Por Silvia Hernández Martínez

A unos meses de que se lleve a cabo el Mundial de Futbol y aunque Quintana Roo no tendrá partidos, sí será un estado de entrenamientos, por lo que llegarán miles de personas, pero se enfrentarán con el grave problema de falta de agua, con exceso en el cobro de tarifas por el vital líquido y la lucha, que apenas ha empezado, por el huachicol del agua ante la falta de urbanización de varias regiones y sobre todo las cercanas a Cancún, ocasionando pérdidas millonarias al erario público y poniendo en riesgo la salud de los quintanarroenses.

Se ha reportado un aumento en “huachicol de agua” en Quintana Roo, específicamente en áreas como Alfredo V. Bonfil en Cancún y otras regiones, donde se han detectado tomas clandestinas y tomas ilegales en pipas. Esta práctica delictiva se ve impulsada por el descontento ciudadano con la empresa Aguakan, motivado por tarifas elevadas, mal servicio, falta de presión y cortes constantes de agua. Tomas clandestinas y fraude con “pipas” de agua, se han detectado en diversas regiones del estado, en donde igual que se hace con el combustible robado, se conectan a la red, pero hidráulica para robar el vital líquido y después venderlo mediante “pipas” a los lugares en donde se carece de tomas domiciliarias en los domicilios.

Rezago social y concesión de agua

La concesionaria se encuentra bajo fuerte escrutinio por supuestas irregularidades, a pesar de que logra ampararse para mantener la operación ante la suspensión de su contrato de concesión por parte del Congreso.

Miles de usuarios denuncian cobros elevados, por parte de Aguakan recibos “disparados” y falta de claridad en la facturación, además de fallas en el servicio en distintos puntos del estado.

Las quejas se concentran en cortes, baja presión, fugas y tiempos de respuesta, mientras crece la exigencia de auditorías, atención efectiva y un esquema de cobro transparente para los consumidores.

El tema reabre el debate sobre la concesión, la supervisión del servicio y la urgencia de garantizar agua con calidad y precios justos para hogares y negocios, pero mientras las autoridades no tomen su responsabilidad de dotar de agua directamente como gobierno que es, tanto Aguakan como el huachicoleo, mantendrán de rehenes a los habitantes de Quintana Roo.

Cancún, problemas de agua, afectarán a turistas y futbolistas

Cancún, que para los visitantes es uno de los destinos paradisiacos por sus playas y la calidad de los servicios se ve envuelto en el problema del “huachicol” y de agua (robo y comercialización ilegal) en el norte de Quintana Roo se ha tornado grave y persistente, particularmente en colonias irregulares y zonas con deficiencias en el suministro, esto aunado a las altas tarifas impuestas por Aguakan.

Control privado del agua dispara huachicoleo

A inicios de 2026, las autoridades han emitido alertas por la detección de tomas clandestinas y fraudes relacionados con la venta de agua en pipas, pero nada más, no ha habido sanciones o detenciones, pese a que el robo de agua ya es un delito grave en el país el problema del incremento en las tarifas de agua en Cancún, gestionado por la empresa Aguakan, es considerado grave y de alto impacto social a inicios de 2026.

La situación se caracteriza por recibos exorbitantes, falta de suministro, baja presión y un descontento generalizado entre la población que a pesar de que los cobros aumentan, los usuarios denuncian un servicio deficiente, con cortes constantes y “gota a gota”, mientras las facturas llegan puntualmente sin descuentos por la falta de agua.

Asimismo se han reportado incrementos drásticos, donde los recibos llegan a quintuplicarse de un mes a otro, afectando gravemente la economía doméstica por lo que la empresa Aguakan ha enfrentado acusaciones de abuso, y aunque el Congreso local ha intentado revocar la concesión, la empresa ha operado mediante amparos para mantenerse, generando mayor frustración ciudadana.

Ante la gravedad, el gobierno federal ha analizado la situación para buscar soluciones a la privatización del agua, declarando que la empresa no cumple y realiza cobros excesivos, además del costo, la infraestructura presenta fallas (baja presión) y se reportan problemas de desabasto en diversas colonias.

El hartazgo es alto, ya que es un tema recurrente en campañas políticas sin que la situación mejore, haciendo de la gestión del agua uno de los problemas más sentidos en Cancún y el norte de Quintana Roo.

El problema se concentra en colonias irregulares y áreas donde Aguakan (la concesionaria) tiene dificultades para prestar el servicio o no llega la red pública y pese a que se han desmantelado bodegas y detectado pipas que se abastecen de tomas clandestinas, operando al margen de la regulación sanitaria, lo que pone en riesgo la salud, el huachicoleo no se detiene por el contrario va en aumento.

El agua extraída ilegalmente a menudo no está tratada ni cumple con los estándares de potabilidad, representando un riesgo de enfermedades gastrointestinales.

Los conflictos con la concesionaria provocan el “huachicol” que se alimenta de las deficiencias en el suministro formal, en medio de una larga disputa por la concesión de Aguakan en Cancún, que ha generado insatisfacción en los usuarios y aunque el fenómeno del “huachicol” hídrico es más notorio en estados como el Estado de México, en Cancún está tomando relevancia debido al alto crecimiento poblacional y la presión sobre los mantos freáticos.

¿Cuánto cuesta el agua en febrero de 2026?

Para uso doméstico, el precio del agua potable depende del consumo mensual medido en metros cúbicos (m³). Las tarifas oficiales son las siguientes:

De 0 a 10 m³: cuota base de $203.46.
De 11 a 20 m³: cuota base de $236.44 y $25.00 adicionales por cada m³ extra.
De 21 a 40 m³: cuota base de $593.36 y $38.53 adicionales por m³ extra.
De 41 a 60 m³: cuota base de $1,416.90 y $49.32 adicionales por m³ extra.
De 61 m³ en adelante: cuota base de $3,183.36 y $120.63 adicionales por m³ extra.

Estas tarifas no incluyen IVA y se mantendrán vigentes hasta el 9 de marzo de 2026.

¿Y cuánto pagan los negocios y hoteles en Quintana Roo?

Para los usuarios comerciales, las tarifas comienzan con una cuota base de $185.45 y varían según el rango de consumo. Los usos industriales y hoteleros también tienen esquemas diferenciados, debido al volumen y demanda de agua que requieren sus actividades.

Por ejemplo:

En la tarifa industrial, los rangos van desde $92.82 hasta más de $153,284 de cuota base, dependiendo del consumo.

En el sector hotelero, la cuota base mínima es de $480.67, y se incrementa progresivamente por cada m³ utilizado.

Estos ajustes están diseñados para promover un consumo responsable y mantener el equilibrio entre el uso doméstico, comercial y turístico, sectores que sostienen la economía del estado.

¿Por qué varía el precio del agua cada mes?

El costo del agua no se fija libremente, sino que se actualiza mensualmente conforme a los lineamientos de la Ley de Cuotas y Tarifas de Quintana Roo.

El cálculo se basa en factores como el consumo promedio, los costos operativos del servicio y las variaciones de la energía eléctrica.

Pero las tarifas oficiales no son las que se cobran, de allí el cúmulo de denuncias contra la concesionaria, mientras la venta clandestina del preciado líquido está afectando la presión en las tuberías provocando la escasez donde sí hay agua entubada, mientras que las altas tarifas de la empresa encargada de la distribución “Aguakan” que además ha sido reportada por mal servicio y constantes cortes, van también en aumento por eso el creciente número de huachicoleros que, pese a las denuncias que se hacen por parte de los ciudadanos, continúan con su ilícita actividad dada las pingües ganancias que les aporta vender agua sin el tratamiento adecuado y manteniendo el abasto.

Otro problema que profundiza el huachicoleo son las desigualdades sociales ya que colonias y barrios periféricos y comunidades rurales son los más afectados: muchos deben comprar agua robada en pipas porque el suministro oficial es insuficiente. A pesar de que en 2022 se tipificó el robo de agua como delito grave, no existe aún una sola sentencia de cárcel, lo que refleja la impunidad que lo alimenta.

El costo económico es también enorme se calcula que cerca del 40% del agua producida para uso urbano no llega al usuario por fugas, robo o ineficiencia. Esto encarece el servicio, limita la inversión en mantenimiento y evidencia el deterioro de una infraestructura hidráulica envejecida, vulnerable a tomas clandestinas.

A ello se suma la desconfianza institucional, redes ilegales operan con bajo riesgo de sanción y a veces con tolerancia social. En zonas donde el servicio oficial es deficiente, las familias optan por agua de huachicol porque es más accesible, aunque sea riesgosa.

La corrupción, la falta de transparencia y la débil aplicación de la ley sostienen este círculo vicioso.

Redacción Macronews, publicó recientemente un artículo en el que señala que “Autoridades y ciudadanos han denunciado la presunta operación de esquemas de “huachicol de agua” en Quintana Roo, donde se detectaron al menos dos modalidades ilícitas: tomas clandestinas conectadas a la red hidráulica y presuntos fraudes mediante el suministro irregular de agua a través de pipas.

De acuerdo con los reportes, estas prácticas consisten en la extracción ilegal del recurso desde líneas de distribución, así como la comercialización del líquido sin cumplir con los procesos legales ni los controles sanitarios establecidos, lo que genera pérdidas económicas y afectan la disponibilidad del servicio para miles de usuarios.

Continúa el artículo: Tomas clandestinas y venta irregular afectan el suministro.- Especialistas señalan que las tomas clandestinas representan un problema creciente, ya que además de constituir un delito, provocan disminución en la presión del agua, fallas en el suministro y afectaciones a la infraestructura hidráulica. Esta situación impacta directamente a colonias con alta demanda, particularmente en zonas urbanas como Cancún, donde el crecimiento poblacional ha incrementado la necesidad de servicios básicos. A la par, el uso de pipas para la venta irregular de agua ha sido señalado como otro mecanismo de fraude, en el que el recurso es extraído de manera ilegal y posteriormente distribuido sin regulación, generando competencia desleal y posibles riesgos sanitarios.

Empresas concesionarias del servicio, como Aguakan, han reiterado que estas prácticas constituyen un delito y han llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa que afecte la red hidráulica o el suministro oficial.

Y hace un llamado a reforzar vigilancia y denuncias: Ante este panorama, autoridades y especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, implementar operativos de inspección y promover la cultura de la denuncia ciudadana para combatir el robo de agua y garantizar el acceso equitativo al recurso.

En riesgo la salud por huachicol del agua

El “huachicol de agua” en Quintana Roo perjudica la salud, ya que este líquido se extrae de tomas clandestinas sin ningún tipo de tratamiento ni regulación de calidad, lo que implica un riesgo significativo de contaminación.

Riesgos para la salud: El agua vendida a través de redes ilegales de huachicoleo no pasa por los procesos de potabilización requeridos por las autoridades sanitarias, lo que puede exponer a los consumidores a diversos contaminantes y patógenos:

Contaminación microbiológica: El agua de fuentes no reguladas puede contener bacterias (como E. coli, Shigella y Salmonella), virus (rotavirus, norovirus) y otros microorganismos que causan enfermedades gastrointestinales graves como diarrea, cólera y fiebre tifoidea.

Ausencia de monitoreo: Las autoridades de salud no pueden garantizar la calidad del agua que no proviene de la red de suministro formal.

Infraestructura inadecuada: En Quintana Roo, el acuífero es la principal fuente de abastecimiento, pero es altamente vulnerable a la contaminación debido a la naturaleza kárstica del suelo, que permite la infiltración de aguas residuales y otros contaminantes si no se gestiona adecuadamente. El agua de tomas clandestinas no se somete a los procesos de monitoreo y purificación necesarios para su consumo seguro.

Crecimiento de huachicol del agua: Esta situación se da en medio de un conflicto mayor relacionado con la concesionaria del agua, Aguakan, y las exigencias de la ciudadanía por un mejor servicio.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha detectado previamente el robo de agua en grandes volúmenes en áreas como Holbox, Chiquilá y Tulum, Playa del Carmen, Benito Juárez, Chetumal, Puerto Morelos, Bacalar y la zona continental de Isla Mujeres.

Hasta mil 200 pesos se paga por dos tinacos de agua de huachicol, con tal de contar con el preciado líquido dada la carencia del servicio de agua entubada y son cientos las personas que hacen uso de este líquido preciado aunque sea su venta ilegal.

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De acuerdo con los fragmentos difundidos, la llamada habría sido realizada por Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y alcalde con licencia de Cerralvo, quien presuntamente actuó como intermediario ante un directivo de la empresa. En uno de los extractos se escucha que, según el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, “se requiere un pago fuerte”, y se plantea la posibilidad de cubrirlo en parcialidades.

En la conversación también se menciona al director de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León, Roberto Santos, y al secretario general de Gobierno, Miguel Flores, como parte de las gestiones para que la empresa pudiera “alinearse”. Matrimar ha sostenido previamente que el monto solicitado rondaría los 50 millones de pesos para permitir su operación.

La difusión del audio se da tras una serie de actuaciones administrativas contra la compañía. El 11 de febrero, autoridades estatales acudieron de madrugada a colocar sellos de clausura y, posteriormente, personal de la Secretaría de Medio Ambiente realizó nuevas visitas a las instalaciones. La empresa informó que obtuvo suspensiones y amparos federales con los que busca revertir las medidas.

En comunicados públicos, Matrimar ha acusado al gobierno estatal de ejercer “extorsión disfrazada de acoso institucional” y ha afirmado que sus operaciones han sido auditadas durante años sin que se hayan acreditado irregularidades. La paralización de la planta, asegura, afecta a más de 500 familias.

El caso se inserta en un entorno de tensiones entre la administración estatal y sectores productivos. Desde 2022 se aplican en Nuevo León los llamados impuestos verdes a emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos, esquema que ha sido impugnado por empresas del ramo. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras empresariales rechazaron el aumento del Impuesto Sobre Nómina del 3% al 4% aprobado en el Paquete Fiscal 2026, al advertir impactos en inversión y empleo, en un contexto de mayores requerimientos presupuestales vinculados a obras de infraestructura para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que el estado será sede.

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El Gobierno de Quintana Roo volvió a quedar en el centro de la polémica tras revelarse la entrega de más de 90.5 millones de pesos en contratos públicos a la empresa Red Recolector SA de CV (Red Ambiental), presuntamente ligada a Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como el “Niño Verde”, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

Quintana Roo sargazo contratos bajo opacidad

De acuerdo con documentos verificados ante el Registro Público de Comercio, Red Recolector SA de CV tiene como socios capitalistas a Red Ambiental Holding SAPI de CV y a Horacio Guerra Marroquín, empresario y político regiomontano identificado como cercano al líder nacional del PVEM, considerado por diversos actores políticos como el verdadero poder detrás del estado.

La llegada de Red Ambiental a Quintana Roo se dio inicialmente en Benito Juárez (Cancún), cuando el municipio era gobernado por Mara Lezama Espinosa, hoy gobernadora del estado. Desde entonces, la empresa ha expandido su presencia en prácticamente todos los municipios, beneficiándose de contratos millonarios.

Contratos millonarios para limpieza de sargazo

Entre 2023 y 2024, la SEMA otorgó a Red Recolector dos contratos por un monto total de 90 millones 560 mil 289 pesos para el servicio de limpieza de sargazo en la zona norte del estado. La dependencia estatal restringió la información, ocultando incluso el nombre de la empresa en los contratos, impidiendo que la ciudadanía conociera el destino de sus impuestos.

Primer contrato (2023)

• Contrato: SEMA-DA-DRMP-LPN-003/2023-VII

• Monto: $28,846,938 pesos

• Servicio: Limpieza emergente de sargazo (remoción, transferencia y transporte)

Segundo contrato (2024)

• Contrato: SEMA-DA-DRMP-LPN-003/2024

• Monto: $61,713,351.63 pesos

• Servicio: Limpieza integral de playas del estado
  En este último documento, el nombre de la empresa fue borrado, presuntamente para proteger a los socios involucrados.

Más señalamientos y contratos ocultos

Durante su paso como alcaldesa de Cancún, Mara Lezama habría autorizado pagos cercanos a un millón de pesos diarios a Red Ambiental por la recolección y manejo de basura, según declaraciones de regidores. Sin embargo, dichos contratos fueron eliminados del portal de transparencia.

Ya como titular de la SEMA, Óscar Rébora habría continuado otorgando contratos a empresas señaladas por irregularidades, ocultando información durante 2025 sobre arrendamientos, servicios con sobrecostos y adquisiciones que presuntamente fueron utilizadas con fines políticos.

Líderes del Partido Verde en Quintana Roo también han sido vinculados a investigaciones y demandas, mientras que periodistas como Graciela Machuca han documentado el gasto de miles de millones de pesos en proyectos relacionados con el sargazo, sin resultados comprobables ni rendición de cuentas.

Todo ello, bajo el amparo de las autoridades estatales.

Artículo original: Regalo el Gobierno de Quintana Roo otros $90.5 MDP a Empresa Ligada al “Niño Verde” por Medio del SEMA

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Por Silvia Hernández Martínez

La economía en Quintana Roo se encuentra gravemente paralizada debido a los altos niveles de inseguridad, corrupción y extorsión en el estado, lo que ha provocado reducción del consumo y de producción, de inversión y aumento del desempleo en algunos lugares como Chetumal, donde la recesión es tal que incluso se están vendiendo las propiedades para pagar deudas, afectado negativamente a hogares y empresas, de acuerdo con declaraciones de empresarios.

Recriminan extorsión y corrupción a empresarios

Al respecto, el PAN en San Lázaro recriminó la posición de Quintana Roo en los resultados de medición empresarial de la Coparmex, la cual posiciona a la entidad entre las 10 más riesgosas, corruptas, inseguras y débiles para la inversión privada. Se trata, explicó el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, de una encuesta llamada “Data Coparmex”, la cual reveló que miles de empresarios socios de Quintana Roo fueron víctimas de algún delito durante 2025.

“Principalmente lo que denuncian los empresarios es un incremento de extorsión, han sido 18 por ciento con respecto al 2024, esto va desde llamadas para intimidar a los empresarios y la amenaza de hacer daño por no cumplir con el cobro de piso”. Además, comentó el legislador, varios empresarios señalaron que fueron víctima de un acto de corrupción desde el gobierno del estado, así como de alguno de los municipios. “Donde sigue la práctica de cobrarles por hacer trámites, les cobran o los chantajean con acciones administrativas o de sanción cuando tienen documentos en regla”.

Ernesto Sánchez lamentó que así sea la administración de Morena en esta entidad que da mucha riqueza y aporta al PIB Nacional, “Es importante que la Secretaría Anticorrupción del gobierno federal, tenga bajo lupa la acción del Gobierno de Quintana Roo, ya que la Coparmex ha identificado que esta entidad tiene niveles de desaprobación ciudadana similares a gobiernos de Morena en Puebla, Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Veracruz”.

Hizo un llamado a los empresarios “a no bajar la guardia y denunciar para que la Fiscalía estatal, así como la federal, incluyan en sus estadísticas la comisión de delitos” y reveló que “les gusta maquillar o manipular las tendencias para que no parezcan actos de violencia, pero en la realidad sí es el día a día no solo de empresarios sino de toda la ciudadanía” y comentó que buscará que Guardia Nacional tenga mayor presencia en Quintana Roo y exista línea directa de atención ante delitos.

Cifras oficiales revelan que Q. Roo es de los estados con mayor incidencia delictiva

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI, Quintana Roo se encuentra entre las entidades con mayor incidencia delictiva y percepción de inseguridad en el país, enfrentando serios problemas de inseguridad, extorsión y corrupción.

Alta percepción de inseguridad y victimización

Alta Percepción de Inseguridad: Aproximadamente el 80.5% de la población de Quintana Roo considera que vivir en su ciudad es inseguro, una de las cifras más altas a nivel nacional.

Aumento de la Victimización: La ENVIPE 2025 reveló que la victimización delictiva en el estado aumentó 15.4%. Se estima que el 26.5% de los hogares con 25,599 víctimas por cada 100,000 habitantes.

Incidencia Delictiva: El estado registra una tasa de 25,599 delitos por cada 100,000 habitantes, indicando que aproximadamente uno de cada cuatro residentes fue víctima de un ilícito.

La percepción ciudadana sobre la inseguridad también refleja la magnitud del problema: ocho de cada 10 habitantes consideran riesgoso vivir en el estado, cifra que rebasa en casi cinco puntos porcentuales la media nacional de 75.6% y que iguala la registrada en Sinaloa. De hecho, Quintana Roo encabeza los indicadores negativos en la Península de Yucatán.

En percepción de inseguridad, la diferencia es todavía más amplia: Yucatán se mantiene entre los niveles más bajos del país, frente al 68.9 por ciento de Campeche y el 80.5 de Quintana Roo. Y aunque la encuesta no desglosa con detalle por entidad, en Quintana Roo destacan fraudes digitales y robos a transeúntes como ilícitos frecuentes.

Opacidad en revelar delitos

Otro aspecto a resaltar es la cifra oculta —delitos no denunciados o sin investigación— que llegó a 93.2 por ciento en México. Las principales razones fueron la pérdida de tiempo (34.6%) y la desconfianza hacia las autoridades (14%). Esta percepción negativa también es constante en Quintana Roo, donde la ciudadanía ha señalado la falta de resultados de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Delitos Específicos:

Fraude y Extorsión: A nivel nacional, el fraude, la extorsión y las amenazas fueron los delitos que más repuntaron en 2024, y Quintana Roo se encuentra entre los estados con una alta incidencia de fraude.

Robo: Los delitos más comunes reportados incluyen el robo, asalto en calle o transporte público, y robo en casa habitación, extorsión, amenazas y lesiones.

Extorsión: La extorsión es un problema creciente con aumento del 32% en reportes al 911 en 2025. Los municipios más afectados son Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum. La extorsión telefónica representa el 91% de los reportes, seguida de la extorsión por coerción y sextorsión.

Corrupción: La corrupción es identificada como una problemática recurrente en Quintana Roo, según informes que analizan los problemas públicos del estado. La percepción de corrupción se mantiene como un desafío significativo para las autoridades locales. Quintana Roo se ubica en el primer lugar nacional en percepción y experiencia directa de corrupción, según el informe Data Coparmex 2025.

El 68.8% de las víctimas de extorsión reportó haber sido contactada vía telefónica mientras que el resto enfrentó otras modalidades incluyendo el cobro de “derecho de piso”.

Es importante que la lucha contra la corrupción y la inseguridad es un esfuerzo conjunto que requiere la participación de autoridades y ciudadanos. Si tienes información o denuncias, no dudes en reportar a las autoridades competentes.

Desaliento empresarial para invertir en Quintana Roo

Solo tres de cada 10 empresarios consideran que es buen momento para invertir en Quintana Roo, según los resultados de la encuesta Data Coparmex que este organismo aplicó entre sus miembros.

El ejercicio del organismo patronal arrojó una tasa de 34.6% en ánimo para invertir en Quintana Roo; colocando a la entidad por debajo de la media nacional, y detrás de estados como Michoacán, Coahuila y Veracruz que reportan tasas arriba del 50% en este indicador.

La cautela del empresariado quintanarroense se deriva de la incertidumbre que genera la inseguridad, ya que la entidad figura entre los 10 estados con mayor porcentaje de empresarios que aseguran haber sido víctimas de algún delito durante 2025, con una tasa de 53.2%.

La entidad se encuentran por encima de la media nacional en tasa de víctimas de algún delito, pues este indicador se coloca en 46.8% a nivel país. La Coparmex Cancún ya había dado a conocer desde finales del año pasado un incremento en el número de extorsiones a nivel local.

María Jovita Portillo Navarro, presidenta de este organismo, aseguró que el delito aumentó 18%, que se ha manifestado en llamadas de extorsión y el cobro de derecho de piso. “Es lo que se está planteando y se tiene ya una línea directa con el secretario municipal de seguridad ciudadana”.

Sin embargo, la encuesta también arrojó otros resultados nada favorables para Quintana Roo, como el referente al porcentaje de socios de Coparmex que han experimentado algún acto de corrupción en el último año.

El panorama internacional es lo que está también afectando a las nuevas inversiones y las reinversiones, principalmente por la situación que se atraviesa con Estados Unidos, y la renegociación del TMEC que será este año entre ambos países y Canadá. (Con información de Jesús Vázquez).

Data Coparmex

Ánimo para invertir Posición / Estado / % 1 / Michoacán / 55.9% 2 / Coahuila / 54.7% 3 / Veracruz / 52.8% 21 / Quintana Roo / 34.6% Nacional / 39.5%

Recesión en el sur del estado: mayor desempleo y economía estancada

No solo en otras regiones de Quintana Roo la economía se estancó ante la falta de interés de los empresarios por invertir en una entidad que ocupa los primeros lugares en inseguridad y corrupción. Nadie quiere arriesgar sus capitales y en Chetumal, la situación no es distinta, pues hasta se han tenido que vender propiedades para pagar deudas.

El presidente de Coparmex Chetumal Josué Osmany Palomo Hoil reconoció el cierre de micro y pequeñas empresas de la capital del estado y confirmó que la zona sur se encuentra en recesión económica y comentó que al término del año, hubo una reducción de entre el 35 y 40 por ciento en la plantilla laboral de las micro y pequeñas empresas.

Aunque aclaró que hubo un repunte económico lamentó que no haya sido en los niveles esperados “por lo que estamos replanteando nuestras estrategias para enfrentar la difícil situación económica y cumplir con los compromisos con nuestros trabajadores, pero sobre todo con el pago de impuestos y derechos tanto estatales como municipales que tuvieron un incremento para este año”.

Consideró que los niveles de desempleo reportados desde el año pasado por el INEGI entre micro y pequeños empresarios se incrementarán en este 2026 e incluso pueden prolongarse hasta el 2027 “sobre todo por la falta de sensibilidad gubernamental al aplicar las cargas tributarias para el sector empresarial”.

Desmintió que “aunque el sector oficial asegura que se mantienen las fuentes de empleo y que hay estabilidad laboral, la realidad es muy diferente porque, de acuerdo con nuestros datos, se ha perdido entre el 35 y 40 por ciento de los empleos”, reiteró. Palomo Hoil señaló que este año los empresarios buscan mantenerse con lo que tienen disponible por la recesión “y los más atrevidos lo que están haciendo es reinvertir para lograr subsistir ya que muchos otros han optado por cerrar sus negocios para no declararse en quiebra”.

Dijo que por lo menos un 50 por ciento de los micro y pequeños empresarios enfrentan problemas de cartera vencida y buró de crédito y muchos se han declarado insolventes y no están pagando ya que no se cumplieron las expectativas, además de que también hay quienes están perdiendo sus propiedades para pagar sus deudas.

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Este lunes se daría el fallo de la licitación EA-913003989-N879-2025, convocada por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo, para el arrendamiento de 80 autobuses para los próximos 2 años que serán integrados a la flotilla del Tuzobús a partir del próximo año 2026, que de acuerdo a denuncias estaría direccionada presuntamente a la empresa Rommify Capital SA de CV, constituida el año 2020, pero que desde el 2022 tiene como socio o accionista principal a Juan Carlos Martínez Domínguez, uno de los personajes más oscuros que se ha mantenido vigente como proveedor desde los sexenios priistas de Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses, pese a que presentó la oferta más cara con $662,421,775.24 pesos.

Según documentos oficiales, Rommify Capital SA de CV fue constituida el 02 de octubre 2020 ante la fe de la Notaria Pública No. 21, María del Consuelo García Curiel, de Pachuca, siendo los socios originales la persona física Luis Ricardo Guinea Prado, y el otro socio es la razón social Green Movi SA de CV, una empresa que fue ampliamente beneficiada con contratos por más de 250 millones de pesos en la administración de Fayad Meneses.

Meses antes de la toma de posesión del morenista Julio Menchaca Salazar, como Gobernador de Hidalgo, registros de la Rommify Capital señalan que el 25 de mayo 2022, ingresó a la empresa como socio Juan Carlos Martínez Domínguez, quien tomó un total de 150 acciones, dejando a Guinea Prado, con 40; y a Green Movi, con solo 10 acciones de participación.

Martínez Domínguez, quien también aparece como socio en una red de empresas que han sido ampliamente beneficiadas con contratos en las administraciones anteriores, entre ellas: CELMILENIUM SA de CV,  Holy Cheese Food México SA de CV, Hermes Games SA de CV, Fibra OPCE SA de CV, Financiera Milenium SA de CV SOFOM ENR y Aero Servicios Ejecutivos RM SA de CV, entre otras, ha sido señalado e investigado por diversos medios locales por la venta a sobreprecio de tabletas electrónicas al gobierno de Hidalgo. Una de sus empresas vendió 15 mil tabletas electrónicas por 87 millones de pesos, pero una investigación de la UIF reveló que los aparatos tenían un costo real de casi 36 millones de pesos.

El empresario, también fue uno de los señalados en el esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, que destapó Santiago Nieto cuando ocupó la FGE de Hidalgo, que implicó la simulación de contratos y servicios con empresas fantasma para desviar dinero del presupuesto público. Los fondos, que ascendían a más de 520 millones de pesos, que estaban destinados originalmente a obras públicas, salud y otros servicios esenciales.

LICITACIÓN A MODO

A mediados de 2025 el Gobierno de Hidalgo anunció la compra de 42 unidades; sin embargo, posteriormente, el esquema cambió a un arrendamiento de 80 autobuses, sin que se haya hecho público un estudio costo-beneficio del cambio, ni un dictamen técnico, ni el impacto presupuestal multianual.

Pese a ello, la convocatoria para Licitación Pública Nacional EA-913003989-N879-2025, fue publicada el pasado 27 de noviembre de 2025 por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo para el arrendamiento de 80 autobuses: 42 de 80 pasajeros, y 38, de 50 pasajeros, que se sumaran a la flotilla del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

Durante las juntas de aclaraciones, empresas como Integra Arrenda y Forza Arrendadora Automotriz documentaron una serie de ‘candados’ para beneficiar a uno de los concursantes, dado que por el tiempo de entrega originalmente pactados en la convocatoria, que señalaba  que los 38 vehículos de 50 pasajeros, se deberían entregar a más tardar el 30 de enero del 2026, y el arrendamiento tendría una duración de 26 meses a partir del 01 de febrero del 2026 al 31 de marzo del 2028; mientras que los otros 42 vehículos de 80 pasajeros, se deberían  entregar a más tardar el 31 de marzo del 2026 y el arrendamiento tendría una duración de 24 meses a partir del 01 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2028.

Sin embargo, tras la junta, la convocante modificó los plazos para las entregas: los 42 autobuses de 80 pasajeros será para el 31 de marzo de 2026 con un arrendamiento entre el 01 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028 (24 meses); mientras que los otros 38 autobuses de 50 pasajeros la entrega sería para el 30 de abril de 2026, siendo el arrendamiento entre el 01 de mayo de 2026 al 31 de julio de 2028 (26 meses).

Aun así, los participantes ven casi imposible que se pueda cumplir en tiempo y forma con la entrega de las unidades en los nuevos plazos acordados, a no ser que uno de los concursantes, como Rommify Capital, haya contado con antelación con ‘información privilegiada’.

Lo más extraño, denuncian empresas, es que Rommify Capital, en su giro no incluye ni la comercialización ni arrendamiento de unidades de transporte de estas dimensiones, lo más cercano o parecido se acordó en una modificación al objeto social realizado en 2022, donde se especifica lo siguiente: “El comercio al por menor de automóviles y camionetas usados”, en ninguna parte de su objeto social ni en las modificaciones, señala un rubro sobre el servicio requerido en la licitación EA-913003989-N879-2025.

Según el calendario de la licitación, el pasado 8 de diciembre, en una junta de aclaraciones exprés, pues solo duró 25 minutos, se hicieron cambios relevantes a la convocatoria: Ampliación de plazos de entrega, ajuste de dimensiones técnicas de los autobuses, exigencia de una sola carrocería y marca para ambos tipos de unidades y la exigencia de certificación EURO VI o EPA 24.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Según la apertura de propuestas, las empresas participantes son: Jetvan Car Rental SA de CV, de Cuauhtémoc Velázquez García, que uno de los proveedores más recurrente de los tres niveles de gobierno, con antecedentes de controversias públicas y según el expediente SANC-0001/2020 sufrió una inhabilitación de un año por irregularidades en la ejecución de contratos.

La empresa Jetvan Car Rental ofertó por el arrendamiento de las 80 unidades un monto de $431,976,805.17 pesos; cabe señalar que Forza Arrendadora Automotriz, SA de CV, una de las que se ha quejado de las irregularidades en la presente licitación, ha compartido representante legal con Jetvan en la persona de César Gerardo Matamoros Vargas, lo que habla de una estrecha relación de negocios entre ambas razones sociales.

La otra empresa es Arrendadora de Muebles e Inmuebles SA de CV, empresa fundada en Playa del Carmen, Quintana Roo, que recientemente ha obtenido contratos en alcaldías de la Ciudad de México para el arrendamiento de camiones y patrullas, pero que no se le conoce socios ni otros antecedentes. La empresa ofertó por los servicios $625,914,760.91 pesos.

La otra propuesta fue presentada por la citada Rommify Capital SA de CV, empresa hidalguense con domicilio en Zona Plateada, Pachuca de Soto, y que tiene un amplio historial de contratos recientes en Hidalgo con Oficialía Mayor, DIF estatal, STCH y municipios.

Recientemente firmó el contrato PMMR-SA-026-FORTAMUN-2025, 2 de julio de 2025, para el arrendamiento de patrullas en el municipio de Mineral de la Reforma por un monto de $13,777,737.60 pesos; en el DIF Estatal obtuvo el contrato DIF/DAJ/0120/2025, enero de 2025, para el arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 2025-2026 por un monto de $26,352,339.78 pesos; el contrato 034/2025, del 7 de abril 2025, para el arrendamiento 58 camionetas pick up, modelo 2025, por un monto de $23,100,184.32 pesos; el contrato 033/2025, firmado el mismo 7 de abril para el arrendamiento de vehículos por un monto de $12,550,692.38 pesos.

El año pasado obtuvo el contrato 102/2024 para arrendar 175 vehículos por un monto de  $155,754,234.72 pesos; en 2023, firmó el contrato 421/2023, por un monto de $49,012,320 pesos. En total suma contratos por más de 300 millones de pesos en la actual administración hidalguense.

ESTE LUNES EL FALLO

La propuesta de Rommify Capital para el arrendamiento de los 80 autobuses es la más alta económicamente: $662,421,775.24 pesos, superando por más de 230 millones de pesos a la oferta más baja.

El fallo para adjudicar los servicios, cuya responsabilidad pesa sobre los funcionarios Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo; Humberto Cabrera Román, director del SITMAH; y Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad del Estado de Hidalgo, está programado para este lunes a las 11:00 horas.

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Por Antonio Carrera

José Luis Moyá Moyá, el autollamado zar de las solicitudes de información, está siendo acusado de buscar un trato privilegiado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México, según fuentes del propio centro penitenciario.

A casi un año de su detención por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Moyá habría manifestado su temor por su vida, alegando amenazas y agresiones físicas.

Las fuentes consultadas señalan que estas quejas, que incluyen la supuesta falta de atención médica, son una estrategia para presionar a las autoridades y obtener un trato preferencial. Moyá Moyá se encuentra encarcelado desde octubre de 2024, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

La detención de Moyá se produjo tras una investigación de la FGJCDMX por presuntas acusaciones de extorsión. Un video que circula en YouTube, supuestamente, detalla irregularidades financieras de Moyá y su familia.

El material señala que su madre, Rosa María Moyá, de 87 años, habría realizado transferencias millonarias sin una actividad empresarial conocida.

A pesar de su imagen pública como promotor de la transparencia, Moyá ha sido acusado por diversas fuentes de utilizar la información obtenida a través de solicitudes de acceso para beneficio personal o para extorsionar a empresarios y funcionarios.

En 2006, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, lo denunció por extorsión y difamación.

Moyá incluso admitió públicamente en 2014 que empresarios lo contrataban para presentar denuncias y solicitudes de información para influir en licitaciones públicas.

“Hay empresarios que me contratan cuando detectan que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y la denuncia. Si un empresario lo hace directamente, automáticamente lo vetan”, declaró entonces ante senadores.

Un juez lo vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva, mientras se determina su situación legal.

También se ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias para impedir movimientos de fondos presuntamente ilícitos.

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Luis Antonio García Calderón, responsable del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue denunciado por su presunta injerencia directa en el fallo de una licitación pública para contratar servicios de limpieza, higiene y desinfección en instalaciones médicas y administrativas del instituto.

La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó la denuncia ante el director de Denuncias y Atención Ciudadana “A” del ISSSTE, Martín Rubio Millán. En el documento, la organización solicita una investigación sobre la actuación del titular del OIC y de dos funcionarias del Área de Responsabilidades, acusadas de intervenir de forma irregular en la resolución del recurso de inconformidad 006/2025.

De acuerdo con el expediente, el 21 de julio, el OIC resolvió un “incidente por defecto” y ordenó considerar económicamente solvente a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales Pese a que el fallo debía limitarse a corregir omisiones en la evaluación económica, el OIC instruyó beneficiar a dicha empresa y prohibió cualquier revisión adicional en los aspectos legales o técnicos. La resolución incluyó una advertencia de sanción a los funcionarios que desacataran la orden.

La propuesta de Armot había sido previamente desechada con base en el numeral 10.15, inciso L, de las bases de la licitación, que establece el rechazo de ofertas con “información que cause confusión, incertidumbre o contradicciones respecto al cumplimiento del servicio”.

La intervención del OIC no solo invadió las facultades de la entidad contratante el ISSSTE, encabezado por Martí Batres, sino que afectó los derechos de las empresas competidoras. Entre ellas, Ocram Seyer, S.A. de C.V., en conjunto con Wilk S. de R.L. de C.V., que había recibido la adjudicación original el 12 de febrero al presentar una propuesta que cumplía con los criterios técnicos y económicos establecidos en la convocatoria.

La denuncia detalla que la empresa favorecida alcanzó una calificación técnica de 59 puntos sobre 60, pese a presentar documentación presuntamente incompleta. Entre las irregularidades observadas, se incluyen la falta de estados financieros completos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y el uso de facturas canceladas como respaldo de su capacidad técnica y de equipamiento.

El OIC determinó no revisar ni modificar estos elementos al resolver el recurso de inconformidad, lo cual, según ACUEC, impidió a la entidad convocante ejercer una evaluación integral del proceso.

El documento también señala a Janet Citlali Ramírez Estela y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, integrantes del Área de Responsabilidades del OIC, por omitir su deber de actuar ante las inconsistencias detectadas. La organización exige una revisión de su situación patrimonial.

La denuncia señala que, al involucrarse en decisiones que no le correspondían, Luis Antonio García Calderón dejó su papel como autoridad supervisora para favorecer directamente a una empresa, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.

Cabe señalar, que Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, SA de CV, es prácticamente una empresa de recién creación, 21 de junio de 2022, constituida en Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las presuntas socias o accionistas: Jessika Ivonne Velázquez Flores y María Susana López Hernández; y el administrador único de la empresa es Fernando Porfirio Lorenzo Vázquez, un exfuncionario de FONATUR y del DIF de la Ciudad de México, relacionado con la adjudicación de contratos de limpieza en las dependencias por donde ha pasado, y hoy a través de presuntamente usar prestanombre decidió hacer su propia empresa para llevarse una rebanada grande del pastel presupuestario.

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En México se encendieron las alertas sobre extranjeros que sin estar autorizados, consiguieron contratos en sectores estratégicos, esto a raíz de la detención del directivo brasileño de la firma fintech Dock, Anderson Olivares de Oliveira y las investigaciones en contra de Thiago de Magalhaes, presunto gestor de contratos públicos para Grupo Surman.

Olivares de Oliveira fue arrestado el 5 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por su presunta participación en un fraude financiero por 10 millones de dólares, que estaría ligado a desvíos de recursos y falsificación de documentos, por lo que permanece en el Reclusorio Sur. Será este viernes cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso.

Al respecto, la empresa Dock sostuvo que el caso de su directivo se trata de “una disputa mercantil por una compraventa de acciones”, aunque será el juez de control quien determine si existen los elementos necesarios para su vinculación a proceso.

El caso de Olivares podría escalar a nivel internacional de demostrarse su implicación en el fraude financiero, sin olvidar que ocurre en medio del escrutinio internacional sobre la transparencia del sector financiero mexicano.

Por su parte, el otro brasileño Thiago De Magalhaes se le señala por la gestión de contratos públicos a nombre de Grupo Surman, empresa ligada a la venta y arrendamiento de vehículos oficiales. Las investigaciones advierten que habría participado en negociaciones con dependencias del gobierno federal, entre ellas, áreas de seguridad nacional.

De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, el artículo 6 señala que en sectores clave como transporte terrestre, turismo y carga, la participación extranjera requiere de la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, ya que la inversión está reservada exclusivamente para ciudadano o entidades mexicanas.

Magalhaes estaría violando la legislación mexicana al no contar con la autorización que se establece dentro del marco jurídico, especialmente al tratarse de contratos que involucran equipos y servicios asignados a la seguridad nacional.

Ante ello surge la inquietud sobre la deficiencia de los mecanismos de control tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en otras dependencias que permiten a extranjeros intervenir en sectores vulnerables como lo es la seguridad.

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Entre las prácticas más comunes en las compañías lideradas por Pidal Gutiérrez se incluyen negativas a validar garantías, incumplimientos de plazos de entrega, la aplicación de tácticas de venta coercitivas o desleales, defectos de fabricación, así como la no devolución de depósitos, esto de acuerdo con las 55 reclamaciones recabadas por Profeco.

En 2021, Audi Center Santa Fe —registrada mediante Europremium S.A., donde Pedro Pidal es administrador único y accionista mayoritario—,  habría sido vinculada a proceso por la presunta comisión de fraude, robo y abuso de confianza.

Aquí, la usuaria Gianmarco Muzzi, se quedó sin vehículo y sin el dinero pactado, luego de entregar la unidad para un proceso de venta con todo y acuerdo firmado. Mientras que, en redes sociales como TikTok inconformes critican las empresas de Pidal Gutiérrez.

Lo anterior, mediante canales como Fraude GP Auto Santa Fe, donde se le señala directamente de fraude y es identificado como propietario de 21 concesionarias en todo el país.

Pese a este historial, Pidal Gutiérrez, ha logrado convenios pagados con dinero del pueblo, incluso sin contar con experiencia. En 2020, la Fiscalía del Estado de México resolvió entregarle mediante Chevsantafe, el abastecimiento de 100 patrullas por 76.5 millones de pesos, sin importar que la razón social tenía solo un año de nacida.

Asimismo, la Secretaría de Administración de Puebla también signó un acuerdo para proveer vehículos utilitarios con Chevsantafe. Según fuentes, ahora Pidal Gutiérrez buscaría entrar a concurso para conseguir una nueva asignación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Como parte de la red empresarial se contempla a Tres Ríos Motors, asimismo, ventas vehiculares con la Universidad Politécnica del Valle del Évora y los Servicios de Salud de Sinaloa, así como con el Instituto Tecnológico de Sonora.

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El contrato, identificado como CEAJ-DG-DA-AD-SOL-1834/2024, fue suscrito bajo la dirección administrativa de Alberto José Vázquez Quiñones, quien asumió esa responsabilidad en diciembre de 2018, tras haber sido jefe de departamento en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). En 2017, Vázquez Quiñones había participado en el proceso para dirigir dicha Auditoría.

De acuerdo con los registros oficiales, fue hasta 2023 cuando Nítido Taller Creativo modificó su objeto social para incluir actividades más amplias, lo que le permitió acceder a otros contratos y servicios, entre ellos el asignado por la CEAJ.

Fuentes internas de la Comisión Estatal del Agua, que solicitaron anonimato, señalaron que al menos cuatro familiares directos de Vázquez Quiñones laboran actualmente en la institución. Entre ellos se encuentra su hijo, José Alberto Vázquez González, quien figura como analista de procesos en la Dirección de Innovación y Tecnología del SIAPA, área involucrada en un reciente hackeo.

Su hermano, Francisco Javier Vázquez Quiñones, trabajaba en la Sección de Grandes Consumidores, también del SIAPA. La lista incluye además a su nuera Iran Aylin Vázquez Martínez, a su sobrino Hugo Francisco Olguín Osegueda y a Edgar Andrés Vázquez Gómez.

Otros casos similares fueron reportados en distintas áreas del organismo, particularmente en el programa Nidos de Lluvia, donde laboran familiares de varios funcionarios, incluidos Hermilio de la Torre Delgadillo, subdirector de Servicios Generales; Juan Manuel García Díaz, subdirector; José Enrique Pelayo Ruiz, subdirector de Socialización y Contraloría Social; Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda, ex subdirector jurídico.

Así como Víctor Ignacio Méndez Gómez, subdirector de Plantas de Tratamiento; y Patricia Navarro Reyes, recepcionista adscrita a la Dirección General, todos señalados por tener parientes directos en puestos dentro del programa “Nidos de Lluvia” o en otras áreas administrativas.

Hasta ahora, no se ha informado si existe una investigación en curso sobre los vínculos familiares dentro de la institución ni sobre el procedimiento para la asignación del contrato.

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