. Casos para evidenciarlo se encuentran por todo el país.

La Guardia Nacional, el juguete para la seguridad pública del presidente de la república, ha terminando siendo un fantasma porque solo aparece para la fotografía, para los videos promocionales, miles de kilómetros de las carreteras federales se encuentran abandonadas, la sección que era la temida Policía Federal de Caminos, existe en el presupuesto, pero no cuando los usuarios de esas vías de comunicación la requiere, con esa ausencia policial en las carreteras se permite el libre tránsito de la delincuencia organizada.

En esta Semana Santa, a la Guardia Nacional la concentraron en los principales centros vacacionales del país, mientras que las carreteras y puentes se encuentran sin vigilancia, libres para que la delincuencia opere y las personas usuarias se encuentran a la deriva, sin la policía federal que los proteja, porque las tripulaciones de las pocas patrullas que se encuentran estacionadas en algunos puntos y sitios carreteros se dedican a la extorsión.

Ex gobernantes estatales que les tocó el proceso de conformación de la Guardia Nacional son testigos de que su operación estaba destinada al fracaso, porque solo fue una excusa para mantener a las fuerzas armadas en la calle, pero con un nombre de corporación civil y al final de cuentas, la Guardia Nacional depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a pesar de las lagunas legales que existen al respecto.
La gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinoza, ha declarado que hay una campaña mediática en contra de la entidad, que los hechos de violencia que se registran en otros lugares solo los montan para Quintana Roo.

A la señora no le informan adecuadamente sus subalternos o quiere engañar al pueblo. Las evidencias están en las mismas estadísticas del gobierno federal, en las capetas de investigación, en los reportes policiales, en las llamadas al 911, en las imágenes del C5.

Pero si quiere más evidencias que se acerque a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en Quintana Roo; a las madres, hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio; a las niñas y niños huérfanos por la violencia generada del crimen organizado; se puede conectar a las señales de radio de las corporaciones policiacas y servicios de emergencia, las cuales en todo momento se encuentran en código rojo por la incidencia delictiva permanente.

The post Quintana Roo en alerta roja permanente por la violencia en temporada vacacional de Semana Santa appeared first on La Chispa Quintana Roo.

A año y medio que Maricarmen Candelaria Hernández Solís desempeña el puesto de elección popular de presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, la ciudadanía está decepcionada de los partidos políticos y de sus dirigentes, porque ni el PRI, PAN o PRD, en sus diferentes momentos que gobernaron fueron capaces de priorizar las necesidades de la sociedad carrilloportense, desde luego, ese mismo sentimiento se tiene con MORENA, movimiento político que al fin de cuentas es una mezcolanza de sus antecesores con los peores excesos vistos en la historia.

La hoy alcaldesa tiene otras prioridades que atender los requerimientos del pueblo, prefiere dedicar tiempo y recursos públicos para sus negocios personales, así como para cabildear al interior de MORENA a nivel nacional para que sea incluida como candidata al Senado de la República o por lo menos a una diputación federal, porque ha dejado de interesarle la reelección en la presidencia municipal, la cual considera que el puesto le queda chico para lo que se merece.

Toda persona tiene derecho a soñar y aspirar a lo que quiera, pero una servidora pública, está obligada, por ley, a cumplir con sus obligaciones. Ella, como presidenta municipal tiene la encomienda de gobernar de acuerdo a lo que establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes secundarias en materia de seguridad pública, servicios públicos, sanidad, entre muchos otros rubros, pero prefiere la farándula y creerse lo que le dicen sus aduladores en el sentido que se merece ser senadora de la república.

Mientras ella vive en su sueños de grandeza haciendo negocios con el dinero del pueblo, obteniendo un salario superior al del presidente de la república, la población de Felipe Carrillo Puerto sigue siendo víctima de la delincuencia ante el fracaso de sus acciones para la seguridad pública.

El mantenimiento de los caminos en todo el municipio no existe, la escasez de agua potable es el pan de todos los días de las familias carrilloportenses, el alumbrado público no se rehabilita, la falta de ambulancias lleva a la muerte de toda persona, que por su gravedad, amerita ser trasladada al único hospital que tiene el municipio.

El apoyo social que ofreció durante su campaña electoral es cosa del pasado, como lo ha vivido en carne propia el ciudadano Héctor Cima Ake, quien firmó un documento para que el Ayuntamiento lo apoyara con dos mil pesos para gastos del funeral de su madre hace unos cuatro meses. Después que firmó el citado documento, el secretario privado de la presidenta municipal Jesús Raciel Velázquez Ramírez, le dijo que solo le daría mil 500 pesos, pero hasta la fecha solo ha recibido engaños en las múltiples visitas que ha hecho al palacio municipal, por lo que decidió recuperar el documento firmado, pero ahora no se lo quieren regresar.
Una de las excusas del secretario privado fue que la presidenta municipal puede andar ofreciendo apoyos, pero no sabe de los problemas económicos por los que atraviesa el Ayuntamiento.

Pero si lo anterior es grave, mas lo es aun el caso que luego de que un parroquiano resultara lesionado de bala en un brazo, las autoridades detuvieron a dos personas, una de ellas tenía en su poder un arma propiedad de la Policía Municipal de Felipe Carrillo Puerto. Este hecho abre aún más la sospecha de la participación de las autoridades locales con el crimen organizado.

Por otra parte, Hay un asunto que debe ser investigado por las autoridades federales y estatales, porque las evidencias muestran que se trata de actos de corrupción orquestados por la misma presidenta municipal y por el número de personas involucradas se puede configurar como delitos cometidos por la delincuencia organizada.

A través de una búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona administradora de la página de Facebook La Voz del Pueblo de Chetumal encontró que Ana Rosa Flores Estrada, empleada del Ayuntamiento de Umán, en el estado de Yucatán, ha recibido contratos millonarios para la realización de obras públicas en Felipe Carrillo Puerto.

En el Registro del Padrón de Proveedores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Flores Estrada fue dada de alta a partir del 2022, como proveedora de “obras de construcción de viviendas, agua y drenaje, carreteras, autopistas, puentes, terracerías”. Con dicho registro concursó licitaciones directas convocadas por el gobierno de Hernández Solís.

Para mayo 2022, Flores Estrada, obtiene su primer contrato con el número OP-FCP-FISMDF22-I3P-14/2022, que le permitió llevar a cabo la rehabilitación de calles de terracería en la colonia Rafael E. Melgar por más de 3 millones de pesos. Posteriormente, en el mismo mes, recibió otro contrato con el número OP-FCP-FISMDF22-LP-22/2022 por un monto mayor a los 4 millones de pesos para la construcción de calles de terracería en varias colonias, siendo la única en presentar su propuesta.

La Voz del Pueblo de Chetumal, detalla, que en julio del mismo año, Flores Estrada recibió otro contrato para la rehabilitación de una calle en la colonia Emiliano Zapata I, con un monto de más de 2 millones de pesos. Esta persona, en su declaración patrimonial dio a conocer, en el 2022, que era asistente en una regiduría en el citado ayuntamiento yucateco.

La persona administradora de la página se pregunta: ¿quién es Ana Rosa y por qué una persona con un sueldo mensual de 12 mil pesos recibe contratos millonarios de obra pública?

La corrupción en el gobierno municipal de Felipe Carrillo Puerto, a todo lo que da

The post Corrupción y engaños caracterizan al gobierno municipal de Felipe Carrillo Puerto appeared first on La Chispa Quintana Roo.

Uno de los casos emblemáticos de feminicidio en México, por los resultados jurídicos y políticos, es el de la joven abogada Mariana Lima Buendía, asesinada a los 28 años de edad, el 28 de junio de 2010 por su esposo Julio César Hernández Ballinas, con quien llevaba año y medio de casada, quien, además, en ese entonces se desempeñaba como Policía Judicial del Estado de México.

A partir del feminicidio de Mariana, nacida el 25 de marzo de 1981, su madre Irinea Buendía Cortez y su padre, Lauro Lima, iniciaron un doloroso recorrido en busca de justicia, en el camino se sumó para darles acompañamiento el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

El trabajo de defensa para el OCNF y su familia no ha sido nada fácil, porque la estructura de todo un Estado ha estado en su contra, pero con el coraje de Irinea y el profesionalismo y convicción del Observatorio, en el año 2015 lograron una sentencia sui generis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la 554/2013), la cual ordenó que el caso se reabriera para que fuera investigado como feminicidio, luego de haberse cerrado al considerarlo un suicidio.

Al reponerse la investigación se encontró como responsable del feminicidio al esposo de Mariana, quien fue detenido el 23 de junio de 2016, desde entonces se encuentra en prisión, en días pasados, un juez de primera instancia lo declaró culpable, sentencia que su defensa ha impugnado.

Irinea, desde un principio estuvo convencida que su hija no se suicidó, sino que su marido la asesinó, versión que ahora sostiene también un juez de primera instancia. El 28 de junio de 2010, Mariana le contó a su madre que era violentada física y emocionalmente por Julio César, y que había decidido separarse de él.

Sin embargo, al día siguiente, Julio Cesar le informó a Irinea que Mariana se había suicidado, versión que tomó como cierta el agente del Ministerio Público que tuvo conocimiento del caso.El 25 de marzo de 2021, cuando Mariana cumpliría 40 años de edad, el OCNF volvió a señalar la importancia de la sentencia de la SCJN que ya se conoce como sentencia Mariana Lima Buendía, por medio de un documento en el que destacó los aportes de decisión del máximo tribunal de México.

Uno de los párrafos por los que la sentencia representa un parteaguas es el siguiente: “En el caso de muertes de mujeres se deben identificar las conductas que causaron la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, preservarse evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y realizar las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia”.

El OCNF, desde el año 2015 se ha dado a la tarea, a lo largo y ancho del país, de difundir el contenido de la sentencia que es de suma importancia para las investigaciones de muertes violentas de mujeres en todo México, “ya que obliga a las autoridades a emplear la perspectiva de género como herramienta para verificar si en dicha muerte existen razones de género”.

Otro de los aportes del trabajo del OCNF que se plasmó en la referida sentencia es que establece la importancia “de realizar diligencias particulares y que la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos con visión de género”.

También hace referencia a la capacidad del sistema de justicia para reparar el daño por parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultural y obliga al Estado a realizar investigaciones con perspectiva de género en los casos de violencia contra las mujeres.

Deja asentado, que aun cuando las partes no lo soliciten, “debe implementarse un método en toda controversia judicial para verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir una justicia de manera completa e igualitaria”.

El 28 de junio de 2022, al conmemorarse el doceavo aniversario del feminicidio de Mariana, el OCNF recordó que ya eran 11 años de acompañar jurídicamente el caso y para entonces seguía a la espera de sentencia para el feminicida y recordó que “no debe quedar impune por cualquier sujeto que cometa este infame crimen”.

Como en junio de 2022, el OCNF, en diversas ocasiones ha sostenido: “Como defensoras de derechos humanos, reconocemos la lucha de la señora Irinea Buendía y su familia, la cual ha sido fundamental para que su caso no quede en la impunidad; además que ha puesto en evidencia que muchos homicidios culposos y supuestos suicidios de mujeres son, en realidad, feminicidios”.

Sobre la sentencia del caso Mariana Lima Buendía, Karla I. Quintana Osuna, en un ensayo escribió: La decisión fue el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, así como de la obligatoriedad de investigar y juzgar con perspectiva de género, además de un esfuerzo por brindar la reparación integral por violaciones de derechos humanos.

La sentencia abre, además, varios debates, como el alcance del parámetro de control de regularidad constitucional y la pertinencia de que un tribunal constitucional analice, a detalle, una investigación ministerial, o sobre el alcance de las reparaciones a través del amparo.

Así, la decisión demuestra que una sentencia de amparo puede constituir una acción reparadora y una garantía del derecho a la verdad.La defensa jurídica del OCNF en el caso de Mariana Lima es un tema pendiente de estudiar para destacar los aportes técnicos que se hicieron desde esta organización civil, mismos que fueron retomados por la SCJN al emitir la sentencia respectiva.

The post La defensa jurídica del OCNF en el feminicidio de Mariana Lima, permitió que la SCJN incluyera la perspectiva de género en las investigaciones de feminicidios appeared first on La Chispa Quintana Roo.

La dinámica gubernamental en el Ayuntamiento de Tulum poco a poco se va reactivando luego de la triste noticia del fallecimiento de quien se venía desempeñando como presidente de ese importante municipio, Marciano Dzul Caamal, quien fue factor de unidad en sus proyectos políticos tanto a su paso por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Los seguidores y miembros de su equipo de trabajo, en homenaje a su memoria, deben mostrar congruencia y convicción para el trabajo que le espera a la actual administración municipal, además, de buscar que el desarrollo de Tulum sea de manera ordenada, dentro del marco de la ley y en beneficio de sus habitantes y por ende, para prestar servicios de calidad a los miles de personas que visitan ese municipio año tras año.

Entre las primeras decisiones que se han tomado en esta nueva etapa del gobierno municipal de Tulum se encuentran los acuerdos tomados durante la sesión extraordinaria llevada a cabo este jueves 16 de marzo, durante la cual se nombró a la persona que sustituye a Diego Castañón Trejo en la Tesorería Municipal, se trata de Vicente Francisco Aldape Moncada, una persona de confianza del nuevo presidente municipal. es licenciado en derecho, egresado de la Universidad de Nuevo León.

De igual manera se nombró a Ricardo Morales Santos como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, teniente de fragata de la Marina, egresado de la Escuela Naval, luego que hace unos días el presidente municipal se reunió con mandos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina en la entidad, con la finalidad de diseñar y poner en práctica nuevas estrategias para atender el reclamo ciudadano y de los inversionistas que consiste en garantizar la seguridad pública, como un derecho humano.

Entre las diversas acciones para reforzar la Seguridad en el municipio el presidente municipal anunció el arribo al municipio de 70 elementos de la Secretaría de Marina que se sumarán a tareas de Seguridad Pública.

Al iniciar la semana, Diego Castañón Trejo entregó un nuevo parque vehicular para reforzar la operatividad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC), así como para los Servicios Públicos y Administrativos del Ayuntamiento.

Durante la ceremonia de entrega de este parque vehicular el munícipe dijo: “Me siento muy orgulloso de que como tesorero y hoy en calidad de presidente municipal, los compromisos se cumplen señores. Hoy entregamos nuevas unidades a nuestra Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, automóviles, motocicletas y cuatrimotos equipadas de última generación para que nuestros elementos puedan responder rápidamente a peticiones de los ciudadanos. Estas patrullas son un paso de gran importancia en nuestra lucha contra la delincuencia y violencia en nuestra ciudad. Un Tulum seguro que recibe a los ciudadanos con los brazos abiertos. Los camiones recolectores de basura de carga trasera, la barredora ecológica y la pipa nos permiten embellecer nuestra ciudad, dar una imagen a Tulum y consolidarnos como una ciudad digna de visitarse”.

Al dirigirse a las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Tulum expuso: “Requerimos estar a la altura de las demandas en infraestructura pública y servicios para todos los sectores de la sociedad que integran esta comunidad. Me comprometo a trabajar para que esto suceda. Necesito a todas y todos para que de la mano caminemos por una ruta firme”.

La inversión que hace el Ayuntamiento de Tulum para este parque vehicular es de 64 millones de pesos provenientes del ramo 28 de Participaciones Federales y del Derecho de Saneamiento Ambiental, de acuerdo a informes oficiales.
A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se le asignaron 5 automóviles (patrullas), 2 automóviles para labores inteligencia (patrullas, 10 motocicletas Suzuki, 2 cuatrimotos y 10 bicicletas.

Mientras que a las labores operativas del Ayuntamiento se destinaron 9 camionetas tipo Pick Up y una camioneta tres toneladas.

Además, se entregaron: 8 camiones recolectores de basura, 1 camión tanque, tipo pipa con capacidad de 10 mil litros y una barredora ecológica.

Es importante resaltar que a este acto de entrega del nuevo parque vehicular asistió la diputada Silvia Dzul Sánchez, los regidores David Tah Balam, Martín Dzib Chimal, Carlos Coral Basurto, así como diversas personas servidoras públicas de la administración la administración municipal de Tulum, el noveno municipio de Quintana Roo.

Diego Castañón Trejo se ha propuesto reducir sensiblemente la incidencia delictiva en los próximos cien días, para lo cual dio a conocer un paquete de acciones.

“Si hay seguridad, ciudadanos, turistas y empresarios se sienten mejor. Hay más inversión, más empleo, más derrama económica”, declaró Castañón Trejo durante una conferencia de prensa.

Entre las medidas de seguridad que aplicarán desde este jueves en Tulum se contempla está la entrada en vigor del horario de cierre para giros nocturnos. “En la zona costera se mantiene el horario actual. En la zona centro de la ciudad vamos a cerrar a las 2 horas y a las 2:30 horas no tiene que haber nadie”, dijo el hoy presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo.

The post Garantizar la seguridad pública en Tulum, una de las prioridades del gobierno municipal appeared first on La Chispa Quintana Roo.

En el Noreste de la Patagonia argentina se encuentra la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Rio Negro, allí, el pasado 8 de marzo, un grupo de personas marcharon por sus calles, entre dolor, rabia y llanto para exigir justicia a las autoridades de un estado llamado Quintana Roo, ubicado en México, a miles de kilómetros de esas tierras, porque en un centro turístico conocido como Playa del Carmen fue asesinada una mujer originaria de la ciudad de Carmen de Patagones, conurbada a Viedma, pero el caso se cerró como suicidio. La víctima de feminicidio se llamó Agostina Jalabert, quien trabajaba como modelo.

Hasta esa ciudad, por donde cruza el Rio Negro argentino, llegó el luto que provoca la violencia que se genera en Quintana Roo, así como las inconsistencias durante la intervención de las autoridades encargadas de procurar justicia. En la movilización que partió desde el Muelle de Lanchas a la Plaza San Martín, unas 500 personas, entre familiares, amigos de Agostina y vecinos de la zona, mostraban en sus rostros la angustia, la impotencia y la tristeza no solo por el asesinato, sino por la insensibilidad institucional para tratar el caso.

El sitio web de noticias Río Negro reseña que la marcha tuvo el lema: “Todas somos Agostina”. En una imagen tomada por Pablo Leguizamon, se ve en primer plano al padre de la víctima con otro hombre tomándose mutuamente el cuello con las manos; en el rostro del padre, con los ojos cerrados, solo se ve llanto acumulado, dolor que se ha convertido en coraje para exigirle a las autoridades mexicanas que reclasifiquen los hechos de suicidio a feminicidio; después se ven los rostros de tres mujeres, una esta ubicada de perfil, porta lentes oscuros; al fondo un cartel con fondo morado, la imagen del rostro de Agostina con la leyenda “FUE FEMICIDIO” en letras blancas y en la parte inferior #8M, en negro.

De acuerdo al periódico argentino La Nación, Carolina, la madre de Agostina, recordó: “Hace dos años la rescatamos a Agos de su departamento de Viedma. Si ese día no íbamos a buscarla, esto hubiese pasado en ese momento”. Entonces Agostina vivía con su novio Juan Manuel Reverter.

Posteriormente, ambos viajaron a México y se instalaron en Playa del Carmen, la violencia generada hacia ella la obligó a regresar a Argentina en el año 2021. A finales de 2022, Agostina regresa a Playa del Carmen acompañada de una de sus hermanas. Se reconcilia con Juan Manuel y los tres comparten el departamento.

En la publicación de La Nación, Carolina relata que cuando intervino en el primer episodio de violencia en Viedma, “su hija, de 31 años, convivía en ese momento con Juan Manuel Reverter –el mismo de quien ahora sospechan de haberla asesinado– en la capital de Río Negro”. Luego de aquel episodio “el hombre continuaba insistiendo para verla”.

“Un día lo encontré en la puerta de la casa. Lo encontré de casualidad y le dije que no la moleste más. Que Agostina tenía planes y que no eran con él”, describió.

Agregó: “Después de eso, él desapareció de la vida de Agostina, pero dos años después volvió. La situación fue un caos. La diferencia fue que en Playa del Carmen no estábamos nosotros para rescatarla”.

Al respecto, la mamá de Agostina lamentó no haber realizado la denuncia en ese momento y calificó al presunto femicida como “perverso, cínico y narcisista”.

“Hoy está escondido. Seguro escucha y ve todo. Sabemos que es así. Hubiese dado su versión si no tuviese nada que esconder. Sus padres son responsables por encubrir a este monstruo”, concluyó.

El 18 de febrero de 2023, por la mañana, Candela, la hermana de Agostina, llegó al departamento y encontró que la clave electrónica de acceso estaba bloqueada, tocó la puerta y nadie le abría, los vecinos le informaron que una noche anterior habían llamado a la policía dos veces porque se escucharon gritos, pero la policía nunca llegó. Candela siguió insistiendo para que le abrieran la puerta porque se percató que alguien estaba adentro. Después de mucha insistencia Juan Manuel le abrió.

Encontró el cuerpo de Agostina en el baño, atado en el cuello a un toallero, no recibió otra explicación de Juan Manuel primero dijo que el estaba dormido, y agregó que se había suicidado, pero nunca explicó porque no llamó a la policía o pidió auxilio a paramédicos ni tampoco porque bloqueó la clave de acceso de la puerta, así como porqué se tardó tanto en abrir la puerta a Candela.

La policía de Quintana Roo le compró la versión que se trataba de un suicidio, cerro el caso con un testimonio de Agostina que se quería morir, después desapareció llevándose el teléfono celular de Agostina, el cual la policía nunca intento recuperarlo, mucho menos llamar a declarar sobre los hechos a Juan Manuel.

El caso obtiene notoriedad el pasado 7 de marzo, cuando el diario español El País, dio a conocer que la autopsia realizada a Agostina aporta evidencias que no se trató de un suicidio, sino de un feminicidio. La familia recurrió a un perito argentino para que interpretara la autopsia entregada por las autoridades mexicanas, el resultado fue suficiente para solicitar que el caso se abriera por feminicidio.

El referido diario español, en su edición mexicana, dio a conocer: “El peritaje, al que ha tenido acceso este diario, habla de golpes, signos de tortura y de agresión sexual. Estas revelaciones reafirman la tesis de los familiares de la mujer y refutan la versión de la Fiscalía de Quintana Roo, que desde el principio ha defendido que la muerte fue un suicidio. El informe fue encargado por los parientes de Jalabert a un médico argentino, quien estudió la necropsia emitida por los forenses mexicanos.

“El peritaje está firmado por el doctor José Micieli, que se acredita como médico forense con más de 20 años de experiencia en la policía, los servicios penitenciarios argentinos y como ex jefe de la policía científica de Patagones, el municipio del que es originaria la familia Jalabert. La Fiscalía de Quintana Roo, preguntada por este diario al respecto del nuevo análisis, se mantiene en su posición y defiende que la principal línea de la investigación sigue siendo el suicidio”.

El cadáver de Agostina Jalabert (31 años) presentaba lesiones como la marca de un puñetazo en la boca y un trauma craneal que, según el informe, “pudieron haber sido producidos con el objetivo de desvanecer a la víctima para poder manipularla y finalmente colocarla en la posición en que se la halló”. La modelo fue encontrada por su hermana Candela, ahorcada con un cinturón al toallero del baño de su casa, a una altura de poco más de un metro. “Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso”, reza el peritaje.

La autopsia realizada por los forenses mexicanos también revelaba que la joven tenía quemaduras de cigarrillos en la mejilla y el lateral izquierdo del cuello “ocasionadas horas previas a su muerte”, según ha podido confirmar EL PAÍS. El informe independiente defiende que esas marcas son un “dato claro de tortura”. Agostina Jalabert presentaba también “lesiones vulvovaginales” cercanas a la hora del fallecimiento, según la necropsia. “Se puede inferir que la relación sexual no fue consentida”, opina el peritaje. Otra herida en el interior del muslo “demuestra la negación de la víctima al acto sexual, realizando fuerza para no separar las piernas, hecho logrado por la violencia ejercida por el victimario”.

De acuerdo con el análisis independiente, “las lesiones que describió son recientes, aunque no determine data aproximada, las colocaría dentro de todo lo ocurrido durante esa noche hasta el óbito”. Es decir, que todas las heridas que presentó la joven sucedieron la misma madruga en la que, según la hipótesis de la Fiscalía, Agostina Jalabert se suicidó. El doctor Micieli señala durante todo su informe faltas u omisiones en la autopsia que podrían haber ayudado a conseguir más información. El cadáver de la modelo fue finalmente cremado.

La exigencia de justicia De la colectiva “Siempre Unidas AC” de Playa del Carmen y desde Viedma y Carmen de Patagones, dos ciudades argentinas conurbadas, esta siendo retomada por medio de comunicación extranjeros, los cuales vuelven a poner a Quintana Roo, como un territorio inseguro para las mujeres y su embajada. Los casos de feminicidio y otros tipos de violencia contra mujeres de diversas nacionalidades en Quintana Roo están pendientes en la agenda de embajadas y consulados de todo el mundo.

The post Feminicidio de Agostina, vuelve a colocar a Quintana Roo, a nivel internacional, como un territorio de alto riesgo para mujeres appeared first on La Chispa Quintana Roo.

Cuando las máximas autoridades de un país o de un estado, en el caso de México, tienen como política violentar la libertad de expresión, criminalizar el quehacer periodístico, como sucede actualmente en México y en Quintana Roo, son las responsables de cualquier otra acción que cometan en el mismo sentido sus subalternos o fanáticos, porque su objetivo es inhibir las libertades de pensamiento y expresión para que solo prevalezca una sola voz, la que atenta contra la diversidad de ideas, la pluralidad y la inclusión.

Esos mensajes ocultos y abierto dirigidos al gremio periodístico de Quintana Roo, principalmente en contra de quienes disienten de la voz del poder, ponen en riesgo nuestra integridad física, nuestras vidas, así como a nuestras familias y nuestros patrimonios.

En medio de la estigmatización, la criminalización y el acoso en agravio a periodistas incómodos que se registran a nivel nacional y estatal, volví a ser víctima de un nuevo atentado en contra de mi seguridad física y patrimonial, debido a que el pasado domingo 5 de marzo, una persona del sexo masculino ingresó a mi domicilio a sustraer objetos de mi propiedad.

Alrededor de las ocho de la noche ingresé con mi vehículo a mi casa, lo estacioné y entré al baño, a los pocos minutos regresé a la cocina que colinda con la cochera y desde la ventana “miré la silueta de una persona, yo pensé que se trataba de mi nieto y le grité hey, en eso miré que salió corriendo y fue que grité hey, qué buscas?, qué quieres?, al ver que salía corriendo de inmediato salía detrás de él, pero antes activé mi videocámara, para grabar a esta persona, esta persona tenía en la mano dos sombrillas medianas, una de color blanco y otra azul, con un uso aproximado de diez años y un monto aproximado de mil pesos, un garrafón de agua de cuatro litros, de un uso aproximado de un mes, con un monto de cincuenta pesos”.

Este relato se lo proporcioné horas después al personal de la Fiscalía en Felipe Carrillo Puerto cuando fui a presentar mi respectiva denuncia, penal, pues no es la primera ocasión que personajes que se ven afectados con mi trabajo periodístico y de defensora de los derechos humanos envían a sus mensajeros con diversos objetivos como lo consta en las diversas carpetas de investigación que se han abierto durante los últimos años.

Al personal de la fiscalía también le conté que me asusté mucho y de inmediato cerré el portón de mi casa que permanecía abierto, “en eso miré que esa persona del sexo masculina se acerca nuevamente a mi portón, y se sienta frente al portón, de allí yo le pregunté que quien es”, me dice que se llama Lucio Fernando Yama Tamay y que venía de José María Morelos, Quintana Roo, “me percaté que esta persona se encontraba en visible estado de ebriedad”.

En eso marque a la Policía Municipal de Felipe Carrillo Puerto, pero jamás llegaron a auxiliarme, a los diez minutos aproximadamente, este persona se retira de mi domicilio, llevándose los objetos referidos.

Como a los diez minutos que se había retirado esta persona, llegaron mis hijas y una de ellas, en el camino por el que llegó a mi domicilio, encontró las sombrillas tiradas.

Como ciudadana, haciendo uso de mis derechos constitucionales en tiempo y forma acudí a presentar mi denuncia penal correspondiente para que se abra la carpeta de investigación respectiva en busca que esta nueva agresión, no quede impune, como muchas de las otras que en puesto en conocimiento de las autoridades respectivas.

Tampoco busco tener un extenso expediente de agravios en mi contra como ciudadana, defensora de derechos humanos y periodista, lo que busco es que quienes integran la clase política que gobierna este estado me dejen trabajar tranquilamente, hacer mi trabajo periodístico y ellos se dediquen a gobernar como se comprometieron el día que rindieron protesta como personas servidoras públicas.

Esto en espera de ir a ratificar mi denuncia y aportar las evidencias que tengo en mi poder, con la finalidad de hacer los informes respectivos al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, del cual soy beneficiaria, debido a que por mi desempeño profesional he sido víctima de amenazas, intimidación, acoso y entre otros agravios por desempeñar mi actividad periodística y de defensora de los derechos humanos de las mujeres, actividad que he venido desarrollando desde hace 20 años a través de la asociación civil Maya sin Fronteras como lo evidencias los múltiples casos que he acompañado.

Quizás el hecho que una persona entre a robar en un domicilio del municipio de Carrillo Puerto, no es novedad, ya no es noticia, pero que de manera intimidante haya estado frente a mi domicilio, por más de diez minutos y que las sombrillas que sustrajo de mi domicilio las haya tirado en su retirada, eso implica, que el objetivo del allanamiento de mi domicilio no fue el robo. Las autoridades tendrán que investigar y dar una explicación al suceso.

The post Mi actividad periodística y como defensora de DDHH en riesgo por los discursos estigmatizantes de los gobiernos de la 4T appeared first on La Chispa Quintana Roo.