La operación pretende colocar a las dos aerolíneas bajo una misma sociedad controladora, aunque las empresas han señalado que continuarían funcionando de manera independiente. De concretarse en los términos planteados, el nuevo grupo concentraría más de 70% del mercado doméstico de pasajeros, de acuerdo con una investigación publicada por Reporte Índigo.

El tamaño de la operación es uno de los puntos que deberá analizar la autoridad de competencia. Grupo Más Vuelos tendría 259 aeronaves, presencia en 324 rutas y cerca de mil vuelos diarios, según los datos recopilados por ese medio.

Giovanni Tapia, consultor independiente y excomisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, explicó a Reporte Índigo que la integración representa un cambio significativo en la estructura del mercado y que uno de sus principales riesgos está precisamente en el bolsillo de los pasajeros.

“Es en el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros donde el riesgo es que las aerolíneas vayan a reducir la oferta de asientos o incrementar las tarifas para los consumidores”, señaló.

Esto no significa que una eventual autorización produzca automáticamente un aumento generalizado de precios. Los especialistas consultados plantean el encarecimiento como un riesgo derivado de una menor presión competitiva, particularmente en rutas donde las opciones disponibles para el consumidor puedan reducirse.

Carlos Torres, analista independiente de aviación entrevistado para la investigación, coincidió en que podrían presentarse mayores tarifas en determinadas rutas y una disminución de frecuencias y alternativas. También advirtió que la concentración podría elevar las barreras para la llegada de nuevos competidores.

Dos aerolíneas con más de 70% del mercado

La preocupación surge por las características actuales de la aviación mexicana. Menos de 10 aerolíneas participan en el mercado y más de una decena han suspendido operaciones en México en lo que va del siglo, según la investigación.

Viva Aerobus y Volaris ya ocupan las mayores participaciones dentro del mercado doméstico. Su integración llevaría a que más de siete de cada 10 pasajeros nacionales quedaran dentro de un mismo grupo empresarial, aunque las marcas continuaran operando separadamente.

Las empresas sostienen que Grupo Más Vuelos permitiría ampliar la conectividad y contribuir a la democratización del transporte aéreo. Sin embargo, los especialistas consultados por Reporte Índigo plantearon que mantener las operaciones separadas no elimina por sí mismo los posibles efectos de pertenecer a una misma controladora.

Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo, señaló al medio que una de las principales necesidades de los pasajeros es contar con mayor certeza sobre el servicio contratado, particularmente ante retrasos, demoras y cancelaciones.

Para los expertos, por ello, el análisis no debería limitarse al número de destinos que podría ofrecer el nuevo grupo, sino considerar qué ocurrirá con la competencia en precios, frecuencias, calidad del servicio y opciones disponibles para los viajeros.

Menos competencia también podría afectar a pilotos

La concentración tendría otra consecuencia potencial fuera de las tarifas: el mercado laboral. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) advirtió a Reporte Índigo que Viva Aerobus y Volaris actualmente compiten por trabajadores con perfiles similares y que colocarlas bajo una misma estructura empresarial podría disminuir las opciones de contratación para los pilotos.

“Cuando se concentran las dos empresas, lo que están haciendo es empujar el mercado laboral a la baja”, afirmó José Suárez Valdez, capitán y secretario de prensa y publicidad de ASPA.

La organización pidió que la evaluación considere no sólo cuántas rutas o pasajeros quedarían concentrados, sino también el número de empleadores independientes que permanecerían disponibles para los pilotos mexicanos.

La preocupación se produce en un mercado laboral limitado. Alrededor de 4 mil 700 pilotos trabajan actualmente en el país y durante la última década se generaron, en promedio, unas 160 vacantes anuales, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil citadas por la investigación.

La integración de Viva Aerobus y Volaris todavía deberá ser analizada por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), autoridad encargada de determinar si la concentración puede concretarse en los términos planteados o si existen afectaciones a las condiciones de competencia. De acuerdo con lo reportado por la institución, se prevé que la resolución pueda conocerse en lo que resta de 2026, aunque hasta ahora no se ha informado una fecha específica para la decisión.

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Costaron una fortuna y deberían estar al cien para combatir a la delincuencia, pero algunas de las patrullas que recorren las calles de la capital ya lucen golpes, abolladuras, piezas dañadas y desperfectos.

Son parte de las mil camionetas pick up arrendadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México a Grupo Turbofin mediante un contrato que supera los 3 mil 116 millones de pesos.

Y mientras la empresa cobra millones por el servicio, policías capitalinos consultados por este medio denuncian que, cuando las unidades necesitan reparación, la respuesta no siempre llega con la velocidad que requieren quienes todos los días salen a patrullar las calles.

Los uniformados, quienes solicitaron mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias, aseguran que existen deficiencias en el mantenimiento y retrasos en la atención de vehículos accidentados o dañados.

Según sus testimonios, cuando una camioneta tiene que salir de circulación, el proceso para retirarla, repararla o sustituirla puede tardar.

¿El resultado? Menos vehículos disponibles para vigilar la ciudad y, en algunos casos, patrullas que continúan trabajando aunque carguen con los golpes encima.

¡ABOLLADAS Y A PATRULLAR!

Un recorrido realizado por fotógrafos de este medio permitió ubicar camionetas utilizadas como patrullas con daños visibles en defensas, puertas, cajas, salpicaderas y partes frontales.

Algunas presentaban deformaciones compatibles con impactos, mientras que en otras podían observarse piezas desprendidas o deterioradas.

Pero para los policías consultados, las abolladuras son apenas la parte visible del problema.

Los agentes cuestionaron la respuesta que reciben cuando reportan una unidad que necesita mantenimiento o reparación y calificaron como deficiente el servicio proporcionado por Turbofin.

Consideran que los tiempos de atención que enfrentan en las calles contrastan con el tamaño del contrato otorgado a la compañía.

Porque barato, definitivamente, no salió.

¡NEGOCIAZO DE 3 MIL 116 MILLONES!

Las camionetas forman parte del contrato SSC/078/2025, firmado el 30 de mayo de 2025 entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Grupo Turbofin, empresa dirigida por Eduardo Flegman Lijtszain.

El acuerdo contempla el arrendamiento de mil camionetas pick up RAM modelo 2024, equipadas con motor V6, tracción 4×2 y acondicionadas para funcionar como patrullas.

El servicio comenzó el 1 de julio de 2025 y permanecerá vigente hasta el 30 de octubre de 2028.

¿La cuenta?

Nada menos que 67 millones 169 mil 712 pesos mensuales antes de IVA.

Con impuestos incluidos, el monto total alcanza los 3 mil 116 millones 674 mil 636.80 pesos.

Y eso no es todo.

Turbofin recibió un anticipo de 779 millones 168 mil 659.20 pesos.

Miles de millones de pesos para mantener una flotilla que debería permanecer disponible y en condiciones adecuadas para que los policías hagan su trabajo.

¡SI FALLAN, DEBEN SUSTITUIRLAS!

El contrato no se limita a entregar las camionetas.

Grupo Turbofin también debe hacerse cargo del mantenimiento, las reparaciones, los seguros y la sustitución temporal de aquellas patrullas que queden imposibilitadas para prestar servicio.

Además, durante la etapa correspondiente al recorrido realizado por este medio, la compañía debe garantizar una disponibilidad mínima de 93% de la flotilla.

En números simples: al menos 930 de las mil patrullas deberían encontrarse disponibles.

Sin embargo, los policías consultados aseguran que cuando alguna unidad queda fuera de circulación por daños, la atención puede demorarse.

Y quienes terminan pagando las consecuencias operativas, sostienen, son los elementos encargados de vigilar las calles.

Mientras una camioneta espera reparación, los uniformados deben reorganizarse con los vehículos disponibles o, según sus testimonios, continuar utilizando unidades que presentan daños.

TURBOFIN VA POR MÁS

El multimillonario negocio con la policía capitalina no es el único contrato público de Grupo Turbofin.

De acuerdo con registros de Compras MX, durante 2026 la compañía obtuvo al menos cuatro contratos con dependencias federales cuyo monto máximo conjunto asciende a 83 millones 706 mil 899 pesos.

Además, medios de Quintana Roo reportaron durante 2025 la participación de Turbofin en un contrato estimado en mil 200 millones de pesos para proporcionar 334 vehículos policiales y un helicóptero en Playa del Carmen.

Grupo Turbofin se encuentra vinculado con la familia Lijtszain, propietaria también de Grupo Traxión.

Así, mientras los contratos públicos de la compañía se cuentan por cientos y hasta miles de millones de pesos, en las calles de la Ciudad de México la historia que cuentan algunos policías es muy distinta.

Patrullas golpeadas, reparaciones que -acusan- tardan más de lo necesario y uniformados que necesitan vehículos disponibles para enfrentar todos los días a la delincuencia.

Porque si el contrato cuesta más de 3 mil 116 millones de pesos, la pregunta resulta inevitable:

¿por qué hay patrullas millonarias circulando golpeadas?

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La construcción del Muelle 3 en el puerto de Ensenada avanza en su fase de consulta pública ambiental, como parte del proceso de evaluación federal para ampliar la infraestructura destinada a la recepción de cruceros turísticos. La obra se ubicaría dentro de la Terminal Ensenada Cruiseport Village, en la zona sur del recinto portuario.

El nuevo muelle permitiría operar embarcaciones de hasta 365 metros de eslora, correspondientes a la generación más reciente de buques turísticos. Actualmente, la terminal cuenta con dos posiciones de atraque: el Muelle 1, con capacidad para barcos de hasta 335 metros, y el Muelle 2, que admite unidades de hasta 350 metros.

El proyecto abarcaría una superficie aproximada de 15.98 hectáreas y contempla un periodo de construcción cercano a 12 meses, con una vida útil estimada de 50 años. La infraestructura incluye áreas de maniobra marítima, pasarelas de embarque y desembarque, instalaciones eléctricas y de servicios, vialidades internas y estacionamiento para transporte turístico.

También se prevé el dragado del fondo marino a una profundidad aproximada de 11 metros para garantizar condiciones seguras de aproximación y salida de los buques de gran tamaño. Las instalaciones en tierra estarán orientadas a facilitar el tránsito de pasajeros hacia los servicios turísticos de la ciudad.

Durante la reunión pública informativa organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el titular de la representación en Baja California, Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, destacó la importancia de estos mecanismos de participación dentro del proceso regulatorio.

La representante de la empresa promovente, Laura Rodríguez, señaló que la infraestructura actual fue diseñada para buques de generaciones anteriores y que la ampliación permitirá atender unidades más grandes y modernas.

Ensenada se mantiene como uno de los principales destinos de cruceros del país y un punto estratégico del Pacífico mexicano. La modernización busca evitar que las rutas internacionales se trasladen a otros puertos con mayor capacidad.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en 2025 el puerto recibió más de 1.3 millones de pasajeros en aproximadamente 360 arribos, lo que representó un crecimiento de 41.7 por ciento respecto al año previo y una derrama económica cercana a 1,200 millones de pesos.

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De acuerdo con los fragmentos difundidos, la llamada habría sido realizada por Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y alcalde con licencia de Cerralvo, quien presuntamente actuó como intermediario ante un directivo de la empresa. En uno de los extractos se escucha que, según el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, “se requiere un pago fuerte”, y se plantea la posibilidad de cubrirlo en parcialidades.

En la conversación también se menciona al director de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León, Roberto Santos, y al secretario general de Gobierno, Miguel Flores, como parte de las gestiones para que la empresa pudiera “alinearse”. Matrimar ha sostenido previamente que el monto solicitado rondaría los 50 millones de pesos para permitir su operación.

La difusión del audio se da tras una serie de actuaciones administrativas contra la compañía. El 11 de febrero, autoridades estatales acudieron de madrugada a colocar sellos de clausura y, posteriormente, personal de la Secretaría de Medio Ambiente realizó nuevas visitas a las instalaciones. La empresa informó que obtuvo suspensiones y amparos federales con los que busca revertir las medidas.

En comunicados públicos, Matrimar ha acusado al gobierno estatal de ejercer “extorsión disfrazada de acoso institucional” y ha afirmado que sus operaciones han sido auditadas durante años sin que se hayan acreditado irregularidades. La paralización de la planta, asegura, afecta a más de 500 familias.

El caso se inserta en un entorno de tensiones entre la administración estatal y sectores productivos. Desde 2022 se aplican en Nuevo León los llamados impuestos verdes a emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos, esquema que ha sido impugnado por empresas del ramo. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras empresariales rechazaron el aumento del Impuesto Sobre Nómina del 3% al 4% aprobado en el Paquete Fiscal 2026, al advertir impactos en inversión y empleo, en un contexto de mayores requerimientos presupuestales vinculados a obras de infraestructura para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que el estado será sede.

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El programa estatal establece que por cada tarjeta activa el gobierno cubrirá 5.45 pesos mensuales a la empresa administradora del sistema, lo que podría representar más de 16 millones de pesos al mes si se incorpora al universo estimado de usuarios del transporte público en la entidad.

A este esquema se suma el subsidio de 3 pesos por viaje que el Estado entregará a los transportistas para compensar la tarifa de 11 pesos, una bolsa que podría superar los 5 mil millones de pesos al año.

En medio de la controversia, el mandatario anunció la entrega de tres vuelos redondos a Nueva York pagados con recursos propios y otros tres patrocinados por la aerolínea Volaris para ciudadanos que tramiten la tarjeta financiera.

“…para que la gente que se inscriba a su tarjeta La Única pueda echarse su cafecito en Nueva York”, lanzó Lemus tras la polémica que generaron sus declaraciones previas, en las que aseguró que con el plástico del programa una persona podría pagar un café en esa ciudad.

De esta forma, el mandatario estatal minimizó las críticas de colectivos que califican la medida como una “puerta de entrada” para convertir a los usuarios del transporte en clientes cautivos de servicios bancarios.

La declaración de Lemus intensificó la polémica en redes sociales, donde usuarios señalaron que el gobernador y funcionarios de su administración han promovido el programa con un tono similar al de una estrategia comercial de Broxel, empresa encargada de la administración de la tarjeta.

El anuncio coincide con nuevas protestas en Guadalajara contra el llamado “tarifazo” y contra el requisito de utilizar la tarjeta financiera para obtener el costo preferencial del transporte. Colectivos y usuarios señalan que el registro exige la entrega de datos personales, biométricos y de contacto para poder acceder al subsidio del servicio público.

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solicitó información a un usuario para indagar la sustracción de recursos de su tarjeta de teletrabajo operada por la firma Servicios Broxel, en un caso que se suma a múltiples inconformidades expresadas en redes sociales sobre el funcionamiento y la atención de la empresa.

La denuncia fue difundida en redes sociales por el afectado, quien señaló que en enero su tarjeta de teletrabajo quedó sin saldo tras la desaparición de 3 mil 412 pesos, sin aviso previo ni explicación. El usuario indicó que, tras presentar una inconformidad, la empresa respondió un mes después que el reclamo no procedía y que el manejo de los recursos debía revisarse con la institución que realizaba los depósitos.

El problema, explicó el afectado, es que los recursos provenían del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo federal que dejó de operar el programa en octubre de 2025 por lo que actualmente no existe una instancia administrativa a la cual acudir. La tarjeta era utilizada para el pago de servicios básicos como luz, internet y telefonía.

Tras la publicación del caso, la Condusef respondió públicamente al usuario, solicitándole enviar la información por mensaje privado para revisar la situación y brindarle orientación. Cabe destacar que la información oficial del programa Tengo Vales, disponible en el sitio de Broxel, se señala que el saldo disponible no tiene fecha de vencimiento.

El caso no es aislado. En los últimos días, usuarios han expresado en X diversas quejas contra la empresa, principalmente por fallas en la aplicación, dificultades para registrar tarjetas, demoras en la atención telefónica y problemas para consultar saldos o realizar operaciones. Algunos reportes señalan tiempos de espera de hasta una hora en el servicio de atención y errores recurrentes en los procesos de verificación.

Las inconformidades surgen en un contexto en el que Broxel mantiene presencia en distintos programas públicos y privados de dispersión de recursos y servicios financieros. La acumulación de reportes ciudadanos ha incrementado el escrutinio sobre la calidad del servicio y los mecanismos de atención a usuarios.

Recientemente, la empresa también ha sido objeto de cuestionamientos en Jalisco, donde fue contratada para operar la “Tarjeta Única” del sistema de transporte público, esquema que implica el registro y tratamiento de datos personales y biométricos de los usuarios. El programa contempla hasta cinco millones de tarjetas con vigencia hasta 2030.

Además, a nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo revisión una licitación relacionada con vales electrónicos adjudicada a la compañía en medio de señalamientos por fallas en la captura económica de la propuesta de Broxel y riesgos operativos en la entrega de los apoyos.

En su historial figuran sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplir disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y por proporcionar información falsa e incompleta. Estos antecedentes se suman a los cuestionamientos recientes sobre la operación y el servicio de la empresa.

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Aparece el nombre de Alejandro Arai, identificado en diversos informes como una figura clave en la estructuración de mecanismos financieros y fiscales utilizados para pequeñas, medianas y grandes empresas desde el sexenio de Felipe Calderón.

Aunque Raúl Beyruti, conocido como el “Rey del outsourcing”, enfrenta procesos judiciales y órdenes de aprehensión por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, versiones periodísticas y reportes de inteligencia apuntan a que los esquemas financieros y fiscales asociados a su red no habrían sido desmantelados, sino que continúan en operación mediante intermediarios, colaboradores y socios estratégicos.

En ese contexto aparece Alejandro Arai, identificado en diversos informes como una figura clave en la estructuración de mecanismos financieros y fiscales utilizados para pequeñas, medianas y grandes empresas desde el sexenio de Felipe Calderón. Fuentes consultadas lo señalan como uno de los principales operadores del entramado que giró durante años en torno a Beyruti.

De acuerdo con testimonios recabados por este medio, Beyruti y Arai realizaron de manera conjunta visitas a decenas de empresarios para ofrecer servicios de “asesoría fiscal”, una práctica comúnmente asociada al outsourcing. En esos encuentros, Beyruti habría promovido directamente a Arai como su hombre de confianza, en anticipación al endurecimiento de la persecución fiscal en su contra.

Según una fuente que pidió el anonimato por temor a posibles represalias, Alejandro Arai habría visitado en distintas ocasiones a Raúl Beyruti y a su familia en Miami, Florida, durante el periodo en que la justicia mexicana intensificó las acciones contra el empresario. “Alejandro Arai es el heredero del imperio de Beyruti. Las autoridades hacendarias deberían investigar los viajes a Miami y las conexiones financieras entre estos personajes para dimensionar las relaciones entre estos personajes”, aseguró la fuente.

Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, de Claudia Sheinbaum, se impulsaron medidas para combatir los esquemas de subcontratación. No obstante, personas cercanas a los círculos empresariales vinculados a Beyruti y Arai afirman que sus operaciones no se detuvieron y que, por el contrario, continuaron ofreciendo garantías a sus clientes, asegurándoles contar con contactos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los señalamientos en torno a Arai se amplían por sus vínculos empresariales. En registros oficiales figura como socio de Ernesto Mizrahi en la empresa Armisa Centro de Negocios. Mizrahi es propietario de Blindajes EPEL, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos blindados que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades financieras y administrativas.

Las indagatorias se centran en el periodo comprendido entre 2019 y 2024 y analizan posibles anomalías, entre ellas el manejo de grandes cantidades de efectivo que, presuntamente, no habrían sido reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que podría configurar delitos de evasión fiscal o lavado de dinero. En los últimos 12 años, Blindajes EPEL obtuvo contratos millonarios con gobiernos estatales y dependencias federales.

En meses recientes, Mizrahi también se vio involucrado en una disputa personal con el líder sindical Pedro Haces y su hijo, el legislador Pedro Haces Lago. De acuerdo con versiones difundidas en el entorno de Alejandro Arai, se responsabilizó a la familia Haces de presuntos disturbios contra instalaciones de la blindadora; sin embargo, no existe constancia de denuncias formales, por lo que el episodio permanece en el ámbito del señalamiento no acreditado.

Frente a este cúmulo de antecedentes, autoridades hacendarias y judiciales analizarían la posibilidad de intensificar las acciones contra Raúl Beyruti y Alejandro Arai, refieren fuentes. Personas de su círculo cercano aseguran que ambos construyeron fortunas de gran magnitud a través de complejos esquemas fiscales, cuyas ramificaciones financieras aún no han sido plenamente esclarecidas por las autoridades.

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Arturo Abreu Marín, delegado del Bienestar en Quintana Roo, informó que su renuncia al cargo ya está sobre la mesa del Gobierno Federal, pero deben esperar “los tiempos”.

El anuncio lo dio a conocer el propio delegado del Bienestar en un programa informativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social que conduce Francisco Espinosa, donde explicó que el tema fue platicado y consensuado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; así también fue comentado con la gobernadora Mara Lezama Espinosa. “Nunca me he querido jubilar de las instituciones donde he estado… (le dije) que me diera la fecha para hacer mi renuncia”, declaró brevemente.

En 2024, Arturo Abreu Marín fue ratificado desde el gobierno federal como delegado en Quintana Roo hasta por otros 6 años; sin embargo, él mismo informó que ya está cansado, pero se va “con mucha tristeza y gusto de la mejor Secretaría”, la del Bienestar.

El aun delegado federal dijo que fue la misma presidenta Claudia Sheinbaum quien le ratificó en el cargo que ostentó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; además, expresó que se va satisfecho.

Con esta salida, se especula que, a partir del 1 de marzo próximo, el nuevo delegado de Bienestar en Quintana Roo sería el aún director de Aduanas en México, Rafael Marín Mollinedo.

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Saab será extraditado a Estados Unidos junto con el empresario Raúl Gorrín.

El FBI detuvo en Caracas al empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro y acusado de operar esquemas de lavado de dinero en varios países, entre ellos México. La captura se realizó con apoyo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y, de acuerdo con reportes de inteligencia citados por medios colombianos, Saab será extraditado a Estados Unidos junto con el empresario Raúl Gorrín.

Saab había sido liberado en diciembre de 2023 tras un intercambio de prisioneros gestionado por el gobierno venezolano y, a su regreso, fue incorporado al gabinete de Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional. Sin embargo, hace apenas dos semanas fue destituido de ese cargo y de la dirección del Centro Internacional de Inversión Productiva, en lo que fue interpretado como un quiebre político previo a su nueva detención.

En México, de acuerdo con Proceso, Saab enfrenta cinco denuncias penales presentadas en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República. Ese mismo año, la UIF ordenó el bloqueo de más de 26 millones de pesos en cuentas bancarias de presuntos socios del empresario, como parte de investigaciones por lavado de dinero relacionadas con la compra de alimentos destinados al programa CLAP del gobierno venezolano.

Exlegisladores y organizaciones civiles de Venezuela han sostenido que México fue un punto clave en las operaciones financieras de Saab, quien habría realizado negocios por más de 300 millones de dólares antes de su primera detención en 2020. Parte de esos recursos, afirman, provendrían del desvío de fondos públicos venezolanos y continúan sin resolverse en el ámbito judicial mexicano.

En diciembre pasado, Pie de Nota difundió un supuesto oficio atribuido a la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), cuya autenticidad y alcances no han sido confirmados oficialmente. En el documento se advierte que Saab formaría parte de una presunta organización criminal transnacional dedicada a lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción, con operaciones en México y otros países.

El oficio identifica como presunto líder de esa estructura al empresario Jack Landsmanas Stern, director del Corporativo Kosmos, y describe un esquema basado en la obtención de contratos públicos de servicios de alimentación en penales y dependencias federales de México. Según el texto, estos contratos habrían permitido el manejo de grandes volúmenes de recursos y la consolidación de una red de corrupción con funcionarios públicos.

Uno de los apartados del documento atribuido a HSI menciona las operaciones de lavado de dinero vinculadas a la venta de despensas al gobierno de Venezuela a través del programa CLAP, el mismo mecanismo en el que han sido señaladas las operaciones de Alex Saab. El texto también alude a posibles violaciones al régimen de sanciones de Estados Unidos y a esquemas de triangulación financiera en el extranjero.

El listado de personas presuntamente relacionadas con esa organización incluye a integrantes de la familia Landsmanas, exfuncionarios federales y estatales, así como empresarios con contratos públicos millonarios. Entre los nombres mencionados aparece también el empresario Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero.

A Landsmanas, versiones periodísticas también lo relacionan con la arrendadora con fuerte presencia en Estados Unidos, Turbofin, propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain Bimstein, también dueños de Traxión, empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

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El diputado federal de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, reiteró la necesidad de reconstruir el sistema de fiscalización y auditorías en el país, con el objetivo de garantizar que cada peso que los mexicanos pagan con impuestos se ejerza de manera correcta y transparente.

Lo anterior lo expresó durante su participación en la mesa de diálogo “La Fiscalización en México: Cuidar el Dinero del Pueblo”, organizada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de febrero en Monterrey, Nuevo León, donde se analizaron los principales retos en el uso de los recursos públicos.

Durante su intervención, Ramírez Cuéllar subrayó que la transformación del sistema de auditorías es parte de una agenda nacional contra la corrupción y el despilfarro de recursos públicos.

“La reconstrucción de las auditorías y la fiscalización es uno de los grandes temas que además lo anunció nuestra presidenta de la República el día de antier. Estamos en una cruzada en contra de la corrupción, del despilfarro, de acabar con la impunidad y el tema de la reforma constitucional ilegal al sistema de auditoría y de fiscalización, pues es uno de los grandes temas que tenemos que abordar. Queremos meter en cintura a gente que se dedica a derrochar y a malgastar el dinero como su propio gobernador”, dijo Ramírez Cuéllar.

El encuentro contó con la presencia de la diputada local Grecia Benavides; Alejandro Reynoso, Auditor superior del estado; Juan Carlos Pérez, presidente de México Justo; y Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo, Nuevo León, quienes coincidieron en la urgencia de replantear el modelo actual de fiscalización.

En ese contexto, Ramírez Cuéllar afirmó que el objetivo principal es asegurar que los recursos públicos se utilicen de forma honesta y eficiente para mejorar los servicios y la infraestructura.

“Lo que queremos, es dar certeza de que el dinero que el pueblo paga como impuestos y como contribuciones sirve para financiar el presupuesto público federal y estatal, y que sea un dinero que se cuide bien, que se maneje con honestidad y con transparencia, con mucha eficacia, eficiencia, que nos sirva para dotarnos de los servicios públicos necesarios y la creación de infraestructura y programas de bienestar”, puntualizó.

Finalmente, el legislador alertó sobre prácticas irregulares dentro de las auditorías, señalando que en ocasiones se convierten en redes de extorsión que dañan la credibilidad institucional.

“Se generan redes de extorsión dentro de las propias auditorías que observo, y luego te digo que aquí están los abogados que te van a defender, y el que te solventa la observación, y creo que es una red de extorsión que ya no podemos permitir porque esto degradando una institución muy buena y tan indispensable en el sistema mexicano, que es la auditoría y la revisión de cómo se gasta el dinero”, sentenció.

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