La construcción del Muelle 3 en el puerto de Ensenada avanza en su fase de consulta pública ambiental, como parte del proceso de evaluación federal para ampliar la infraestructura destinada a la recepción de cruceros turísticos. La obra se ubicaría dentro de la Terminal Ensenada Cruiseport Village, en la zona sur del recinto portuario.

El nuevo muelle permitiría operar embarcaciones de hasta 365 metros de eslora, correspondientes a la generación más reciente de buques turísticos. Actualmente, la terminal cuenta con dos posiciones de atraque: el Muelle 1, con capacidad para barcos de hasta 335 metros, y el Muelle 2, que admite unidades de hasta 350 metros.

El proyecto abarcaría una superficie aproximada de 15.98 hectáreas y contempla un periodo de construcción cercano a 12 meses, con una vida útil estimada de 50 años. La infraestructura incluye áreas de maniobra marítima, pasarelas de embarque y desembarque, instalaciones eléctricas y de servicios, vialidades internas y estacionamiento para transporte turístico.

También se prevé el dragado del fondo marino a una profundidad aproximada de 11 metros para garantizar condiciones seguras de aproximación y salida de los buques de gran tamaño. Las instalaciones en tierra estarán orientadas a facilitar el tránsito de pasajeros hacia los servicios turísticos de la ciudad.

Durante la reunión pública informativa organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el titular de la representación en Baja California, Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, destacó la importancia de estos mecanismos de participación dentro del proceso regulatorio.

La representante de la empresa promovente, Laura Rodríguez, señaló que la infraestructura actual fue diseñada para buques de generaciones anteriores y que la ampliación permitirá atender unidades más grandes y modernas.

Ensenada se mantiene como uno de los principales destinos de cruceros del país y un punto estratégico del Pacífico mexicano. La modernización busca evitar que las rutas internacionales se trasladen a otros puertos con mayor capacidad.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en 2025 el puerto recibió más de 1.3 millones de pasajeros en aproximadamente 360 arribos, lo que representó un crecimiento de 41.7 por ciento respecto al año previo y una derrama económica cercana a 1,200 millones de pesos.

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De acuerdo con los fragmentos difundidos, la llamada habría sido realizada por Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y alcalde con licencia de Cerralvo, quien presuntamente actuó como intermediario ante un directivo de la empresa. En uno de los extractos se escucha que, según el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, “se requiere un pago fuerte”, y se plantea la posibilidad de cubrirlo en parcialidades.

En la conversación también se menciona al director de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León, Roberto Santos, y al secretario general de Gobierno, Miguel Flores, como parte de las gestiones para que la empresa pudiera “alinearse”. Matrimar ha sostenido previamente que el monto solicitado rondaría los 50 millones de pesos para permitir su operación.

La difusión del audio se da tras una serie de actuaciones administrativas contra la compañía. El 11 de febrero, autoridades estatales acudieron de madrugada a colocar sellos de clausura y, posteriormente, personal de la Secretaría de Medio Ambiente realizó nuevas visitas a las instalaciones. La empresa informó que obtuvo suspensiones y amparos federales con los que busca revertir las medidas.

En comunicados públicos, Matrimar ha acusado al gobierno estatal de ejercer “extorsión disfrazada de acoso institucional” y ha afirmado que sus operaciones han sido auditadas durante años sin que se hayan acreditado irregularidades. La paralización de la planta, asegura, afecta a más de 500 familias.

El caso se inserta en un entorno de tensiones entre la administración estatal y sectores productivos. Desde 2022 se aplican en Nuevo León los llamados impuestos verdes a emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos, esquema que ha sido impugnado por empresas del ramo. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras empresariales rechazaron el aumento del Impuesto Sobre Nómina del 3% al 4% aprobado en el Paquete Fiscal 2026, al advertir impactos en inversión y empleo, en un contexto de mayores requerimientos presupuestales vinculados a obras de infraestructura para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que el estado será sede.

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El programa estatal establece que por cada tarjeta activa el gobierno cubrirá 5.45 pesos mensuales a la empresa administradora del sistema, lo que podría representar más de 16 millones de pesos al mes si se incorpora al universo estimado de usuarios del transporte público en la entidad.

A este esquema se suma el subsidio de 3 pesos por viaje que el Estado entregará a los transportistas para compensar la tarifa de 11 pesos, una bolsa que podría superar los 5 mil millones de pesos al año.

En medio de la controversia, el mandatario anunció la entrega de tres vuelos redondos a Nueva York pagados con recursos propios y otros tres patrocinados por la aerolínea Volaris para ciudadanos que tramiten la tarjeta financiera.

“…para que la gente que se inscriba a su tarjeta La Única pueda echarse su cafecito en Nueva York”, lanzó Lemus tras la polémica que generaron sus declaraciones previas, en las que aseguró que con el plástico del programa una persona podría pagar un café en esa ciudad.

De esta forma, el mandatario estatal minimizó las críticas de colectivos que califican la medida como una “puerta de entrada” para convertir a los usuarios del transporte en clientes cautivos de servicios bancarios.

La declaración de Lemus intensificó la polémica en redes sociales, donde usuarios señalaron que el gobernador y funcionarios de su administración han promovido el programa con un tono similar al de una estrategia comercial de Broxel, empresa encargada de la administración de la tarjeta.

El anuncio coincide con nuevas protestas en Guadalajara contra el llamado “tarifazo” y contra el requisito de utilizar la tarjeta financiera para obtener el costo preferencial del transporte. Colectivos y usuarios señalan que el registro exige la entrega de datos personales, biométricos y de contacto para poder acceder al subsidio del servicio público.

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solicitó información a un usuario para indagar la sustracción de recursos de su tarjeta de teletrabajo operada por la firma Servicios Broxel, en un caso que se suma a múltiples inconformidades expresadas en redes sociales sobre el funcionamiento y la atención de la empresa.

La denuncia fue difundida en redes sociales por el afectado, quien señaló que en enero su tarjeta de teletrabajo quedó sin saldo tras la desaparición de 3 mil 412 pesos, sin aviso previo ni explicación. El usuario indicó que, tras presentar una inconformidad, la empresa respondió un mes después que el reclamo no procedía y que el manejo de los recursos debía revisarse con la institución que realizaba los depósitos.

El problema, explicó el afectado, es que los recursos provenían del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo federal que dejó de operar el programa en octubre de 2025 por lo que actualmente no existe una instancia administrativa a la cual acudir. La tarjeta era utilizada para el pago de servicios básicos como luz, internet y telefonía.

Tras la publicación del caso, la Condusef respondió públicamente al usuario, solicitándole enviar la información por mensaje privado para revisar la situación y brindarle orientación. Cabe destacar que la información oficial del programa Tengo Vales, disponible en el sitio de Broxel, se señala que el saldo disponible no tiene fecha de vencimiento.

El caso no es aislado. En los últimos días, usuarios han expresado en X diversas quejas contra la empresa, principalmente por fallas en la aplicación, dificultades para registrar tarjetas, demoras en la atención telefónica y problemas para consultar saldos o realizar operaciones. Algunos reportes señalan tiempos de espera de hasta una hora en el servicio de atención y errores recurrentes en los procesos de verificación.

Las inconformidades surgen en un contexto en el que Broxel mantiene presencia en distintos programas públicos y privados de dispersión de recursos y servicios financieros. La acumulación de reportes ciudadanos ha incrementado el escrutinio sobre la calidad del servicio y los mecanismos de atención a usuarios.

Recientemente, la empresa también ha sido objeto de cuestionamientos en Jalisco, donde fue contratada para operar la “Tarjeta Única” del sistema de transporte público, esquema que implica el registro y tratamiento de datos personales y biométricos de los usuarios. El programa contempla hasta cinco millones de tarjetas con vigencia hasta 2030.

Además, a nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo revisión una licitación relacionada con vales electrónicos adjudicada a la compañía en medio de señalamientos por fallas en la captura económica de la propuesta de Broxel y riesgos operativos en la entrega de los apoyos.

En su historial figuran sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplir disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y por proporcionar información falsa e incompleta. Estos antecedentes se suman a los cuestionamientos recientes sobre la operación y el servicio de la empresa.

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Aparece el nombre de Alejandro Arai, identificado en diversos informes como una figura clave en la estructuración de mecanismos financieros y fiscales utilizados para pequeñas, medianas y grandes empresas desde el sexenio de Felipe Calderón.

Aunque Raúl Beyruti, conocido como el “Rey del outsourcing”, enfrenta procesos judiciales y órdenes de aprehensión por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, versiones periodísticas y reportes de inteligencia apuntan a que los esquemas financieros y fiscales asociados a su red no habrían sido desmantelados, sino que continúan en operación mediante intermediarios, colaboradores y socios estratégicos.

En ese contexto aparece Alejandro Arai, identificado en diversos informes como una figura clave en la estructuración de mecanismos financieros y fiscales utilizados para pequeñas, medianas y grandes empresas desde el sexenio de Felipe Calderón. Fuentes consultadas lo señalan como uno de los principales operadores del entramado que giró durante años en torno a Beyruti.

De acuerdo con testimonios recabados por este medio, Beyruti y Arai realizaron de manera conjunta visitas a decenas de empresarios para ofrecer servicios de “asesoría fiscal”, una práctica comúnmente asociada al outsourcing. En esos encuentros, Beyruti habría promovido directamente a Arai como su hombre de confianza, en anticipación al endurecimiento de la persecución fiscal en su contra.

Según una fuente que pidió el anonimato por temor a posibles represalias, Alejandro Arai habría visitado en distintas ocasiones a Raúl Beyruti y a su familia en Miami, Florida, durante el periodo en que la justicia mexicana intensificó las acciones contra el empresario. “Alejandro Arai es el heredero del imperio de Beyruti. Las autoridades hacendarias deberían investigar los viajes a Miami y las conexiones financieras entre estos personajes para dimensionar las relaciones entre estos personajes”, aseguró la fuente.

Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, de Claudia Sheinbaum, se impulsaron medidas para combatir los esquemas de subcontratación. No obstante, personas cercanas a los círculos empresariales vinculados a Beyruti y Arai afirman que sus operaciones no se detuvieron y que, por el contrario, continuaron ofreciendo garantías a sus clientes, asegurándoles contar con contactos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los señalamientos en torno a Arai se amplían por sus vínculos empresariales. En registros oficiales figura como socio de Ernesto Mizrahi en la empresa Armisa Centro de Negocios. Mizrahi es propietario de Blindajes EPEL, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos blindados que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades financieras y administrativas.

Las indagatorias se centran en el periodo comprendido entre 2019 y 2024 y analizan posibles anomalías, entre ellas el manejo de grandes cantidades de efectivo que, presuntamente, no habrían sido reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que podría configurar delitos de evasión fiscal o lavado de dinero. En los últimos 12 años, Blindajes EPEL obtuvo contratos millonarios con gobiernos estatales y dependencias federales.

En meses recientes, Mizrahi también se vio involucrado en una disputa personal con el líder sindical Pedro Haces y su hijo, el legislador Pedro Haces Lago. De acuerdo con versiones difundidas en el entorno de Alejandro Arai, se responsabilizó a la familia Haces de presuntos disturbios contra instalaciones de la blindadora; sin embargo, no existe constancia de denuncias formales, por lo que el episodio permanece en el ámbito del señalamiento no acreditado.

Frente a este cúmulo de antecedentes, autoridades hacendarias y judiciales analizarían la posibilidad de intensificar las acciones contra Raúl Beyruti y Alejandro Arai, refieren fuentes. Personas de su círculo cercano aseguran que ambos construyeron fortunas de gran magnitud a través de complejos esquemas fiscales, cuyas ramificaciones financieras aún no han sido plenamente esclarecidas por las autoridades.

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Arturo Abreu Marín, delegado del Bienestar en Quintana Roo, informó que su renuncia al cargo ya está sobre la mesa del Gobierno Federal, pero deben esperar “los tiempos”.

El anuncio lo dio a conocer el propio delegado del Bienestar en un programa informativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social que conduce Francisco Espinosa, donde explicó que el tema fue platicado y consensuado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; así también fue comentado con la gobernadora Mara Lezama Espinosa. “Nunca me he querido jubilar de las instituciones donde he estado… (le dije) que me diera la fecha para hacer mi renuncia”, declaró brevemente.

En 2024, Arturo Abreu Marín fue ratificado desde el gobierno federal como delegado en Quintana Roo hasta por otros 6 años; sin embargo, él mismo informó que ya está cansado, pero se va “con mucha tristeza y gusto de la mejor Secretaría”, la del Bienestar.

El aun delegado federal dijo que fue la misma presidenta Claudia Sheinbaum quien le ratificó en el cargo que ostentó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; además, expresó que se va satisfecho.

Con esta salida, se especula que, a partir del 1 de marzo próximo, el nuevo delegado de Bienestar en Quintana Roo sería el aún director de Aduanas en México, Rafael Marín Mollinedo.

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Saab será extraditado a Estados Unidos junto con el empresario Raúl Gorrín.

El FBI detuvo en Caracas al empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro y acusado de operar esquemas de lavado de dinero en varios países, entre ellos México. La captura se realizó con apoyo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y, de acuerdo con reportes de inteligencia citados por medios colombianos, Saab será extraditado a Estados Unidos junto con el empresario Raúl Gorrín.

Saab había sido liberado en diciembre de 2023 tras un intercambio de prisioneros gestionado por el gobierno venezolano y, a su regreso, fue incorporado al gabinete de Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional. Sin embargo, hace apenas dos semanas fue destituido de ese cargo y de la dirección del Centro Internacional de Inversión Productiva, en lo que fue interpretado como un quiebre político previo a su nueva detención.

En México, de acuerdo con Proceso, Saab enfrenta cinco denuncias penales presentadas en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República. Ese mismo año, la UIF ordenó el bloqueo de más de 26 millones de pesos en cuentas bancarias de presuntos socios del empresario, como parte de investigaciones por lavado de dinero relacionadas con la compra de alimentos destinados al programa CLAP del gobierno venezolano.

Exlegisladores y organizaciones civiles de Venezuela han sostenido que México fue un punto clave en las operaciones financieras de Saab, quien habría realizado negocios por más de 300 millones de dólares antes de su primera detención en 2020. Parte de esos recursos, afirman, provendrían del desvío de fondos públicos venezolanos y continúan sin resolverse en el ámbito judicial mexicano.

En diciembre pasado, Pie de Nota difundió un supuesto oficio atribuido a la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), cuya autenticidad y alcances no han sido confirmados oficialmente. En el documento se advierte que Saab formaría parte de una presunta organización criminal transnacional dedicada a lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción, con operaciones en México y otros países.

El oficio identifica como presunto líder de esa estructura al empresario Jack Landsmanas Stern, director del Corporativo Kosmos, y describe un esquema basado en la obtención de contratos públicos de servicios de alimentación en penales y dependencias federales de México. Según el texto, estos contratos habrían permitido el manejo de grandes volúmenes de recursos y la consolidación de una red de corrupción con funcionarios públicos.

Uno de los apartados del documento atribuido a HSI menciona las operaciones de lavado de dinero vinculadas a la venta de despensas al gobierno de Venezuela a través del programa CLAP, el mismo mecanismo en el que han sido señaladas las operaciones de Alex Saab. El texto también alude a posibles violaciones al régimen de sanciones de Estados Unidos y a esquemas de triangulación financiera en el extranjero.

El listado de personas presuntamente relacionadas con esa organización incluye a integrantes de la familia Landsmanas, exfuncionarios federales y estatales, así como empresarios con contratos públicos millonarios. Entre los nombres mencionados aparece también el empresario Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero.

A Landsmanas, versiones periodísticas también lo relacionan con la arrendadora con fuerte presencia en Estados Unidos, Turbofin, propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain Bimstein, también dueños de Traxión, empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

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El diputado federal de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, reiteró la necesidad de reconstruir el sistema de fiscalización y auditorías en el país, con el objetivo de garantizar que cada peso que los mexicanos pagan con impuestos se ejerza de manera correcta y transparente.

Lo anterior lo expresó durante su participación en la mesa de diálogo “La Fiscalización en México: Cuidar el Dinero del Pueblo”, organizada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de febrero en Monterrey, Nuevo León, donde se analizaron los principales retos en el uso de los recursos públicos.

Durante su intervención, Ramírez Cuéllar subrayó que la transformación del sistema de auditorías es parte de una agenda nacional contra la corrupción y el despilfarro de recursos públicos.

“La reconstrucción de las auditorías y la fiscalización es uno de los grandes temas que además lo anunció nuestra presidenta de la República el día de antier. Estamos en una cruzada en contra de la corrupción, del despilfarro, de acabar con la impunidad y el tema de la reforma constitucional ilegal al sistema de auditoría y de fiscalización, pues es uno de los grandes temas que tenemos que abordar. Queremos meter en cintura a gente que se dedica a derrochar y a malgastar el dinero como su propio gobernador”, dijo Ramírez Cuéllar.

El encuentro contó con la presencia de la diputada local Grecia Benavides; Alejandro Reynoso, Auditor superior del estado; Juan Carlos Pérez, presidente de México Justo; y Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo, Nuevo León, quienes coincidieron en la urgencia de replantear el modelo actual de fiscalización.

En ese contexto, Ramírez Cuéllar afirmó que el objetivo principal es asegurar que los recursos públicos se utilicen de forma honesta y eficiente para mejorar los servicios y la infraestructura.

“Lo que queremos, es dar certeza de que el dinero que el pueblo paga como impuestos y como contribuciones sirve para financiar el presupuesto público federal y estatal, y que sea un dinero que se cuide bien, que se maneje con honestidad y con transparencia, con mucha eficacia, eficiencia, que nos sirva para dotarnos de los servicios públicos necesarios y la creación de infraestructura y programas de bienestar”, puntualizó.

Finalmente, el legislador alertó sobre prácticas irregulares dentro de las auditorías, señalando que en ocasiones se convierten en redes de extorsión que dañan la credibilidad institucional.

“Se generan redes de extorsión dentro de las propias auditorías que observo, y luego te digo que aquí están los abogados que te van a defender, y el que te solventa la observación, y creo que es una red de extorsión que ya no podemos permitir porque esto degradando una institución muy buena y tan indispensable en el sistema mexicano, que es la auditoría y la revisión de cómo se gasta el dinero”, sentenció.

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Madrid se convirtió en el primer escaparate europeo de Nautica Residences by Naúma, un desarrollo inmobiliario concebido en Cancún que busca atraer inversión internacional de largo plazo. El pasado 22 de enero, en el contexto de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, el proyecto se presentó ante inversionistas y actores clave del sector turístico e inmobiliario del continente.

La exposición marcó el arranque formal de la estrategia de internacionalización de Naúma Development Group, con un proyecto diseñado para competir en mercados globales y no solo dentro del circuito tradicional de destinos de playa. La convocatoria reunió a brokers, empresarios y representantes de marcas internacionales interesados en esquemas patrimoniales con respaldo de marca y operación profesional.

Durante el encuentro, Moisés Jafif, socio y desarrollador del proyecto, explicó que la propuesta parte de una lógica distinta a la del desarrollo inmobiliario convencional. Para Naúma, el valor de un proyecto se mide en el tiempo y no en su impacto inmediato.

“No me interesa desarrollar proyectos que solo se vean bien el día que se entregan. Me interesa crear proyectos atemporales, que dentro de diez años sigan viéndose actuales y sigan generando valor”, señaló.

Nautica Residences representa el primer desarrollo residencial de la marca Nautica a nivel mundial. En palabras de Jafif, el atractivo del proyecto no se limita a su ubicación frente a la laguna Nichupté, sino al peso de una marca global trasladada al ámbito residencial.

“Cuando alguien entra a Nautica Residences no está comprando solo un departamento, está entrando a un universo de marca y a una forma de vivir”, afirmó.

La presentación en Madrid se realizó mediante una experiencia pop-up digital e inmersiva instalada en el Hotel Wellington. El formato permitió comunicar el concepto del desarrollo de forma directa, al integrar elementos visuales y sensoriales que explicaron la lógica de marca, el modelo inmobiliario y la propuesta de valor.

El proyecto es resultado de una alianza entre Naúma Development Group, GMB y Authentic Brands Group, propietaria de la marca Nautica. El plan contempla dos torres de veinte niveles, así como villas premium, además de más de 50 amenidades bajo el modelo Hotel Living, que combina uso habitacional, operación profesional y retorno patrimonial. Las unidades residenciales tienen superficies que van de 71 a 259 metros cuadrados, con configuraciones dirigidas a distintos perfiles de inversionista.

Desde la capital española, Jafif destacó que Cancún evolucionó hacia un mercado inmobiliario con alcance internacional. El Caribe Mexicano recibe más de 18.5 millones de visitantes al año, dispone de vuelos directos desde más de 130 ciudades y se posiciona como uno de los principales destinos de segundas residencias en México. A ello se suma un mercado dolarizado, sin exposición al riesgo cambiario, condición que incrementa su atractivo para el capital extranjero.

México, además, figura entre los diez países más visitados del mundo, con más de 35 millones de turistas internacionales cada año, un volumen que sostiene la demanda inmobiliaria asociada a proyectos turísticos de alta gama.

Con una inversión estimada cercana a los cinco mil millones de pesos, Nautica Residences se encuentra en etapa constructiva y se rige por criterios de eficiencia energética, gestión centralizada del edificio y operación profesional, factores que hoy forman parte de los estándares exigidos por inversionistas institucionales.

La participación en FITUR, realizada del 20 al 25 de enero, respondió a una estrategia puntual: el mercado europeo concentra algunos de los perfiles más sofisticados de inversión inmobiliaria. Presentar el proyecto en Madrid y dentro de este foro internacional funcionó como una validación ante capital que prioriza marca, ubicación y certidumbre de largo plazo.

Al finalizar la presentación pública, el equipo del proyecto sostuvo un encuentro privado en el SixtyOne Art Dining Club, con la asistencia de cerca de 120 inversionistas, empresarios y brokers internacionales. El espacio permitió intercambios directos con perfiles acostumbrados a evaluar inversiones patrimoniales con horizontes amplios.

En el encuentro participaron también Carmen Ferrer Torres, alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Eulalia, y Alejandro Díaz, representante de Invesse y Perfect Harmony, quienes coincidieron en señalar el potencial económico y social de Nautica Residences, tanto para Cancún como para el fortalecimiento de los vínculos entre México y Europa.

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La aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó 77.5 por ciento al inicio de 2026, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de FactoMétrica y Reporte Índigo, realizada entre el 19 y el 22 de enero. La cifra representa un incremento frente al cierre de 2025, y confirma que más de siete de cada diez ciudadanos respaldan su desempeño.

El 73.2 por ciento de los encuestados dijo aprobar la forma en que se está gobernando el país, mientras que 79.6 por ciento considera que la presidenta es una persona honesta. La encuesta también muestra una percepción alta en atributos como imagen presidencial (78.1 por ciento) y cercanía con la ciudadanía (70 por ciento).

Al referirse a estos resultados durante la conferencia matutina del 26 de enero, Sheinbaum expresó: “Si no tuviéramos la mañanera, probablemente impactarían más las campañas de desinformación en redes. Pero el estar manteniendo la información ayuda muchísimo”. Agradeció el respaldo ciudadano y destacó que “la honestidad no es la excepción, es la regla”.

La presidenta acumula una intensa agenda territorial. Durante 2025, recorrió más de 104 mil kilómetros y visitó los 31 estados del país. Estado de México y Veracruz encabezaron las visitas, con diez cada uno, seguidos por Puebla con nueve. Estas giras han estado enfocadas en coordinar directamente con autoridades locales, en especial en temas de seguridad, salud e infraestructura.

En materia de seguridad, la encuesta fue levantada días después de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportara una reducción del 40 por ciento en los homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2025, nivel que no se registraba desde 2016.

La percepción sobre su capacidad para tomar decisiones en momentos de crisis también es alta: 72.4 por ciento considera que tiene la habilidad para hacerlo correctamente. En cuanto a las prioridades del país, 40.7 por ciento de los ciudadanos opinó que la seguridad debe ser el eje central del gobierno, seguida del combate a la corrupción, con 15.5 por ciento.

El 68.7 por ciento de los mexicanos considera que el país va por buen rumbo. En el contexto del próximo Mundial de Futbol, que se celebrará este año, el 54.2 por ciento de los encuestados cree que el evento traerá más beneficios que costos al país.

La encuesta también evaluó la postura del gobierno frente a Estados Unidos. El 66.3 por ciento considera que la presidenta ha defendido adecuadamente los intereses de México ante el gobierno estadounidense, y 68.8 por ciento respalda la postura neutral del país en conflictos internacionales como la guerra en Ucrania, Gaza o Taiwán.

En cuanto a su desempeño por áreas, 51.2 por ciento identificó como principal logro el desarrollo de programas sociales y apoyos directos; 12.4 por ciento mencionó la estabilidad económica y del peso, y 9.3 por ciento, el combate a la corrupción.

En este rubro, la encuesta coincide con acciones concretas del gobierno federal. En 2025, más de 100 empresas fueron sancionadas por irregularidades, dos grandes licitaciones fueron canceladas y se suspendieron contratos millonarios para medicamentos ante evidencias de colusión entre compañías y funcionarios públicos. Pese a la presión por la falta de abasto, la presidenta mantuvo la decisión hasta que concluyeran las investigaciones.

Finalmente, la encuesta confirma que, a poco más de un año de asumir el cargo, Claudia Sheinbaum mantiene una sólida aprobación ciudadana, con resultados destacados en percepción de honestidad, conducción del país, combate a la inseguridad y cercanía con la población.

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