Aparece el nombre de Alejandro Arai, identificado en diversos informes como una figura clave en la estructuración de mecanismos financieros y fiscales utilizados para pequeñas, medianas y grandes empresas desde el sexenio de Felipe Calderón.

Aunque Raúl Beyruti, conocido como el “Rey del outsourcing”, enfrenta procesos judiciales y órdenes de aprehensión por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, versiones periodísticas y reportes de inteligencia apuntan a que los esquemas financieros y fiscales asociados a su red no habrían sido desmantelados, sino que continúan en operación mediante intermediarios, colaboradores y socios estratégicos.

En ese contexto aparece Alejandro Arai, identificado en diversos informes como una figura clave en la estructuración de mecanismos financieros y fiscales utilizados para pequeñas, medianas y grandes empresas desde el sexenio de Felipe Calderón. Fuentes consultadas lo señalan como uno de los principales operadores del entramado que giró durante años en torno a Beyruti.

De acuerdo con testimonios recabados por este medio, Beyruti y Arai realizaron de manera conjunta visitas a decenas de empresarios para ofrecer servicios de “asesoría fiscal”, una práctica comúnmente asociada al outsourcing. En esos encuentros, Beyruti habría promovido directamente a Arai como su hombre de confianza, en anticipación al endurecimiento de la persecución fiscal en su contra.

Según una fuente que pidió el anonimato por temor a posibles represalias, Alejandro Arai habría visitado en distintas ocasiones a Raúl Beyruti y a su familia en Miami, Florida, durante el periodo en que la justicia mexicana intensificó las acciones contra el empresario. “Alejandro Arai es el heredero del imperio de Beyruti. Las autoridades hacendarias deberían investigar los viajes a Miami y las conexiones financieras entre estos personajes para dimensionar las relaciones entre estos personajes”, aseguró la fuente.

Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, de Claudia Sheinbaum, se impulsaron medidas para combatir los esquemas de subcontratación. No obstante, personas cercanas a los círculos empresariales vinculados a Beyruti y Arai afirman que sus operaciones no se detuvieron y que, por el contrario, continuaron ofreciendo garantías a sus clientes, asegurándoles contar con contactos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los señalamientos en torno a Arai se amplían por sus vínculos empresariales. En registros oficiales figura como socio de Ernesto Mizrahi en la empresa Armisa Centro de Negocios. Mizrahi es propietario de Blindajes EPEL, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos blindados que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades financieras y administrativas.

Las indagatorias se centran en el periodo comprendido entre 2019 y 2024 y analizan posibles anomalías, entre ellas el manejo de grandes cantidades de efectivo que, presuntamente, no habrían sido reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que podría configurar delitos de evasión fiscal o lavado de dinero. En los últimos 12 años, Blindajes EPEL obtuvo contratos millonarios con gobiernos estatales y dependencias federales.

En meses recientes, Mizrahi también se vio involucrado en una disputa personal con el líder sindical Pedro Haces y su hijo, el legislador Pedro Haces Lago. De acuerdo con versiones difundidas en el entorno de Alejandro Arai, se responsabilizó a la familia Haces de presuntos disturbios contra instalaciones de la blindadora; sin embargo, no existe constancia de denuncias formales, por lo que el episodio permanece en el ámbito del señalamiento no acreditado.

Frente a este cúmulo de antecedentes, autoridades hacendarias y judiciales analizarían la posibilidad de intensificar las acciones contra Raúl Beyruti y Alejandro Arai, refieren fuentes. Personas de su círculo cercano aseguran que ambos construyeron fortunas de gran magnitud a través de complejos esquemas fiscales, cuyas ramificaciones financieras aún no han sido plenamente esclarecidas por las autoridades.

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Por Antonio Carrera.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ), a cargo de Néstor Vargas Solano, adquirió 571 vehículos por un monto de 252 millones de pesos, bajo un esquema de adjudicación directa en el que la dependencia no presentó un análisis del parque vehicular a renovar ni un estudio de mercado que justificara la asignación sin licitación. Además, en los archivos oficiales del Gobierno federal no aparece identificada la empresa beneficiada con este contrato millonario.

El Pleno del Órgano de Administración Judicial argumenta que la sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación obedece a que las unidades presentaban fallas recurrentes. Sin embargo, en el boletín publicado el pasado 23 de enero no se anexan documentos técnicos, financieros, operativos o de seguridad que respalden la decisión de adjudicar de manera directa la compra.

De acuerdo con fuentes extraoficiales del propio Órgano de Administración Judicial, el proveedor presuntamente favorecido sería JetVan, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, empresa que habría recibido 252 millones de pesos para suministrar 571 vehículos de distintos tipos destinados a directivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Del total de unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas. No obstante, no se detallan los costos asociados a la carga de estos vehículos ni el consumo de electricidad que implicará su operación. A ello se suma que, actualmente, la dependencia no cuenta con la infraestructura necesaria para la instalación de cargadores, aseguró un trabajador del Órgano de Administración Judicial.

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Nacida durante el sexenio de Felipe Calderón, Broxel, empresa de servicios financieros propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, construyó en poco más de una década una red de contratos públicos que a la fecha supera los 25 mil millones de pesos, un ascenso que tomó impulso durante la administración de Enrique Peña Nieto y cuyo historial hoy es revisado por diversas instancias federales.

Desde su creación, en 2011, Broxel encontró terreno fértil en programas públicos de prestaciones y vales. Durante el gobierno de Peña Nieto, su presencia se disparó en organismos como el Infonavit, donde entre 2016 y 2024 obtuvo al menos diez contratos por 701 millones de pesos, ocho de ellos por adjudicación directa. Ese patrón motivó una denuncia presentada en 2025 ante el propio Instituto, turnada también a la FGR, la SFP, el SAT y la UIF, para indagar posibles conflictos de interés y triangulación de recursos iniciados desde esos años.

A nivel estatal, el mayor empuje provino de gobiernos panistas. Entre 2021 y 2024, las administraciones de Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y Querétaro otorgaron a la firma más de 860 millones de pesos en contrataciones públicas, de las cuales 21 de 38 fueron por adjudicación directa.

El expediente también incluye episodios bajo observación regulatoria. En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a su filial Broxel Transfer por incumplimientos en prevención de lavado de dinero; y en 2022 multó a otra de sus razones sociales por entregar información falsa o incompleta.

A ello se suma que entre 2019 y 2025 la empresa retrasó la devolución de 121 millones de pesos en vales no entregados al Gobierno de la Ciudad de México, obligando a la Secretaría de Finanzas a emitir múltiples oficios para exigir los reembolsos, según se constató en documentos obtenidos vía transparencia.

Pese a estas alertas, Broxel acumula convenios en administraciones estatales y en distintos organismos federales, varios de ellos derivados de contratos iniciados al amparo de gobiernos panistas y priistas.  El historial, que mezcla montos millonarios, irregularidades operativas y una tendencia recurrente de adjudicaciones6 directas, ha encendido focos rojos en áreas federales que hoy analizan el origen y evolución de esta red de asignaciones públicas.

Esto ocurre, mientras la administración de Clara Brugada se encuentra en plena definición de la licitación para los vales de despensa de fin de año, un contrato estimado en más de 3 mil 700 millones de pesos. Servicios Broxel, que ha mantenido la adjudicación desde 2019, busca continuar al frente.

Personas cercanas al proceso aseguran que el exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López habría desplegado gestiones para presionar a funcionarios capitalinos y operar, a través de medios de comunicación, una estrategia favorable a la empresa con el fin de influir en el resultado del proceso. Estas maniobras, aseguran, han generado tensión política en torno al fallo, programado para hoy lunes 10 de noviembre.

En paralelo, Gustavo Gutiérrez Galindo, fundador y director de Broxel, ha sido vinculado con actores políticos y empresariales desde los años en que su compañía comenzó a obtener contratos federales y estatales. Según fuentes consultadas, durante la última década mantuvo presencia frecuente en uno de los palcos del equipo Miami Dolphins, espacio donde solía reunirse con funcionarios y representantes de distintas dependencias, mientras su firma ampliaba su red de convenios públicos.

De acuerdo a un periodista mexicano que asistió a uno de esos partidos de la National Football League (NFL), uno de los empresarios que fueron ubicados en estas reuniones es Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario actualmente requerido por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal relacionados con esquemas de outsourcing.

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El contrato, identificado como CEAJ-DG-DA-AD-SOL-1834/2024, fue suscrito bajo la dirección administrativa de Alberto José Vázquez Quiñones, quien asumió esa responsabilidad en diciembre de 2018, tras haber sido jefe de departamento en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). En 2017, Vázquez Quiñones había participado en el proceso para dirigir dicha Auditoría.

De acuerdo con los registros oficiales, fue hasta 2023 cuando Nítido Taller Creativo modificó su objeto social para incluir actividades más amplias, lo que le permitió acceder a otros contratos y servicios, entre ellos el asignado por la CEAJ.

Fuentes internas de la Comisión Estatal del Agua, que solicitaron anonimato, señalaron que al menos cuatro familiares directos de Vázquez Quiñones laboran actualmente en la institución. Entre ellos se encuentra su hijo, José Alberto Vázquez González, quien figura como analista de procesos en la Dirección de Innovación y Tecnología del SIAPA, área involucrada en un reciente hackeo.

Su hermano, Francisco Javier Vázquez Quiñones, trabajaba en la Sección de Grandes Consumidores, también del SIAPA. La lista incluye además a su nuera Iran Aylin Vázquez Martínez, a su sobrino Hugo Francisco Olguín Osegueda y a Edgar Andrés Vázquez Gómez.

Otros casos similares fueron reportados en distintas áreas del organismo, particularmente en el programa Nidos de Lluvia, donde laboran familiares de varios funcionarios, incluidos Hermilio de la Torre Delgadillo, subdirector de Servicios Generales; Juan Manuel García Díaz, subdirector; José Enrique Pelayo Ruiz, subdirector de Socialización y Contraloría Social; Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda, ex subdirector jurídico.

Así como Víctor Ignacio Méndez Gómez, subdirector de Plantas de Tratamiento; y Patricia Navarro Reyes, recepcionista adscrita a la Dirección General, todos señalados por tener parientes directos en puestos dentro del programa “Nidos de Lluvia” o en otras áreas administrativas.

Hasta ahora, no se ha informado si existe una investigación en curso sobre los vínculos familiares dentro de la institución ni sobre el procedimiento para la asignación del contrato.

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Además, el 70% de quienes desean integrarse al mercado laboral no lo hacen por no contar con alguien que cuide a sus hijos, familiares mayores o personas enfermas.

Frente a este panorama, Fundación FEMSA y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, presentaron el estudio Prácticas favorables a la familia y la primera infancia en el sector privado en México, con el propósito de visibilizar cómo ciertas políticas empresariales pueden generar un impacto positivo tanto en el entorno laboral como en el desarrollo infantil.

La investigación reúne experiencias de compañías que han implementado medidas como licencias parentales extendidas, horarios flexibles, espacios de lactancia y acceso a servicios de cuidado infantil.

Según Sindy González Tijerina, gerente de Primera Infancia de Fundación FEMSA, el objetivo es “promover e incentivar que más empresas visualicen que apoyar a la primera infancia les beneficia a todos: las empresas, los colaboradores y sus hijos e hijas”.

Juan Gonzalo Flores, Country Manager de IFC, afirmó que “las políticas favorables a la familia son una inversión estratégica que impulsa la igualdad de género y fortalece al sector privado. Difundir estas buenas prácticas es clave para acelerar el cambio”.

El informe documenta casos como el de Viva, que habilitó salas de lactancia en oficinas y aeropuertos, proporcionó kits de extracción de leche y organizó talleres para su personal. De las empleadas que tomaron licencia de maternidad entre 2023 y 2024, el 96% continúa en la empresa.

Gentera, por su parte, desarrolló una alianza con Advenio para ofrecer servicios de cuidado infantil. En lo que va de 2024, 62 niños han sido beneficiados por este modelo, y el 95% de las trabajadoras regresaron a sus puestos tras su licencia.

En el caso de FEMSA Servicios, se opera el programa FEMSA Flex, que permite esquemas de trabajo híbrido. Según una encuesta interna de 2022, el 68% del personal opinó que esta política contribuye a prevenir el agotamiento laboral.

Por último, Coca-Cola FEMSA puso en marcha el programa Niños KOF, el cual reconoce los logros escolares y deportivos de los hijos del personal. En 2024 se realizaron 43 eventos en 204 sedes del país.

El documento señala que estas políticas no solo atienden necesidades sociales, también se traducen en mayor productividad y menor rotación del personal. Las empresas que invierten en el bienestar de las familias fortalecen su capacidad para atraer y retener talento, además de posicionarse como espacios laborales más equitativos.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapó un desfalco millonario en la Secretaría de Salud de Veracruz, ocurrido durante la gestión de Cuitláhuac García, relacionado con contratos otorgados a Productos Serel, empresa que forma parte del conglomerado de Grupo Kosmos-La Cosmopolitana, del empresario Jack Landsmanas.

El informe de la Cuenta Pública señala que Productos Serel recibió contratos por $393,432,176.93 pesos la mayoría de los contratos bajo la modalidad de adjudicación directa (sin licitación de por medio) desde 2020 para proporcionar alimentos y bebidas a hospitales públicos de la entidad. Sin embargo, la empresa, perteneciente a Grupo Kosmos, incumplió con los estándares de calidad y las condiciones contractuales acordadas, lo que causó un daño patrimonial estimado en hasta $69 millones de pesos, de los más de $388 MDP por aclarar en tan solo dos auditorias, para las finanzas del estado.

Por su parte, la razón social Café Bersa, recibió de manos del gobierno de Veracruz un total de 13 contratos que en conjunto suman la cantidad de $530,902,018.67 pesos; es decir, entre las dos empresas que conforman el GruPo Kosmos se adjudicaron servicios de alimentación en la Secretaría de Salud por la cantidad de $924,334,195.6 pesos.

Además, en los últimos años, Landsmanas y sus empresas asociadas al Grupo Kosmos fueron objeto de denuncias y sanciones por irregularidades en el suministro de productos alimenticios, con varios organismos destacando que los alimentos entregados se encontraban en malas condiciones.

Tras estos hallazgos, la gobernadora Rocío Nahle ordenó suspender todos los contratos con la empresa y destinar recursos a la rehabilitación de 60 cocinas hospitalarias. Igualmente, la ASF instruyó iniciar investigaciones contra funcionarios de la Secretaría de Salud local, debido a las irregularidades en los convenios que perjudicaron las finanzas públicas del estado.

Productos Serel es parte del conglomerado Kosmos, vinculado al denominado “Cártel de la Comida”, una red de empresas encabezada por Jack Landsmanas. Este grupo empresarial, que opera en el sector alimentario, está involucrado en el suministro de servicios como comedores industriales, así como en la distribución y envasado de productos alimenticios.

A pesar de las acusaciones en su contra, Landsmanas sigue obteniendo contratos públicos. Uno de los casos más destacados de su empresa es La Cosmopolitana, conocida por sus prácticas de monopolización en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos a instituciones gubernamentales, como el IMSS, ISSSTE y Pemex, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entre 2011 y 2020, La Cosmopolitana acumuló 265 contratos públicos por un total de 3,422 millones de pesos, aunque su actividad se detuvo tras ser expuesta por sus prácticas corruptas.

El CEO de Corporativo Kosmos, Jack Landsmanas, fue vetado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a las irregularidades detectadas en La Cosmopolitana. Sin embargo, ha intentado eludir este veto mediante su participación en Opes Acquisition Corp., una empresa offshore registrada en Estados Unidos, fundada en 2017 junto a Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijos del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, y con la colaboración de Rodrigo Lebois Mateos, fundador de Unifin, otra compañía polémica relacionada con los sexenios anteriores.

CONTRATOS A PRODUCTOS SEREL

SESVER/DA/C-002/2024            $35,438,429.33

SESVER/DA/C-019/2023             $31,714,720.00

SESVER-DA-C-045-2023              $69,617,360.00

SESVER_DA_C-104_2022           $9,953,111.00

SESVER_DA_C-095_2022           $63,429,440.00

SESVER_DA_C-011_2022            $30,396,560.00

SESVER/DA/C-323/2021             $2,153,710.00

SESVER/DA/C-127/2021             $56,816,000.00

SESVER/DA/ C-014/2021            $28,408,000.00

334                                                     $874,245.60

223                                                     $7,814,601.00

74                                                       $56,816,000.00

TOTAL                                         $393,432,176.93

CONTRATOS A CAFÉ BERSA

SESVER/DA/C-073/2024             $144,619,200.00

SESVER/DA/C-001/2024             $36,871,170.67

SESVER/DA/C-018/2023             $29,952,700.00

SESVER-DA-C-044-2023              $65,923,220.00

SESVER_DA_C-105_2022            $10,046,888.00

SESVER_DA_C-096_2022           $59,905,400.00

SESVER_DA_C-012_2022           $28,868,600.00

SESVER/DA/C-321/2021              $14,999,840.00

SESVER/DA/C-128/2021             $53,960,000.00

SESVER/DA/ C-015/2021            $26,980,000.00

335                                                     $674,100.00

224                                                     $4,140,900.00

73                                                       $53,960,000.00

TOTAL                                          $530,902,018.67

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Al ser inhabilitada en 2021 por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal, la empresa se abstuvo de participar en contrataciones gubernamentales por un año.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una auditoría sobre las operaciones de Jet Van Car Rental, por un posible perjuicio financiero a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estimado en 8 millones 935 mil 828 pesos, esto ante la petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con Compranet en el sexenio que acaba de concluir, sus ingresos rondaron los 7 mil 400 millones de pesos derivados de contratos con la administración pública federal, mientras que, en lo que va de 2025 suma alrededor de 500 millones de pesos en 21 contratos.

Asimismo, entre 2019 y 2024 facturó más de 7 mil millones los cuales no contemplan los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo monto en los últimos tres años asciende a los 4 mil 500 millones de pesos.

Otra asignación fue en 2023 por parte del municipio de Juárez, Chihuahua, que le otorgó un contrato para la adquisición de vehículos equipados como patrulla por 117 millones de pesos; el gobierno de Guerrero que le asignó un contrato de más de 71 millones de pesos, en marzo del año pasado, por el arrendamiento de 66 vehículos; Quintana Roo, que en diciembre de 2023, le adjudicó un contrato de 48.5 millones de pesos, y el Ayuntamiento de Tepic, que también en 2023 le asignó un contrato por 20 millones de pesos.

La auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van.

Ante un posible conflicto de interés, la auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van, y es que, de acuerdo con investigaciones periodísticas César Gerardo Matamoros Vargas ha representado tanto a Forza Arrendadora Automotriz como a Jet Van Car Rental en licitaciones.

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En el actual sexenio, la mayoría de los contratos se relacionan con proyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan la asesoría financiera para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le han reportado ingresos por más de 40.2 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con una investigación publicada por EL CEO y pese a que en 2019 enfrentó inhabilitaciones y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), respectivamente, la empresa siguió captando contratos gubernamentales.

Por otra parte, en 2024, Altor incursionó en el sector bursátil con su propia casa de bolsa, la única aprobada en este sexenio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), la firma logró captar 2,500 millones de pesos para financiar infraestructura gubernamental.

Altor ha participado también en la reestructuración de deuda en ocho entidades federativas, incluyendo Jalisco, Oaxaca y el Estado de México, acumulando pagos por más de 134.8 millones de pesos.

El posicionamiento de la firma conformada por exfuncionarios y empresarios como Marcela Andrade Martínez, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP en el gobierno de Peña Nieto, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño con nexos cercanos al círculo del ex presidente López Obrador, como un nuevo actor de peso en el sistema financiero mexicano, ha sido cuestionado.

Lo anterior al replicar el modelo de asesoría gubernamental que en décadas anteriores impulsaron firmas como Protego y Evercore, ahora su influencia, no se limita solo a la administración pública, sino también en el sector financiero privado.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación tras la denuncia presentada el 18 de marzo por Gerardo López Ramírez, apoderado legal de la empresa Centrum Primotoria Internacional, contra varios funcionarios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

La acusación se refiere a presuntos actos de corrupción y el uso ilícito de atribuciones y facultades en el proceso de adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN/ISSEMYM/025/2025.

La licitación, celebrada el 7 de marzo de 2025, tenía como objetivo contratar servicios de pruebas de laboratorio para 22 hospitales del ISSEMYM. En la misma participaron las empresas Centrum, Instrumentos y Equipos Falcon SA de CV, empresas regiomontona ligada a los hermanos Rodolfo, Rolando, Héctor Hugo y Noé Ramírez Garza, asi como a Remigio Benavides Chapa y Salvador Zamora Salazar, y Arquina SA de CV, que preside Efraín Hendy Chayo (Distribuidora Médica Hendy SA de CV); sin embargo, el ISSEMYM adjudicó el contrato a Falcon y Arquina, cuya propuesta ascendió a 192 millones de pesos, 73 millones de pesos más que la oferta de Centrum, que fue de 119 millones de pesos. Este sobrecosto, equivalente a un 61% más, es el núcleo de la denuncia por presuntas irregularidades.

El delito por el cual se inició la investigación está contemplado en el artículo 340, fracción I, inciso b del Código Penal del Estado de México, ya que se alega que esta adjudicación afecta al patrimonio del ISSEMYM y sus derechohabientes. La denuncia incluye a Alfonso Rodríguez Manzanedo, director de Administración y Finanzas del ISSEMYM, quien emitió el fallo que favoreció a las empresas con sobrecostos; Marisol Villagrán Hernández, titular de la Dirección de Control del ISSEMYM, quien presidió el proceso de adjudicación; y la titular de la Dirección de Gestión y Control del ISSEMYM, quien emitió el oficio 207C0401430000L/DGC/0847/2025, señalando erróneamente que Centrum no cumplía con los requisitos solicitados.

Este caso se suma a las quejas y denuncias previas sobre irregularidades en la licitación y sobre el accionar de varios funcionarios del ISSEMYM en el manejo de licitaciones públicas. Además, se ha informado que Centrum ha presentado denuncias similares en otras partes del país relacionadas con prácticas irregulares en procesos licitatorios, y que Alfonso Rodríguez Manzanedo ha sido vinculado en situaciones anteriores que habrían favorecido a proveedores con sobrecostos.

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De acuerdo con el acta de fallo de la Licitación LPN/ISSEMYM/024/2025, la firma adjudicada no presentó la mejor oferta económica, ya que su propuesta superó en 73 millones de pesos a la de su único competidor, Centrum Promotora Internacional, pese a que ambas ofrecían el mismo servicio.

El Comité de Adquisiciones del ISSEMYM justificó su decisión argumentando que la oferta de Centrum estaba 40% por debajo de los precios unitarios establecidos en el contrato vigente, lo que interpretaron como una posible estrategia para obtener ventaja en el proceso. Además, señalaron que la empresa descalificada no presentó la documentación requerida, incluyendo la carta de respaldo para pruebas especiales ni los registros sanitarios actualizados de los equipos Roche Cobas 503 y Abbott Architect i1000.

Falcón ha sido sancionada previamente por su participación en prácticas monopólicas dentro del sector salud. En agosto de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó a todas las dependencias federales y estatales a no aceptar propuestas ni firmar contratos con esta y otras empresas involucradas en la manipulación de licitaciones para laboratorios y bancos de sangre.

A pesar de la inhabilitación de siete años impuesta a Falcón, en noviembre de 2023, la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la sanción impuesta por la SFP, dejando sin efecto la restricción y permitiéndole volver a participar en contrataciones públicas.

Falcón formó parte de una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2016, en la que se detectó la colusión de 15 empresas para obtener contratos millonarios en instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Según la Cofece, estas prácticas causaron un daño superior a los 1,200 millones de pesos al erario durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En julio de 2023, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, reveló que 19 empresas del sector de laboratorios clínicos y bancos de sangre estaban involucradas en casos de corrupción, lo que derivó en 23 investigaciones, así como en ocho inhabilitaciones y multas.

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