El cambio se concretó este 31 de marzo de 2026, tras poco más de un año al frente de Aduanas, posición que ocupaba desde febrero de 2025 durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un perfil cercano al proyecto federal

Marín Mollinedo es un economista con más de cuatro décadas de experiencia en la administración pública, considerado un perfil cercano al proyecto de la llamada Cuarta Transformación. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos clave en dependencias como la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos y proyectos estratégicos del país.

Entre sus responsabilidades más relevantes destaca haber sido director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec entre 2018 y 2022, uno de los proyectos prioritarios para el desarrollo del sur-sureste de México.

También se desempeñó como representante de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2023, fortaleciendo la presencia del país en el ámbito internacional.

Su paso por Aduanas y cambios en puerta

Durante su gestión en la ANAM, Marín Mollinedo impulsó la modernización de la infraestructura aduanera, incluyendo la inauguración de nuevas instalaciones estratégicas como la sede en Nuevo Laredo.

Su salida ocurre en un momento clave para el organismo, encargado de la recaudación fiscal y el control del comercio exterior en México. Autoridades federales ya preparan el nombramiento de un director interino mientras se define al relevo definitivo.

Nuevo rol en Yucatán

Como delegado de la SEGOB en Yucatán, Marín Mollinedo será el enlace directo entre el gobierno federal y las autoridades estatales, con funciones de coordinación política e institucional en una región estratégica para el desarrollo del país.

Su llegada se da en un contexto clave para el sureste mexicano, donde se impulsan proyectos de infraestructura, seguridad y crecimiento económico, lo que posiciona su nombramiento como una pieza importante dentro de la reorganización administrativa del gobierno federal

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La construcción del Muelle 3 en el puerto de Ensenada avanza en su fase de consulta pública ambiental, como parte del proceso de evaluación federal para ampliar la infraestructura destinada a la recepción de cruceros turísticos. La obra se ubicaría dentro de la Terminal Ensenada Cruiseport Village, en la zona sur del recinto portuario.

El nuevo muelle permitiría operar embarcaciones de hasta 365 metros de eslora, correspondientes a la generación más reciente de buques turísticos. Actualmente, la terminal cuenta con dos posiciones de atraque: el Muelle 1, con capacidad para barcos de hasta 335 metros, y el Muelle 2, que admite unidades de hasta 350 metros.

El proyecto abarcaría una superficie aproximada de 15.98 hectáreas y contempla un periodo de construcción cercano a 12 meses, con una vida útil estimada de 50 años. La infraestructura incluye áreas de maniobra marítima, pasarelas de embarque y desembarque, instalaciones eléctricas y de servicios, vialidades internas y estacionamiento para transporte turístico.

También se prevé el dragado del fondo marino a una profundidad aproximada de 11 metros para garantizar condiciones seguras de aproximación y salida de los buques de gran tamaño. Las instalaciones en tierra estarán orientadas a facilitar el tránsito de pasajeros hacia los servicios turísticos de la ciudad.

Durante la reunión pública informativa organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el titular de la representación en Baja California, Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, destacó la importancia de estos mecanismos de participación dentro del proceso regulatorio.

La representante de la empresa promovente, Laura Rodríguez, señaló que la infraestructura actual fue diseñada para buques de generaciones anteriores y que la ampliación permitirá atender unidades más grandes y modernas.

Ensenada se mantiene como uno de los principales destinos de cruceros del país y un punto estratégico del Pacífico mexicano. La modernización busca evitar que las rutas internacionales se trasladen a otros puertos con mayor capacidad.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en 2025 el puerto recibió más de 1.3 millones de pasajeros en aproximadamente 360 arribos, lo que representó un crecimiento de 41.7 por ciento respecto al año previo y una derrama económica cercana a 1,200 millones de pesos.

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Empresario petrolero vinculado a fiesta de quinceaños que reunió a artistas en Villahermosa

De acuerdo con documentos mercantiles, Guerrero Rojas figura como accionista de la empresa Petroservicios Integrales México S.A. de C.V.. En dichos registros se menciona que adquirió acciones junto con otros socios vinculados al sector político y empresarial.

Entre los socios mencionados se encuentra el exdiputado Héctor Peralta Grappin, quien también fue presidente municipal de Comalcalco por el PRD. Durante su gestión municipal, su cuenta pública fue reprobada por las autoridades fiscalizadoras. Peralta Grappin ha manifestado además su intención de volver a competir por la presidencia municipal de Comalcalco en el proceso electoral de 2027.

Paso por el Instituto Tecnológico de Comalcalco

Antes de su participación en el ámbito empresarial, Guerrero Rojas se desempeñó como funcionario en el Instituto Tecnológico de Comalcalco. Ese periodo coincidió con años en los que diversas instituciones académicas firmaban convenios con Petróleos Mexicanos (Pemex), acuerdos que posteriormente fueron investigados en el marco del esquema conocido públicamente como la “Estafa Maestra”.

Documentos que relacionan con Pemex

En registros documentales también aparece el nombre de Guerrero Rojas en un expediente donde Pemex Exploración y Producción lo señala en una demanda. El documento forma parte de expedientes vinculados a los convenios y contratos que se firmaron en ese periodo entre instituciones públicas y la empresa productiva del Estado.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el resultado de dichos procesos ni sobre la situación legal actual relacionada con ese caso. Mientras tanto, el nombre del empresario volvió a circular en redes sociales y medios locales a raíz de la celebración familiar que generó amplia atención en la capital tabasqueña.

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De acuerdo con los fragmentos difundidos, la llamada habría sido realizada por Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y alcalde con licencia de Cerralvo, quien presuntamente actuó como intermediario ante un directivo de la empresa. En uno de los extractos se escucha que, según el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, “se requiere un pago fuerte”, y se plantea la posibilidad de cubrirlo en parcialidades.

En la conversación también se menciona al director de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León, Roberto Santos, y al secretario general de Gobierno, Miguel Flores, como parte de las gestiones para que la empresa pudiera “alinearse”. Matrimar ha sostenido previamente que el monto solicitado rondaría los 50 millones de pesos para permitir su operación.

La difusión del audio se da tras una serie de actuaciones administrativas contra la compañía. El 11 de febrero, autoridades estatales acudieron de madrugada a colocar sellos de clausura y, posteriormente, personal de la Secretaría de Medio Ambiente realizó nuevas visitas a las instalaciones. La empresa informó que obtuvo suspensiones y amparos federales con los que busca revertir las medidas.

En comunicados públicos, Matrimar ha acusado al gobierno estatal de ejercer “extorsión disfrazada de acoso institucional” y ha afirmado que sus operaciones han sido auditadas durante años sin que se hayan acreditado irregularidades. La paralización de la planta, asegura, afecta a más de 500 familias.

El caso se inserta en un entorno de tensiones entre la administración estatal y sectores productivos. Desde 2022 se aplican en Nuevo León los llamados impuestos verdes a emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos, esquema que ha sido impugnado por empresas del ramo. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras empresariales rechazaron el aumento del Impuesto Sobre Nómina del 3% al 4% aprobado en el Paquete Fiscal 2026, al advertir impactos en inversión y empleo, en un contexto de mayores requerimientos presupuestales vinculados a obras de infraestructura para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que el estado será sede.

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El programa estatal establece que por cada tarjeta activa el gobierno cubrirá 5.45 pesos mensuales a la empresa administradora del sistema, lo que podría representar más de 16 millones de pesos al mes si se incorpora al universo estimado de usuarios del transporte público en la entidad.

A este esquema se suma el subsidio de 3 pesos por viaje que el Estado entregará a los transportistas para compensar la tarifa de 11 pesos, una bolsa que podría superar los 5 mil millones de pesos al año.

En medio de la controversia, el mandatario anunció la entrega de tres vuelos redondos a Nueva York pagados con recursos propios y otros tres patrocinados por la aerolínea Volaris para ciudadanos que tramiten la tarjeta financiera.

“…para que la gente que se inscriba a su tarjeta La Única pueda echarse su cafecito en Nueva York”, lanzó Lemus tras la polémica que generaron sus declaraciones previas, en las que aseguró que con el plástico del programa una persona podría pagar un café en esa ciudad.

De esta forma, el mandatario estatal minimizó las críticas de colectivos que califican la medida como una “puerta de entrada” para convertir a los usuarios del transporte en clientes cautivos de servicios bancarios.

La declaración de Lemus intensificó la polémica en redes sociales, donde usuarios señalaron que el gobernador y funcionarios de su administración han promovido el programa con un tono similar al de una estrategia comercial de Broxel, empresa encargada de la administración de la tarjeta.

El anuncio coincide con nuevas protestas en Guadalajara contra el llamado “tarifazo” y contra el requisito de utilizar la tarjeta financiera para obtener el costo preferencial del transporte. Colectivos y usuarios señalan que el registro exige la entrega de datos personales, biométricos y de contacto para poder acceder al subsidio del servicio público.

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solicitó información a un usuario para indagar la sustracción de recursos de su tarjeta de teletrabajo operada por la firma Servicios Broxel, en un caso que se suma a múltiples inconformidades expresadas en redes sociales sobre el funcionamiento y la atención de la empresa.

La denuncia fue difundida en redes sociales por el afectado, quien señaló que en enero su tarjeta de teletrabajo quedó sin saldo tras la desaparición de 3 mil 412 pesos, sin aviso previo ni explicación. El usuario indicó que, tras presentar una inconformidad, la empresa respondió un mes después que el reclamo no procedía y que el manejo de los recursos debía revisarse con la institución que realizaba los depósitos.

El problema, explicó el afectado, es que los recursos provenían del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo federal que dejó de operar el programa en octubre de 2025 por lo que actualmente no existe una instancia administrativa a la cual acudir. La tarjeta era utilizada para el pago de servicios básicos como luz, internet y telefonía.

Tras la publicación del caso, la Condusef respondió públicamente al usuario, solicitándole enviar la información por mensaje privado para revisar la situación y brindarle orientación. Cabe destacar que la información oficial del programa Tengo Vales, disponible en el sitio de Broxel, se señala que el saldo disponible no tiene fecha de vencimiento.

El caso no es aislado. En los últimos días, usuarios han expresado en X diversas quejas contra la empresa, principalmente por fallas en la aplicación, dificultades para registrar tarjetas, demoras en la atención telefónica y problemas para consultar saldos o realizar operaciones. Algunos reportes señalan tiempos de espera de hasta una hora en el servicio de atención y errores recurrentes en los procesos de verificación.

Las inconformidades surgen en un contexto en el que Broxel mantiene presencia en distintos programas públicos y privados de dispersión de recursos y servicios financieros. La acumulación de reportes ciudadanos ha incrementado el escrutinio sobre la calidad del servicio y los mecanismos de atención a usuarios.

Recientemente, la empresa también ha sido objeto de cuestionamientos en Jalisco, donde fue contratada para operar la “Tarjeta Única” del sistema de transporte público, esquema que implica el registro y tratamiento de datos personales y biométricos de los usuarios. El programa contempla hasta cinco millones de tarjetas con vigencia hasta 2030.

Además, a nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo revisión una licitación relacionada con vales electrónicos adjudicada a la compañía en medio de señalamientos por fallas en la captura económica de la propuesta de Broxel y riesgos operativos en la entrega de los apoyos.

En su historial figuran sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplir disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y por proporcionar información falsa e incompleta. Estos antecedentes se suman a los cuestionamientos recientes sobre la operación y el servicio de la empresa.

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Aparece el nombre de Alejandro Arai, identificado en diversos informes como una figura clave en la estructuración de mecanismos financieros y fiscales utilizados para pequeñas, medianas y grandes empresas desde el sexenio de Felipe Calderón.

Aunque Raúl Beyruti, conocido como el “Rey del outsourcing”, enfrenta procesos judiciales y órdenes de aprehensión por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, versiones periodísticas y reportes de inteligencia apuntan a que los esquemas financieros y fiscales asociados a su red no habrían sido desmantelados, sino que continúan en operación mediante intermediarios, colaboradores y socios estratégicos.

En ese contexto aparece Alejandro Arai, identificado en diversos informes como una figura clave en la estructuración de mecanismos financieros y fiscales utilizados para pequeñas, medianas y grandes empresas desde el sexenio de Felipe Calderón. Fuentes consultadas lo señalan como uno de los principales operadores del entramado que giró durante años en torno a Beyruti.

De acuerdo con testimonios recabados por este medio, Beyruti y Arai realizaron de manera conjunta visitas a decenas de empresarios para ofrecer servicios de “asesoría fiscal”, una práctica comúnmente asociada al outsourcing. En esos encuentros, Beyruti habría promovido directamente a Arai como su hombre de confianza, en anticipación al endurecimiento de la persecución fiscal en su contra.

Según una fuente que pidió el anonimato por temor a posibles represalias, Alejandro Arai habría visitado en distintas ocasiones a Raúl Beyruti y a su familia en Miami, Florida, durante el periodo en que la justicia mexicana intensificó las acciones contra el empresario. “Alejandro Arai es el heredero del imperio de Beyruti. Las autoridades hacendarias deberían investigar los viajes a Miami y las conexiones financieras entre estos personajes para dimensionar las relaciones entre estos personajes”, aseguró la fuente.

Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, de Claudia Sheinbaum, se impulsaron medidas para combatir los esquemas de subcontratación. No obstante, personas cercanas a los círculos empresariales vinculados a Beyruti y Arai afirman que sus operaciones no se detuvieron y que, por el contrario, continuaron ofreciendo garantías a sus clientes, asegurándoles contar con contactos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los señalamientos en torno a Arai se amplían por sus vínculos empresariales. En registros oficiales figura como socio de Ernesto Mizrahi en la empresa Armisa Centro de Negocios. Mizrahi es propietario de Blindajes EPEL, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos blindados que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades financieras y administrativas.

Las indagatorias se centran en el periodo comprendido entre 2019 y 2024 y analizan posibles anomalías, entre ellas el manejo de grandes cantidades de efectivo que, presuntamente, no habrían sido reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que podría configurar delitos de evasión fiscal o lavado de dinero. En los últimos 12 años, Blindajes EPEL obtuvo contratos millonarios con gobiernos estatales y dependencias federales.

En meses recientes, Mizrahi también se vio involucrado en una disputa personal con el líder sindical Pedro Haces y su hijo, el legislador Pedro Haces Lago. De acuerdo con versiones difundidas en el entorno de Alejandro Arai, se responsabilizó a la familia Haces de presuntos disturbios contra instalaciones de la blindadora; sin embargo, no existe constancia de denuncias formales, por lo que el episodio permanece en el ámbito del señalamiento no acreditado.

Frente a este cúmulo de antecedentes, autoridades hacendarias y judiciales analizarían la posibilidad de intensificar las acciones contra Raúl Beyruti y Alejandro Arai, refieren fuentes. Personas de su círculo cercano aseguran que ambos construyeron fortunas de gran magnitud a través de complejos esquemas fiscales, cuyas ramificaciones financieras aún no han sido plenamente esclarecidas por las autoridades.

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Por Antonio Carrera.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ), a cargo de Néstor Vargas Solano, adquirió 571 vehículos por un monto de 252 millones de pesos, bajo un esquema de adjudicación directa en el que la dependencia no presentó un análisis del parque vehicular a renovar ni un estudio de mercado que justificara la asignación sin licitación. Además, en los archivos oficiales del Gobierno federal no aparece identificada la empresa beneficiada con este contrato millonario.

El Pleno del Órgano de Administración Judicial argumenta que la sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación obedece a que las unidades presentaban fallas recurrentes. Sin embargo, en el boletín publicado el pasado 23 de enero no se anexan documentos técnicos, financieros, operativos o de seguridad que respalden la decisión de adjudicar de manera directa la compra.

De acuerdo con fuentes extraoficiales del propio Órgano de Administración Judicial, el proveedor presuntamente favorecido sería JetVan, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, empresa que habría recibido 252 millones de pesos para suministrar 571 vehículos de distintos tipos destinados a directivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Del total de unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas. No obstante, no se detallan los costos asociados a la carga de estos vehículos ni el consumo de electricidad que implicará su operación. A ello se suma que, actualmente, la dependencia no cuenta con la infraestructura necesaria para la instalación de cargadores, aseguró un trabajador del Órgano de Administración Judicial.

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Un grupo empresarial mexicano vinculado a la familia Landsmanas, encabezado por Jack Landsmanas Stern, figura en investigaciones relacionadas con la venta de alimentos con sobreprecios destinados a Venezuela, dentro del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El caso forma parte de una serie de indagatorias que documentan la participación de intermediarios privados en contratos de importación de alimentos durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La destitución de Alex Saab como ministro de Industria y Producción de Venezuela reactivó líneas de investigación abiertas en torno a las empresas que participaron en la cadena de suministro del programa CLAP. Saab, empresario colombiano sancionado desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue señalado por autoridades estadounidenses como operador de una red de contratos inflados para la importación de alimentos. En ese entramado aparecen compañías ligadas al Corporativo Kosmos, el grupo empresarial de la familia Landsmanas.

Kosmos y otras firmas relacionadas habrían participado en la exportación de alimentos a Venezuela mediante esquemas de intermediación que incluyeron empresas offshore y contratos con precios por encima del valor de mercado. Estas operaciones motivaron indagatorias tanto en México como en Estados Unidos.

La familia Landsmanas, conocida en México por su presencia en la industria alimentaria y por contratos públicos de distribución en cárceles mexicanas, ha estado en la mira de ambos países.

De acuerdo con El Financiero, en México, desde los últimos meses de la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, se abrió una investigación en la que se señaló la presunta complicidad de altos funcionarios cercanos al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Señala el diario que el vínculo entre Landsmanas y Saab no se traduce necesariamente en una relación comercial formal directa; sin embargo, ambos aparecen mencionados en investigaciones sobre las cadenas de negocios vinculadas a los contratos para los CLAP, por sospechas de financiamiento irregular, incluso bajo la categoría que Estados Unidos emplea para investigar posibles vínculos con actividades de financiamiento al terrorismo por su relación con el régimen venezolano.

Desde 2019, autoridades mexicanas habían iniciado investigaciones que incluyeron a cerca de 23 empresas por lavado de dinero, triangulaciones financieras y ventas de productos a precios inflados, asociadas con el envío de alimentos desde México a Venezuela.

La familia Landsmanas ha negado reiteradamente tener vínculos con Saab o participar en negocios ilícitos relacionados con los CLAP, sosteniendo que sus operaciones comerciales obedecen a actividades legítimas dentro del sector alimentario.

En este contexto, también se ha documentado la relación de Jack Landsmanas con Turbofin, empresa dedicada al arrendamiento de vehículos que ha obtenido contratos públicos de alto monto en diversas entidades del país. Turbofin es propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain, quienes también controlan Grupo Traxión, compañía del sector transporte y logística que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

Traxión, al operar como empresa pública, está sujeta a obligaciones de revelación financiera ante inversionistas y autoridades bursátiles. Turbofin, en cambio, opera como empresa privada y ha sido señalada en reportes periodísticos por la adjudicación de contratos sin licitación para el arrendamiento de patrullas y vehículos oficiales, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación utilizados y las redes empresariales involucradas.

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Por Antonio Carrera.

La empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, volvió a colocarse en el centro de investigaciones tras ser contratada para operar la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, programa que condiciona el acceso al subsidio del transporte público en la entidad y que implica el tratamiento de datos personales y biométricos de millones de usuarios.

El esquema establece que quienes utilicen la tarjeta pagarán 11 pesos por viaje, mientras que aquellos que no cuenten con el plástico deberán cubrir una tarifa de 14 pesos. En el caso de estudiantes, el costo queda en 5 pesos. Sin embargo, para obtener la tarjeta, los usuarios deben realizar un registro obligatorio en línea que, aunque se encuentra habilitado desde el 12 de enero, desde su apertura, presentó saturación y fallas técnicas.

Además, el proceso tiene un punto ineludible, donde no es posible avanzar si no se aceptan los términos y condiciones y el aviso de privacidad establecidos por Broxel. De acuerdo con esos documentos, la empresa queda autorizada para recopilar y tratar datos personales y biométricos de los usuarios. La información incluye nombre, identificación oficial, domicilio, así como huellas dactilares, reconocimiento facial, iris, patrón de voz, firmas y, en determinados casos, videograbaciones.

El aviso de privacidad también prevé que la información recabada pueda utilizarse para estudios de mercado, análisis de consumo y promoción de productos financieros de la propia empresa, incluidos créditos. La aceptación de estas condiciones resulta obligatoria para acceder al subsidio del transporte público.

Mientras que el plano financiero, el contrato contempla que Broxel reciba una comisión mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa. La licitación LPN 690/2025 considera hasta cinco millones de tarjetas y una vigencia que se extiende hasta el año 2030. A ello se suman cargos directos a los usuarios por reposición del plástico, transferencias, recepción de remesas y pago de servicios.

Al respecto, el Congreso del Estado exhortó al gobernador Pablo Lemus a vetar el aumento de la tarifa y a revisar los fundamentos técnicos y presupuestales del ajuste. Los legisladores pidieron al Consejo de Participación Ciudadana y Popular convocar un referendo sobre la tarifa y la tarjeta, luego de recabarse más del 250% de las firmas necesarias. Además, se formó una comisión especial para auditar el servicio y el contrato con Broxel.

En el caso también interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quien inició una investigación de oficio sobre la tarjeta, además de solicitar información a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para detectar posibles fallas u omisiones en la entrega y operación.

A nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo investigación la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025 de vales electrónicos de despensa para trabajadores federales adjudicada a Broxel, tras una inconformidad presentada por otra empresa participante por presuntas irregularidades en la propuesta económica.

Este antecedente se suma a las preocupaciones que han surgido en Jalisco sobre el alcance del programa de transporte, el manejo de datos sensibles y el modelo de negocio de la empresa encargada de operar el sistema. El acceso a un beneficio público queda condicionado a la aceptación de un esquema financiero privado.

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